El socio silencioso de la corrupción en Centroamérica

Juan José Suárez, representante legal en Guatemala de Terminal de Contenedores Quetzal.

Las alertas de corrupción en el caso TCQ que el Banco Mundial no quiso escuchar

Todo comenzó con un rumor. En agosto de 2012, uno de los principales partidos de la oposición advirtió a la prensa de que el Gobierno del Otto Pérez Molina planeaba entregar la operación de una nueva terminal en Puerto Quetzal, uno de los principales puertos del Pacífico en Centroamérica, a una empresa española.

Las acusaciones eran ciertas. Poco después se hizo público el contrato, firmado el 11 de julio de 2012, tras una negociación de la que no se habían tenido noticias.

La principal alerta sobre corrupción era que este contrato había sido entregado sin un concurso público, cuando en Guatemala, la Ley de Compras y Contrataciones establece que este tipo de concesiones debe otorgarse mediante licitación pública.

Gobierno y empresa, sin embargo, habían encontrado una fórmula para evitar el concurso: un usufructo oneroso para arrendar el terreno. Esta figura legal ya se utiliza en Puerto Quetzal, que cuenta con otros usufructos otorgados a gremios como azucareros o bananeros, que explotan terrenos en el puerto para cargar y descargar sus propios productos.

El Grup Maritim TCB, sin embargo, utilizaría la parcela alquilada para construir y operar por 25 años una terminal de contenedores de uso público que, de hecho, competiría con la de propiedad estatal.

Diferentes bancadas del Congreso de los Diputados iniciaron acciones legales, mientras que el principal sindicato de Puerto Quetzal (STOPQ) comenzó a tomar las instalaciones e impedir que avanzara el proyecto.

En octubre de 2012, el Proyecto de Transparencia en Guatemala de la agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID), publicó un informe en el que se hacía eco de la alarma causada por la posible corrupción en este proyecto.

Sin embargo, el Gobierno insistió en otorgar el usufructo. La Presidencia ratificó el contrato en marzo de 2013, después de que, según declaraciones de Juan Carlos Monzón, finalmente hubiera logrado que la empresa española se comprometiera a transferir parte del soborno.

“El 27 de marzo salió en los medios que el Gobierno había utilizado el descanso de Semana Santa para entregar el usufructo. Y efectivamente así fue (ríe): el 27 de marzo el señor presidente entregó en casa presidencial a los españoles el usufructo, ya definitivo”, cuenta en su declaración.

Para entonces, el secretario privado de la vicepresidenta estaba ocupado solucionando los problemas que surgían, como el permiso del Ministerio de Medio Ambiente o los dictámenes favorables de la PGN o la Contraloría General de Cuentas sobre el tipo de contrato.

“Yo ya di 50 mil dólares a Gustavo Martínez para que me arreglara el tema con la PGN y la Contraloría General de Cuentas, yo ya se los di a Gustavo (Martínez, secretario general de la Presidencia) para que lo arreglara”, explica Monzón.

El proyecto de TCQ, sin embargo, pasó por el proceso de debida diligencia sin que nada condujera a IFC a cuestionarse otorgar el financiamiento.

Para IFC, Grup Maritim TCB la empresa española que promovió TCQ, era un cliente conocido y respetado, que había ejecutado con éxito otras dos terminales de contenedores en Buenaventura, Colombia, y Nemrut Bay, Turquía.

Además, IFC solicitó dictámenes sobre la legalidad de la concesión y operación del puerto. “IFC revisó el marco jurídico del proyecto. El análisis incluyó una revisión legal detallada por parte de expertos jurídicos externos, quienes brindaron su asesoramiento” —como expuso esta entidad financiera del Banco Mundial mediante su vocera—,“IFC realizó un análisis de una serie de opiniones legales y documentos oficiales, emitidos entre 2006 y 2014 por varias instituciones estatales, incluyendo la PGN. Estos dictámenes confirmaron que dicho contrato cumplía con los requisitos exigidos por la ley”.

IFC visitó a Otto Pérez Molina para negociar la financiación de TCQ.

Cuando la delegación de IFC llegó a Guatemala en una de sus visitas, esta se reunió con Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.  “Llegaron a defender sus puntos de vista”, expuso Marroquín; “a defender por qué invertían en esto. Yo les dije: ‘no puedo creer que el Banco Mundial, que tiene políticas muy claras de transparencia, no las está aplicando a esta inversión porque aquí hay a todas luces ilegalidades y falta de transparencia”.

Meses después, cuando la directiva de IFC discutía la aprobación del proyecto, Acción Ciudadana remitió una carta de queja oficial al Banco Mundial reiterando sus críticas. “IFC no puede apoyar el financiamiento de un proyecto que constituye una fuerte amenaza para el orden legal del país”, se lee en el documento.

