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No hay condenas por crímenes de odio contra comunidad LGTBI

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Aunque la Fiscalía General de la República dice estar identificando a las víctimas LGTBI, y la Corte Suprema de Justicia reconoce la necesidad de identificar los crímenes de odio, los casos de cientos de personas siguen en la impunidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos lo dicen más claro: hasta ahora no hay ni una sola condena para decir que la justicia ha avanzado. 

Fotos FACTUM/Salvador Meléndez/Video FACTUM/Gerson Nájera



En febrero pasado, tres mujeres trans fueron asesinadas en el plazo de 72 horas en el departamento de La Paz. El caso se conoció cuando la Fiscalía General de la República informó de los crímenes a través de su cuenta de Twitter. Tanto en el doble homicidio de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, en San Luis Talpa; como en el tercer crimen, el de Elisa Castillo en Cuyultitán, la Fiscalía reportó los hechos criminales como homicidios de hombres vestidos de mujeres. Las redes sociales se inundaron de comentarios mientras las organizaciones LGTBI reclamaban un trato adecuado hacia las víctimas.

La no identificación de las víctimas como personas LGTBI es, según los activistas, una de las principales causas de la impunidad en los crímenes, donde el Estado salvadoreño aún no ha logrado condenar ni un solo caso, ni muchos menos el reconocimiento de los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género.

La impunidad que rodea los crímenes de las activistas trans Francela Méndez, del Colectivo Alejandría; y Tania Vásquez, de Comcavis Trans, ambas asesinadas en 2015, es un ejemplo de ello.  Sus compañeras de las organizaciones donde trabajaban ni siquiera saben si la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando estos casos.

Ellas son parte de las más de 600 víctimas que han sido blanco de ataques y crímenes de odio desde finales de los noventa, según reportan las organizaciones defensoras de la diversidad sexual. Y a la fecha se mantiene esa constante: la ausencia total de condenas y la poca o nula investigación de los casos.

Galería de la marcha del orgullo LGTBI 2017:

La Fiscalía General de la República lleva años negando la información sobre los casos, mientras tanto la situación de impunidad se agrava. Las organizaciones han pedido sin éxito el acceso a los expedientes de los crímenes de Tania y Francela. En 2016, El Faro hizo una solicitud de acceso a la información a la FGR para conocer el avance de las investigaciones y acceder a los expedientes. La solicitud fue rechazada por considerarse información personal.

Pero en marzo pasado la FGR reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., que en el periodo de diciembre de 2014 al 3 de marzo de 2017 tenía en investigación 109 casos donde las víctimas eran personas LGTBI; y que, además, ya se habían judicializado 12 casos. La mayoría por este orden: amenazas, lesiones y homicidio agravado.

Las representantes de Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoíris Trans), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llegaron a Washington para estar presentes en la audiencia que habían solicitado por la situación de derechos humanos de las personas LGTBI en El Salvador, con un memorial redactado por la organización Igualitos/as. Al escuchar las cifras de la Fiscalía, sus rostros mostraron el asombro: esos datos eran parte de las mismas estadísticas que han solicitado durante años, pero que siempre se les había negado por considerarse inexistente.

A partir de este breve informe, Revista Factum pidió información a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía sobre seis delitos, cometidos en los últimos cinco años: homicidios, homicidios agravado, lesiones, lesiones agravadas, amenazas y amenazas con agravación especial.

Según las estadísticas brindadas y con datos actualizados hasta el pasado 30 de marzo, el Ministerio Público está investigando 103 casos de delitos contra personas LGTBI que están activos, es decir, en investigación. La mayoría son por amenazas con el 46 % de casos, el 25 % por homicidios y el 20 % por lesiones.

Pero hasta marzo de 2017 la Fiscalía solo ha logrado judicializar 22 casos, y ninguno ha llegado a la fase de vista pública. Es decir, no hay condenas.  Además, 15 casos que llegaron a tribunales pasaron al archivo definitivo y se dieron por finalizados. Solo siete han llegado a la fase de audiencia preliminar.

