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Estados Unidos advierte de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

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El Departamento de Estado en Washington lista los asesinatos ilegales cometidos por fuerzas de la seguridad p√ļblica -la Polic√≠a Nacional Civil y el Ej√©rcito- entre las principales violaciones a los derechos humanos de los salvadore√Īos ocurridas en 2016. Hasta ahora, el Gobierno del presidente Salvador S√°nchez Cer√©n se ha negado a aceptar que este tipo de homicidios sea un problema extendido en el pa√≠s.

Foto FACTUM/Archivo


Esta vez Washington lo dice de una forma m√°s clara: ‚ÄúLos principales problemas de derechos humanos‚Ķ incluyen la corrupci√≥n extendida y el d√©bil Estado de Derecho, los cuales contribuyeron a los altos niveles de impunidad y abusos del Gobierno, incluidos asesinatos ilegales por las fuerzas de seguridad, discriminaci√≥n y retraso o incumplimientos de fallos judiciales‚ÄĚ.

Así se lee en el tercer párrafo del informe sobre El Salvador anexo al reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo para 2016 publicado por el Departamento de Estado (DOS).

Al igual que en el reporte sobre 2015, Washington asegura esta vez que las autoridades civiles salvadore√Īas ‚Äúfallaron en ocasiones en mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad‚ÄĚ.
En aquel informe de 2015, sin embargo, el DOS solo hablaba de indicios de ejecuciones extrajudiciales; esta vez los lista como hechos: ‚ÄúHay reportes de la participaci√≥n de las fuerzas de seguridad en homicidios ilegales‚ÄĚ, dice parte del texto.

Entre los reportes que da por v√°lidos, el DOS lista los referentes a las masacres ocurridas en marzo de 2015 en la finca San Blas, en la que fueron asesinadas siete personas (seis presuntos pandilleros y uno que no lo era), y la ocurrida en el cant√≥n Pajales, en la que fueron ejecutados ‚Äúcon disparos a corta distancia cuatro presuntos pandilleros desarmados‚ÄĚ.

El reporte, basado en cifras proporcionadas por la Procuradur√≠a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la misma PNC y su Inspector√≠a y la Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica, asegura que entre 2015 y 2016 los reportes de ejecuciones extrajudiciales pasaron de 11 a 41, es decir, se cuadruplicaron.

La mayor√≠a de los casos recogidos por el DOS con base en informes oficiales y de oeneg√©s en El Salvador tienen que ver con asesinatos de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de la MS13 o del Barrio 18 Sure√Īos y Barrio 18 Revolucionarios. Esas cifran tambi√©n crecieron considerablemente de un a√Īo a otro.

‚ÄúUn total de 359 presuntos pandilleros fueron asesinados en 676 enfrentamientos armados en 2015, mientras que 83 fueron asesinados en 256 enfrentamientos en 2014‚ÄĚ, reporta el DOS.
Adem√°s, el informe especifica que la tasa de mortalidad de presuntos pandilleros en enfrentamientos con fuerzas de seguridad ocurridos en los primeros seis meses de 2016 fue 109% m√°s alta que la tasa reportada en 2015.

Un presunto pandillero fue abatido a tiros por la Polic√≠a en calle Las Caba√Īas, colonia Popotl√°n, Apopa. Seg√ļn la PNC el fallecido se les enfrent√≥ a tiros mientras hu√≠a por un maizal. A la par encontraron un arma con la cual presume atac√≥ a la polic√≠a.

Un presunto pandillero fue abatido a tiros por la Polic√≠a en calle Las Caba√Īas, colonia Popotl√°n, Apopa. Seg√ļn la PNC el fallecido se les enfrent√≥ a tiros mientras hu√≠a por un maizal. A la par encontraron un arma con la cual presume atac√≥ a la polic√≠a. Foto FACTUM/Archivo.

