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“CICIG parte de una hipótesis: hay una captura total del Estado”

La batalla por las instituciones en Guatemala no da tregua. En los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, importantes grupos de poder asociados a los grandes capitales tradicionales del país han dejado claro que harán todo lo que esté a su alcance para frenar el alcance de las investigaciones sobre corrupción, impunidad y relativas al crimen organizado que impulsan la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

Foto FACTUM/Cortesía CICIG. Esta entrevista fue publicada originalmente en inglés en InSight Crime.

Del lado de quienes denuncian las acciones de la comisión y el MP están políticos poderosos, como Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la capital y expresidente del país, también investigado por posibles actos de corrupción. En alianza con parlamentarios relacionados con los gobiernos del expresidente Otto Pérez Molina (procesado por corrupción) y el actual del presidente Jimmy Morales, este grupo se hizo con la junta directiva del Congreso (el pasado lunes 29 de enero la Corte de Constitucionalidad anuló esa elección). Luego, Morales sustituyó al jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Solórzano Foppa, y a su Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, considerados ambos aliados de CICIG y el MP, y nombró en el cargo a funcionarios relacionado con Arzú y otros grupos de poder.

En medio de todo, una comisión de postulación formada por 15 abogados, algunos de ellos también cuestionados, se prepara para elegir una lista de seis candidatos entre los que Morales tiene que elegir al sustituto de Thelma Aldana, actual jefa del MP y aliada incondicional de CICIG, antes de mayo. Y en medio de todo está también la pregunta por las posibilidades de que el crimen organizado, enquistado en el Estado guatemalteco, vuelva a ganar el terreno que ha venido perdiendo en Guatemala.

En esta conversación, el colombiano Iván Velásquez, jefe de CICIG, a quien Morales declaró non-grato en agosto pasado -la CC resolvió un amparo a favor de Velásquez y revirtió la acción del presidente- habla de estas coyunturas y del futuro que espera en el país al combate a la corrupción. Es, dice, un momento difícil, marcado en gran parte por la beligerancia de los actores económicos poderosos que empezaron a ser investigados por sus posibles alianzas con el crimen.

¿Cómo lee la coyuntura actual en la lucha contra la corrupción en Guatemala, sobre todo a partir de la elección de la nueva junta directiva del Congreso y el discurso público de enfrentamiento que ha surgido de cara a la elección del nuevo fiscal general?

La autoridad, y para ponerlo así, tan en abstracto, “el poder”, no tiene ningún interés en cambiar las cosas. No hay propósito real de transformar esta realidad, por eso hay tanta reacción frente a la lucha contra la corrupción. Y por eso se oponen incluso a reformas que son importantes, pero no revolucionarias, como la que se planteaba del sistema de justicia… Y oponerse a eso porque (dicen) que se está “desarticulando el Estado”… Hay una intención de acuerparse entre todos los sectores y las personas que saben que están comprometidas en hechos ilícitos, como por impedir los avances, pero además de involucrar a mucha otra gente.  Yo creo que están utilizando todos los mecanismos que llevan al engaño de alguna u otra gente, cuando esgrimen por ejemplo banderas ideológicas, todas estas críticas de la persecución porque es “la izquierda contra la derecha”.

A diferencia de países de Suramérica, en los que también se está planteando lo mismo, tal vez aquí hay un ambiente mucho más propicio para eso por todo el pasado del país, y el pasado reciente. Y es entonces siempre con el susto del comunismo. Y lo que significó si se lee lo ocurrido en Guatemala después del 54 y especialmente después del 60 y toda esa concepción anticomunista como que “aquí nos podemos morir de hambre, pero no vamos a aceptar el comunismo; aquí podemos ser analfabetas, pero no aceptamos el comunismo”.

Visto desde las élites de Guatemala se entiende que ese discurso es un remanente de la historia reciente del país. ¿Cala ese discurso en la gente? ¿Compra el guatemalteco común el discurso de las élites dicho a través de un diputado o un analista?

Creo que el discurso sí logra ir permeando. Tal vez por la generalización y la amplitud. Uno no podría guiarse por cuáles son las tendencias en las redes sociales, sobre todo cuando existe también tanta manipulación desde allí. Pero, no sé, yo percibo algo que es diferente a toda esa euforia de 2015. No se podría hablar precisamente de un retroceso, pero el entusiasmo transformador del 2015 debía ser ahora una realidad, y el que no sea una realidad, el que esté frenado, eso tiene que tener una explicación también en las fuerzas de reacción. Claro, que se sostenga un movimiento reformador por periodos prolongados cuando no hay además una organización, cuando está toda esta espontaneidad vista en el 2015, es realmente muy difícil.

