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“En Guatemala el Estado de Derecho nunca existió”

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Claudia Escobar es una de los 29 abogados que, a inicios de este año, pasaron el primer filtro de la comisión de postulación para la elección del fiscal general de Guatemala. Ex magistrada de la corte de la sala de apelaciones de su país, vive en Estados Unidos desde 2014: tuvo que salir de Guatemala luego de denunciar un esquema de corrupción en la judicatura que involucraba al entonces presidente del Congreso Gudy Rivera, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al gobernante Partido Patriota.

Foto FACTUM/Cortesía Soy502
La versión original de esta entrevista fue publicada por InSight Crime y se reproduce con autorización. 


En septiembre de 2014, un ex compañero de estudios universitarios llamó a la entonces magistrada Escobar para pedirle una cita urgente. Escobar contó que ella no había hablado con ese abogado desde que se graduaron, por lo que la llamada le extrañó.

A la cita llegaron Escobar, el abogado y Gudy Rivera, jefe de bancada del Partido Patriota (PP) y a la postre presidente del Congreso. Antes de llegar, la magistrada había decidido grabar aquella conversación. Cuando la reunión ocurrió la Sala de Apelaciones de la que Escobar formaba parte había recibido un amparo de Baldetti, a quien el Tribunal Electoral acababa de inhabilitar como secretaria del PP. Gudy Rivera había llegado a ofrecerle un trato: si la magistrada votaba por amparar a Baldetti él podía garantizar su reelección como magistrada. La firma, le dijo el político, tenía que darse al día siguiente.

Escobar salió de la reunión sin comprometerse a nada, y con toda la conversación grabada. Al siguiente día, el lunes 29 de septiembre de 2014, la magistrada se dio cuenta de que los otros dos magistrados de la Sala también habían sido presionados. A la postre, esos dos jueces decidieron fallar a favor de Baldetti. Escobar no firmó. El Congreso, sin embargo, la reeligió.

Sabiendo lo que sabía, Claudia Escobar decidió renunciar a la magistratura e irse de Guatemala. Había decidido, antes, hacer algo más: ir a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) a denunciar a Rivera y a Baldetti. Entregó a CICIG los audios que había grabado. A partir de la denuncia se abrió una investigación que culminó, dos años después con el arresto de Gudy Rivera y de Vernon González, el otro abogado presente en la reunión de septiembre. Luego también caería Roxana Baldetti por otro caso, el de La Línea, que la ubicó junto al presidente Otto Pérez Molina a la cabeza de un masivo fraude en las aduanas del país.

Claudia Escobar dejó Guatemala. En Estados Unidos ha trabajado en las universidades de Harvard y Georgetown y es miembro de varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en proyectos para frenar la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. Este año, la exjueza decidió volver a su país para participar en el proceso de selección del fiscal general que sucederá a Thelma Aldana. Era, según media docena de fuentes consultadas por InSight Crime en Guatemala, una de las candidatas más potables para continuar con las investigaciones de corrupción de alto nivel en el Ministerio Público. Sin embargo, la comisión de postulación decidió sacarla del proceso.

Los comisionados decidieron que Escobar no tiene la experiencia necesaria en el área penal para ser fiscal general. En esta entrevista, la abogada explica su visión sobre el proceso de selección, el cual, dice, está desnaturalizado por los intereses políticos y de otras índoles que representan los miembros de la postuladora. Escobar también reflexiona sobre el momento crítico que vive su país, marcado por la insistencia del presidente Jimmy Morales de frenar al MP y a la CICIG, que lo investigan por posible financiamiento electoral ilícito.

¿Cuál es su valoración del proceso de selección y de la comisión postuladora?

El proceso no es muy distinto a los anteriores. Lo que ha sido un poco distinto de otras comisiones es que señalaron un número sobre el cual debían descalificar y si los candidatos no llegábamos a ese número no éramos sujetos a que votaran por nosotros para la lista final.