La semana pasada, el director de la Polic√≠a Nacional Civil, Howard Cotto, y el vicepresidente de la Rep√ļblica, √ďscar Ortiz, aseguraron que los homicidios, en general, hab√≠an disminuido un 64% en enero y febrero de 2017 respecto a los mismos meses del a√Īo anterior. Ambos funcionarios atribuyeron la baja al √©xito de las medidas extraordinarias de seguridad impulsadas por el Gobierno de Salvador S√°nchez Cer√©n, que incluyen, entre otras cosas, condiciones carcelarias m√°s estrictas, apoyo de la Fuerza Armada en tareas de seguridad y flexibilidad en los t√©rminos de la detenci√≥n de sospechosos de cometer delitos.

 

Algunos analistas, sin embargo, consideran que las ejecuciones extrajudiciales que hoy da por ciertas Estados Unidos influyeron de alguna manera en la implementación de las medidas extraordinarias y, a la postre, en la baja actual en los homicidios.

‚ÄúLa baja de homicidios es un logro importante de las autoridades salvadore√Īas, (pero) la ejecuci√≥n de las medidas antipandillas no explica por s√≠ sola la reducci√≥n de violencia en el pa√≠s. Las medidas de mano dura parecen haber tenido un impacto‚Ķ pero los abusos de derechos humanos siguen siendo una preocupaci√≥n‚ÄĚ, dice, por ejemplo, InSight Crime, sitio especializado en crimen organizado en el continente americano.

Por su parte, la oficina de Washington para Am√©rica Latina (WOLA, en ingl√©s) advirti√≥ en agosto del a√Īo pasado sobre la debilidad del Estado salvadore√Īo para evitar estos abusos.

‚ÄúAunque no est√° claro el impacto de las t√°cticas agresivas de seguridad sobre los √≠ndices de criminalidad, hay consecuencias severas en los crecientes informes sobre abusos de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, planteando serias preocupaciones sobre la pol√≠tica de ‚Äėdisparar primero y preguntar despu√©s‚Äô y la falta de acci√≥n de parte del gobierno salvadore√Īo para refrenar el abuso policial‚ÄĚ, escribi√≥ WOLA.

Arbitrariedades

El pasado 23 de febrero, Revista Factum public√≥ el caso de Daniel Alem√°n, un joven detenido en la colonia Altavista de Ilopango al que la PNC acusa de posesi√≥n de drogas y sobre quien, seg√ļn el director policial, pesa una investigaci√≥n por extorsi√≥n. La familia de Daniel y varios testigos consultados por esta revista, no obstante, asegura que la Polic√≠a cometi√≥ varias arbitrariedades durante la detenci√≥n, que plant√≥ la droga, y que ha recibido amenazas por denunciar estas irregularidades.

En su informe sobre el estado de los Derechos Humanos en El Salvador, el DOS reporta que j√≥venes como Daniel son, a menudo, objetivos de las fuerzas de seguridad porque ‚Äúencajan en el estereotipo de ser pandilleros‚ÄĚ. ‚ÄúFuentes cre√≠bles han indicado que j√≥venes (de los que la Polic√≠a sospecha son pandilleros) han sido abusados por fuerzas policiales‚ÄĚ, dice el reporte.

Estos se√Īalamientos se explican, de nuevo, en el marco de la ejecuci√≥n de las medidas extraordinarias de seguridad. Igual ocurre con se√Īalamientos sobre abusos en las c√°rceles del pa√≠s.

‚ÄúDesde la implementaci√≥n de las medidas en abril, las condiciones (en las c√°rceles) han empeorado, incluidos el alza en la atenci√≥n m√©dica a los internos mientras la presencia de enfermedades infecciosas aument√≥, la falta de instalaciones higi√©nicas, o la falta de espacios para que los internos puedan dormir debido a la extrema sobrepoblaci√≥n‚ÄĚ, describe el reporte las condiciones carcelarias.

