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Estados Unidos advierte de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

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El Departamento de Estado en Washington lista los asesinatos ilegales cometidos por fuerzas de la seguridad pública -la Policía Nacional Civil y el Ejército- entre las principales violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños ocurridas en 2016. Hasta ahora, el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén se ha negado a aceptar que este tipo de homicidios sea un problema extendido en el país.

Foto FACTUM/Archivo


Esta vez Washington lo dice de una forma más clara: “Los principales problemas de derechos humanos… incluyen la corrupción extendida y el débil Estado de Derecho, los cuales contribuyeron a los altos niveles de impunidad y abusos del Gobierno, incluidos asesinatos ilegales por las fuerzas de seguridad, discriminación y retraso o incumplimientos de fallos judiciales”.

Así se lee en el tercer párrafo del informe sobre El Salvador anexo al reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo para 2016 publicado por el Departamento de Estado (DOS).

Al igual que en el reporte sobre 2015, Washington asegura esta vez que las autoridades civiles salvadoreñas “fallaron en ocasiones en mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad”.
En aquel informe de 2015, sin embargo, el DOS solo hablaba de indicios de ejecuciones extrajudiciales; esta vez los lista como hechos: “Hay reportes de la participación de las fuerzas de seguridad en homicidios ilegales”, dice parte del texto.

Entre los reportes que da por válidos, el DOS lista los referentes a las masacres ocurridas en marzo de 2015 en la finca San Blas, en la que fueron asesinadas siete personas (seis presuntos pandilleros y uno que no lo era), y la ocurrida en el cantón Pajales, en la que fueron ejecutados “con disparos a corta distancia cuatro presuntos pandilleros desarmados”.

El reporte, basado en cifras proporcionadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la misma PNC y su Inspectoría y la Fiscalía General de la República, asegura que entre 2015 y 2016 los reportes de ejecuciones extrajudiciales pasaron de 11 a 41, es decir, se cuadruplicaron.

La mayoría de los casos recogidos por el DOS con base en informes oficiales y de oenegés en El Salvador tienen que ver con asesinatos de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de la MS13 o del Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios. Esas cifran también crecieron considerablemente de un año a otro.

“Un total de 359 presuntos pandilleros fueron asesinados en 676 enfrentamientos armados en 2015, mientras que 83 fueron asesinados en 256 enfrentamientos en 2014”, reporta el DOS.
Además, el informe especifica que la tasa de mortalidad de presuntos pandilleros en enfrentamientos con fuerzas de seguridad ocurridos en los primeros seis meses de 2016 fue 109% más alta que la tasa reportada en 2015.

Un presunto pandillero fue abatido a tiros por la Policía en calle Las Cabañas, colonia Popotlán, Apopa. Según la PNC el fallecido se les enfrentó a tiros mientras huía por un maizal. A la par encontraron un arma con la cual presume atacó a la policía.

Un presunto pandillero fue abatido a tiros por la Policía en calle Las Cabañas, colonia Popotlán, Apopa. Según la PNC el fallecido se les enfrentó a tiros mientras huía por un maizal. A la par encontraron un arma con la cual presume atacó a la policía. Foto FACTUM/Archivo.

La semana pasada, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, aseguraron que los homicidios, en general, habían disminuido un 64% en enero y febrero de 2017 respecto a los mismos meses del año anterior. Ambos funcionarios atribuyeron la baja al éxito de las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas por el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que incluyen, entre otras cosas, condiciones carcelarias más estrictas, apoyo de la Fuerza Armada en tareas de seguridad y flexibilidad en los términos de la detención de sospechosos de cometer delitos.

 

Algunos analistas, sin embargo, consideran que las ejecuciones extrajudiciales que hoy da por ciertas Estados Unidos influyeron de alguna manera en la implementación de las medidas extraordinarias y, a la postre, en la baja actual en los homicidios.

“La baja de homicidios es un logro importante de las autoridades salvadoreñas, (pero) la ejecución de las medidas antipandillas no explica por sí sola la reducción de violencia en el país. Las medidas de mano dura parecen haber tenido un impacto… pero los abusos de derechos humanos siguen siendo una preocupación”, dice, por ejemplo, InSight Crime, sitio especializado en crimen organizado en el continente americano.

Por su parte, la oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés) advirtió en agosto del año pasado sobre la debilidad del Estado salvadoreño para evitar estos abusos.

“Aunque no está claro el impacto de las tácticas agresivas de seguridad sobre los índices de criminalidad, hay consecuencias severas en los crecientes informes sobre abusos de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, planteando serias preocupaciones sobre la política de ‘disparar primero y preguntar después’ y la falta de acción de parte del gobierno salvadoreño para refrenar el abuso policial”, escribió WOLA.