En otras oportunidades, al menos en la elección anterior de fiscal general, vimos que incluso las personas que salían evaluadas con puntaje bajo estaban participando y fueron parte de la nómina. En el diseño que hicieron esta vez de la tabla de gradación le dieron un gran privilegio al área penal, lo cual es válido: un fiscal tiene que dominar el área penal porque el Ministerio Público es el encargado de la persecución criminal.

Pero el Ministerio Público también es el encargado de velar por que se cumplan las leyes en el país, y para eso también es importante tener conocimiento general de la sociedad y entender su problemática; a eso no le dieron tanta importancia. Los comisionados calificaron la experiencia académica, la experiencia profesional y la proyección humana, y establecen que son cosas que se tienen que probar por separado. Y los comisionados decidieron que todo eso se debía de probar de forma distinta, no con el mismo ejercicio profesional.

Otra área que calificaron dentro de la experiencia profesional era la vinculación a grupos vulnerables, pero cuando se es un juez se es por naturaleza un defensor de los derechos humanos. Los comisionados querían que con distintas experiencias o distintos documentos se probarán todos estos.

Hubo quienes en Guatemala dijeron que la comisión elaboró los perfiles con dedicatoria. ¿Cree que hubo dedicatoria para favorecer a unos candidatos sobre otros?

Creo que sí. Los comisionados tienen cercanías con sectores y tienen intereses. No son ajenos a la problemática del país, y muchos de ellos no hablan por las universidades que representan, sino que representan su propia opinión. Eso está en los medios de comunicación, en las entrevistas… Hubo quienes dijeron que los rectores o los consejos superiores universitarios les habían dado libertad para actuar por su propia cuenta; están, prácticamente, actuando a nivel personal, y tiene esa cercanía con los actores a los cuales quieren favorecer, o quieren impulsar a ciertos candidatos. Entonces la tabla de gradación o de evaluación fue diseñada para favorecer a ciertos aspirantes.

Se supone que la comisión de postulación está ahí para garantizar la excelencia académica, pero usted y otros muchos opinan que los comisionados representan intereses específicos y sectoriales en Guatemala. ¿Cómo garantiza una comisión así la transparencia en la elección y la idoneidad de quien resulta electo?

No representa ninguna garantía. La debilidad de las comisiones ya había sido anunciada. Comisiones anteriores facilitaron que llegaran al organismo judicial magistrados cuestionados y cercanos al crimen organizado. Tenemos como ejemplo tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están siendo investigados por su cercanía y vínculos con la corrupción.

Todo esto se anunció desde 2014, sin embargo, nada ha cambiado. No hubo reforma que facilite que los funcionarios de justicia sean electos de otra manera. Las comisiones existen como están plasmadas en la Constitución y eso no se ha podido transformar. Las comisiones sí han evolucionado en algunos sentidos o han dado pasos positivos para ser más transparentes o que las discusiones sean más abiertas, tal vez que haya más auditoría social, pero todo eso no significa que dejen de ser parte de redes de intereses.

¿Lo único que garantizaría más transparencia es una reforma legal?

Se necesita una reforma.

Pero eso parece muy difícil en este contexto.

Es muy difícil, claro. Cómo es posible que las universidades de prestigio, de trayectoria, que tienen un nombre y una responsabilidad con la sociedad les digan a los comisionados que pueden actuar por su cuenta, que no tienen que rendirle cuentas a esas universidades, que no tienen que actuar bajo los parámetros de las universidades. Se deberían de incorporar, por ley, algunos parámetros mínimos ya establecidos en el nivel internacional para la elección de jueces y magistrados. Naciones Unidas ya ha hecho todo un análisis sobre los parámetros que han de existir, por ejemplo, en el tema de la meritocracia.

¿Cómo se mide la meritocracia?

