La falta de investigación y condenas por los crímenes contra la población LGBTI se mantiene a pesar de los múltiples llamados de atención de defensores de derechos humanos. Hoy el Estado salvadoreño debe comparecer por esta situación ante la Comisión de la OEA.
Foto FACTUM/Archivo
Washington, DC. A tres años y medio de haber solicitado que se investiguen y condenen los crímenes contra personas LGBTI, los representantes del Estado salvadoreño tendrán que volver este 21 de marzo a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., para rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la impunidad que aún rodea estos casos.
Este martes se desarrollará la audiencia por la “Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador” a petición de la organización Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) .
Esta es la segunda vez en menos de cuatro años que El Salvador comparece ante la CIDH por presuntas violaciones contra personas LGTBI. El 29 de octubre de 2013, el Estado atendió el llamado de la Comisión en una audiencia pública donde se expusieron las denuncias de violencia contra las personas trans en El Salvador. Ya entonces las organizaciones LGTBI, Comcavis incluida, denunciaron otros crímenes y falta de interés del Estado para investigarlos.
Según han reportado varias organizaciones nacionales, como la Fundación de La Mano Contigo, desde 1995 se han cometido más de 500 crímenes de LGBTI en El Salvador. Sin embargo, es difícil saber con certeza el número de casos registrados ya que las autoridades no contabilizan a las víctimas por su identidad de género u orientación sexual.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha reportado al menos 19 crímenes de personas LGBTI entre 2009 y 2016. Muchos de estos casos fueron cometidos contra personas transgénero, por el alto grado de vulnerabilidad y contexto de discriminación en el que han vivido, según la PDDH.
149 Periodo de Sesiones de la CIDH, 29 de octubre de 2013. De izquierda a derecha solicitantes de la audiencia: Paty Hernández (ASPIDH-Arcoiris), Nicole Santamaría (COMCAVIS-TRANS) y Karla Avelar (COMCAVIS-TRANS)
Foto CIDH: Oliver Contreras/Eddie Arrossi Photography.
Solo en febrero pasado, tres mujeres trans, Yasuri Orellana, Daniela Rodríguez y Elisa N., fueron asesinadas en el plazo de 72 horas en el departamento de La Paz. El rumor de una orden de las pandillas para matar a todas las trans corrió rápidamente después de los crímenes. El temor provocó la huida de varias de ellas, algunas hacia México donde han solicitado refugio, según informó Comcavis- Trans.
Y es que, aún después de haberse reformado el artículo 129 del Código Penal en septiembre de 2015, para incluir los ataques contra la diversidad sexual dentro de la tipificación de los crímenes de odio, ni la Fiscalía General de la República, ni la Policía Nacional Civil ni el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia han tomado en cuenta esta condición que se convertiría en agravante especial.
“Las autoridades brillan en cuanto a hacer efectivo los artículos 129 y 155, se evidencia con seguridad que son crímenes con odio pues hay una saña. Una de las compañeras fue torturada, se puede ver en las fotografías que fue amarrada de pies y manos”, señala Karla Avelar, directora de Comcavis – Trans, una de las peticionarias de la audiencia, que no podrá estar presente porque su visa fue negada por Estados Unidos.
Avelar insta a las autoridades a que brinden apoyo a las organizaciones y activistas LGBTI para ayudarles a recabar datos sobre los crímenes. También piden detener iniciativas que comprometan la integridad de las personas de la diversidad sexual.
La PDDH emitió un pronunciamiento para demandar al Fiscal General, Douglas Meléndez, y al Director General de la Policía, Howard Cotto, que investigue dichos asesinatos “con la debida diligencia y sensibilidad, por considerar que estos podrían ser motivados por odio hacia la expresión de género o/y orientación sexual de las víctimas”.
Uno de los crímenes contra mujeres trans que más ha conmocionado a esta comunidad durante los últimos años fue el cometido en junio de 2015 contra Francela Méndez, activista e integrante del Colectivo Alejandría. Entonces, la CIDH condenó el crimen y señaló el “alto nivel de impunidad en los crímenes contra personas trans en el país”; además recomendó a las autoridades salvadoreñas que aplicaran un enfoque de protección especial para estas personas, consideradas “particularmente vulnerables a la violencia por parte de grupos armados”.
La audiencia de este martes 21 de marzo se celebrará en el salón Rubén Darío, como parte del periodo 161 de audiencias públicas de la CIDH. La audiencia será a las 12:15 hora local de Washington, 10:15 de la mañana, hora de El Salvador.
Audiencia en la CIDH contra el Estado salvadoreño en octubre de 2013:
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