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“Los gobiernos pueden atender los desplazamientos forzados, pero todos fallan en prevenirlos”

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Cuando Elizabeth Ferris trabajaba con el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, a finales de los años ochenta, recibía cartas de organizaciones de Sudán, de Filipinas y hasta de El Salvador pidiendo ayuda porque tenían “refugiados internos” que habían sido desplazados de sus hogares, pero que no habían huido del país. El término “desplazamiento forzado interno” aún no existía. La respuesta de Ferris, quien solo tenía el concepto de la migración forzada hacia otros países, era hija de su tiempo: “Si esas personas cruzan una frontera, sí podemos apoyarles a ustedes, las iglesias, trabajando con ellos. Pero no podemos dentro de los países”.

Foto cortesía de Cristosal


Ante la incapacidad para atender esos casos, Ferris recomendaba a las iglesias de estos países que acudieran al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La respuesta del organismo de la ONU a las iglesias era la misma de Ferris: no existe atención para personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen pero que tampoco han abandonado su país. Así fue como se asomó el desplazamiento forzado interno en las sociedades convulsionadas por la violencia en las últimas décadas del siglo XX.

Elizabeth Ferris trabaja ahora como consultora internacional en derechos humanos y desplazamiento interno y ha dedicado los últimos 20 años de su vida a trabajar con organizaciones y organismos internacionales enfocados en el refugio y el desplazamiento interno.

También ha trabajado para la Organización de las Naciones Unidas desde que se redactaron los principios rectores para el desplazamiento interno en 1998, el documento base que reconoció los derechos de las personas desplazadas dentro de cualquier Estado del mundo. Actualmente, es profesora investigadora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

Ferris fue invitada por Cristosal, una ONG especializada en la atención a familias desplazadas en Centroamérica con sede en El Salvador, para que revisara el anteproyecto de la ley especial para la protección y prevención de las víctimas de desplazamiento forzado interno, presentado en agosto pasado en la Asamblea Legislativa salvadoreña. Se trata de una iniciativa que surgió derivada de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que obligó al Estado salvadoreño a reconocer la existencia de este problema en el país y a garantizar la atención de las personas afectadas por los desplazamientos internos.

Ferris se reunió en El Salvador con diputados, con funcionarios de gobierno, con organizaciones y estudiantes universitarios para hablar sobre el desplazamiento forzado interno por causa de la violencia. Habló de sus recuerdos trabajando con refugiados salvadoreños durante la guerra, tanto en los campamentos que se instalaron dentro de Honduras como con los salvadoreños que migraron a Estados Unidos huyendo de la muerte. Ahora lamenta tener que regresar a este país y constatar que el desplazamiento forzado interno, una rareza en aquellos años de finales de la guerra, ahora es un problema humano grande, grave e incómodo para el Estado salvadoreño.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, se ha resistido a reconocer y responder al problema de
los desplazamientos forzados internos por causa de la violencia. Y la explicación es política: admitirlo equivale a confesarse un gobierno deficiente, fallido, que no puede garantizar a sus ciudadanos ni seguridad ni estabilidad económica en sus lugares de origen.


Usted ha destacado en entrevistas y artículos académicos que una de las fortalezas de El Salvador es el proyecto de ley que está en estudio en la Asamblea Legislativa para atender a las víctimas de desplazamiento forzado, pero aquí suele pasar que muchas leyes importantes no se aplican, se quedan en el papel…

Sí, pero ustedes aquí tienen una tradición jurídica muy rica. La sentencia de la Sala (de lo Constitucional) es un documento impresionante, es muy sólido, basado en leyes internacionales y nacionales. Es una ventaja que tengan ese tipo de apoyo legal. Muchos países no lo tienen, especialmente los que están en postconflicto, en proceso de rehacer las instituciones.

También dijo que El Salvador podría convertirse en un modelo de atención para las personas desplazadas y así dicho cuesta creerlo, la verdad, porque el gobierno ni siquiera ha reconocido públicamente el fenómeno como le ordenó la Sala de lo Constitucional hace ya cuatro meses…

En algunos países reconocen el desplazamiento interno desde el principio porque necesitan ayuda internacional. Es una manera de decir: tenemos esto así, por favor que la ONU y los donantes nos den más dinero para responder… pero en algunos casos los gobiernos no quieren admitir que hay desplazamiento interno porque es una mala reflexión de su manera de gobernar. Por ejemplo, en Siria no quieren reconocer que hay ocho millones de desplazados internos, entonces el gobierno dice que es una cosa inventada por las organizaciones internacionales. Pero hemos visto también en países como Georgia o Kenia, que no son países en conflicto, pero reconocen que sí hay desplazamiento y que es la responsabilidad del gobierno responder. Desarrollan políticas de una manera proactiva, no es una reflexión de su fracaso como gobierno, sino una manera de responder de manera responsable a las necesidades de su gente. Creo que El Salvador puede ser un modelo en la medida en que la mayoría del desplazamiento interno (mundial) ha sido provocado por conflictos más abiertos como entre grupos diversos en Sudán o aún en países como Turquía, donde ha habido mucha violencia por parte de la represión. Pero aquí está el fenómeno de la violencia criminal, las pandillas, que también se ve en otros países. Se ve en muchos países africanos, por ejemplo, ese tipo de violencia que no es ideológica, que es por el control del territorio por parte de grupos.

