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Exfuncionarios de Saca confiesan que recibieron sobresueldos y los ocultaron a Hacienda

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El exministro de Hacienda, el exdirector de la PNC, el exministro de Seguridad Pública y la responsable de Red Solidaria aceptaron ante la Fiscalía haber recibido sobresueldos durante la administración Saca, algunos de hasta $10 mil al mes. Tres de ellos, además, aseguran que no declararon sus ingresos extra al fisco por recomendación del círculo íntimo del expresidente. 

Foto FACTUM/Archivo


Ocho exfuncionarios con cargos relevantes dentro de la administración del expresidente Antonio Saca (2004-2009) confesaron ante la Fiscalía General de la República que recibieron miles de dólares en efectivo como sobresueldos durante sus años en ese gobierno. Pero no solo eso, la mayoría de los exfuncionarios revelaron, además, que optaron por ocultar los sobresueldos ante la hacienda pública y así no pagar impuestos. Todo esto, según ellos, por recomendación del exsecretario privado de Saca, Élmer Charlaix.

Estas declaraciones fueron dadas por los exfuncionarios entre el 30 de enero y el 20 de febrero de este año, en el marco de la investigación por la que están prontos a ser juzgados el expresidente Saca, tres de sus exsecretarios y tres empleados administrativos de su gestión, acusados de desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado entre el 1 de junio del 2004 hasta mayo del 2009. Esta estructura, según señala la Fiscalía, estaba encabezada por Saca, seguida de tres altos funcionarios: su secretario privado, Élmer Charlaix, su secretario de comunicaciones, Julio Rank y su secretario de Juventud, César Funes; así como por Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, quienes fungieron como contador del secretario privado de la Presidencia, Jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia y Tesorero Institucional de Casa Presidencial, respectivamente. Todos los imputados fueron detenidos y guardan prisión desde octubre de 2016 por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero.

Revista Factum tuvo acceso a las entrevistas que se encuentran incluidas entre los miles de documentos que conforman el expediente judicial. Algunos de los entrevistados dijeron que aunque sí recibieron sobresueldos, no recuerdan si los declararon al ministerio Hacienda; otros aseguraron no recordar cuánto les daban mensualmente como sobresueldo; y otros lo cuentan todo, los miles de dólares extra e incluso que no los declararon a Hacienda por instrucciones expresas de Charlaix.

Entre los exfuncionarios confesos se encuentran el entonces ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, mano derecha del expresidente, quien dijo haber recibido dinero en efectivo regularmente, aparte de su salario de más de 3 mil dólares. También el diputado por Arena Rodrigo Ávila, quien durante la administración Saca fue viceministro de Seguridad y director general de la Policía Nacional Civil (PNC). Ávila fue también el candidato presidencial de Arena en 2009 y por eso dejó la dirección de la PNC en los últimos meses del gobierno de Saca.

Una de las declaraciones más interesantes es la que brindó el que fue ministro de Hacienda de Saca, Guillermo López Suárez, que aceptó a la Fiscalía haber recibido $10 mil como sobresueldo cada mes. López Suárez, que también fue funcionario de la administración Funes, estuvo a la cabeza de Hacienda desde el 1 de junio de 2004 hasta mayo de 2006, cuando renunció. López Suárez dijo a la Fiscalía que “no recuerda si declaró o no” a Hacienda los $10 mil adicionales a su salario de más de $3 mil. El ministro de Hacienda no recuerda si le ocultó información al ministerio que él mismo dirigía.

Estos tres funcionarios, por la naturaleza de sus cargos, no solo debían cumplir con las leyes tributarias como todos los ciudadanos, sino que su responsabilidad era mayor porque eran los encargados de hacerlas cumplir.

Aunque varios de los exfuncionarios entrevistados por la Fiscalía coincidieron en que el dinero extra que se les entregaba era para “gastos” inherentes a su cargo, los testigos se contradijeron en varios puntos. René Figueroa, por ejemplo, admitió ante los fiscales que lo entrevistaron que “el destino del dinero extra que se les daba era a discreción” de cada funcionario.

En algunos casos, los sobresueldos no declarados superaban la cifra del salario oficial. El dinero, según confesaron los exfuncionarios, era entregado muchas veces en la oficina del secretario privado de Saca en sobres de papel manila. En esa oficina, Charlaix -o alguien de su entorno- les decía que no lo declararan, ya que los fondos venían de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia, conocida como partida secreta.

Saca, que gobernó El Salvador entre 2004 y 2009, también fue presidente de Arena.

