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“En algunos casos de desplazamiento la gente quiere cambiarse de casa… aprovecharse”

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El Estado salvadoreño no solo niega la magnitud del desplazamiento forzado por violencia en el país, sino que también llama aprovechadas a sus víctimas. Al menos así lo deja ver en esta entrevista Fátima Ortiz, la directora de Atención a Víctimas, dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la única institución que hasta hoy se encarga de velar por las miles de víctimas de un país que se ha lanzado en guerra abierta contra las pandillas. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Esta negación, según lo acepta la funcionaria, no es más que una “decisión política”. Sin un estudio que respalde su posición, el gobierno y sus principales voceros – incluido el vicepresidente Óscar Ortiz – se ha dedicado a minimizar el fenómeno que afecta a miles de personas en el país, llevándose de encuentro lo innegable: los datos de algunas oenegés que sí ayudan a los desplazados. La única institución oficial que ha aceptado la magnitud de este fenómeno es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en 2016, al final de la gestión del entonces procurador David Morales, presentó un informe, reconociendo únicamente 124 casos.

En este contexto, la única instancia que se ha dedicado a recopilar información de este problema es la Mesa de Sociedad Civil por el Desplazamiento Forzado por Violencia, conformada por 14 oenegés que a su vez ayudan a las víctimas. Esta organización trabaja desde el 2014 ordenando la información y ha presentado dos informes, uno en 2016 y otro en enero de este año. El último revela que solo entre junio de 2014 y diciembre de 2016 ha atendido al menos 339 casos de desplazamientos por violencia que involucran a 1,322 víctimas. Estos datos son rechazados por el gobierno salvadoreño, que los califica de exagerados. Factum ha dado cuenta de algunos de estos casos en investigaciones a profundidad.

Contrario a las oenegés que ayudan a las víctimas de desplazamiento con tratamiento psicológico e incluso sacándolas del país por el peligro que corren, el gobierno le ofrece dos opciones que, en muchos casos, podrían solo empeorar las cosas: una es enviar un operativo policial a la colonia o barrio de la víctima para tratar de capturar a los pandilleros que la amenazaron, y la otra es encerrarlas en casas de seguridad, al mismo lugar donde se mandan a los testigos criteriados, es decir, a los criminales que han decidido colaborar con la Fiscalía para reducir su pena. Si las víctimas aceptan esta segunda opción los tienen encerrados todo el tiempo que soporten y, cuando se van, los hacen firmar un documento que deja sin responsabilidad al Estado.

¿Qué entiende el Estado salvadoreño por víctima?

Entendemos por víctima a todas aquellas que han sufrido un menoscabo a su integridad física o emocional, producto de un hecho delictivo, de un hecho violento. Quizá, para hacerlo más fácil, a delitos. A todos aquellos que han sufrido delitos. Pero hay cierta violencia que es más generalizada y que no llega a constituirse un delito, pero que sí sufre la persona un menoscabo. Al Estado salvadoreño y particularmente al gobierno le interesa la persona. Más allá de si la persona denuncia o no.

¿El concepto de víctima que ustedes adoptan está de alguna manera circunscrito por la violencia de pandillas?

No necesariamente porque también vemos otro tipo de violencia.

Como usted decía, todas las personas que son víctimas de algún delito son consideradas víctimas. Entonces, para esta Dirección entran todos…

(Interrumpe) No. Pero particularmente son aquellas personas que tienen un hecho objetivo y que es comprobable, no solo por percepción. Si no, todos fuéramos víctimas, ¿verdad?

¿Un pandillero también podría ser víctima?

Dependiendo… podría ser víctima si ha sido víctima de lesiones o… se me ocurre… intento de homicidio, o aún la familia de él, si este fue asesinado.

Entrevista a Fátima Ortíz, Directora de la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador, en San Salvador. 
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

¿Esta Dirección, entonces, está en la disposición de atender a pandilleros o a familiares de pandilleros cuando estos realmente lo necesiten?

Nosotros estamos atendiendo a todas aquellas personas que sean víctimas, siempre y cuando no tengan pendiente un proceso penal. Es decir, que no sean victimarios. En el caso de los que son estrictamente de la estructura, sabemos que son victimarios, y (en cuanto a) la familia tendríamos que ver si no cae algún momento en delito.

Para determinar si alguien pertenece a una estructura, como mínimo, hay que hacer una investigación, ¿ustedes hacen investigaciones?

