Un hombre fue asaltado por dos pandilleros del Barrio 18 y ahora es obligado por la justicia salvadoreña a declarar frente a ellos. Oculto tras un nombre falso, un traje negro de chacal y una voz distorsionada, terminará desnudo frente a sus victimarios. El Estado revelará detalles con los que fácilmente puede ser identificado. Y peor: revelará su verdadero nombre. Todo esto ocurre en una audiencia de un día cualquiera en los tribunales salvadoreños.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez (Un actor ridiculiza, con el uso de un disfraz de lobo, el sistema de justicia salvadoreño frente al centro judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.)
Al final de esta audiencia en contra de pandilleros del Barrio 18, todos sabremos la verdadera identidad del testigo protegido con la clave Andrómedo. Pero eso será al final. Por ahora, Andrómedo está escondido debajo de un traje negro de chacal que le cubre desde la coronilla hasta un palmo antes de los zapatos. Su voz ha sido distorsionada y suena en el altoparlante ronca y metálica, como si fuera la de un robot.
Es mediodía de un martes de finales de marzo, y en la sala de audiencias 5-C del centro judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, el aire acondicionado está a punto de colapsar. Los diez reos presentes, los custodios, los abogados, fiscales y hasta el juez del Tribunal Especializado de Sentencia “C” se abanican de vez en cuando con las manos, o con lo que pueden, para espantar el calor que ya está venciendo a la tecnología.
Es un caso, en apariencia, sencillo, de los que se ven un día cualquiera en los tribunales salvadoreños: una vista pública en contra de una estructura de la facción “Revolucionarios” del Barrio 18, que operaba en el municipio de Mejicanos. Un caso igual o parecido a cientos que pasan por aquí al mes.
El juicio inició hace un rato y la Fiscalía está entrevistando a los testigos que ha ofrecido como prueba en contra de la pandilla.
—Este testigo dice que ha venido porque la policía lo llegó a traer a su casa. Dice que le dijeron que lo traían por apremio, porque le tocaba venir ayer y no vino―dice el juez, como una presentación del testigo, de quien hasta este momento no sabemos ni su nombre ni su clave, aunque en unos minutos sabremos ambas cosas.
Escuchando, en la sala de audiencias, estamos unas 30 personas: los reos, los custodios, los abogados, empleados del tribunal y yo que llegué a reportear a esta audiencia por casualidad. Diez de los presentes son acusados, pandilleros del Barrio 18 y mujeres vinculadas a la estructura. En el estrado hay un enorme televisor que proyecta la imagen de otra docena de pandilleros que enfrenan el juicio desde el penal de Quezaltepeque.
Entre los procesados hay una mujer de unos 35 años. Tiene unas enormes ojeras y las greñas rubias oxidadas. En sus brazos carga a una bebé que duerme profundamente, a la que acomoda cada vez que se le desliza por el peso. Los otros reos son tres mujeres más jóvenes y cinco hombres que van de entre los 20 y los 40 años. Todos están uniformados de blanco, aunque hay uno que viste de naranja, el color que en el sistema penitenciario salvadoreño quiere decir que el reo es de alto peligro o con mal comportamiento.
A estos diez reos presentes en la sala y a los ausentes se les acusa de ser parte de una célula del Barrio 18 que en dos años cometió 17 robos a mano armada de vehículos, tres hurtos, diez homicidios, tres feminicidios, tres privaciones de libertad y un homicidio tentado.
La Fiscalía ha ofrecido como parte de su prueba para incriminar a los pandilleros el relato de una veintena de testigos que básicamente se dividen en dos tipos: testigos criteriados (miembros de la pandilla que decidieron traicionarla y declarar en su contra para obtener un beneficio) y víctimas o familiares de las víctimas.