El abogado defensor de Saca y Charlaix, Mario Machado, en entrevista con Revista Factum, calculó que alrededor de $50 millones de la partida secreta se utilizaron para pagar sobresueldos a casi 280 funcionarios y servidores públicos entre 2004 y 2009. La estrategia de la defensa pasa por intentar maquillar la participación de Saca en el reparto de la partida secreta: fue usada para gastos del gobierno, para inteligencia, para sobresueldos, dice la defensa, en una maniobra para intentar evadir el delito de lavado de dinero. Machado, sin embargo, se niega a referirse a la participación de Saca o Charlaix como instigadores de otro posible delito: la evasión de impuestos.

La Fiscalía acusa al expresidente Saca, que gobernó bajo la bandera del partido Arena, de ser el principal instigador de una red de corrupción que desvió $301 millones del erario hacia cuentas personales de empleados durante su administración. Estos fondos, de acuerdo con la investigación fiscal, terminaron en manos de terceros, incluido el partido Arena, en las empresas radiales del expresidente y a veces también en otras sociedades que en teoría brindaban servicios publicitarios al gobierno, aunque la Fiscalía sostiene que solo eran plataformas para triangular los fondos y finalmente hacerlos llegar a los bolsillos de los funcionarios. La defensa asegura que el dinero fue empleado en gastos de inteligencia y otros usos a discreción que necesitaban desembolsos con celeridad, es decir, sin pasar por procesos burocráticos.

La investigación fiscal ha establecido que buena parte del dinero se usó para pago de publicidad, de viajes y otros. De los $301 millones, cerca de $200 millones fueron cambiados en efectivo. Según la Fiscalía esto fue hecho así con la intención de no dejar rastro de la ruta del dinero.

No es la primera vez que se habla del pago de sobresueldos en la administración pública –El Faro publicó un amplio reportaje en 2013-, pero es primera vez que exfuncionarios lo admiten abiertamente. Ante la Fiscalía, en un proceso judicial. En el reportaje que publicó El Faro en 2013 hablaban funcionarios de tres administraciones: la de Francisco Flores, de Arena (1999-2004), la de Antonio Saca y la del primer presidente del FMLN, Mauricio Funes (2009-2014).

Los encargados de hacer cumplir la ley… no la cumplieron

Factum tuvo acceso a un total de 16 entrevistas que la Fiscalía realizó a exfuncionarios y exempleados del gabinete de Saca sobre el pago de sobresueldos y el uso de la partida secreta. De los 16, la mitad acepta haber recibido pagos en efectivo adicional a su salario; el resto dijo que sabían de la práctica o que escucharon hablar de los sobresueldos, pero que no recibieron nada.

Las entrevistas a las que este medio pudo acceder se realizaron en las oficinas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y en otras oficinas de la Fiscalía, entre el 30 de enero y el 20 de febrero de este año. En las sesiones se encontraban presentes un fiscal designado para cada entrevista y Luis Adalberto Palencia Texpán, uno de los abogados defensores del expresidente Antonio Saca y de Élmer Charlaix. De acuerdo con algunos de los documentos, fue la defensa de Saca y Charlaix la que solicitó las entrevistas de estos imputados.

De entre los ocho exfuncionarios confesos, uno de los que más resalta es Guillermo López Suárez, quien fue ministro de Hacienda desde la llegada de Saca al poder hasta mayo de 2006. Posteriormente, López Suárez pasó a ser Secretario de Asuntos Financieros hasta el final del periodo en 2009. Este segundo nombramiento, según respondió en la entrevista con la Fiscalía, obedeció a su experiencia como ministro de Hacienda y fue un cargo ad honorem, es decir, sin goce de sueldo.

López Suárez declaró en las oficinas de la UIF el 19 de febrero de 2018 y dijo que actualmente vive en Puerto Rico. El exministro de Hacienda reveló a los abogados que su salario como ministro era de $3 mil, pero aparte recibía $10 mil en efectivo, del secretario Charlaix, en su oficina en Casa Presidencial.

El exministro dijo que el dinero que recibía en efectivo lo usaba por si salía de viaje al extranjero, para pago de habitación de hotel, alimentación, transporte “y otros gastos que vienen con el cargo”. Otros usos que, según López Suárez, hacía de ese dinero era el pago de su seguridad privada que consistía en “tres o cuatro”, así como la alimentación de estos. Además confesó que ese dinero lo ocupaba para el pago de gasolina de sus propios vehículos, y que eso lo hacía “porque a los vehículos del ministerio de Hacienda les faltaba mantenimiento”, según se lee en las entrevistas a las que Factum tuvo acceso.

En la entrevista con la Fiscalía, López Suárez hizo un cálculo del dinero que percibió como sobresueldos en los 22 meses que fungió como ministro de Hacienda: $220,000. De ese monto, el ministro de Hacienda “no recuerda” si pagó impuestos al ministerio que él mismo dirigía.