Nosotros podemos atender. La gente viene aquí o va a las oficinas y se le da la asesoría. Eso jamás lo podemos negar porque como institución pública debemos atender a la población, ¿verdad? Pero ya en la entrevista o en la misma asesoría, cuando se le acompaña a la casa y se le hacen una serie de preguntas y ahí uno ya sabe la situación.

En El Salvador se oye mucho decir la palabra víctima. Solo el año pasado hubo más de cinco mil víctimas de homicidio, sin contar las extorsiones, violaciones, secuestros… son miles y miles de víctimas todos los años. ¿Qué hace el Estado salvadoreño con tanta víctima?

Nuestra apuesta ahora es la atención psicosocial. Es decir, lograr reestablecer la estabilidad personal y comunitaria de las personas víctimas. Yo creo que el Estado salvadoreño no tiene los suficientes recursos como para dar remuneraciones económicas o subsidiar esto que deben pagar los victimarios. Una indemnización subsidiaria que existe en otros países, que el Estado asume. Sin embargo, la atención psicosocial sí se considera importante.

¿Qué es lo que hace esta Dirección en la práctica?

En la práctica tenemos dos misiones: articular a nivel nacional y a nivel local los diferentes servicios de atención a víctimas, es decir, instalar en los municipios la mesa de atención a víctimas locales, donde está Fiscalía, la Policía, ISDEMU, entre otras instituciones y oenegés. Y a nivel nacional tenemos la misión de coordinar la Mesa Nacional de Atención a Víctimas.

Quiero terminar de entender qué es lo que hacen ustedes. Le pongo un ejemplo: una persona que ha sido desplazada de su casa por las pandillas, que llegaron los pandilleros y le dieron 24 horas para que se saliera, y esta persona decide acudir a ustedes que son la única institución del Estado diseñada para protegerla, ¿Qué hacen ustedes?

Nosotros para casos de la Limitación Ilegal a la Libre Circulación, que así se llama el delito, tenemos coordinación con la policía porque ahorita la directriz, el protocolo que estamos siguiendo, es que la gente no debe salir, sino que la policía va a ingresar para normalizar y que después la gente regrese. Es decir, se va a sacar a los que han hecho que las otras personas se retiren.

En casos extremos se hace una intervención con el programa a Víctimas y Testigos que tiene ciertos albergues. Pero no es masivo. El abordaje de este delito ahorita no es masivo. Es decir, no es que tengamos grandes lugares para llevarlos.

¿El Estado salvadoreño ya dimensionó el problema del desplazamiento?

El Estado salvadoreño no acepta el desplazamiento interno y reconoce el delito de la Limitación a la Libre Circulación contemplado en el artículo 152 del Código Penal.

¿Pero por qué no lo reconoce?

Es una cuestión política y una cuestión del Estado, decisoria.

Pero si hay mucha gente que está huyendo de sus casas…

Pero no en la magnitud ni en la temporalidad que lo dicen algunas instituciones internacionales. Ese es un tema que se ha visto a nivel político y esa ha sido la decisión.

Pizarra, con listado de municipios a intervenir como parte del Plan El Salvador Seguro, ubicada en la oficina de Fátima Ortiz. 
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Dice que no es en la magnitud que se dice. Entonces el Estado tiene estudios que miden el fenómeno del desplazamiento…

Vamos a publicar… no, no vamos a publicar, vamos a terminar uno en marzo que se ha hecho con ACNUR para aproximarse a la caracterización de la población. Pero lo que sí tenemos claro es que el año pasado que se habló mucho que era una magnitud grande, que el Consejo Noruego para los Refugiados manejaba una cifra bastante grande, no es aproximada a la realidad. Desde el año pasado la policía lleva un registro de este delito, y hoy sí ya lo podemos ver con cifras reales, cuantificada por hombres y mujeres. En este tema sí, en específico, lo que tenemos con la policía… ya hay casos, pero, repito, no en la magnitud que se dice.

¿Ustedes confían en las estadísticas de la Policía?

Sí, porque además son las estadísticas oficiales.

¿Y ustedes sí saben que la gente no confía en la Policía y prefiere no denunciar?

Sí.

… y que por tanto esas estadísticas no contemplan la totalidad de los casos porque la gente ni siquiera se acerca a denunciar con ellos…

El problema es que las otras estadísticas o algunos casos que se han dado han sido muy… recogidos por casos de que “yo me iba a ir” o sea no había ni sucedido el hecho. Por ejemplo, algunas oenegés que hicieron una recopilación de casos. Y además no son oficiales. Y aquí la cuestión que tenemos nosotros es que nos basamos es estadísticas de Policía y Fiscalía.