Ahora lo que vemos son núcleos organizados, que sí son un producto importante del 2015. Pero tal vez todavía sin esa mayor fuerza transformadora. Tienen fuerza, por ejemplo, para impedir las leyes de impunidad de septiembre de 2017, pero no para que se adopten las leyes que se requieren para continuar en el avance. Se pueden impedir esas leyes, pero no se puede lograr que la ley electoral y de partidos políticos, en las partes que interesan para democratizar la política, para democratizar la participación electoral, sí se consagren, que sí se adopten esas normas.

Esta situación ha llegado a un nivel que ya las personas directamente afectadas (por investigaciones de CICIG y el MP) han tenido que dar la cara y no basta con la utilización de sus instrumentos como lo han hecho tradicionalmente. Entonces, ahora, los que tienen realmente el poder -en cualquier sentido-, han tenido que aparecer.

Si hay en realidad un avance en la conciencia ciudadana, probablemente sea mucho más fácil avanzar cuando exista algo, pero es que falta todavía… La fiscal (Thelma Aldana) es más optimista en ese sentido, yo creo que ella piensa que sí se pasó, yo digo que todavía esto es factible de devolverse, que falta el paso adelante que impida regresar.

¿Cuál sería ese paso?

Sabemos que hay, por ejemplo, muchos empresarios que están preocupados por el tema del financiamiento electoral ilícito. Se sabe que el Ministerio Público y la CICIG están en investigaciones relacionadas con financiamiento electoral ilícito. Se ha dicho repetidamente que ese es uno de los principales temas de investigación en este año, como una contribución al proceso democrático para las elecciones del próximo año. Las personas que yo tengo la seguridad que saben que nosotros tenemos información, que no hemos completado todavía la información, la investigación, pero saben además en qué pueden estar involucrados, en lugar de buscar la solución de sus problemas, lo que hacen es propiciar la contradicción, la confrontación, la descalificación.

Entonces, quieren ver si, o nos amilanamos o salimos, o no podemos continuar con las investigaciones. Y cuando eso viene de niveles importantes en el país no sé logra también en ellos una transformación de su mentalidad… Es el mismo tema de atemorizar con Venezuela: Para mí es increíble que personas de un nivel, digamos de una posición de dirección o en la escala social de un nivel más alto, crean racionalmente que es posible Venezuela, o que con la lucha contra la corrupción se está buscando el triunfo de la izquierda.

Porque otra cosa es que se maneje publicitariamente, que se pretenda incidir en el temor a la población, y entonces es simplemente un instrumento de manipulación.

¿Pero usted cree que sí se lo creen?

¡Sí!, hay personas que lo creen de verdad. En conversaciones con algunas personas yo digo: “no es posible porque esto lo que revela es un nivel intelectualmente muy bajo” … ¡Es verdad!

Al principio se refería al “poder en abstracto”. Las acciones de CICIG y el MP nos revelaron en el pasado a un tipo de grupo de poder, más relacionado con narcos, con grupos de inteligencia militar, pero ahora estamos hablando de la investigación de los grupos reales de poder, los grupos del poder económico de Guatemala. ¿La presión sobre ustedes cambió cuando empezaron a investigar a las élites económicas?

No digo que sea precisamente económico, aunque claro que tiene bastante influencia. Esto es lo mismo por lo que desde el 2014 el diseño de las líneas investigativas de CICIG parten de una hipótesis: la captura del Estado. Lo que las investigaciones han demostrado es que, efectivamente, eso es una realidad. Y entonces cuando se producen fenómenos de captura del Estado, que no son los problemas de la cooptación específica o sectorial, sino que es realmente una captura, uno podría decir prácticamente total del Estado. Es además un proceso que se va desarrollando en el tiempo y que es lo que nos ha permitido también afirmar que la corrupción no es un tema coyuntural, no es de este gobierno, o de estas personas, sino que es un tema estructural, que ya es un problema del sistema corrupto. Todas las acciones que van desnudando esa realidad de la captura del Estado hace que quienes tienen ese control del Estado utilicen todos los mecanismos para impedir que el Estado sea liberado, es decir, para impedir que ellos, ese poder, pierda el control.