Este viernes 18 de mayo, Factum intentó contactar a López Suárez a través de mensajes y llamadas telefónicas vía WhatsApp a su número de Puerto Rico. Los primeros dos mensajes los dejó vistos, mientras que el tercero ya no. Tampoco contestó las llamadas posteriores.

Factum intentaba esclarecer con el exministro de Hacienda algunos puntos de interés: ¿Cómo es que él mismo, siendo ministro de Hacienda, no recuerda si declaró o no un cuantioso ingreso que recibió en efectivo, valorando con ello la evasión de impuestos? De solo haberlo valorado, estaba dudando en violar la Ley de Impuestos sobre la Renta y la misma Constitución de la República que establecen el pago de impuestos.

Otro exfuncionario que recibió sobresueldos en la administración Saca, según confió a la Fiscalía, fue René Figueroa, quien durante dicha gestión ostentó dos cargos de ministro. Primero fue ministro de Gobernación y luego ministro de Justicia y Seguridad Pública. Figueroa fue uno de los hombres fuertes y de confianza de Saca, mano derecha en su administración y vicepresidente de Ideología, segundo al mando en el partido Arena, al momento de ganar el gobierno en 2004. Al salir de Casa Presidencial, Figueroa pasó a tomar el cargo de Director General en la radio 102.9, una de las emisoras de Saca, desde el año 2010, según él mismo dijo ante la Fiscalía.

Figueroa fue nombrado ministro de Gobernación el 1 de mayo del 2004, con un salario de entre $4,200 a $4,800, según dijo a los abogados y fiscales. Y del 1 de enero del 2007 en adelante pasó a ser ministro de Justicia y Seguridad Pública, con un salario similar.

Durante toda la administración Saca, y en sus dos cargos, Figueroa dice que recibió un “complemento salarial”, aunque no se atrevió a decir un monto. Lo que sí aclaró es que se le entregaba en efectivo “por parte de un pagador de Casa Presidencial de quien no recuerda el nombre”.

El exfuncionario y ahora empleado de Saca dice no recordar si firmaba o no algún documento que dejara constancia de su sobresueldo, “pero seguramente sí lo hacía”. Lo que sí recuerda bien es que “eso era una práctica que se venía haciendo de periodos anteriores, así funcionaba el Estado, no era una práctica exclusiva de ese periodo”, según se lee en la entrevista ante la Fiscalía.

Aunque a Figueroa no le consta, aseguró a los fiscales que “se hablaba de que otros funcionarios lo recibían”. Además, dijo que el uso de esos fondos era “a discreción, no se les decía para qué lo tenían que ocupar” y que en su caso lo ocupaba para temas de seguridad personal y “gastos de vida”.

Factum intentó contactar a Figueroa a través de su número de teléfono desde el sábado hasta el lunes en horas de la tarde. También se le enviaron mensajes vía WhatsApp. Periodistas de este medio pudieron verlo “conectado” a su WhatsApp mientras se identificaban y se le explicaban los motivos de las llamadas, pero aún así no contestó.

Libro fotografiado en la oficina de Mario Machado, abogado defensor del expresidente Saca y del ex secretario privado Élmer Charlaix. Foto FACTUM/Frederick Meza

Otro exfuncionario y hombre de confianza del expresidente Saca que confesó haber recibido sobresueldos es Rodrigo Ávila, quien desempeñó dos cargos importantes en la administración pública: viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil (PNC). El primero de los cargos lo mantuvo desde la llegada de Saca a Casa Presidencial hasta diciembre del 2005; desde enero de 2006 hasta enero de 2008 regresó a la Policía. Posteriormente renunció al gobierno para lanzarse como candidato presidencial para elecciones de 2009 en las que compitió contra el candidato del FMLN, Mauricio Funes. Ávila perdió las elecciones y el FMLN llegó a la presidencia, que mantiene hasta esta fecha.

Ávila es otro de los funcionarios que no recuerdan con exactitud cuánto dinero recibían cada mes de parte del exsecretario privado de Saca. Lo que sí recuerda el ahora diputado son algunos de los usos que supuestamente hacía de ese dinero.

Durante la entrevista realizada en la UIF, Ávila dijo que además de su salario de “más de tres mil dólares”, recibía otra cantidad de dinero en efectivo y de forma mensual. El dinero extra que le entregaba la Presidencia era usado por el encargado de la seguridad ciudadana de El Salvador para procurar su propia seguridad, para que la delincuencia y la violencia fuera de control no lo tocaran. Con ese fin contrataba para sí al menos dos carros blindados y una cuadrilla de guardaespaldas a quienes además les alquilaba una casa para que estuvieran cerca todo el tiempo.

“Dicho dinero se lo entregaba en efectivo en la Casa Presidencial el señor Élmer Charlaix Urquilla (…), quien le dijo que ese dinero se lo iba a entregar de Fondos Reservados para garantizar la seguridad de él, pues recibió amenazas y tuvo que alquilar dos vehículos blindados, los cuales iban cambiando, pero generalmente mantenía uno o dos y no más”, se lee en la entrevista a la que Factum tuvo acceso.

