EUA reconoce que hay asesinatos extrajudiciales en El Salvador

En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado en Washington habla sobre “múltiples reportes de la participación de agentes del Estado (salvadoreño) en asesinatos extrajudiciales”. El documento vuelve a uno de los señalamientos que Estados Unidos hace a El Salvador desde hace más de una década: la corrupción extendida en todas las ramas del poder estatal.

Por primera vez desde el final de la guerra civil en El Salvador (1980-1992) el gobierno de los Estados Unidos dice que hay indicios de descontrol en las fuerzas de seguridad del Estado, a las que atribuye abusos contra los derechos humanos de los salvadoreños y asesinatos extrajudiciales.

“Problemas de derechos humanos incluyeron asesinatos extrajudiciales y tratamientos crueles por parte de las fuerzas de seguridad”, dice el capítulo sobre El Salvador del reporte mundial sobre derechos humanos presentado en Washington el miércoles 13 de abril, por el Secretario de Estado John Kerry.

El reporte estadounidense de derechos humanos reúne capítulos individuales sobre 180 países y territorios, basados en informes elaborados por las representaciones diplomáticas de Washington en esos lugares.

En el caso salvadoreño, el informe del Departamento de Estado repite, como la ha hecho durante la última década, que la impunidad es uno de los males más importantes en el país. “La impunidad persistió a pesar de algunos pasos dados por el gobierno para dar de baja a algunos oficiales que cometieron abusos desde los cuerpos de seguridad y del sistema judicial”, dice la introducción al capítulo salvadoreño.

“En ocasiones, las autoridades civiles han fallado en mantener un control efectivo de las fuerzas de seguridad”.

Estos nuevos señalamientos de Washington llegan luego de que el Ejecutivo salvadoreño y sus Fuerzas Armadas escucharan reclamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) precisamente por abusos, desapariciones y asesinatos extrajudiciales atribuidos a agentes del Estado.

Y llegan, además, en el marco de una nueva estrategia de seguridad pública recién anunciada que incluye, entre otras cosas, el uso continuado del Ejército en tareas de seguridad pública, algo sobre lo que la CIDH ya advirtió a raíz de las denuncias escuchadas durante la jornada de audiencias semestrales realizadas la primera semana de abril en la capital estadounidense.

Uno de los casos expuestos por oenegés salvadoreñas ante la CIDH, el pasado 4 de abril, es el de tres jóvenes de Armenia, Sonsonate, que continúan desaparecidos luego de que el 18 de febrero de 2014 fueron detenidos por un grupo militar élite conocido como Hermes. Por el caso fueron juzgado y luego liberados un sargento de la Fuerza Armada y cinco soldados.

Otro caso denunciado en Washington es el de la masacre en la finca San Blas (La Libertad), donde la Policía asesinó extrajudicialmente a ocho personas, seis pandilleros y otros dos que no eran miembros de pandillas. Esta matanza fue reportada por el periódico digital El Faro, cuyos periodistas, según el mismo informe del Departamento de Estado, fueron objeto de amenazas y seguimientos tras la publicación del reportaje.

En total, según el informe, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador había recibido 17 denuncias de asesinatos sumarios cometidos por fuerzas del Estado entre enero y agosto de 2015.

Durante esa audiencia en Washington, el ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dijo que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén está comprometido con el respeto a los derechos humanos, pero aceptó que “es posible que haya habido algunos excesos (cometidos por la fuerza pública)”.

Funcionarios de la OEA advirtieron al Estado salvadoreño que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública puede no ser una gran idea a la luz de las denuncias. El Departamento de Estado, en el informe revelado ayer, dice: “En ocasiones, las autoridades civiles han fallado en mantener un control efectivo de las fuerzas de seguridad”.

El peso de la corrupción

En su reporte de 2015, el Departamento de Estado no duda en listar a la corrupción como una de las principales causas de la impunidad, la violencia y el irrespeto a los derechos humanos en El Salvador, como lo ha hecho en informes anteriores.

“Los principales abusos contra los derechos humanos nacieron de la corrupción extendida, de la debilidad del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad, lo que contribuyó con el alto nivel de impunidad…”, cita el texto.

El reporte estadounidense también advierte que la corrupción es una de las principales causas de la ineficiencia de la PNC.

Desde el año pasado, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia realizó estudios patrimoniales a varios funcionarios y ex funcionarios públicos, entre ellos los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes; el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores; y el diputado Reynaldo Cardoza. En todos esos casos el pleno de la Corte reconoció indicios de enriquecimiento ilícito, y en los tres últimos la Fiscalía General abrió juicios civiles por ese delito.

A mediados de marzo pasado, el recién electo fiscal general de la República, Douglas Meléndez, envió una carta a congresistas estadounidenses en la que denuncia “presiones externas” que pretenden obstaculizar investigaciones relacionadas con estos casos de corrupción.

En la sección 4 del informe sobre El Salvador, titulado Corrupción y Falta de Transparencia en el gobierno, el Departamento cita el caso específico del expresidente Francisco Flores, de ARENA, quien murió el año pasado en medio de un proceso penal por corrupción: “El expresidente… fue acusado de enriquecimiento ilícito y malversación por el supuesto robo de %15.3 millones de dólares”.

Hasta ahora, el gobierno de El Salvador ha negado que en el país haya necesidad de un organismo internacional de combate a la corrupción, como la CICIG de Guatemala o la MACCIH de Honduras. Sin embargo, según Estados Unidos –principal financista de ambas entidades internacionales–, la corrupción en El Salvador está a la base de buena parte de los problemas del país.

Otras violaciones señaladas:

Contra la libertad de expresión:

“En ocasiones, editores de periódicos y directores de estaciones de radio y televisión desalentaron a sus periodistas de investigar hechos o tópicos con los que los propietarios de los medios podrían no haber estado de acuerdo…

“… Los medios y los periodistas practican la autocensura, sobre todo al reportear sobre pandillas o tráfico de drogas”.

“El reportero Óscar Martínez, del periódico digital El Faro, reportó acoso, incluidas amenazas a muerte, tras publicar, el 2 de julio, un artículo en el que citaba una conversación entre oficiales de la PNC que alentaban el asesinato de miembros de pandilla encarcelados”.

Contra mujeres:

“Los reportes sobre violaciones siguen siendo bajos por varias razones, incluidas la presión social y cultural sobre las víctimas, el temor a represalias, respuestas inadecuadas y poco solidarias de las autoridades a las víctimas, miedo a la exposición, y la percepción generalizada entre las víctimas de que los casos no serán investigados. Las leyes contra la violación no fueron aplicadas efectivamente”.

“En general, la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, es un problema serio y extendido. Un buen porcentaje de la población considera que la violencia doméstica es socialmente aceptable… Al 24 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 4,686 mujeres fueron víctimas de violencia… Se reportaron 183 feminicidios en 2014”.