Lo que pasa es de mucha complejidad como para decirlo ahora simplemente en una conversación. Pero es como por ejemplo el tema del narcotráfico: ¿el narcotráfico tiene control sobre el Estado? Hay evidentemente unas acciones del narcotráfico que muestran, por ejemplo, que en administraciones municipales, en territorios del país, ese control existe. ¿Significa que esa es la captura del Estado a la que nos referimos?, ¡no!, pero hace parte.

¿Cuál es la funcionalidad de la corrupción frente al narcotráfico? ¿Cómo el narcotráfico se alimenta también de esa misma corrupción que está fomentada a partir, por ejemplo, del financiamiento electoral ilícito? Entonces es de Perogrullo: todo tiene que ver con todo.

“La autoridad, y para ponerlo así, tan en abstracto, “el poder”, no tiene ningún interés en cambiar las cosas. No hay propósito real de transformar esta realidad, por eso hay tanta reacción frente a la lucha contra la corrupción”.

¿Por dónde empieza entonces la liberación del Estado de la que habla?

El problema es llegar a la disección de esa captura del Estado y decir: “si se interviniera esto se lograría realmente una transformación”. Esto además está vinculado con el mandato de la CICIG, que nos da legitimidad para intervenir en esa discusión. Pero además este debe ser el propósito de todo Estado en unas condiciones como este, y que así existe en muchos de los países de América Latina.

El primer interés de intervención debe ser sobre la rama judicial para lograr un organismo judicial realmente independiente e idóneo. Yo creo que allí empieza la posibilidad más real de liberación, de recuperación, digamos más bien, del Estado. El fortalecimiento institucional debería partir del fortalecimiento de la justicia.

Cuando encontramos como sucede en Guatemala que no hay Ministerio Público en 90% de los municipios del país, y que donde existe es realmente débil, que aún las fiscalías especializadas en la capital son fiscalías débiles; que no hay una capacidad de respuesta frente a la criminalidad de todo tipo… Es como lo decía la fiscal en esta semana: el Ministerio Público es la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia, y si esa puerta está cerrada entonces es la conveniencia de llegar a generar fortalecimiento que realmente permita ir en este proceso de construcción democrática que nosotros decimos.

Usted decía que la fiscal Aldana es optimista y usted es más pesimista en pensar que puede haber o no una vuelta atrás en todo este proceso. Una lectura que he escuchado mucho es esa lectura pesimista, que sí puede haber un paso atrás y que, al final del día, el objetivo último sea que este poder que está en el Estado, o que tiene secuestrado al Estado, logré de nuevo cerrar la puerta del MP eligiendo a un fiscal o una fiscal que no va a trabajar con CICIG, que va a ser débil, y que simplemente va a revertir.

¡Es posible! Es muy difícil decir: en todo caso se logrará nombrar un fiscal que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción, yo creo que no se puede afirmar eso, ni decir lo contrario tampoco. Hay personas en la comisión de postulación que yo creo que tienen bastante claridad sobre esto, y personas que espero cumplan responsablemente la función que tienen encomendada. Pero es necesario además un acompañamiento social, un acompañamiento ciudadano a estos miembros de la comisión para que sí puedan hacer su trabajo adecuadamente y además con un respaldo. Ellos están persuadidos de la gran responsabilidad que tienen en este momento, y supongo que deben sentir una gran presión de todos lados, de quienes propugnan por un fiscal que le dé continuidad al trabajo que se viene adelantando y quienes propugnan por un fiscal que, o que disminuya, o que frene, o que se desentienda.

Pero en la labor que tiene que cumplir responsablemente la comisión de postulación, que debe permitir llegar a la selección de buenos candidatos para dar la lista de seis al presidente de la República, lo anterior es siempre una posibilidad.

Hay quienes dicen que es muy difícil que ante tantos ojos viéndolos pueda haber, digamos, una cosa muy obvia de manipulación. ¿Es así? ¿Garantiza el mecanismo de la veeduría ciudadana la aplicación de los mecanismos legales en los que se sustenta la acción de la Comisión? ¿Es la presencia de los decanos de las universidades una garantía?

