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En la Tregua se cambiaron muertos por beneficios

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El testigo clave de la Fiscalía aseguró, durante el juicio por el caso Tregua, que las pandillas obtuvieron beneficios carcelarios -y en las calles- a cambio de reducir los homicidios en 2012. El pandillero Nalo también dijo que Raúl Mijango, el principal mediador de la tregua, les recomendó “presionar” con homicidios una vez el pactó con el gobierno terminó. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Carlos Eduardo Burgos Nulia, alias Nalo de Las Palmas, es un ex líder del Barrio 18 Revolución, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le ofreció perdonarle sus delitos a cambio de contar todo lo que sabe sobre la Tregua. Nalo fue nombrado en e2012 para ser uno de los representantes del Barrio 18-R en la calle y ejecutar las órdenes que la cúpula de la pandilla emitía desde los penales. Este es el testigo principal de la Fiscalía en un caso que busca condenar Raúl Mijango, quien fuera el principal mediador del proceso, y a otros 17 operarios de la tregua entre las pandillas y el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

En el cuarto día de la vista pública de este caso, los fiscales entrevistaron a Nalo frente a la defensa y a un juez especializado en Crimen Organizado. En su declaración, este pandillero con criterio de oportunidad (“criteriado”) reveló las interioridades de la tregua. Entre estas, las negociaciones en las que la moneda de cambio fue la vida de miles de personas.

Según la declaración de Nalo, brindada el jueves 10 de abril, la tregua fue una estrategia del gobierno del expresidente Funes con la finalidad de reducir el número de homicidios que empezó a gestarse en enero de 2012. En ese mes, según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), se registraron 415 homicidios, es decir, un promedio de 13.8 asesinatos diarios, de los cuales las autoridades le atribuían la mayoría a las pandillas.

Nalo explicó que la negociación entre las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Revolucionarios fue una serie de acuerdos que consistió en beneficios para los pandilleros a cambio de una reducción inmediata del número de asesinatos en las calles. El exlíder de la 18-R enumeró alguna de las peticiones de los pandilleros: el traslado de 30 líderes de la 18 y la MS desde el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca hacia penales más laxos. Esta petición fue cumplida el 8 de marzo de 2012. Ese mismo mes, los homicidios bajaron a 254; es decir, un promedio de 8.4 diarios. Los siguientes meses, el promedio bajó a 5, e incluso hubo días con cero homicidios.

El origen de este pacto, según Nalo y otros testigos, pasó por autorización del entonces ministro David Munguía Payés, quien fue nombrado como ministro de Justicia y Seguridad por el expresidente Funes. Munguía Payés, quien también declaró en el juicio de la tregua, pero como testigo aportado por la Defensa, aceptó que la idea de la tregua se gestó en su despacho.

Los rostros más reconocidos del proceso fueron los de los llamados “mediadores”: Raúl Mijango, un exguerrillero que fungió como asesor de Munguía Payés en su despacho del ministerio de la Defensa; y el sacerdote Fabio Colindres, obispo castrense, también cercano al general.

Otras de las peticiones de los pandilleros al gobierno, según Nalo, fue la “impunidad” para los líderes en la calle. Es decir, que quienes eran los representantes de las padillas en libertad no podía ser capturados por la policía. En su declaración, Nalo aseguró que a él le consta que el gobierno cumplió esa promesa, pues fue capturado al menos tres veces por el delito de agrupaciones ilícitas, pero posteriormente fue puesto en libertad en cuestión de horas.

Uno de los momentos simbólicos de la tregua fue cuando las pandillas realizaron tres entregas de armas al gobierno en actos públicos. Uno de estos actos fue realizado en la plaza Barrios, en el corazón de la capital salvadoreña, San Salvador, en julio de 2012. Para esta entrega, según Nalo, un operario de la tregua identificado como Roberto Díaz y dos pandilleros más (Donkey y él) se encargaron durante tres días de recoger armas en diferentes clicas del país.

“Recolectamos pistolas, granadas, armas largas (…) nos movíamos en un Nissan Frontier gris que manejaba Roberto Díaz”, dijo Nalo. Según el testigo, al cabo de los tres días, la pandilla 18-R recolectó 40 armas de diferente calibre. Un informe de la Policía añadido al proceso revela, según la Fiscalía, que el 81% de las armas entregadas estaba en buen estado.

Sin embargo, la entrega simbólica de armas tuvo un precio. Según Nalo, por cada arma entregada, los mediadores de la tregua habían acordado permitir el ingreso de un teléfono celular al penal de Izalco, donde se encontraban recluidos los líderes de la 18-R.

Nalo narró durante su declaración que él, junto a Roberto Díaz, iban en el Nissan Frontier (propiedad del Estado, según la Fiscalía) al penal de Izalco, donde introducían los celulares envueltos en cinta aislante dentro de cajas de Pollo Campero. “Poníamos las cajas en los carritos de comida y llegábamos hasta los sectores”, dijo Nalo.

Pero los 40 teléfonos no fueron los únicos que ingresaron al penal. Según el testigo, durante el periodo que duró la tregua, él, junto a Roberto Díaz, ingresaron al menos 200 teléfonos al penal de Izalco sin que fueran registrados por los custodios del penal. La no revisión fue, según Nalo, otro acuerdo pactado durante la tregua.

De acuerdo con Nalo, la pandillas siempre pensaron que en algún momento la tregua se caería. Por eso, varias de las “coordenadas” (órdenes) que salían desde el penal de Izalco iban en dirección a fortalecer la pandilla. Este fue el caso de una extorsión por $6 mil que realizaron, según el testigo, a la arrocera San Francisco. Este monto fue exigido en productos con los que, según Nalo, las pandillas establecerían negocios legales de los cuales obtendrían fondos para comprar armas.

La tregua, según los operadores de la misma, finalizó el 13 de mayo del 2013 cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el nombramiento del general David Munguía Payés como ministro de Justicia. Tras este nombramiento, y con la llegada del nuevo ministro, Ricardo Perdomo, los mediadores de la tregua también fueron sustituidos.

En lugar de Mijango y el sacerdote Colindres, las nuevas autoridades nombraron al Padre Toño y a otros dos religiosos evangélicos como mediadores. Sin embargo, estos no contaban con la confianza de las pandillas, por lo que el proceso de desmoronó.

A partir de junio del 2013, los homicidios empezaron subir, a tal punto que para julio el promedio ascendió de 5 a 8 muertes diarias, algo que los mismos pandilleros ya habían anunciado.

El alza de homicidios, según Nalo, fue un consejo dado por el propio Mijango. Según el testigo, después de romperse la tregua y que las autoridades descabezaran el proceso, Mijango aconsejó “meter presión” subiendo los homicidios “al máximo” durante 72 horas.

El 4 de julio, Raúl Mijango aseguró que en 72 horas la situación podía volver “a la normalidad”.

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