Por los delitos de homicidio y homicidio agravado solamente se han judicializado tres casos, según las estadísticas institucionales que solo cuentan con datos desde el año 2015, aunque los casos pueden ser de años anteriores y por el momento no se ha logrado ninguna condena.

Según la información brindada por la Fiscalía, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el número total de víctimas por estos seis delitos es de 180 personas.

En total son 34 por homicidio simple y agravado entre 2015 y marzo de 2017 (19 % de víctimas registradas). Por lesiones y lesiones agravadas suman 43 víctimas entre 2014 y marzo de 2017 (24 % de las víctimas). Las amenazas y amenazas con agravación especial son las que reportan mayor número de víctimas con un total de 103 personas LGTBI (57 % de las víctimas registradas).

Los departamentos con más víctimas LGTBI son San Salvador con 71 víctimas, le sigue Santa Ana con 22 casos y La Libertad con 13. En cuarto lugar está Morazán con 12 casos y en quinto lugar empatan Sonsonate y Ahuachapán, con 11 casos respectivamente. El único departamento que no registra ningún caso es San Vicente.

“Tenemos muchos desafíos: primero, lograr una ley de identidad de género; segundo, una ley contra la discriminación; tercero, reducir los crímenes por odio, la tasa de impunidad, la alta migración forzada y el desplazamiento forzado. Nosotras hemos documentado más de 200 casos de compañeras trans que han tenido que salir del país a raíz de la persecución, la extorsión, la falta de protección jurídica, la falta de protección familiar y se ven obligadas a buscar las garantías de sus derechos en otros países”, señala Karla Avelar, directora ejecutiva de Comcavis Trans.

La deuda con los crímenes de odio

La deuda de la Fiscalía se hace más evidente desde que el Estado empezó a reconocer los crímenes cometidos por odio como una agravante penal. Esto fue posible gracias a la reforma del Código Penal aprobada en septiembre de 2015, tras la recomendación de la CIDH hecha dos años antes.

Esa recomendación también está relacionadas con el registro que la Fiscalía comenzó a levantar desde finales de 2014 para identificar a las víctimas según su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, hay dudas sobre la representatividad del total de los casos.

“El problema es que quien toma la denuncia no siempre la utiliza porque la Fiscalía no tiene un proceso de formación constante y quienes lo dan no son siempre las organizaciones salvadoreñas, sino financiadas por los gobiernos de Estados Unidos que traen expertos de otras latitudes a tratar de tropicalizar lo que saben para El Salvador; (…) es un conocimiento no adecuado a la realidad salvadoreña”, señala Andrea Ayala, directora ejecutiva de Espacio de Mujeres Lesbianas por la Diversidad en El Salvador (Esmules), que desde hace ocho años da seguimiento a estos casos.

Sin embargo, la Fiscalía no es la única institución que tiene pendientes en el reconocimiento y condena de los crímenes de odio. El Instituto de Medicina Legal, dependencia de la Corte Suprema de Justicia, también deberá identificar los casos de posibles crímenes de odio contra población de la diversidad sexual. Así lo reconoce la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo.

“Ya comenzamos con los protocolos y en el tema de indicadores, porque es una observación que nos vino de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque las cifras que da Medicina Legal son un poco mecánicas para establecer cuántos crímenes de odio; (aquí) solo se dice hombre o mujer. Pero no, llamemos a las cosas por su nombre y son de las cosas que las instituciones tienen que ir cambiando, no podemos ir viendo nuestros casos con la mirada del siglo pasado, sino con la mirada del siglo XXI”, indica la magistrada.

Mientras tanto, la Fiscalía ha recibido cursos de capacitación sobre crímenes de odio y ha juramentado una mesa técnica para la investigación de casos de la población LGTBI; pero no se pudo tener más información al respecto porque la Fiscalía no accedió a conceder una entrevista. También se buscó la opinión del director de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez, sobre los avances en la identificación de posibles víctimas de crímenes de odio por su orientación sexual o identidad de género, pero tampoco se concedió la entrevista solicitada tras varios intentos.

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