El relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad y la justicia insistió en que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado salvadoreño ya no pueden esperar más para acceder a la justicia. Salvioli aseguró que la violencia actual es el efecto de una transición incompleta hacia la paz e insistió que el Ministerio de la Defensa debe entregar los archivos militares de los ochenta, tal como lo mandan resoluciones de organismos internacionales.
Foto FACTUM/Luis Mejía
Fabián Salvioli llegó a El Salvador dos meses después de que se presentara el borrador de un anteproyecto de ley de reconciliación nacional. La propuesta -finalmente retirada- del diputado Rodolfo Parker proponía amnistía amplia, absoluta e incondicional a las personas que pertenecían a todos los sectores durante el conflicto armado interno.
El contexto no pudo ser el mejor. Salvioli, un abogado y académico experto en derechos humanos, tiene un cargo con un título larguísimo en la ONU: es el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
“El dolor de las víctimas no es algo del pasado, ese dolor sigue tan presente como el primer día (…) Si alguien tiene dudas”, dijo el relator tras su visita, “que vaya ahí y vea como vi yo. Yo no pude dormir después de ver ese dolor”.
A 27 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el experto señaló que aún queda “muchísimo por hacer” para que El Salvador llegue a ser un Estado democrático donde se cumpla el diseño de “justicia de transición” que se estableció en los Acuerdos, y donde las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra puedan acceder a la justicia. El problema más grande que detectó sus 10 días de visita, dijo el relator, es que aún no existe una política integral de Estado para atender la situación de las víctimas y superar la impunidad por los crímenes del conflicto interno.
En sus observaciones preliminares, el relator asegura que, mientras tanto, la violencia en el presente es “un ejemplo fehaciente” de que el país no puede lograr la paz y el progreso sin enfrentar los crímenes de su historia reciente.
“No podemos esperar más. Bastante han esperado las víctimas, bastante pacientes han sido. Y no solo las víctimas están esperando, cualquier persona de bien está esperando esto”, denunció el relator en una conferencia de prensa el 3 de mayo, último día de su visita, en el edificio de Naciones Unidas en San Salvador. Ahí compartió con periodistas salvadoreños 41 recomendaciones basadas en las observaciones que hizo durante su estancia, y que ya había presentado a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones estatales, así como al gabinete del presidente actual, Salvador Sánchez Cerén, y al vicepresidente electo, Félix Ulloa. Salvioli también visitó sitios de memoria histórica en San Salvador, Morazán, La Paz, y San Vicente; y se reunió con sobrevivientes de las masacres de El Mozote, El Calabozo y San Francisco Angulo.
De sus reuniones con Sánchez Cerén y con Ulloa, el relator dijo que ambos “estuvieron muy abiertos a mi presencia y mi visita”, y que, al presentarles el informe con las observaciones preliminares, había tenido “muy buena recepción”. “El vicepresidente electo se mostró muy receptivo a estos temas, y yo creo que el presidente electo también lo será”, dijo Salvioli.
En una entrevista que Revista Factum hizo hace unos días a un asesor de la Comisión de la Verdad, Stener Ekern, él mencionó que se había impuesto en la ONU un embargo de 60 años de duración a los archivos de la Comisión, según Thomas Buergenthal, juez de derechos humanos que fue uno de los comisionados del mecanismo en El Salvador. ¿Sabe por qué se estableció un embargo tan prolongado?
La respuesta que ha dado Naciones Unidas al pedido de apertura de los archivos no fue negativa, y no indica en absoluto que no se pueda acceder a esos archivos antes de 60 años. Lo que sí estableció esa respuesta es que se deben dar ciertos requisitos fundamentalmente de protección de los datos relativos de víctimas, a efectos de que no se les ponga en peligro por el testimonio brindado. Y también hay un problema fáctico, que tiene que ver con que en la época en que se realizó el mandato de la Comisión de la Verdad y se tomaron los testimonios, no existía la posibilidad de digitalizar archivos. Entonces ahora esos archivos están ahí, pero están sin orden y sin digitalización. Entonces es muy complejo el acceso a la información. Lo que se dice es que hay que buscar los mecanismos por los cuales los archivos se comiencen a digitalizar y resguardar estas cuestiones que yo estoy mencionando. Y ahí ya serán accesibles.