Honduras reconoció el desplazamiento forzado y creó una comisión nacional para atender el problema. Pero parece que tampoco ha resuelto su problema.

Hace algunos años, el entonces presidente (Porfirio Lobo, 2010-2014) hizo una declaración donde dijo que reconocía que estaban en estado de conflicto y que había desplazados por ese conflicto. Eso inició el proceso y fue un cambio bastante dramático, porque antes los gobiernos no reconocían que estaban en conflicto, solo decían que eran problemas criminales. Y eso abrió la puerta para la discusión del nombramiento de esa comisión, que empezaba a tener reuniones, a coleccionar datos y a ver qué necesitaban. Tengo entendido que elaboraron una ley, pero no fue adoptada porque hubo un cambio de gobierno, y ese es un problema en todas partes. Esa es la ventaja de tener una ley. Porque si un ejecutivo decide un plan o política nacional, cuando el gobierno cambia a veces dicen: “ah, eso fue el gobierno anterior, nosotros ya tenemos otras prioridades”.

Y en El Salvador, ¿usted prevé que surjan obstáculos para una ley que prevenga y proteja a las víctimas del desplazamiento forzado interno?

Creo que un problema, pero también una ventaja, es que la sentencia da un espacio bastante corto, seis meses, para reconocer el desplazamiento interno y formular una ley. Ese es muy poco tiempo para realizar consultas, las leyes son más fuertes si se hacen procesos de consulta tanto con instancias de gobierno, diferentes partidos políticos, agencias y sociedad civil que normalmente son los que más están en posiciones de monitorear y ver qué problemas hay. También con desplazados, yo he citado el ejemplo de Uganda, pero también Turquía y Georgia han hecho procesos consultivos con desplazados: qué necesitan, qué quieren, qué recursos tienen ustedes, cuáles son sus prioridades, si el gobierno no puede hacerlo todo a la vez, qué es lo más importante. Esos procesos pueden fortalecer, no solamente la adopción de una ley, sino su implementación.

¿Cree que los tiempos establecidos por la sala no son realistas?

Eso depende de lo que pase en los próximos meses. Ustedes también están en un proceso de campaña electoral. Que como vemos en Estados Unidos, siempre complica las cosas. Yo creo que se puede hacer algo ahora para por lo menos establecer un proceso para adoptar una ley. ¿Y sabe qué? En el Triángulo Norte (de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala) sería el primer país en implementar una ley. Honduras tiene su comisión interinstitucional, Guatemala lo reconoce. México… veo muchas cosas parecidas con México, las causas de desplazamiento, pero tampoco han adoptado una política.

Elizabeth Ferris es consultora internacional en derechos humanos y desplazamiento interno. Actualmente es profesora investigadora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Durante su visita a El Salvador, el 2 de noviembre de 2018. Foto Factum/María Cidón Kiernan

¿Cuántos países tienen una ley específica para atender el problema del desplazamiento interno?

Hay 40 países que tienen una ley, una política o un plan nacional. Algunos gobiernos han decidido no pasar por la ruta legislativa, por motivaciones diversas, y algunos de esos planes nacionales son muy buenos (…) en 10 a 15 países no han sido implementados de ninguna manera, la ley existe solamente de manera abstracta. Por ejemplo, en Liberia, que tuvo una guerra horrible, que desplazó de dos a tres millones de personas, la legislatura estaba tan ocupada con otras cosas del postconflicto, que ellos decidieron que querían hacer algo con relación al desplazamiento interno, pero no tenían la voluntad política de llevar un proceso legislativo. Entonces su ley se resume en una frase: “Nosotros incorporamos los principios rectores del desplazamiento interno en nuestra ley”. Y punto. No tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir que cada niño tiene derecho a la educación si no hay mecanismos para dar seguimiento y monitorear?

Una vez aprobada la ley en El Salvador, ¿qué debe hacer el gobierno, como principio, para garantizar que sea efectiva?

La ley introducida por Cristosal propone que el ente principal sea el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Yo creo que es importante que ese ministerio empiece a implementar la ley y ver hasta dónde los mecanismos existentes pueden contribuir a satisfacer las necesidades. Por ejemplo, ustedes tienen el Plan El Salvador Seguro, que implica oficinas locales para responder a víctimas. No creo que sea muy difícil trabajar con esas oficinas locales para responder a las necesidades de los desplazados. Si ya están ahí y están conscientes de los problemas, no es cuestión de crear nuevas instancias, sino utilizar lo que existe para responder.