En la entrevista con la Fiscalía, Ávila confesó que nunca declaró ese dinero ante el ministerio de Hacienda. “Ese dinero lo manejaba directamente el entrevistado, pues se trataba de su seguridad y dicho dinero no lo declaraba al Ministerio de Hacienda en su declaración de impuestos (…) y por tener su origen en gastos reservados Charlaix Urquilla le dijo que eso no lo declarara ante el Ministerio de Hacienda”, dice en la entrevista.

Ese dinero, según Ávila, era usado para gastos no sólo suyos sino para “pagar casas a algunos exdirectores de centros penales” que también habían recibido amenazas y corrían peligro.

Otro destino que tuvo ese dinero, según dijo el ahora diputado ante fiscales y abogados, fue supuestamente el pago de viajes de personas a Europa y Medio Oriente, así como a Centroamérica. El motivo de estos viajes, según contó, era “reunirse con gente de esos países para tratar temas de seguridad”, ya que El Salvador, y específicamente embajadas de El Salvador en otros países habían recibido amenazas provenientes “de Irak”, ya que el gobierno mandaba tropas de la Fuerza Armada a aquel país.

Ávila además dijo en su entrevista con la Fiscalía que él administraba esos fondos en efectivo que le eran entregados mes a mes, pero que también tenía “personas que se encargaban de efectuar las compras”. Estos gastos, según dijo, “en su momento se liquidaban al señor Charlaix”. Ni Ávila ni la Fiscalía han logrado rescatar pruebas de que eso sea cierto.

Cuando Factum contactó a Ávila para preguntarle sobre esta entrevista y sus respuestas, el ahora diputado se negó a ser entrevistado, pero antes respondió que el dinero era para gastos inherentes a su cargo. “No eran para que yo me los reventara”, dijo a esta revista.

Viceministros y asesores con sobresueldos de miles de dólares

De acuerdo con las declaraciones de los exfuncionarios del gabinete de Saca, durante su administración no parecía sorprendente que algún funcionario de segundo nivel o incluso un asesor tuviera un salario nominal muy por encima del mismo presidente que, para entonces, era de $3,467 más gastos de representación, lo cual sumaba un poco más de $5 mil mensuales.

El viceministro de Educación, José Luis Guzmán Martell, quien fungió en su cargo desde el 1 de enero de 2005 hasta el final de la gestión Saca, dio una explicación similar a las anteriores, pero con un matiz interesante.

Guzmán Martell dijo a la Fiscalía que para contratarlo como viceministro de Educación durante el periodo de Saca el sueldo que le ofrecieron era de $8 mil mensuales. Esta oferta, sin embargo, superaba la cifra que para entonces podía ganar incluso un ministro, que era de $2,500 al mes.

No obstante, su pago se lo hacían de dos formas: $2,300 se los daban mediante un depósito bancario proveniente del Ministerio de Educación. De ese monto le descontaban impuestos y demás prestaciones tal como lo establece la ley. Los restantes $5,700 para completar su promesa de ocho mil mensuales se los daban en efectivo en el despacho de la exministra, su entonces jefa, Darlyn Meza, o a veces los recibía en su despacho en un sobre de manila amarillo. El exviceministro recuerda que solo una vez recibió su sobresueldo en la oficina de Charlaix.

En el caso de Guzmán Martell, a diferencia de los demás funcionarios confesos, quien se entendía con él no era Charlaix sino su jefa inmediata, la ministra Meza, incluso en la recomendación de no declarar a Hacienda el efectivo.

“El dinero que le entregaban en efectivo no estaba integrado en las declaraciones de renta, es decir, no lo declaraba en sus impuestos ante el Ministerio de Hacienda”, se lee en la entrevista a Guzmán Martell que tiene en su poder Factum. El documento añade que estos no eran declarados “por comentario de la ministra de Educación” y que “no le dijeron por qué no los declarara, pero el deponente asumió que esa era la forma normal o usual de operar de Casa Presidencial para ese efecto”.

Otro de los exfuncionarios que confesó haber recibido sobresueldos fue Ángel Benjamín Cestoni, quien fungió como viceministro de Transporte y posteriormente como director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El primer cargo, según él mismo declaró ante la Fiscalía, lo mantuvo entre los años 2004 al 2005 y el segundo desde enero de 2006 hasta el final de la gestión, en 2009. En los seis años posteriores, desde el 2009 hasta el 2015, Cestoni pasó a ser asesor del exalcalde de San Salvador, y ahora diputado presidente de la Asamblea Legislativa, también por el partido Arena, Norman Quijano.

