Al Estado salvadoreño aún le falta dar un claro golpe en la mesa por los grupos de exterminio que existen en la Policía Nacional Civil. Hasta ahora, las reacciones oficiales a la publicación de Revista Factum que reveló la existencia de un escuadrón de la muerte en una de las unidades élite de la Policía han sido tímidas. En algunos casos, la reacción de funcionarios, como la del vicepresidente Óscar Ortiz, ha sido incluso vergonzosa.
Horas después de que Factum publicó el reportaje “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, Howard Cotto, director de la PNC, anunció que los cuatro miembros de la corporación señalados en el reportaje por cometer delitos habían sido arrestados y que se les había abierto una investigación administrativa interna. Cotto también dijo que había dado aviso a la Fiscalía General de la República.
El lunes por la mañana el fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que hay investigaciones en curso por policías y funcionarios involucrados en grupos de exterminio; aseguró que había ordenado a sus subalternos abrir expediente por el caso que Factum denunció. Falta ver hasta dónde se cumple la orden del fiscal general.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió, el pasado 25 de agosto, una resolución en la que asegura que los detalles revelados por la investigación periodística de Factum “son coincidentes con hallazgos de investigaciones independientes que la Procuraduría… ha realizado en los últimos años sobre la actuación de la PNC y la actuación de algunos de sus miembros en… ejecuciones extrajudiciales”.
En ese escrito, la procuradora Raquel de Guevara emite medidas cautelares de protección a los periodistas de Factum y pide a las autoridades que inicien comunicación con esta revista para discutir posibles medidas de protección y les pide que inicien investigaciones sobre amenazas de las que hemos sido objeto a través de redes sociales. Buena parte de esas amenazas se han emitido a través de sitios web, páginas de Facebook y cuentas de Twitter que son manejadas por policías en activo o por personas que simpatizan con las ejecuciones extrajudiciales. Las amenazas alcanzan a los colegas de El Faro, que en el pasado han denunciado prácticas ilegales dentro de la Policía.
Lo que dice la Procuraduría es coincidente con lo que nos dijeron funcionarios públicos a los que consultamos antes de publicar la investigación en Factum: el Gobierno conoce desde hace algún tiempo denuncias de que miembros de la PNC han participado, en uniforme y utilizando material de equipo, en homicidios y otros delitos.
Después del reportaje de Factum muchas certezas están ahí, a la mano de la Fiscalía y de la Policía para que actúen de una vez por todas, sin remilgos y con firmeza, contra los agentes que están matando, violando y extorsionando desde la entraña de la corporación. Todo está ahí, solo falta que los responsables, empezando por el mismo presidente de la República, actúen.
Más allá de las detenciones de los cuatro agentes, parece que el Estado quiere pasar de puntillas, de nuevo, por su responsabilidad de investigar y castigar a quienes, desde la PNC, se tomaron la justicia por mano propia, crearon grupos de exterminio y aprovecharon para cometer todo tipo de delitos. La investigación debe ser sistemática –sistemática- dentro de la Policía, para rehuir de una vez por todas a la manida excusa de que se trata de unas cuantas “manzanas podridas”.
Peor aún. Parece que algunos funcionarios públicos o dependencias estatales han optado por seguir tolerando a los delincuentes, incluso por alentarlos. Así nos lo dice no solo la respuesta tan pusilánime que las autoridades han dado a estas denuncias, sino también las reacciones de algunos a las amenazas que los periodistas de Factum y de El Faro hemos sufrido en las últimas horas tras la publicación del reportaje.
El pasado sábado 26 de agosto ocurrió el incidente de amedrentamiento más preocupante desde nuestra publicación. Cuatro individuos llegaron a bordo de un microbús a las instalaciones de Revista Factum y se identificaron ante el vigilante como miembros de la PDDH. Preguntaron si había alguien en las oficinas y sobre los horarios de trabajo de los periodistas. No había nadie. Inmediatamente consultamos a la Procuraduría, con la cual hemos estado en contacto desde que las amenazas empezaron, donde nos aseguraron con rotundidad que nadie de esa institución había llegado a Factum.
El lunes por la mañana, otros dos carros sospechosos rondaron por las instalaciones de Factum, uno de ellos un pick up que pertenece a la Policía, tal como confirmó esta revista. Otro vehículo, un sedán placas P609234, llegó hasta las oficinas de El Faro, que están cerca de las nuestras; sus ocupantes se identificaron con uno de los vigilantes como “fuentes periodísticas de la PNC” y preguntaron dónde quedaba Factum. El sedán verde está a nombre de un particular y no de la Policía, según confirmó Factum.