Arbitrariedades

El pasado 23 de febrero, Revista Factum publicó el caso de Daniel Alemán, un joven detenido en la colonia Altavista de Ilopango al que la PNC acusa de posesión de drogas y sobre quien, según el director policial, pesa una investigación por extorsión. La familia de Daniel y varios testigos consultados por esta revista, no obstante, asegura que la Policía cometió varias arbitrariedades durante la detención, que plantó la droga, y que ha recibido amenazas por denunciar estas irregularidades.

En su informe sobre el estado de los Derechos Humanos en El Salvador, el DOS reporta que jóvenes como Daniel son, a menudo, objetivos de las fuerzas de seguridad porque “encajan en el estereotipo de ser pandilleros”. “Fuentes creíbles han indicado que jóvenes (de los que la Policía sospecha son pandilleros) han sido abusados por fuerzas policiales”, dice el reporte.

Estos señalamientos se explican, de nuevo, en el marco de la ejecución de las medidas extraordinarias de seguridad. Igual ocurre con señalamientos sobre abusos en las cárceles del país.

“Desde la implementación de las medidas en abril, las condiciones (en las cárceles) han empeorado, incluidos el alza en la atención médica a los internos mientras la presencia de enfermedades infecciosas aumentó, la falta de instalaciones higiénicas, o la falta de espacios para que los internos puedan dormir debido a la extrema sobrepoblación”, describe el reporte las condiciones carcelarias.

El DOS recoge también cifras de la PDDH sobre reportes de torturas atribuidas a las autoridades en 2016: 21 denuncias sobre hechos cometidos por la PNC, la Fuerza Armada u otros funcionarios públicos.

Cartel alusivo a Daniel Alemán, joven detenido por la PNC, según su familia de manera arbitraria.

En general, la PNC es la institución más señalada en los reportes salvadoreños que cita el DOS. “Capacitación inadecuada, falta de aplicación de la ley administrativa de la carrera policial, promociones arbitrarias, falta de fondos, falta de eficiencia en la aplicación de reglas de evidencia, así como instancias de corrupción y crimen limitan la efectividad de la PNC”, dice el informe estadounidense.

Al sistema judicial también le toca lo suyo, como ya es costumbre en este tipo de reportes: “La corrupción generalizada en el sistema de justicia contribuyó a los altos niveles de impunidad, comprometiendo el Estado de Derecho y el respeto de la ciudadanía por la judicatura”.

Otros señalamientos

Además de las ejecuciones extrajudiciales, el reporte del DOS lista la violencia contra mujeres y niñas, la discriminación de género y la explotación sexual de mujeres y menores como otro de los abusos más frecuentes en El Salvador.

En enero pasado, Factum publicó las historias de Natalia y Sonia, dos menores de edad víctimas de explotación sexual a través de redes de prostitución. La primera, Natalia, es testigo en un caso judicializado contra un ex presentador de televisión y otras tres personas. La segunda, Sonia, fue testigo del Estado en un caso de homicidio y terminó asesinada luego de que varios policías abusaron de ella.

El informe incluye, además, una lista de otros abusos a los derechos humanos de los salvadoreños, atribuidos a agentes del Estado y a particulares:

  1. Discriminación contra la comunidad LGBTI

“(Hay) reportes de que las autoridades acusaron a personas LGTBI cuestionándoles por su género, sometiéndolas a inspecciones abusivas o tratándoles en forma degradante.”

  2. Libertad de prensa y de expresión

El reporte lista acciones de funcionarios públicos a las que considera atentatorios contra las libertades de prensa y expresión.

  •  “El 16 de febrero de 2016, la Policía arrestó a cuatro sospechosos, incluida la directora de comunicaciones del alcalde de San Salvador, conectados con un ataque cibernético al sitio web de La Prensa Gráfica”.
  • “El 9 de agosto, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, convocó a una conferencia de prensa acompañado de otros comandantes de la Fuerza Armada, para criticar de “irresponsable” una investigación de La Prensa Gráfica que daba cuenta de irregularidades en la pérdida de armas en la institución militar… (Se alegó) que la conferencia fue un intento de Munguía Payés por intimidar a la prensa. A Munguía Payés también se le acusó de intentar intimidar a legisladores al llegar al pleno legislativo el 6 de diciembre pasado cuando se discutía levantar la inmunidad a un general acusado de tráfico de armas; los legisladores terminaron levantando la inmunidad a ese general, el ex ministro de Defensa José Atilio Benítez”.
  •  “Editores de periódicos y directores de radio desalentaron en ocasiones a sus periodistas de investigar o reportar temas que los dueños de los medios podrían ver de manera desfavorable”.
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