Cestoni confesó que durante toda la administración recibió un “complemento salarial mensual” de $4 mil, aparte de su salario, el cual omitió decir en la entrevista. El exfuncionario argumentó ante los abogados que la finalidad de ese sobresueldo era cubrir los gastos que implicaba la seguridad personal de su cargo, ya que no tenía presupuesto para seguridad. También dijo que con ese dinero cubría otras necesidades “como por ejemplo cuando salía de San Salvador, se cubrían los gastos de alimentación y hotel de las personas que le brindaban seguridad”.

Cestoni dijo a la Fiscalía que calcula un total de $240 mil extras, en efectivo, durante toda la administración.

También el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Delmer Edmundo Rodríguez Cruz, quien fungió bajo la jefatura del ministro René Figueroa, dijo a la Fiscalía que además de sus $2,200 de salario nominal recibió un “complemento” de $3 mil durante la gestión de Saca. De acuerdo con su testimonio ante los abogados, el dinero lo recibía en Casa Presidencial en efectivo, dentro de un sobre de parte de una mujer la que supone era la secretaria de Charlaix.

Rodríguez Cruz ejerció como viceministro de Justicia entre enero y mayo del 2009; sin embargo, antes fungió como Director Ejecutivo en Seguridad Jurídica y Director Jurídico del Ministerio de Justicia, siempre bajo el mando de Figueroa, donde tenía un salario de $3,500.

El exfuncionario explicó en su entrevista con la Fiscalía que mientras ejercía estos cargos de menor responsabilidad también mantenía un empleo como docente en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Cuando le ofrecieron ser viceministro, Rodríguez Cruz no solo tenía que dejar su otro empleo por la demanda que le significaría, sino que también su salario disminuiría. Pero su problema fue solucionado con un sobresueldo de $3 mil en efectivo cada mes.

Sobre por qué no declaró ante Hacienda el dinero extra que recibía en efectivo, Rodríguez Cruz dice que “consultó” a alguien en Casa Presidencial si le iban a dar algún recibo por ese dinero para poder declarar, que no está seguro de quién era esa persona pero que “probablemente fue al señor Charlaix”. Ante su inquietud, el exfuncionario asegura que “le expresaron que no se le daría, sin explicarle el motivo”, dice en la transcripción de su entrevista.

También Cecilia Gallardo, quien llegó al gobierno de Saca para asesorar el diseño e implementación del programa “Red Solidaria”, dirigido a los más pobres, aceptó frente a la Fiscalía que recibió su salario y sobresueldo en efectivo sin declararlo ante Hacienda. Un total de $15 mil para un programa, estrella en la gestión Saca, que entregaba $30 a $40 cada dos meses a las familias de los municipios más pobres de El Salvador.

De acuerdo con la entrevista que dio ante la Fiscalía, la exasesora dice que “nunca firmó un documento en el que constara su contratación en el cargo relacionado”, y que su “salario nominal” era de $10 mil, los cuales se los pagaban en efectivo “y se los entregaba la secretaria del licenciado Élmer Charlaix”, y que dejaba como constancia su firma en un recibo mensual. Además de su salario, según dijo, recibía $5,000 más para “gastos de representación y gastos de logística” como pago de vehículo, “pues no tenía asignado un vehículo institucional, por lo que incurría en gastos de combustible, pago de motorista y alimentación”. Al preguntarle si declaraba el dinero que recibía de parte de Casa Presidencial, Gallardo, que fue ministra de Educación en el periodo de Calderón Sol y posteriormente Gerente de Redacción de La Prensa Gráfica, contestó que no.

Factum contactó este jueves 17 de mayo a Cecilia Gallardo vía telefónica. Ella, tras contestar su teléfono y permitir que los periodistas se identificaran y le dijeran de qué tema querían hablar, dijo que no podía responder en ese momento por encontrarse en una reunión familiar y que podía atender al siguiente día. Periodistas de este medio le llamaron tres veces este 18 de mayo, pero no volvió a contestar.

El diputado de Arena Rodrigo Ávila. Durante la administración de Antonio Saca funció como director de la PNC y como viceministro de Seguridad. Después fue el candidato presidencial de Arena. Foto FACTUM/Cortesía

Quien sí contestó y habló durante cinco minutos sobre el tema fue el diputado Rodrigo Ávila. Sin embargo, se negó a responder las preguntas directas de Factum.

-Diputado, le llamo porque hemos tenido acceso a un documento que es, básicamente, una entrevista que a usted le hizo la Fiscalía en febrero de este año sobre el tema del pago de salarios en la administración del expresidente Saca.

– (Breve silencio)… Ajá.

-Entonces, hemos visto las declaraciones que usted hizo y le queremos preguntar

-(Interrumpe) Espere. ¿Usted tiene en sus manos una entrevista que me hicieron a mí?