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¿Y cómo saben ustedes eso? ¿Cómo pueden decir que el fenómeno no es tan grande cuando ustedes, el Estado, no ha hecho ningún estudio para medir el fenómeno y cuando tampoco tienen estadísticas certeras?

Tenemos… se hacen, verdad… se contrarrestan los estudios que hacen algunas oenegés y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el estudio que hizo el Consejo Noruego para Refugiados y ninguno se comparaba, ¿verdad?, ninguno se aproximaba a eso porque eso fue una… se traspapelaron… o se… mal… los datos. Entones, no se acerca. Y ya con este estudio con ACNUR yo creo que sí se va a aproximar.

Vaya, pero hay una mesa en El Salvador que estudia…

(Interrumpe) Pero esa es de oenegés.

Sí, sí…

(Interrumpe otra vez) Nosotros nos reunimos con ellos, como Ministerio, desde el año pasado. Hemos hecho unas reuniones por este mismo abordaje que le han dado al fenómeno. Se les ha dicho lo mismo, que nosotros estamos realizando un estudio…

Pero ellos han hecho estudios, ellos atienden casos…

Sí, pero ¡tenés tres casos! O sea, no es una representación nacional…

¡No! ¡Son cientos de casos!

No, no son cientos ni miles de casos.

¿Usted ya vio el informe que presentaron este año?

Sí.

¿Y vio cuántas víctimas eran?

Sí, pero no.

Desde 2014 ellos están atendiendo y son muchísimos casos. En un año y medio atendieron más de trescientos casos y ellos mismos dicen que eso no es nada en comparación a todo lo que está pasando, que no atienden más porque no pueden, no tienen recursos…

Pero nooo… mirá… al final no llegan a configurarse en este delito. A veces son otros tipos de figuras. A veces son otro tipo de situaciones que están pasando. Hay gente que sale por diferentes motivos ¿verdad? Y en ningún momento salen por hechos objetivos. Hay algunas personas que han salido porque… “me imagino que me puede pasar algo”, entonces, por su percepción, se mueven.

Pero nosotros estamos en diálogo con ellos. Tenemos una mesa con ellos y escuchamos lo que nos dicen, incluso les trasladamos algunos casos.

O sea que el Estado salvadoreño busca ayuda en oenegés para resolver problemas que le corresponden a él…

Parte del plan El Salvador Seguro tiene una acción que habla de un protocolo interinstitucional para este tipo de casos. Es de las cosas que se va a hacer este año. O sea que además de que participemos nosotros y la policía tienen que participar otras instituciones.

¿No reconocer el problema solo porque sí, porque es un planteamiento político, no le parece una respuesta con cinismo de parte del gobierno, más que una respuesta racional? ¿No creé que el gobierno solo está intentando ignorar el problema?

No. Realmente considero que el gobierno está siendo muy prudente en no dejarse llevar por las cifras grandes que se dijeron sino decirlo en su justa dimensión. Por ejemplo, cuando se retomó el caso de la violencia contra las mujeres o el caso de trata y otros delitos, se ha hecho porque los números demostraban que era un fenómeno a regular. Entonces, el Estado no lo ha hecho todavía, pero tiene avances. Para mí un gran avance es esta reforma al código penal que presentó la Fiscalía. Lo presentó la Fiscalía, lo retomó la Policía y ahora ya hace su protocolo y ya aborda.

Lo que pasa es que algunas instituciones internacionales dijeron que hay miles de personas… y no es así.

¿No hay miles de desplazados en El Salvador, entonces?

No. Sin embargo, esto es algo que no me corresponde decirlo a mí, sino que tienen que decirlo mis jefes.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Usted me decía que cuando una persona desplazada viene y pide ayuda no se le da protección, sino que se le regresa a su comunidad con operativo policial encima para espantar o capturar a los pandilleros que la amenazaron. Es como si pusiera una denuncia.

En algunos casos, verdad. Lo que pasa es que en algunos casos la gente lo que quiere es cambiarse de casa.

¿Dice que esta gente lo que quiere es aprovecharse?

Aprovecharse, ajá. Entonces ahí, en las entrevistas que hacen los compañeros tiene que ser bien exhaustivos para lograr sacar realmente qué es lo que sucede. Hay casos que sí, realmente son dramáticos. Hay casos de mujeres que son cabezas de familia que tienen que huir con sus niños y entonces sí se da la debida atención. Pero pasa una muy buena entrevista.

¿Y cuál es la debida atención?

