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Expertos internacionales critican proceso de selección de candidatos a magistrados

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Un panel internacional de juristas independientes cuestionó la falta de reglas claras y transparentes en el proceso de selección para nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señalan la falta de una verdadera participación de la sociedad civil y urgen al país a avanzar hacia un nuevo modelo de selección que supere las actuales contradicciones.

Foto FACTUM/Archivo


Minutos antes de presentar las conclusiones de su informe final, los miembros del denominado Panel Independiente para la Selección de Magistrados de la Sala de lo Constitucional seguían discutiendo sobre la conveniencia o no de dar a conocer los nombres de las personas que no consideraron idóneas para ejercer una magistratura en el máximo tribunal del país. Después de meditarlo, con los invitados en el saló del hotel, decidieron que sí.

El grupo de expertos, formado por Antonio Maldonado de Perú, Magdalena Correa Henao de Colombia y Jan Michael Simon de Alemania, trabajaron desde enero de este año, revisando la legislación aplicable a la selección de candidatos, observando la aplicación de estas reglas en el proceso de convocatoria, selección y entrevistas y, además, las contrastaron con los parámetros internacionales de derechos humanos aplicables. Este martes 29 de mayo dieron una conferencia para hablar sobre sus hallazgos. Aspectos tales como la participación ciudadana, la transparencia y la coincidencia de lo actuado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) ante las altas expectativas de la sociedad civil no salieron bien libradas en un proceso de evaluación y de selección al que urgieron reformar.

Los expertos fueron convocados por la “Fundación para el Debido Proceso” (“DPLF” por sus siglas en inglés) y representan a su vez a dos instituciones con décadas de experiencia sobre temas de derechos humanos en El Salvador: la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Sus integrantes reúnen sobrada experiencia profesional en los campos del litigio, el derecho comparado y la enseñanza del derecho constitucional.

Luego de resumir las principales conclusiones y recomendaciones del Panel, los miembros mencionaron la coexistencia de tres lógicas distintas en el proceso de selección, así como la falta de definición y control del requisito de “moralidad notoria”, lo cual, según consideraron, deja a cargo de los aspirantes la tarea de acreditársela a sí mismos, “cuando su cumplimiento debería asegurarse por mecanismos externos y objetivos…”. El exprocurador Anticorrupción del Perú, Antonio Maldonado, recomendó a la Asamblea Legislativa no considerar como candidatas o candidatos a la Corte Suprema de Justicia “por no gozar de la moralidad necesaria para el cargo, a María Luz Regalado de Orellana, Carlos Rafael Pineda Melara y a Sonia Elizabeth Cortez de Madriz…”

Los tres mencionados tienen en común la condición actual de funcionarios públicos: la primera es la magistrada presidenta de la Sala de lo Civil (la única magistrada saliente que aspira a otros nueve años más en la CSJ), el segundo es el jefe de la Sección de Probidad de la misma Corte Suprema de Justicia y la tercera se desempeña como Procuradora General de la República.

Los dos primeros, además, coinciden en haber obtenido el voto absoluto del Consejo Nacional de la Judicatura para optar a las magistraturas que quedarán vacantes. Durante la sesión extraordinaria del pasado miércoles 9 de mayo, los miembros del CNJ alabaron los resultados de la primera en las evaluaciones realizadas, la ausencia de denuncias en su contra y los 26 años de experiencia en la judicatura. Del segundo, destacaron además el protagonismo demostrado en la lucha contra la corrupción y en las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito.

En el caso de la Procuradora General, esta solo tuvo un voto en contra: el de la presidenta del CNJ, quien alegó como justificación de su voto disidente: “que, en comparación con otros participantes, puede encontrarse relativamente en otra condición de interés y profundidad con respecto a otros candidatos…”, lo que tampoco dejó en claro las razones de su voto en contra. El resto de los concejales alabaron su experiencia de 27 años en el ejercicio profesional, así como la historia laboral reflejado en su hoja de vida. Únicamente. Nada de discusiones en torno a las corrientes del pensamiento jurídico, experiencia constitucional comprobable o aportes académicos.

Los criterios de los expertos internacionales, sin embargo, fueron radicalmente distintos a los aplicados por la autoridad salvadoreña; de hecho, expresaron su discrepancia con la selección que hizo el CNJ en las dos terceras partes de los candidatos y candidatas a las magistraturas que quedarán vacantes desde el 15 de julio. Según su propia evaluación, estos elegibles fueron calificados con un puntaje que los sitúa no a la cabeza de la nómina enviada a la Asamblea Legislativa, sino que en la mitad inferior de la lista de calificación del CNJ, es decir, entre los menos competentes para el cargo.

Analizaron:  “…que una cuarta parte de las personas preseleccionadas por el Consejo Nacional de la Judicatura han sido descalificadas por el Panel Independiente, al no gozar de la moralidad notoria necesaria para el cargo de magistradas o magistrados de la Corte Suprema de Justicia…”. Sobre el requisito de “moralidad notoria” contemplado en el Art. 176 de la Constitución, los expertos internacionales criticaron la baja ponderación asignada al mismo dentro de los requisitos establecidos por el CNJ, el cual distribuía la nota asignada a cada postulante a partir de una evaluación del contenido curricular, trayectoria laboral y entrevistas personales, asignando a este requisito apenas el 17.5% de la nota final, a pesar de la importancia constitucional del mismo.

También hubo críticas para los criterios de selección de candidatos a cargo de la FEDAES, en particular por la inexistencia de un mecanismo de control sobre los antecedentes de los candidatos y candidatas que surgen de las diversas asociaciones de abogados, quedando en sus manos la verificación de estos. Los expertos señalaron la ausencia de escrutinio ciudadano sobre sus procedimientos de elección, junto con “grandes vacíos normativos”, aspectos todos en los que no se profundizo: “debido a la falta total de información disponible…”

Las conclusiones y recomendaciones de este Panel Independiente serán conocidos con mayor detalle la próxima semana, una vez se remita el informe completo a la Asamblea Legislativa. Las etapas agotadas hasta el momento demuestran, al menos para la comunidad internacional de juristas, que este proceso debe actualizarse y mejorarse si de verdad se quiere elegir a las personas más competentes e idóneas.

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