A pesar de todas estas alertas, el Banco Mundial decidió aprobar el financiamiento.

En diciembre de 2013 el Grup Maritim TCB subcontrató a otra empresa española, Copisa, para el diseño y construcción del puerto. Esta constructora, al momento de ser seleccionada para ejecutar las obras, estaba ya involucrada en múltiples esquemas de sobornos y financiación a partidos políticos en España. Josep Cornadó Mateu, uno de los propietarios de Copisa, fue ligado a proceso por corrupción el 25 de marzo de 2014, solo tres días antes de que IFC aprobara definitivamente su participación en el proyecto TCQ.

Como demostraría la investigación de CICIG y el Ministerio Público, Copisa fue utilizada para canalizar una parte del soborno que recibieron los funcionarios guatemaltecos a cambio de otorgar el usufructo.

Nada de esto motivó a IFC a reconsiderar su postura. Tampoco el hecho de que la oficina de quejas de IFC, conocida como Compliance Advisor Ombudsman (CAO), recibiera una disconformidad contra el proyecto de uno de los sindicatos de Puerto Quetzal.

En la denuncia se cuestiona la legalidad del usufructo, se crítica que el Estudio de Impacto Ambiental estaba impugnado ante los tribunales y se afirma que la obra había sido aprobada sin consultar a la sociedad civil.

Sin embargo, IFC, que se había reunido con el presidente Pérez Molina, y había escuchado a la PGN, tenía su decisión tomada. El apoyo al proyecto era definitivo y, de hecho, la financiación ofrecida inicialmente a la empresa española creció de los US$54 millones inicialmente previstos a US$69 millones.

Meses después de la aprobación del proyecto, en 2015, el CAO terminó su evaluación de las quejas presentadas por el sindicato. En sus reportes, la oficina concluyó que IFC no había obligado a cumplir a la empresa española con todos los requisitos de las Normas de Desempeño Ambiental y Social. Pero se trataba, en su opinión, de asuntos menores, que se podían resolver sobre la marcha, y no ameritaban suspender la financiación.

Según estimó el CAO, la actuación de la entidad, en lo sustancial, estuvo apegada a su normativa. “No se han encontrado inquietudes significativas por los resultados ambientales y sociales de la inversión de IFC, ni cuestiones que revistan importancia sistémica para la Corporación y que exijan como respuesta una investigación sobre el cumplimiento”, se lee en uno de los informes.

Efectivamente, IFC había actuado conforme a sus reglamentos y ninguno de ellos señala, expresamente, que la corrupción sea un problema a prevenir. La diligencia debida, aunque solo consistió en escuchar a funcionarios a los que se había prometido un millonario soborno, y recibir informes de instituciones del Estado.

G&T y Fichosa, bancos señalados por lavado con amplios préstamos de IFC

El sector financiero es uno de los entes más expuestos al paso de capital criminal, y los principales bancos del país se han visto también involucrados en los casos de lavado de dinero. En 2015, Estados Unidos forzó la liquidación de uno de los principales bancos hondureños, el Continental, y logró la extradición de sus propietarios, miembros de la familia Rosenthal, por “lavar dinero y dar otros servicios de apoyo al narcotráfico internacional”, según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro.

Fue la primera ocasión en la que Estados Unidos señaló directamente a un banco extranjero de colaborar con el crimen organizado bajo la llamada Ley Kingpin.

El sector financiero también es el más financiado por el brazo privado del Banco Mundial. De los aproximadamente US$1,500 millones invertidos en la región en los últimos 20 años, al menos la mitad, US$695 millones, se han concentrado en este rubro.

A pesar de la exposición de los bancos a los flujos de dinero ilícito que transitan por esta región, como se ha demostrado en lavado de dinero proveniente de corrupción, no cuenta con normas específicas para prevenir esta práctica en los bancos en los que invierte. Tampoco, hasta ahora, ha sancionado a ninguno de ellos.

Cuando IFC compra acciones de una institución financiera, como ocurrió con Ficohsa y G&T Continental (en ambos, la entidad posee el 10 por ciento del capital) sus normas establecen que su responsabilidad se extiende sobre todas las actividades del banco).

En esos casos, IFC debe asegurarse de que el banco cuenta con un sistema de gestión ambiental y social que le permita evaluar el impacto de todos sus préstamos y, además, con un canal para recibir quejas de las personas afectadas por las actividades del banco.

En los préstamos de más de US$10 millones que conceda un banco del cual IFC tenga acciones, este debe aplicar todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social (sobre desplazamiento forzoso, pueblos indígenas etc.) y en los superiores a US$ 5 millones las normas que se refieren al respeto a los derechos laborales.

Como ocurre en otros proyectos de IFC, todo remite a las “Normas”, pero estas no prevén que la corrupción o el lavado de dinero sean asuntos que conciernen a la entidad.