Es el turno de Andrómedo, un hombre a quien los pandilleros le robaron su carro a punta de pistola hace tres años, un vehículo que desde entonces no lo ha podido recuperar. Según lo dicho por los fiscales, el juez y el mismo Andrómedo, en un principio la víctima sí quiso contar su historia en un juzgado bajo la condición de que se protegiera su identidad, pero al final se arrepintió y ya no quería ir. Quizá por miedo, como muchos testigos que piensan que en este país una clave no es suficiente para ocultarse de la pandilla.
Andrómedo no quería venir a esta audiencia, pero la justicia salvadoreña, policías de por medio, lo obligó a venir. Él está sujeto al Programa de Protección a Víctimas y Testigos. La Fiscalía solicitó que se le pusiera un nombre clave para ocultar el verdadero y su documento de identidad está dentro de en un sobre cerrado que solo el juez puede ver. El juez le pide al testigo que se siente en el banquillo que está detrás de una biombo de madera donde no se le puede ver. Luego le solicita que se quite el traje de chacal que trae puesto. Un técnico activa un sistema de modificación de audio y lo regula para que la voz de Andrómedo resulte irreconocible.
Hasta aquí, sin haber pronunciado una palabra, quizá Andrómedo todavía está seguro. Pero su identidad se irá revelando poco a poco.
―¿Cuál es su clave, testigo?, pregunta el juez.
―Roberto.
―¿Roberto? ―pregunta de nuevo el juez, extrañado.
―Sí.
El juez, siempre utilizando el micrófono, habla ahora con los fiscales.
―Fiscalía… aquí tengo el documento de identidad del testigo… y él dice que viene con clave “Roberto”. Entonces… yo, la verdad, no sé cuál es la diferencia entre su nombre y su clave. Lo digo para que ustedes decidan, porque parece que el testigo no tiene régimen (de protección).
Los fiscales, extrañados, mueven papeles en su escritorio. Conversan quedito entre ellos y en la sala solo se escuchan los murmullos y el ruido de un pequeño motor que puja en el techo, quizá el del aire acondicionado que ya no aguanta más.
Dos de los pandilleros se ríen entre ellos mientras se hablan al oído y miran hacia el estrado. Uno es el que viste de naranja, el mismo que lleva rato haciendo chistes de cuanto error comete la Fiscalía. Una fiscal finalmente toma el micrófono y habla.
―En efecto, su señoría, el señor es un testigo del caso 11, de la confesión, digo, de la negociación… digo, del robo. Él sí tiene régimen y su nombre clave es Androberto…
La fiscal guarda silencio unos segundos, descubre que, nuevamente, está en un error y se corrige otra vez.
―No. Su clave es Andróbedo. Andróbedo es su clave, la clave del testigo, su señoría.
El juez calla unos segundos ante las palabras de la fiscal. El silencio y el calor han invadido tanto la sala que parece que el pequeño motor va a palmar.
―Muy bien ―dice el juez, actuando normal―tengo aquí el documento del testigo y la documentación que respalda que su nombre clave es Andrómedo y no Adroberto ni Roberto.
Ahora que todos sabemos el nombre del testigo, el interrogatorio continúa. Y pronto sabremos más de él.
Un grupo de hombres y mujeres detenidos por orden de la Fiscalía General de la República, acusados de pertenecer a estructuras criminales, permanecen en los tribunales de San Salvador el 27 de octubre de 2017.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez
El juez le pide a Andrómedo que levante su mano y jure o prometa decir la verdad, le explica que si alguien dice “objeción” debe esperar a que él decida si continúa con su respuesta o no, y le indica que si no entiende alguna pregunta, no la responda y que pida que se la reformulen.
―Sí―suena la robótica voz.
―Sí ¿Qué? ¿Jura o promete?
―Prometo decir la verdad―dice Andrómedo.
―Puede iniciar, Fiscalía―dice el juez.
―Buenas tardes, testigo. Mi nombre es Tania, y estoy actuando en nombre y representación del señor fiscal general de la República. En esa calidad le voy a hacer preguntas: ¿Por qué se encuentra usted aquí, testigo?
―Por el robo de un vehículo.
―¿De qué características era ese vehículo?
―Chevrolet.
―¿Qué color era?