Formalmente, pero en la realidad, eso no es una garantía. En el 2014, la última experiencia de comisión de postulación para cortes –Suprema de Justicia y Apelaciones–, hubo una gran e intensa veeduría ciudadana, y lo que al final supimos, en una parte por la denuncia de (la ex magistrada) Claudia Escobar, es que las magistraturas fueron distribuidas entre los dos partidos mayoritarios: el partido del gobierno y el partido supuestamente de la oposición, que ahora vemos pues como, (Alejandro) Sinibaldi [Partido Patriota] y (Manuel) Baldizón [Partido Líder] tenían relaciones, pero se distribuyeron (los cargos), y frente a una observación ciudadana que fue una veeduría social fuerte, que llevó inclusive a que en una primera instancia la Corte de Constitucionalidad suspendiera el proceso, la posesión de los magistrados.

(Sinibaldi -prófugo- y Baldizón -capturado en Estados Unidos- están involucrados según CICIG y el MP con varios casos de corrupción, entre ellos el pago de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht).

Entonces eso no es garantía. Claro que contribuye. Yo creo que mucho tiene que ver con cuáles son las convicciones que tienen las personas encargadas de seleccionar en una comisión de postulación. Es decir, ¿cuáles son las convicciones de los comisionados?, ¿cuáles son los intereses que representan?, ¿hay la posibilidad de representar intereses generales y no intereses de sectores, y mucho más en condiciones como las que se encuentra el país ahora?

La esperanza es que la vieja idea de los constituyentes, cuando establecen las comisiones de postulación diciendo que la vinculación de la Academia en la selección de los altos funcionarios, fiscal general y magistrados va a permitir que la idoneidad, la capacidad, la honorabilidad –como dice la propia constitución política–, sea la que guíe la selección de esos funcionarios del Estado. Que esa sea realmente la convicción de los comisionados es la aspiración que todos deben tener, y que esos requisitos constitucionales de idoneidad, capacidad y reconocida honorabilidad sean los que guíen. ¿En qué medida eso se hace efectivo?, eso ya es el otro problema.

Más allá de esta aparente cohesión de los poderes fácticos para impedir los avances en la lucha contra la corrupción, ¿ve usted que haya unidad en cuanto alguna agenda nacional mínima para seguirla impulsando?

¿Por fuera de esos poderes? ¿En las fuerzas democráticas o sociales? Ese es un problema del país. Creo que todavía no han logrado construir en el seno de la ciudadanía un propósito común, algo que los vincule en la lucha por la transformación. En muchas ocasiones lo que se ha venido planteando es la necesidad de un acuerdo sobre los puntos mínimos que permitirían dar un paso adelante en la transformación de esta realidad. ¿Qué es lo que –con intereses verdaderamente nacionales– podría generar que los diversos sectores en el espectro ideológico, también en el espectro político, se unan para luchar por algo común?

2015 tuvo esa gran fortaleza, lo que pasa es que tal vez todo fue tan improvisado, todo fue tan espontáneo, que no se logró construir. Y cuando la Universidad San Carlos convocó a una plataforma para la reforma del Estado… Eso que parecía constituirse en el foro de confluencia de todos los sectores, eso se perdió, se diluyó.

Después, lo que significó en el 2016 el caso de cooptación del Estado, la preocupación de algunos porque entendieron que aquí en realidad no iba a haber privilegios, no se iba a considerar a nadie por encima de la ley, se iban a presentar los resultados de las investigaciones como fuera, y si un banquero o un gran empresario o un político resultaban involucrados, y había elementos probatorios que permitían vincularlos a un proceso, se presentaba sin consideración de quién se tratara.

Eso naturalmente asusta. Y entonces cuando asusta ya se empieza a escuchar: “Bueno, sí, pero no tanto. Nosotros sí queríamos, pero esto tiene un límite”, o “¿qué es lo que se pretende?, ¿se va a destruir el país? ¿se va a afectar la economía? ¿se va a desestimular la inversión? “Entonces tienen que tener cuidado con el manejo”. Y cuando se habla en términos de justicia de verdad, ¿cuál es el cuidado que hay que tener con la verdad?, ¿la verdad que no afecte?, ¿o lo que se está luchando es precisamente por la verdad, una verdad independientemente de a quién afecte?

Entonces eso generó tal vez una, si no fractura, por lo menos un menor compromiso de otros sectores ya en esa lucha contra la corrupción, y finalmente todo se fue diluyendo y estamos en la situación en que estamos.

Y se necesita como ese espíritu nacional. Cuando se pretende ideologizar en las condiciones de ahora la lucha contra la corrupción o todos los intentos por la institucionalización del país, yo creo que hay una gran miopía.

¿Cómo afecta a la institucionalidad del país todo el tema del financiamiento electoral ilícito, que usted mencionó como una de las prioridades de CICIG y el MP?