Ahora que ya se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y hay una causa penal en el sistema interno en El Salvador, el caso por la masacre de El Mozote, ¿se ha tomado una decisión oficial en Naciones Unidas sobre lo que se hará para desclasificar los documentos del archivo de la Comisión de la Verdad?
La Secretaría General de Naciones Unidas, no. La Secretaría General respondió al requerimiento que se le hizo desde aquí, desde la Cancillería, por pedido del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, para acceder a esos archivos. La Secretaría General, que está en poder de ese archivo, ha señalado que para poder efectivamente viabilizar esto, hay que cumplir con esos requisitos. Entonces sé que hay algunas propuestas y algunos proyectos en ese sentido, que son muy recientes, que se van a presentar próximamente a Naciones Unidas para avanzar en esa petición.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas informó a través de redes sociales que usted se reunió con miembros del Ministerio de Defensa durante su visita. ¿Le mostraron disposición para cumplir sus obligaciones de superar la impunidad por crímenes del conflicto armado?
Estuvimos intercambiando opiniones. El Ministerio de Defensa tiene una mirada en relación a los hechos, yo tengo una mirada algo diferente de esas cuestiones. Pero aquí no se trata de las impresiones que me hayan manifestado ellos o de las impresiones que tenga yo. Se trata de cumplir con las obligaciones internacionales. Y el Estado tiene que sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Eso ya estuvo establecido en los propios Acuerdos de Paz, así que yo no estoy inventando nada. Hay que cumplir con las obligaciones internacionales, hay que cumplir con las decisiones en ese sentido, de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, con las observaciones que hace el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y dar respuesta a eso. Y el Ministerio de Defensa lo debe hacer como lo debe hacer todo órgano del Estado. Lo que no puede suceder es que un ente del Estado se considere exento de las obligaciones del Estado. ¿Por qué tendría que ser así?
Hasta hoy, denunció el relator especial de Naciones Unidas, ningún oficial de la Fuerza Armada ha pedido perdón a las víctimas públicamente. Esto es algo que constituye una de las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó cumplir a El Salvador en 2012, cuando el Estado salvadoreño fue declarado como responsable de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en la masacre de El Mozote.
Salvioli también sostuvo en sus recomendaciones que, desde que se declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía en 2016, el Ministerio de la Defensa se ha negado a atender peticiones de acceso a la información que le obligan a entregar archivos militares para reconstruir las acciones del Ejército en la época como parte de las investigaciones por denuncias y causas penales por crímenes del conflicto que están en fase preliminar. El relator señaló durante la conferencia de prensa al final de su visita que, a pesar de las solicitudes que han presentado el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General, y el juzgado a cargo de la causa penal por la masacre de El Mozote, el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar los archivos “aduciendo excusas que no son creíbles, entre ellas la inexistencia de los mismos, o que han sido destruidos”. Salvioli recuerda que el Ejército estaba obligado a documentar las acciones militares en la época de la guerra “por ley”, y por lo tanto, esto “quiere decir que esos archivos existen”.
En las observaciones preliminares el relator anota que en el camino al monumento y sitio de memoria de la masacre de El Mozote, él mismo pudo constatar “con estupefacción” que la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel tiene el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, quien fue señalado por la Comisión de la Verdad como uno de los autores de la masacre de los pobladores de El Mozote. “Considero estos hechos inaceptables en un Estado que condena las violaciones a los derechos humanos. Significan una revictimización de las familias”, apuntó Salvioli. En la conferencia de prensa, dijo a los periodistas que había pedido que se quite el nombre de Domingo Monterrosa, “no se le puede rendir honores a alguien que es responsable de una masacre, ¿qué clase de valores son esos?”
El ministro de la Defensa, el general David Munguía Payés, habló el 7 de mayo de la reunión conSalvioli. El funcionario insistió que la Fuerza Armada no tiene todos los archivos del conflicto interno, además de rechazar quitar el nombre de Monterrosa de la instalación militar.
