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Que el Estado nos proteja de las imágenes de violencia

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Dicen algunos diputados y diputadas que nos quieren cuidar. Sobre todo dicen que quieren proteger a nuestros niños y niñas de espectáculos públicos y contenidos en los medios de comunicación que fomenten la violencia, de imágenes que no contribuyan a la cultura de paz. También nos quieren cuidar de los programas extranjeros que puedan dañar nuestra integridad moral y la de nuestros hijos.

Para conseguirlo quieren intentar regular lo que vemos y escuchamos en la tele, en la radio, en internet y en eventos públicos. Además pretenden sancionar a quienes no se apeguen a unas disposiciones que ellos y ellas se han inventado y escrito en la iniciativa: “Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de comunicación y publicidad”. Quiero recordarle a nuestros diputados y diputadas que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de la República en el artículo 6. El antecedente histórico de esta normativa lo podemos rastrear hasta el artículo 13 de la constitución de 1824, la primera carta magna de nuestro país. Prácticamente es uno de los derechos en los que está fundamentado nuestro Estado.

Por supuesto, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como ninguno lo es. Tiene límites: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”. Cuando esos límites son traspasados el código penal ya tipifica una serie de delitos a los que los ciudadanos podemos apelar.

Entonces ¿cuál es la intención de esta propuesta de ley? Simple y llanamente controlar lo que leemos y vemos, sobre todo en los medios de comunicación. Lo más perverso es que quieren hacernos creer que es en nombre de nuestro propio bien.

Los diputados y diputadas dirán que no hay ninguna intención de restringir nuestros derechos. En el artículo 6, inciso (d), de la propuesta se establece que la libertad de pensamiento y expresión es uno de los principios rectores de la ley. Pero el artículo 7 dicta que parte de la responsabilidad del Estado será evitar la “propaganda en favor de la guerra, apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción similar contra cualquier persona o grupo de personas (…)”. En ninguna parte aparece definido qué se entiende por “propaganda”, por “incitaciones a la violencia” o por “cualquier otra acción similar”. Básicamente son criterios que quedan abiertos a interpretación.

Entonces, un documental que se exhiba en salas de cine y muestre imágenes de la violencia cotidiana de nuestro país ¿será sujeto de sanción? Un libro que relate crudamente la vida de un sicario de creció en El Salvador ¿podrá ser considerado una apología de odio? Noticias o información publicada en internet que cuestionen las acciones de nuestros gobernantes ¿se leerán como una acción similar a la incitación a la violencia?

Pero digamos que les damos el beneficio de la duda a nuestros muy caros empleados: los diputados y diputadas. Digamos que creemos que tienen la buena intención de proteger nuestra integridad moral de la violencia. Pensemos que la preocupación les ha llegado a tanto que decidieron invertir su tiempo de trabajo en escribir esta propuesta de ley en lugar de elegir a los magistrados. Yo les pregunto:

¿Qué tan efectiva será esta ley para promover la cultura de paz? ¿Es de verdad en los medios y espectáculos públicos que nuestros niños, niñas y nosotros mismos consumimos la violencia? ¿Acaso no es más violento salir de la casa y encontrarse un cadáver tirado en el camino a la escuela? Para evitar la incitación a la violencia ¿no sería más efectivo regular la portación de armas? Si de proteger la integridad moral de la niñez se trata ¿no es mejor evitar los abusos de poder de la policía contra nuestros jóvenes?

Las violencias que alimentan la cotidianidad del país, especialmente en los sector con más carencias económicas, no pasa a través de las pantallas, radios o computadoras. Las imágenes más horribles están en vivo y en directo, cada día para que la consuman desde los bebés hasta los más ancianos. Son los cadáveres que aparecen cada día, los desaparecidos, las desaparecidas, el contingente de desplazados por la violencia, esos despojados y despojadas de todo y a los que nuestro estado ignora descaradamente. Es el miedo de morir en el intento de llegar a la escuela, al trabajo, a la unidad de salud. O el horror de vivir en una casa en la que te muelen a palos y/o te abusan sexualmente en total impunidad.

Más que tratar de controlar y censurar lo que vemos, escuchamos y leemos en los medios de comunicación, los queridos diputados y diputadas deberían trabajar con los otros poderes del Estado para parar la guerra contra las pandillas, para diseñar planes reales de prevención y combate a la violencia, para desmilitarizar las calles y colonias, para dejar de perseguir jóvenes pobres solo por serlo, para depurar la PNC, para que el ejecutivo cumpla su promesa de incremento de presupuesto para educación, para que el sistema de justicia funcione… en fin, para que el Estado cumpla con su obligación primordial de asegurarnos a todos los habitantes la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

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#Violencia