Una persona puede haber tenido muchas competencias o haber desarrollado mucha experiencia, pero no por eso es la persona idónea. Algunos magistrados que se han ido del lado de la corrupción tenían títulos, tenían publicaciones, fueron bien calificados por las comisiones postuladoras. Se han medido esas cosas, pero resulta que no eran las personas idóneas para esos cargos. No se está moviendo la meritocracia con esas tablas. Por ejemplo, el funcionario que ha investigado todos los casos de corrupción, el caso de La Línea, que ha sido el fiscal Óscar Schaad, que está a cargo de las investigaciones de financiamiento electoral ilícito. Solo obtuvo 49 puntos. Con doce años de experiencia. ¿Entonces? El instrumento idóneo para medir no es esa tabla.

Y al final, después de todo el proceso, no se aborda el tema de las vinculaciones de los candidatos a grupos de interés, de corrupción o de crimen organizado.

No.

En su caso pesó en su contra que tenía poca experiencia en el área penal.

Es lo que argumentaron, que mi especialización no es en el área penal. Sin embargo, yo tengo un doctorado en derecho pluralista de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos hablando de diversos temas que no están directamente relacionados con el derecho penal, pero implican una experiencia en la rama penal. Yo trabajaba temas de corrupción desde que asumí en la judicatura. En mi experiencia como abogada he dedicado años al estudio de la corrupción.

¿Cree que usted quedó excluida del proceso porque enfrentó al entorno de corrupción del Partido Patriota y porque de alguna manera los intereses de esos grupos siguen representados en la comisión de postulación?

Yo creo que sí. En la manera de evaluarme a mí personalmente sí tuvieron incidencia las denuncias que yo hice y que expusieron a ese grupo. Yo creo que la ley puede estar bien concebida pero mal implementada.

Si los comisionados estuviesen desempeñando su función a conciencia, respetando los principios del derecho, no tendríamos estos problemas, pero los comisionados están actuando discrecionalmente. En mi caso, hubo áreas en las que yo mostré los documentos necesarios para que me fueran acreditadas; a mí no me las acreditaron, pero a otros participantes, con el mismo documento, con la misma experiencia, sí se las acreditaron.

Aquí no hubo igualdad de derecho, la discriminación fue enorme porque yo le puse la lupa a las comisiones. Y eso no me lo perdonaron.

Usted mencionó el caso de Óscar Schaad. ¿También hubo discriminación?

No estudié su análisis personal. Pero sí vi las entrevistas que hizo la comisión. Schaab hizo una de las mejores entrevistas; cómo es posible que ha tenido la experiencia, la vivencia contra la corrupción y no haya alcanzado los mínimos que los comisionados establecieron arbitrariamente porque no están ni en la ley ni en la regla.

En un mundo ideal un candidato como ese, que ha hecho investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito y sobre corrupción, parecería un buen candidato, pero en un mundo en que el elector, que es el presidente Morales, está siendo investigado por financiamiento ilícito, eso no parece posible. ¿Es posible decir que la comisión descarta candidatos así precisamente para que esas investigaciones no continúen?

Es probable. No es solo el presidente el que está siendo investigado, son los partidos políticos, son los empresarios, todo el sector privado. El sector privado está dentro de las áreas de operaciones económicas lícitas, pero también hemos visto que ahí cabe el crimen organizado que está financiando las campañas. Son distintos sectores los que han obtenido beneficios comerciales y que han aportado a campañas y han recibido dinero de fondos dudosos. Todos esos intereses se ven representados en la comisión.

¿Estamos hablando entonces de una comisión que no está ahí para garantizar idoneidad, sino intereses?

Esas son las paradojas de la comisión de postulación, de unos decanos que deberían ser la garantía de la ciudadanía de que se va a elegir a la persona más capaz, a la más ética, a la más honesta.

Pero no lo son…

No, no lo son.

¿Qué se juega Guatemala con esta elección en el contexto del enfrentamiento entre grupos tradicionales de poder con el Ministerio Público y la CICIG?

Es muy grave. Si el presidente escoge a un fiscal general que suavice la lucha contra la corrupción en Guatemala vamos a ver un retroceso en todas las investigaciones, y vamos a llegar a un momento en que será la ley de la selva, en que cada quién hará lo que quiera.