#ElSalvador “Tampoco podemos permitir que una persona, cualquiera, pueda ingresar a las instalaciones militares a hurganos a su antojo porque hay documentación sensible, de seguridad nacional, que puede comprometer la seguridad de la misma nación”, recalcó el ministro de Defensa.
— Revista Factum (@RevistaFactum) 7 de mayo de 2019
Tengo entendido que también se reunió con el vicepresidente electo, Félix Ulloa. ¿Cuál debería ser la prioridad para el nuevo gobierno en cuanto a la superación de impunidad por los crímenes del conflicto armado?
Yo presenté 41 recomendaciones que fueron dadas a conocer hoy, y también, por supuesto, al gobierno, a los órganos del Estado, a los poderes del Estado. Ahí se marcan algunas cuestiones prioritarias que tienen que ver fundamentalmente con la gente de edad más avanzada, y algunas otras cosas que creo que son imprescindibles en materia de reparaciones, y en procesos de aceleración del juzgamiento de los responsables. Las víctimas han esperado ya mucho tiempo.
Entrevista con el relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, durante su visita a San Salvador, el 3 de mayo de 2019. Foto FACTUM/ Luis Mejía
Parte de su mandato en la relatoría especial de Naciones Unidas radica en examinar medidas de justicia transicional para superar graves violaciones de derechos humanos en el mundo. ¿Hay alguna experiencia vista en otros Estados de la que El Salvador pueda aprender y que usted quiera resaltar?
Hay buenas prácticas en distintos lugares, de distintas cuestiones. Este mandato es muy complejo. Tiene aspectos relacionados con verdad, con justicia, con reparaciones, con garantías de no repetición. Y cada circunstancia es particular, cada país atraviesa por un proceso particular. Lo mejor es manejarse dentro del marco de las obligaciones internacionales que cada Estado tiene que cumplir, y en ese sentido se puede caminar sobre seguro.
El término de justicia transicional podría sonar como algo un poco abstracto. Quizá, en especial, para la nueva generación en El Salvador, que no vivió el conflicto armado, y que podría asociar la justicia por estos crímenes del conflicto armado con algo que tiene que ver con el pasado. Por otro lado, en algunas discusiones de la comisión ad hoc se ha usado el término para alegar que es necesario dejar atrás lo relacionado a los crímenes de guerra. En sus observaciones preliminares, usted menciona la relación que existe entre el pasado y el presente cuando señala que la violencia actual en El Salvador es un fiel ejemplo de que “la sociedad no puede dirigirse a un futuro de paz y progreso, sin enfrentar las dificultades de su pasado”. ¿Podría explicarme un poco más sobre ese punto?
Hay una contradicción. No nos preocupa nuestra historia, pero además no nos preocupa nuestro presente, porque estos hechos suceden hoy todavía. Si usted va a los lugares donde han ocurrido las masacres, la gente también sufre ahí hoy. No abordar debidamente el pasado es no poder enfrentar debidamente el futuro. ¿Y sabe que quien más claro ha tenido eso fue una joven de 18 años? En San Francisco Angulo me decía eso, efectivamente… No es un problema de las nuevas generaciones. Es de las viejas generaciones y, sobre todo, de quienes han estado involucrados en estos hechos, que quieren pasar la página, pero es más por una cuestión de conveniencia e interés personal que por otra cuestión. En todo caso, los Estados tienen que cumplir con sus obligaciones. Después, cada quien, individualmente, hará lo que le parezca con el pasado. Pero yo no veo ningún motivo por el cual las nuevas generaciones, y las que sigan, y las pasadas, y las que sean, no puedan abordar los hechos sucedidos en el pasado.
En la teoría, la justicia transicional plantea eso: Sin la superación de los crímenes del pasado, existe la posibilidad de que sigan perpetrándose las mismas violaciones en el presente o a lo largo de la historia.
Claro. ¿Usted no cree que hay relación entre el grado de violencia actual y la impunidad de estos crímenes?
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