-Sí. Así es… una entrevista que le hizo la Fiscalía a usted en calidad de testigo el 6 de febrero de este año.

-Ok, ok.

-En esa entrevista usted dice que recibía pagos en…

-(Interrumpe) Bueno, bueno, bueno, bueno. Mire, hermano. Primero, por teléfono yo no le voy a dar entrevista de eso. O sea, primero, ¿veá? Y me parece súper mala onda que me esté llamando por teléfono para preguntarme eso. O sea, yo fui a la Fiscalía, efectivamente, y dije lo que tenía que decir y… si me llaman de la Fiscalía otra vez, lo voy a declarar sin ningún problema. Y voy a decir que las cosas tal, pues. Pero es en un juicio que se está siguiendo una cosa y yo dije lo que tenía que decir y lo que era, pues… o sea… más nada. Es más, ni yo he visto las declaraciones que yo di, pues porque… las pedí y… o sea… (suspira)… me parece… me parece inaudito que me esté… o sea… no sé, pues… sorry, hermano, pero de eso no voy a hablar. Usted compréndame.

-Diputado, nos parece importante porque usted habla ahí de la forma que se le entregaba el dinero que era en efectivo y queremos que nos explique…

-(Interrumpe) Mire, no. Ni siquiera he visto eso yo

-Pero usted nos acaba de confirmar…

-(Interrumpe) Cómo sé yo que… no, mano, ya… (silencio).

-Usted dice en esa entrevista que recibía un dinero extra en efectivo que era para uso de su seguridad personal, que incluso pagaba una casa para sus guardaespaldas, que no recuerda cuánto era, pero con ese dinero…

-(Interrumpe) Mira, yo era el director de la Policía, yo tenía dinero en efectivo, tenía una cuenta yo que… o sea, no tenía una cuenta, tenía gastos especiales que utilizábamos… o sea… ¿qué más?

-Diputado…

-(Interrumpe) Yo por teléfono no le voy a dar entrevista, perdone, hermano.

-¿Por qué no declaró ese dinero ante Hacienda, diputado?

-Estoy en el cine, estoy en el cine con mi familia, hombre, qué le voy a dar declaraciones de eso a usted…

-A nosotros nos parece importante sobre todo porque está usted diciendo ante la Fiscalía que no declaró esos ingresos y, como usted bien lo sabe, eso es un delito.

-¿Y por qué, y por qué y por qué? Mire, perdóneme… o sea… porque eran para gastos específicamente, eran para gastos, no eran para mí, para que yo me los reventara, eran para gastos inherentes al cargo.

-Usted dice que pagaba su seguridad privada, que incluso le pagaba una casa a sus empleados…

-(Interrumpe) Mire, yo no tengo por qué dar declaraciones sobre eso, no tengo por qué dar declaraciones y me parece súper de mal gusto que me esté llamando por teléfono para entrevistarme de eso.

-¿Qué respondió usted, diputado, cuando le dijeron que no declarara ante hacienda ese dinero?

-Yo no le voy a dar entrevista a usted ahorita. Perdóneme.

Abogado estima $50 millones en sobresueldos

Mario Machado es el abogado defensor de Antonio Saca y de Élmer Charlaix. En su estrategia de señalar errores en el proceso contra el expresidente y su exsecretario privado, Machado ha advertido que la Fiscalía retomó, íntegra, la suma de dinero que ingresó a Casa Presidencial en concepto de la partida secreta y se la imputó a sus clientes. “La Fiscalía ha tirado un atarrayazo (…) El deber ser es que la Fiscalía tuviese que haber identificado cuáles fondos no tienen justificación”, dijo Machado en una entrevista que concedió a Factum este lunes 21 de mayo.

Machado, sentado en su oficina de la colonia San Benito en San Salvador, indicó que los destinos de los gastos reservados de Casa Presidencial, en los años de Antonio Saca, fueron el mantenimiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pagos a proveedores, oficinas que no tenían una estructura financiera en el Presupuesto General de la Nación y dependían directamente del dinero de la partida secreta -como los casos de la Secretaría de la Juventud y de la Comisión para el Café-. Pero también hubo dinero de los gastos reservados que se entregó a los funcionarios del gabinete de Saca en concepto de sobresueldos.

El defensor del expresidente Saca, el abogado Mario Machado. Foto FACTUM/Frederick Meza

“Esa cantidad de sobresueldos, en los cinco años, ha de haber sido, más o menos, unos $50 millones”, calculó Machado en la entrevista. Los favorecidos con esos dineros, según el abogado de Saca y Charlaix, fueron todos los funcionarios del gabinete de Saca. “El estimado se saca por medio del número de funcionarios -y que se han ofrecido como testigos, todos- y las cantidades que se les entregaba. Había personas allí de $1,500, había de $3,000, de $5,000, de $8,000, de $10,000…”, dijo el defensor.