El DOS recoge tambi√©n cifras de la PDDH sobre reportes de torturas atribuidas a las autoridades en 2016: 21 denuncias sobre hechos cometidos por la PNC, la Fuerza Armada u otros funcionarios p√ļblicos.

Cartel alusivo a Daniel Alem√°n, joven detenido por la PNC, seg√ļn su familia de manera arbitraria.

En general, la PNC es la instituci√≥n m√°s se√Īalada en los reportes salvadore√Īos que cita el DOS. ‚ÄúCapacitaci√≥n inadecuada, falta de aplicaci√≥n de la ley administrativa de la carrera policial, promociones arbitrarias, falta de fondos, falta de eficiencia en la aplicaci√≥n de reglas de evidencia, as√≠ como instancias de corrupci√≥n y crimen limitan la efectividad de la PNC‚ÄĚ, dice el informe estadounidense.

Al sistema judicial tambi√©n le toca lo suyo, como ya es costumbre en este tipo de reportes: ‚ÄúLa corrupci√≥n generalizada en el sistema de justicia contribuy√≥ a los altos niveles de impunidad, comprometiendo el Estado de Derecho y el respeto de la ciudadan√≠a por la judicatura‚ÄĚ.

Otros se√Īalamientos

Adem√°s de las ejecuciones extrajudiciales, el reporte del DOS lista la violencia contra mujeres y ni√Īas, la discriminaci√≥n de g√©nero y la explotaci√≥n sexual de mujeres y menores como otro de los abusos m√°s frecuentes en El Salvador.

En enero pasado, Factum publicó las historias de Natalia y Sonia, dos menores de edad víctimas de explotación sexual a través de redes de prostitución. La primera, Natalia, es testigo en un caso judicializado contra un ex presentador de televisión y otras tres personas. La segunda, Sonia, fue testigo del Estado en un caso de homicidio y terminó asesinada luego de que varios policías abusaron de ella.

El informe incluye, adem√°s, una lista de otros abusos a los derechos humanos de los salvadore√Īos, atribuidos a agentes del Estado y a particulares:

  1. Discriminación contra la comunidad LGBTI

‚Äú(Hay) reportes de que las autoridades acusaron a personas LGTBI cuestion√°ndoles por su g√©nero, someti√©ndolas a inspecciones abusivas o trat√°ndoles en forma degradante.‚ÄĚ

  2. Libertad de prensa y de expresión

El reporte lista acciones de funcionarios p√ļblicos a las que considera atentatorios contra las libertades de prensa y expresi√≥n.

  • ¬†‚ÄúEl 16 de febrero de 2016, la Polic√≠a arrest√≥ a cuatro sospechosos, incluida la directora de comunicaciones del alcalde de San Salvador, conectados con un ataque cibern√©tico al sitio web de La Prensa Gr√°fica‚ÄĚ.
  • ‚ÄúEl 9 de agosto, el ministro de Defensa, David Mungu√≠a Pay√©s, convoc√≥ a una conferencia de prensa acompa√Īado de otros comandantes de la Fuerza Armada, para criticar de ‚Äúirresponsable‚ÄĚ una investigaci√≥n de La Prensa Gr√°fica que daba cuenta de irregularidades en la p√©rdida de armas en la instituci√≥n militar‚Ķ (Se aleg√≥) que la conferencia fue un intento de Mungu√≠a Pay√©s por intimidar a la prensa. A Mungu√≠a Pay√©s tambi√©n se le acus√≥ de intentar intimidar a legisladores al llegar al pleno legislativo el 6 de diciembre pasado cuando se discut√≠a levantar la inmunidad a un general acusado de tr√°fico de armas; los legisladores terminaron levantando la inmunidad a ese general, el ex ministro de Defensa Jos√© Atilio Ben√≠tez‚ÄĚ.
  • ¬†‚ÄúEditores de peri√≥dicos y directores de radio desalentaron en ocasiones a sus periodistas de investigar o reportar temas que los due√Īos de los medios podr√≠an ver de manera desfavorable‚ÄĚ.
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