Lo que hemos percibido a través de la investigación del financiamiento electoral ilícito es ¿de qué manera tantos recursos del Estado obtenidos ilícitamente y de particulares fueron a parar a las campañas políticas?

Lo anterior establece una desigualdad evidente entre los contendientes que pueden declarar una cantidad de acuerdo con los límites establecidos en las leyes pero que, en realidad, invierten por decenas de más, sobrepasando.

¿No sería lo ideal que se pudieran establecer normas y controles y que todos se sometieran para una discusión que signifique mucho más en términos de propuestas y no de capacidades económicas? ¿No es en la democracia ideal con lo que siempre soñamos, en la discusión de los programas de gobierno y que la población opte por uno de esos, una de esas propuestas? Pero no esto que ha ocurrido con tanta frecuencia o permanentemente, aquí y en muchos otros países.

Pongámonos hipotéticamente en el día en que ya el presidente ha elegido un fiscal general o una fiscal general. ¿Qué pasa si elige un fiscal o una fiscal que, como usted plantea, amilana, ralentiza el trabajo de CICIG? Y, en el otro escenario, ¿qué pasa si hay un fiscal o una fiscal que sigue en esta línea de trabajo con CICIG y deja claro, así como usted lo acaba de decir, no importa quién sea, si hay pruebas, pues se le va a mencionar?, ¿qué pasa con ese poder que ha dejado claro que no está dispuesto a esto?

Es más difícil naturalmente trabajar con un fiscal de la primera clase, y más fácil trabajar con un fiscal de la segunda categoría. Pero aquí hay una circunstancia que, aun si fuera fiscal de la primera clase, de esa primera categoría, pues yo no diría que que ya no hay nada que hacer, o que indefectiblemente esto va al fracaso, por una circunstancia: nosotros nos apoyamos en las investigaciones, las investigaciones tienen elementos probatorios muy poderosos, hay una gran fuerza en la estructuración de los casos que, presentado a un fiscal de cualquier naturaleza, dada la robustez de los elementos probatorios, un fiscal que no acepte continuar adelante con una investigación en un caso de esos, está conscientemente sabiendo que se está actuando ilegalmente.

Y eso, quedar en evidencia en unas condiciones de esas, es realmente complicado. Porque esto no es, en todos los casos que nosotros presentamos, problema de interpretación, no es inclusive fundamentalmente un problema de valoración del testimonio. Naturalmente hay prueba testimonial, pero son casos que están construidos mucho más sobre documentos o interceptaciones telefónicas, los análisis financieros que son pruebas, digamos, más materiales que la credibilidad que un testigo pueda tener.

Entonces por ejemplo en la investigación de Odebrecht, ahora una gran discusión es, “¿y cómo se puede probar que Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón sí se reunieron como se dijo en tal fecha que lo dijo un testigo?” Bueno, no importa que no se hayan reunido, es que de ahí no depende el caso, aunque no se hayan reunido, sí hay una demostración efectiva que Alejandro Sinibaldi recibió una parte y que Manuel Baldizón recibió otra parte (de los sobornos). ¿Hubo un acuerdo entre ellos? Eso es otro problema. Entonces, que los testimonios sirven para conectar, para explicar, pero que no es sobre la base de un testimonio, sino sobre esta prueba mucho más objetiva, llamémoslo así que se fundamenta el caso. Cuando se presenta una investigación de esa naturaleza, un fiscal general tendría que optar conscientemente por la impunidad, no es una equivocación. De manera que, ocurriendo eso, nosotros continuamos con nuestras investigaciones. Actuamos en apoyo al Ministerio Público, que además esa es la manera como está prevista la acción de la CICIG, y presentamos al Ministerio Público, en acción con los fiscales, todos los elementos recogidos en una investigación.

¿Que se imponga un freno para que esas investigaciones no se judicialicen?, yo creo que eso es realmente difícil. Tal vez por eso algunos sectores que saben cómo funciona, o algunas personas más bien, digamos que sectores, algunas personas, consideran que lo hay que hacer es frenar a la CICIG; es una mayor garantía.

¿Pero un fiscal general de este tipo tendría la discrecionalidad para disminuir las capacidades de investigación al interior del Ministerio?

En los asuntos en los que interviene la CICIG apoyando al Ministerio Público, la carga investigativa mayor radica en la CICIG.


Esta entrevista fue publicada originalmente en inglés en InSight Crime.

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