En su resolución del 25 de agosto, la procuradora Raquel de Guevara ordena al director de la PNC que adopte las medidas necesarias para proteger la seguridad de tres de nuestros periodistas, así como nuestras instalaciones y equipos. A la fecha no hemos recibido comunicación alguna de las autoridades policiales, por lo que entendemos las visitas subrepticias de algunos policías a nuestras oficinas o las de los colegas de El Faro como actos de intimidación. Por ello hacemos responsables a las autoridades de controlar a su personal y de cualquier atentado a la integridad física de nuestros periodistas o a la de nuestros colegas.
No nos extraña, por otra parte, que quienes estén detrás de las amenazas y del acoso se sientan alentados a intentar amedrentarnos: la tibieza de la reacción de las autoridades solo puede leerse como un permiso implícito para que quienes amenazan y acosan sigan haciéndolo sin temor a consecuencias.
Es preocupante cuando estas actitudes son de un funcionario de alto nivel del gobierno que difunde y reproduce, a través de sus redes sociales, una cuenta apócrifa de Twitter en la que se emite información falsa y amenazante sobre uno de nuestros periodistas. Ese funcionario es Sigfrido Reyes del FMLN, ex presidente de la Asamblea y actual presidente de Proesa, a quien en notas de este y otros medios se ha señalado antes por actos de corrupción.
Cuando el actual presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado de GANA Guillermo Gallegos, escribe desde su cuenta de Twitter mensajes que identifican a quienes hacemos las denuncias como defensores de pandilleros.
Lo peor, sin embargo, llega desde Casa Presidencial. Consultado sobre las amenazas, el vicepresidente de la República Óscar Ortiz, a quien el presidente ha encargado coordinar las políticas de seguridad pública, responde: “Hay que tocar madera para que no pase algo con un periodista”.
Ortiz escoge al azar antes que condenar; la suerte antes que girar instrucciones para evitar que la escalada de afrentas termine en algo más grave.
Las amenazas que hoy está recibiendo Factum siguen el mismo patrón del acoso que sufrieron los colegas de El Faro tras publicar, en julio de 2015, que miembros de la PNC habían masacrado a un grupo de personas en la finca San Blas de La Libertad. El mismo patrón de complicidad y de tolerancia hacia quienes amenazan, la misma desidia para investigar a los grupos criminales incrustados en las instituciones del Estados. La misma indolencia.
Desde esta redacción mantendremos el compromiso ineludible con el Estado de Derecho, con la convicción de que permitir la ilegalidad desde la fuerza pública no es más que contribuir a erosionar nuestras instituciones, y es, por ello, un atentado contra la democracia.
Reconocemos a las pandillas como agrupaciones criminales, autoras de buena parte de los delitos que castigan, principalmente, a los salvadoreños de más bajos recursos. Reconocemos que combatirlas es una tarea que le corresponde a la fuerza pública y al Estado en general. Pero ninguna política pública, por más urgente que sea, puede acudir a la ilegalidad.
Uno de los principales argumentos de los defensores de la ilegalidad y el exterminio, entre los que como ya apuntamos hay funcionarios públicos, es que estas medidas resuelven el problema. Eso también es mentira: a pesar del exterminio el control que las pandillas ejercen sobre el territorio permanece casi intacto.
Pero incluso en un escenario en que, a fuerza de ilegalidad, el Estado extermine hasta al último pandillero lo que quedaría en pie es un ciclo inacabado de violencia y un grupo de asesinos con uniforme a los que ya nadie podría controlar. Lo que quedaría en pie es una pandilla más letal, la de los policías que se saben intocables. Y eso ya está ocurriendo: a nuestras redes han llegado miles de mensajes de odio, pero también súplicas de ciudadanos que nos piden contar más abusos que ellos atribuyen a uniformados, o cómo en los barrios del país la mayoría se encuentra entre dos ejércitos de asesinos, los policías exterminadores y los pandilleros.
Es claro que lo que escribimos e investigamos sobre grupos de exterminio no es popular, especialmente cuando hay tantas víctimas de las pandillas, incluidos policías, y cuando una narrativa oficial torcida ha equiparado el abuso de autoridad y la tolerancia a criminales dentro de la fuerza pública con el éxito en la lucha contra la MS13 y Barrio 18. Pero sabemos que eso es mentira; sabemos de las dosis de hipocresía de un sistema político que alienta la guerra ilegal mientras debajo de la mesa negocia prebendas con esos a quienes dice combatir. Y estamos seguros de que lo que hacemos desde el periodismo en Factum y El Faro es lo correcto: denunciar a los criminales, a los hipócritas y a los que abusan de su poder. Seguirlo haciendo así es nuestro compromiso.
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