Tampoco está claro que IFC cumpla con todo lo que sus reglamentos sí dicen. Esto implicaría que la entidad tuviera que supervisar continuamente a los bancos como Ficohsa y G&T Continental para garantizar que, en todos sus préstamos de más de US$10 millones, se cumplieran todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social.

Una auditoría publicada en 2013 por el Ombudsman de IFC sobre inversiones en instituciones financieras, puso en evidencia que la entidad está lejos de cumplir sus normas. El informe concluyó que, en gran parte, IFC desconoce a quién o para qué prestan dinero los bancos de los que es accionista.

“La auditoría expresó su preocupación de que el uso final de los fondos de IFC por parte de los clientes era opaca y, como tal, IFC sabía muy poco sobre posibles impactos ambientales y sociales adversos de sus préstamos del sector financiero”, afirma el documento.

En 2017 se actualizó este informe y aunque se describieron mejoras en algunos aspectos los hallazgos principales fueron similares.

Al respecto de las medidas de control a los bancos, IFC manifestó que realiza “revisiones periódicas de carteras en lo que respecta a las distintas funciones de control, identifica signos de riesgos emergentes y toma medidas correctivas apropiadas”. “IFC se esfuerza por promover la buena gobernanza y los controles internos entre sus clientes. IFC también espera que las empresas de su cartera tomen medidas para abordar los problemas de integridad a los que se enfrentan”, respondió el departamento de comunicación de la entidad.

El banco G&T y sus cuentas pendientes

IFC es socia de G&T Continental desde 2008, cuando compró acciones por US$68 millones. Desde entonces, ha aportado otros tres créditos a este banco, controlado por varias prominentes familias de la élite guatemalteca, y ha ampliado su participación hasta alcanzar un 10 por ciento del capital de G&T.

A pesar del financiamiento y su participación en el banco, IFC no ha impulsado a la entidad a mejorar algunas de sus prácticas: sigue siendo propiedad de un holding en las Islas Caimán y mantiene una filial offshore en Panamá. La presencia de IFC en el capital del banco, como accionista, tampoco ha librado a G&T Continental de las malas prácticas destapadas en la ola de casos anti corrupción que sacude Guatemala desde 2015.

Unos días más tarde del caso Lavado y Política, en junio de 2016, Flavio Montenegro, durante muchos años el principal ejecutivo de G&T Continental, fue señalado, dentro del caso Cooptación del Estado, de financiar la campaña del expresidente Otto Pérez Molina. El aporte, según la investigación del MP, se entregó para garantizar que instituciones públicas mantuvieran sus pólizas de seguros con la aseguradora del banco G&T.

En esta ocasión su filial panameña, GTC Bank, volvió a salir a relucir en el caso “Transurbano” una de las últimas grandes investigaciones destapadas por el MP y CICIG. Por este caso, revelado en febrero, están procesados el expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y varios miembros de su gabinete. Según la fiscalía, una parte de los fondos malversados regresó a los operadores guatemaltecos a través de cuentas de GTC Bank.

A pesar de todo esto, la entidad no ha sido sancionada por IFC. “El banco contrató a un nuevo CEO (Montenegro fue ligado a proceso y falleció antes de enfrentar juicio) con amplia experiencia en seguros y banca, y tomó una serie de medidas para fortalecer aún más la gestión de riesgos y de cumplimiento”, se limitó a explicar la entidad financiera del Banco Mundial.

Flavio Montenegro, gerente del banco G&T Continental, en una audiencia por el caso Cooptación del Estado antes de su fallecimiento. Foto: Oliver de Ros, No-Ficción

De la CICIG a la MACCIH

Camilo Atala es considerado uno de los hombres más ricos de Honduras. Él y otros miembros de su familia son dueños, entre otros negocios, de Ficohsa, uno de los bancos más importantes y mejor relacionados con la clase política hondureña.

Ficohsa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato del Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. El Estado ha entregado a Ficohsa la gestión de cientos de millones de dólares depositados en fideicomisos de fondos públicos y ha convertido al banco en responsable de licitar grandes contratos públicos.

Este banco es, en parte, propiedad de IFC, que posee un 10 por ciento de las acciones, adquiridas en 2011 por 22 millones de dólares. A diferencia de G&T Continental, Ficohsa o sus directivos hasta el momento no han sido procesados por asuntos relacionados con corrupción. Sin embargo, desde que la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) se estableció en Honduras en 2016, el nombre del banco ha aparecido en algunos de las principales investigaciones.