El problema en Guatemala es que el Estado de Derecho en realidad nunca existió. En una sociedad que está en construcción, en una democracia que empieza a levantarse de una guerra civil que la dejó muy lastimada, esto es muy grave. Durante la guerra nunca se respetaron los derechos de los ciudadanos; se defendieron los intereses de los bandos en contienda. Terminamos eso con los acuerdos de paz y de ahí creamos una ruta que estamos empezando a caminar.

A partir de la llegada de la CICIG empiezan a darse señales de construcción del Estado de Derecho en el que se empiezan a sancionar las actividades ilícitas de ciertos grupos. Esto no va a continuar si quien llega a la corte o al Ministerio Público llega para proteger a algún sector. Se perdería una oportunidad para que el país construya no solo en el tema de persecución penal, sino en las grandes reformas a la legislación que hacen falta y en los mecanismos que impidan que la corrupción siga llegando a otros niveles.

En 2015 con el caso de La Línea y el descubrimiento de la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Guatemala se va a la calle; se llega a hablar de la primavera chapina. Con la llega del presidente Jimmy Morales parece que todo vuelve en bajada hacia el otro lado. ¿Qué pasó?

En parte es que la investigación se amplía a otros sectores del poder económico, y cuando el sector económico se ve expuesto, cuando se ve expuesto que grandes fortunas se han creado a partir de la corrupción, todo eso tiene un efecto. El sector económico ha salido a decir que la lucha contra la corrupción está impidiendo que crezca la economía en el país. No hay que negarlo: sí tiene un efecto económico, ¡pero porque buena parte de la economía está fundamentada en la corrupción! Es como si gracias a la lucha contra el narcotráfico de repente ya no está todo el flujo económico que este produce, por supuesto que habría un efecto económico negativo; pero no es posible que aceptemos al narcotráfico como sustento económico del país.

Pero más allá de todo esto lo que ha pasado es que se ha tocado a los poderes económicos. Las mayores mentes de inteligencia y contrainteligencia militar están en (la cárcel) Mariscal Zavala y ahí están conspirando en contra de los movimientos sociales que exigen que haya justicia y respeto al Estado de Derecho. Entonces con una narrativa que hace ver a la lucha contra la corrupción como una lucha de izquierdas y en un país dividido por una guerra civil ser de izquierdas es para unos grupos un delito en sí mismo.

¿Usted cree que esta es una lucha entre izquierdas y derechas?

No creo que sea así. Es una narrativa para debilitar la lucha contra la corrupción. Yo, por ejemplo, soy una jueza formada en la universidad Francisco Marroquín, que es la universidad más conservadora, con una visión económica liberal, pero por el hecho de exigir que haya un mejor sistema de justicia ya me ubican dentro de la izquierda, lo cual no es cierto. Pero esa es la narrativa que ha permeado, y hay quienes ven en esto la forma para desacreditar toda la lucha contra la corrupción.

A veces parece que esta narrativa es efectiva, aun aquí en Washington, donde empieza a haber fisuras al apoyo a estas luchas contra la corrupción en el Triángulo Norte. ¿Lo percibe así?

Veo que en Washington se percibe un enfrentamiento entre el gobierno de Guatemala y las instituciones que están luchando contra la corrupción, pero también es cierto que aquí no les gusta que haya inestabilidad, que haya situaciones que perciben pueden hacer que el país se salga de control. Entonces tienen la falsa idea de que evitando la confrontación van a mantener el control del país.

¿Cuál es el interés de Centroamérica para los Estados Unidos? Los temas de seguridad, de migración, narcotráfico. Si Washington percibe que pueden trabajar con el gobierno de turno van a tratar de mantenerlo, eso hace que apoyen, digamos, a ambas corrientes. Eso es lo que ha hecho el embajador (de Estados en Guatemala, Luis Arreaga), pero también ha defendido que la estabilidad no se mantiene quitando el apoyo a un esfuerzo legítimo de construir un sistema legal.

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