―Verde.
―¿Qué año?
―89.
Andrómedo va respondiendo pregunta por pregunta a la fiscal que lo interroga. Le cuenta que hace tres años, dos pandilleros con características similares a los que están esta tarde en la sala de audiencias se pararon frente al punto de taxis donde él trabaja y le pidieron un viaje que terminaría en un robo.
―¿Dónde sucedió el robo, testigo?
―Frente a una universidad.
―¿Qué hora era?
―Las 12:30.
―¿Dónde se subieron esas personas en su vehículo?
―En el punto donde yo trabajaba.
―¿Cómo se subieron?
―Llegaron al punto y se pararon en la esquina y se pusieron a hablar por teléfono. Después me dijeron que les hiciera una carrera.
―¿A qué lugar le pidieron la carrera?
―A cumbres de la Escalón.
―¿Qué ruta tomó usted?
―Me fui por la Jerusalén, a salir al redondel Masferrer, pasaron por el redondel Luceiro y después a la universidad.
Andrómedo dice que uno de los pandilleros se sentó en el asiento del copiloto y otro en el asiento de atrás, cuenta que a unos 50 metros del punto al que le pidieron que los llevara, le anunciaron que todo se trataba de un asalto.
―¿Dónde le pusieron la pistola?―pregunta la fiscal.
―En la cabeza.
―¿Qué hizo el de atrás?
―Con una navaja, me la puso en las costillas del lado derecho.
―¿Cuál fue su reacción?
―Nombre, tranquilos, al suave, les dije yo. Lo que queremos es el vehículo, bajate pues, si no te vamos a matar, me dijeron.
―¿Qué hizo usted cuando se bajó?
―Salí a la calle y pedí auxilio por varios minutos, pero nadie me quería ayudar.
―¿Qué pasó con el vehículo?
―Se lo llevaron.
―¿Qué hizo usted?
―Nada. Salí a la calle a pedir auxilio, pero nadie me quería ayudar. Hasta que un señor me ayudó. Me subió al pick up.
―¿Qué hizo después de eso?
―Le pedí al señor del pick up que me llevara a la base de taxís y después fui a poner una denuncia en la delegación.
―¿Y ahora qué sabe usted del vehículo?
―No sé dónde está.
―¿En cuánto está valorado el vehículo?
―$2,500.
―Muchas gracias, testigo. No más preguntas ―finaliza la fiscal.
Roberto no es el primero al que le sucede. En muchos casos la Fiscalía ha revelado nombres de testigos protegidos en los requerimientos presentados a los tribunales. Estos documentos pueden ser consultados, por ejemplo, por los abogados defensores de los victimarios. Pasa en casos pequeños y pasa en casos grandes. Pasó en el juicio por corrupción contra el expresidente Elías Antonio Saca, en la acusación contra el alcalde de Apopa Elías Hernández, en el juicio contra algunos de los implicados en la tregua entre las pandillas y el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
Consultado por Revista Factum, el magistrado Martín Rogel interpreta el incidente de aquella tarde de marzo como un nudo de posibilidades. Dice que revelar el nombre de un testigo con régimen de protección puede constituir un delito; sin embargo, este delito para se perseguido debe haber sido cometido con intención, y no por negligencia.
Por negligencia o no, después de esta audiencia Andrómedo está expuesto. Ahora sabemos de este testigo que se llama Roberto, a qué se dedica y dónde trabajaba hace tres años. También sabemos qué modelo y año de vehículo le robaron y en qué delegación policial puso su denuncia.
El juez decreta una pausa para esperar a que venga el próximo testigo, a las 2:00 de la tarde. Los fiscales salen de la sala. Intento preguntarles sobre el error, y sobre el peligro que ahora corre el testigo que debió ser protegido, pero evaden la pregunta, responden con silencio, y se van.
*El nombre Roberto ha sido usado para ocultar el nombre que realmente se reveló en la audiencia. También se han modificado algunos detalles de las respuestas del testigo con el fin de no exponerlo.
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