En febrero de 2017, la ONG Global Witness publicó un informe en el que señalaba, citando informes de la fiscalía antimafias de Honduras, que una red de funcionarios públicos que desfalcó US$350 millones del Seguro Social, invirtió una parte de los fondos desviados, unos US$300 mil, en una propiedad en el complejo hotelero Indura Beach. Este proyecto es desarrollado por una empresa de la que es accionista mayoritario Camilo Atala y según la investigación, un consorcio de bancos regionales liderados por Fichosa, había entregado un préstamo de 20 millones de dólares al hotel. Indura Beach aseguró en un comunicado de prensa que colaboró con la fiscalía al descubrir el hecho.

El desfalco en el Seguro Social de Honduras ha sido uno de los casos de corrupción más destacados en Centroamérica en los últimos años y, de hecho, motivó el establecimiento de la MACCIH.

La institución, creada a imagen de la CICIG, destapó en febrero de 2018 un escándalo protagonizado por Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en el que también aparece Ficohsa. Bonilla está siendo procesada por sustraer unos US$680 mil de donaciones de Taiwán que manejó cuando era Primera Dama.

Según la investigación, Bonilla recibió los fondos a través de cuentas en Ficohsa a nombre de Casa Presidencial y después los trasladó a sus cuentas personales en el mismo banco falseando facturas.

Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, fue acusada en febrero de 2018 de haber extraído millones de la Caja Chica de Casa Presidencial de Honduras e invertirlos en Ficohsa. Foto: No-Ficción

Hasta el momento, IFC ha guardado silencio al respecto de estos casos. A través de una vocera, la entidad señaló, antes de conocerse el caso de Bonilla, que “están al tanto de estas alegaciones, sin embargo no ha habido un procedimiento legal que las fundamente”.

Entre 2013 y 2014, Ficohsa fue objeto del primer reporte realizado por el Ombudsman de IFC sobre uno de los bancos de los que la entidad es socia en Centroamérica.

La auditoría surgió a raíz de quejas contra el Grupo Dinant, propiedad de la familia Facussé, e importante cliente de Ficohsa. Dinant, una empresa que también había sido financiada por IFC, fue acusada de intimidar y asesinar a campesinos para extender sus plantaciones de palma africana en el valle del Aguán.

Las operaciones de la empresa fueron financiadas además con un préstamo de US$12 millones otorgado por Ficohsa, según el reporte del CAO.

La auditoría concluyó que IFC no había cumplido con algunas de sus principales obligaciones como accionista del banco. Según el informe, Ficohsa no contaba con un sistema efectivo de gestión ambiental y social, carecía de un canal para recibir quejas, y las operaciones de los grandes clientes no estaban cumpliendo las Normas de Desempeño Social y Ambiental.

Según el Ombudsman, en las consideraciones de IFC “había una primacía de lo financiero”. Se analizaba el riesgo crediticio del banco, pero otro tipo de impacto se relegaba.

Tras esta auditoría, se han publicado otras sobre el banco hondureño que han mostrado mejoras en sus operaciones.  Sin embargo, como evidencia lo sucedido en TCQ o G&T Continental, no está tan claro que el desempeño de la propia IFC haya mejorado.

El brazo del Banco Mundial para las empresas se presenta como un agente de desarrollo sostenible, pero como muestran estos casos, con frecuencia, actúa como un banco privado más.

Alexander Aizenstatd, nombrado interventor de TCQ cuando se destapó el caso, mostró en una entrevista su suspicacia sobre el financiamiento de bancos externos, y habló específicamente de IFC, e informó que cuando llegaron al país su única preocupación era la forma en que el Estado iba a devolver el dinero. En otra entrevista, concedida a Plaza Pública informó: “Yo los traté como accionistas, pero ellos me dejaron claro que no se consideran accionistas. Que esto solo fue un mecanismo de inversión para ellos”. Preguntado por No-Ficción sobre alguna sospecha al respecto de estas inversiones: “No puedo identificar qué exactamente. Hubo cosas, no necesariamente impropias, pero inadecuadas en estas circunstancias”.

Mientras la CICIG sigue destapando casos de corrupción en Guatemala, la terminal de puerto continúa en un peliagudo proceso legal que ha llevado a TCQ, comprada por la compañía holandesa APM, casi a la quiebra. La terminal se mantuvo inactiva hasta febrero 2017 cuando finalmente se levantó la suspensión de sus operaciones, pero las deudas contraídas por las pérdidas derivadas de su cierre temporal han complicado sus finanzas. A diferencia del caso de Odebrecht, en el de TCQ no ha habido ninguna indemnización al Estado por el soborno transferido.

El Grup Maritim TCB, que impulsó el proyecto TCQ, hasta el momento no ha sido públicamente sancionado, pese a que las personas involucradas en el caso están siendo procesadas en cortes guatemaltecas. Tampoco el Banco G&T Continental, ni el Banco Fichosa, que han sido señalados de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

*Este reportaje fue publicado originalmente por No Ficción, y se reproduce con autorización como parte de la Red de Investigación periodística de Centroamérica.