Lo que yo le decía, que se coordina con la UTE, con ISDEMU o con esas instituciones que tienen un sistema temporal de albergue. Ninguna institución en El Salvador ha creado un sistema de alojamiento porque no había sido una necesidad.

¿O sea que llevan a las víctimas a casas de seguridad?

Pero esa casa no fue creada para este delito…

Fue creada para tener a testigos criteriados…

… Fue… no, porque en la Ley de Víctimas y Testigos hay una línea donde permite para un tipo de víctima con necesidades de protección ¿verdad? Entonces, ahí se podría, pero no fueron creados exclusivamente para eso.

¿Y por cuánto tiempo los tienen ahí?

Emmm… es que depende… desde hace cuánto ha pasado el hecho objetivo que le ha dado el peligro. La gente de los programas estos, sobre todo se retira porque ya pasó el hecho o porque ellos deciden irse bajo su propio riesgo. Es que las condiciones no son fáciles porque en estas casas vos no tenés acceso a salir, a recibir llamadas. A veces no sabés dónde te encontrás. No es que sea una casa, no es un hotel, verdad, donde uno puede entrar y salir.

¿O sea que llevan a las víctimas y las mantienen privadas de libertad?

Digamos que están… bajo protección. Porque además de ponerse en riesgo a ellos podrían poner en riesgo a los que están ahí también.

Así mismo como tienen a los criminales que deciden colaborar con la Fiscalía…

Eso es algo de lo que se le explica a la gente, que, o sea, usted no va a estar en un hotel. O sea que no es que va a seguir yendo a su trabajo o que va a seguir teniendo su vida normal. Si usted entra a un tipo de programa de protección, usted pierde contacto con…

¿Y a usted, como la Directora de Atención a Víctimas, le parece que esa es la manera adecuada de tratar a las víctimas?

En algunos delitos… considero que no.

Y, por ejemplo, en este del desplazamiento forzado…

… Considero que… no debe hacerse así… yo creo que debe haber un poco más de libertad. Pero… considero también que la primera opción no es que ellos entren a un programa, sino que ellos no salgan de su comunidad para que no lleguen hasta esto.

¿Cuántas personas tienen ustedes en este momento en esa situación, en casas de seguridad?

… El año pasado… no tuvimos…

¿Y este año?

No… en casas de seguridad no… bueno, no tengo el dato, tendría que recopilarlo con la UTE.

La Dirección de Atención a Víctimas es la única institución del Estado que se encarga específicamente de velar por las víctimas. Pero no actúan de oficio. Solo que alguien venga a denunciar. ¿Cuántos casos atienden ustedes al año?

… Aproximadamente 500.

Quinientas víctimas en todo el país…

Sí, hasta el año pasado. Este año la proyección es aproximadamente atender a cinco mil.

Le pregunto esto porque solo el año pasado hubo cerca de 5,500 homicidios (5,278, según la PNC). De estos, según usted misma me ha dicho, sus familiares son víctimas. Supongamos que cada uno tiene tres familiares. Son miles y miles de víctimas. Y el Estado salvadoreño solo pudo atender a 500.

Sí, lo que pasa es que esas 500 solo son acá. Tendrías que sumar todas las que atiende Salud, ISDEMU, Ciudad Mujer… o sea que ya es un universo más grande. Pero creo que sí, que el Estado debe hacer un esfuerzo más grande. Y que se deben disminuir primero los índices para que ya no haya tantas víctimas.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

En este contexto en el que el Estado se está enfrentando a las pandillas, el sector que queda en medio es la población civil, ¿no le parece contraproducente que el mismo Estado también esté generando víctimas? ¿No le parece que es una pelea consigo mismo?

No puedo decir que el Estado está generado víctimas.

¿Que no está generando víctimas?

No lo puedo decir.

¿Pero por qué?

… No es mi respuesta. Mi trabajo es la atención, no hacer valoraciones sobre eso.

No, si no es valoración. Estamos hablando de las víctimas y de quiénes la provocan…

Pero no puedo decir quiénes son los victimarios… Yo solo atiendo… no es… cómo es… no es mi función decir quién está generando víctimas. No es nuestra función esa.

Pero si ustedes las atienden, ustedes saben de dónde vienen las víctimas…

Pero no es mi función, no es nuestra función decir si vienen de un lado o de otro…

No entiendo. ¿Por qué se niega a aceptar que el Estado está generando víctimas?

No, no, no… o sea… mi función es darles atención a víctimas… Lo que te dije… es que… lo que te digo… no es mi función…

¿Solo lo hace por negarse a decirlo?

No… es que esa no es mi función… mi función es otra.

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