La estrategia de la defensa, aunque sea de poco agrado para los exfuncionarios que han confesado ante la Fiscalía, es revelar el uso de ese dinero en efectivo: eso incluye exponer a quienes recibieron sobresueldos.

Los números de Machado le dicen que son 279 exfuncionarios y servidores públicos del gobierno de Antonio Saca los que recibieron sobresueldos. Todos ellos, según el abogado, han sido propuestos como testigos en el proceso judicial. La cifra de exfuncionarios con sobresueldos y la cantidad estimada que se utilizó de la partida secreta para ese fin, en los cálculos de Machado, resultan en que el gabinete de Saca -y otros empleados- recibieron en promedio, cada uno, casi $180,000 en los cinco años. Es decir, cerca de $36,000 cada año. Casi $3,000 al mes.

Estos promedios se aproximan a las cantidades de sobresueldo que algunos exfuncionarios de Saca aseguraron a la Fiscalía que recibieron entre 2004 y 2009. Aunque hay casos de sobresueldos mayores, como lo señaló Machado, de $5,000 -como el caso de Cecilia Gallardo, quien asesoró Red Solidaria- y hasta de $10,000 -como lo confesó el exministro de Hacienda Guillermo López Suárez-.

Otra revelación que hizo Machado es que los sobresueldos pagados con la partida secreta de Casa Presidencial solo se pueden estudiar con estimaciones de dinero. No hay “una cuantificación exacta”, porque “no existía en la contabilidad formal”.

El abogado defensor no quiso responder a las reiteradas preguntas de Factum sobre por qué el exsecretario Charlaix, ya fuera él o mediante su secretaría, instruía no declarar al Ministerio de Hacienda el dinero que los funcionarios recibían en concepto de sobresueldo. En la entrevista, Machado dijo que no puede hacer calificaciones y no quiso pronunciarse sobre la evasión de impuestos de los exfuncionarios de Saca porque él ejerce “una defensa” y no “una acusación”.

“No podría yo responderles como ustedes quisieran a la pregunta. Yo no les voy a decir lo que ustedes quieren que yo les diga. Yo estoy ejerciendo la defensa de Antonio Saca y de Élmer Charlaix. Ese (evasión de impuestos) será un punto, pero no me toca a mí decirlo. Yo sobre ese tema, ni que me la disfrace de otra manera, no se la voy a contestar”.

Lo que sí dijo Machado es que la entrega de dinero extra a funcionarios públicos en gobiernos anteriores “era un tema totalmente normal y no lo inventó Elías Antonio Saca ni sus funcionarios”. De hecho, explicó que siempre se integra una “comisión de transición” entre el gobierno saliente y el entrante, al final de cada período presidencial, en donde se intercambian sugerencias sobre la administración pública. Al final de la entrevista, el abogado se comprometió a trasladar una pregunta al expresidente Antonio Saca: “Siguiendo su versión, ¿quién le enseñó, de los gobiernos anteriores, que de esa forma se manejaba el Estado?”

¿Cómo sacaban los dineros de la partida secreta?

El secretario privado Charlaix no era el único que manejaba grandes cantidades de dinero en el gobierno de Antonio Saca. La Secretaría de Comunicaciones a cargo de Julio Rank, otro de los imputados, también fue administradora de millones de dólares en esos años. Incluso, del presupuesto de esa secretaría, alrededor de $3 millones eran redirigidos para el uso discrecional del entonces presidente, según Mauricio Durán Merino, quien fue el gerente administrativo de esa oficina.

Durán describió a la Fiscalía cómo de $1.5 millones al año que tenía la secretaría para funcionar antes de 2004, pasó a más de $6 millones con Saca en la silla presidencial. “Con los cuales se pagaban salarios, había una asignación de $2 millones para contratar publicidad y una asignación de $800,000 para bienes y servicios”, le dijo a la Fiscalía.

“Y había una parte de alrededor de $3 millones -reveló el exgerente- que quedaba para gastos reservados del señor presidente Antonio Saca, y solo él podía hacer uso de eso”. La declaración de Durán, una persona que trabaja en el gobierno desde 1974, abrió un nuevo portillo para conocer cómo el expresidente obtenía, por otras maneras, dinero público para uso discrecional.

Durán detalló que esos $3 millones de uso discrecional para Saca eran conocidos como “la partida secreta” de la Secretaría de Comunicaciones. Esa partida ya estaba incluida en el presupuesto anual de más de $6 millones. De esos fondos, dijo Durán, se pagaban sobresueldos a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones sin despertar alertas del fisco. Y la intención de pasar de puntillas frente a la autoridad era “porque ya no había autorización de parte de Hacienda de pagar horas extras”.