Algunos migrantes centroamericanos ahora agrupados en caravanas ya no solo huyen de su lugar de origen hacia
Estados Unidos, también están huyendo porque en sus países los gobiernos no les garantizaron sus derechos básicos mientras sufrían el desplazamiento forzado dentro de su mismo territorio. ¿Es así?

Hay una relación en el desplazamiento que hemos visto en otros países y también aquí en El Salvador. Algunas personas desplazadas internamente no se sienten seguras, no pueden vivir seguras en su lugar de desplazamiento y deciden cruzar fronteras y buscar refugio en otro país. Yo he visto muchas veces en Siria, por ejemplo, que la mayoría de los refugiados con quienes que he platicado siempre hablan de desplazamiento interno: “Fuimos a vivir con una tía, no era seguro, entonces nos fuimos allá… pero los niños no podían ir a la escuela, entonces fuimos a otro lugar… y al final decidimos abandonar el país”. Hay una gran relación, pero no hay buenas estadísticas, no se puede decir que la mitad o el 30 por ciento o el 70 por ciento de los que están en las caravanas han sido desplazados internos. Pero yo creo que es verdad que, si hay maneras para que la gente se sienta segura dentro del país, entonces hay menos razones para salir.

En 2017, ACNUR dijo que ese había sido el año con más personas desplazadas de forma interna en el mundo. ¿Qué está pasando?

¿Sabe que ACNUR ahora dice que en el mundo el número de desplazados internos es de 40 millones, casi el doble que los (migrantes) refugiados? Lo que pasa ahora es que muchos países cierran sus fronteras, entonces, por ejemplo, la gente en Siria no puede salir, todas las fronteras están bloqueadas. Por esa razón yo creo que es que sube el desplazamiento interno. Pero El Salvador no está en esa situación, parece que las fronteras están abiertas. Veremos qué pasa cuando llegue ese grupo a Estados Unidos. Si no pueden entrar, ¿qué van a hacer?, ¿van a regresar a El Salvador?, ¿se van a quedar en México?

¿Y la prevención del desplazamiento interno cómo se trabaja, pues es el eje principal de este proyecto de ley en El Salvador?

Sí, es lo más importante y lo más difícil. Hay países con muy buenas políticas para responder a los desplazados, pero no han podido prevenir el desplazamiento. Hay casos como el de Colombia, que tiene muy buenos mecanismos para prevenir, pero en el papel. No han funcionado en la práctica. La idea de mantener la seguridad y la manera de ganarse la vida es lo más importante para prevenir. La gente no quiere salir de sus comunidades. Normalmente se van porque se sienten inseguros, tienen miedo por sus niños o porque no pueden ganarse la vida. Y esas son cosas más allá que responder de una forma humanitaria. La sentencia de la sala habla también de la recuperación de los territorios, eso es algo de seguridad: la policía, los militares… tal vez algo de negociaciones políticas, qué sé yo, pero normalmente es algo que va más allá de las competencias de las políticas para atender el desplazamiento. No tengo una buena respuesta porque esa es la gran falla en todo el mundo: prevención de conflictos y de desplazamientos.

¿Hasta qué niveles cree que va a llegar el efecto negativo del fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos?

Está el TPS, lo del DACA, las caravanas, el desplazamiento interno… ¡Es muy complicado, me preocupa mucho! Hay como 400 mil salvadoreños que serán impactados por el fin del TPS, es un número enorme y muchos de ellos tienen hijos de nacionalidad estadounidense. Mi impresión es que muchos de ellos pretenden quedarse en Estados Unidos, aún con el estatus de indocumentados. Ahora en los Estados Unidos se ve a la comunidad centroamericana con mucho temor, no solamente por las políticas específicas, sino toda la retórica tan negativa antiinmigrante que tiene sus implicaciones. Pero los salvadoreños son parte de nuestra comunidad. Yo vivo en Washington, D.C., hay medio millón de personas. Mi nieta me dice: ¡Ah, la mitad de mi clase son de El Salvador! La gente está aprendiendo español, hay pupuserías por todos los lados, hablan con acento salvadoreño, se ven y contribuyen mucho en nuestra economía. Es triste para mí ver a tanta gente contribuyendo a nuestra economía en vez de la de ellos. Tengo muchos estudiantes salvadoreños en mis clases, algunos sin documentos y que ahora se sienten mucho más nerviosos. Las noticias son tan malas, nuestro presidente y nuestro gobierno diciendo todas esas cosas racistas, xenófobas. Pero hay mucha gente allá que quiere a los centroamericanos, no solamente a nivel de derechos humanos, sino a nivel de relaciones personales. Los centroamericanos son el 8 por ciento de nuestra población, casi el 10 por ciento, son una pequeña minoría, especialmente en ciudades como Washington, D.C. Entonces hay mucha reacción ante esas políticas.

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