El mecanismo para extraer el dinero del Ministerio de Hacienda a la partida secreta de Comunicaciones tenía la forma de una red en donde Antonio Saca era la voz de mando, según se desprende de las entrevistas. Saca daba la orden a Élmer Charlaix, su secretario privado, y este le pasaba la orden a la Unidad Financiera de la Casa Presidencial. La Unidad Financiera entonces se comunicaba con la Tesorería en el Ministerio de Hacienda y se extraía el dinero. Luego, como si se lanzara un bumerán, los fondos pasaban a la Unidad Financiera, se le comunicaba a Charlaix que ya estaban disponibles y este le comunicaba a Julio Rank que ya podía contar con esos fondos. Rank, a su vez, reportaba a Saca.

El ex presidente de El Salvador, Antonio Saca junto a César Funes, ex Presidente de ANDA durante su gestión (2004-2009), y Élmer Charlaix permanecen en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 1 de Noviembre de 2016, donde están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Durán hizo un comentario revelador: los dineros de la partida secreta que llegaban a su oficina servían también para pagar viáticos, dar dinero a los encargados de eventos y “otros gastos que se hacían que están fuera del trámite burocrático la DACI”. La DACI es la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y es la que se encargaba de llevar a cabo las licitaciones y contrataciones por parte de la Casa Presidencial. Es decir, la partida secreta también sirvió para pagar actividades por las que debieron hacerse trámites de concurso público, pero que fueron obviados.

El trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas, mientras tanto, era muy singular. La Fiscalía entrevistó a Hernán Contreras, el expresidente de la corte, para conocer cómo se examinaban los gastos reservados de Saca. “Los auditores, en relación a los fondos de la partida secreta de Casa Presidencial, se limitaban a verificar la concordancia del monto de dinero solicitado por la Presidencia y el monto de dinero que daba el Ministerio de Hacienda”, le comentó Contreras a la Fiscalía.

Pero la investigación de Cuentas se quedaba en esos mínimos. “La información del destino de esos fondos lo desconocían, ya que no se le daba esa información a la Corte de Cuentas por su carácter de reservado”, se lee en la entrevista que la Fiscalía le hizo a Contreras. De hecho, un reglamento especial que elaboró la administración Saca establecía que los documentos de respaldo de los gastos que se debían presentar a la corte podían ser sustituidos por certificados de cumplimiento. En realidad, esos certificados no fueron más que hojas de papel bond con montos totales de los gastos de la partida secreta. Y la corte, presidida por Contreras, les dio el visto bueno a esos papeles.

La Secretaría de Juventud, por otra parte, pagó deudas pendientes de proveedores con dineros que provenían de la Unidad Financiera, bajo orden de Élmer Charlaix, confesó Carlos Alemán, el exsecretario de Juventud, a la Fiscalía. Alemán, según la entrevista que tiene Factum en su poder, le dijo al fiscal que luego de hacer una clasificación de las deudas, quedaron alrededor de cien expedientes por pagar que no tenían documentos de respaldo, como facturas, por ejemplo. Charlaix tomó la decisión de que esos compromisos iban a ser cancelados con fondos de Taiwán, que tenían un uso discrecional, y de la partida secreta de la Presidencia, dijo Alemán a la Fiscalía.

El Faro publicó en 2008 cómo Alemán pagó con sobreprecio productos promocionales para la Cumbre de la Juventud que se celebró en El Salvador ese año. Y en la lista de empresas y personas que recibieron parte de la cuenta subsidiaria institucional de la Presidencia de la República, el nombre del exfuncionario aparece como receptor de $828,000 entre 2004 y 2009.

Alemán le admitió a la Fiscalía que recibía una prestación adicional de $2,500 a su salario -que también era de $2,500-, porque él no tenía asignados vehículo, combustible ni celular “que tenían los otros funcionarios regularmente”. Ese dinero extra, dijo el exsecretario de Juventud, lo recibió en un principio a través de cheques “los primeros cuatro o cinco meses”, porque después se lo entregaron “en efectivo” desde la Unidad Financiera, administrada por Francisco Rodríguez, otro de los imputados del caso Saca. La Fiscalía no le preguntó a Alemán si los dineros que le entregaron como prestación adicional -que en total fueron $60,000 durante el período en que se desempeñó como secretario- los declaró como ingresos al Ministerio de Hacienda.

Factum contactó a Alemán para aclarar si reportó o no al fisco el dinero extra que recibió. Respondió la llamada. Los periodistas se identificaron.

-Alemán: Sí, diga.

-Le llamamos porque hemos conocido unos documentos en que consta que la Fiscalía le solicitó su presencia para atestiguar sobre los usos de…

Alemán colgó.

Las siguientes dos llamadas a su número telefónico las desvió.

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