El Salvador, a través de su Fiscalía General de la República (FGR), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el seguimiento de los delitos contra la población LGBTI en el país, en el marco de una audiencia por la impunidad en torno a estos crímenes. El presidente de la CIDH se mostró preocupado por la falta de estadísticas y la inacción estatal.

Foto FACTUM/Tomada de la CIDH

Washigton, DC. El Salvador se presentó ante la misión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para informar que la Fiscalía General de la República investiga 109 delitos cometidos contra personas LGBTI entre diciembre de 2014 y el 3 de marzo de 2017; además ya ha judicializado 12 casos. La mayoría son, en este orden, por amenazas, lesiones y homicidio agravado.

La audiencia, realizada este martes 21 de marzo en la sede central de la CIDH, fue solicitada por la organización Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La impunidad en los crímenes contra personas de la diversidad sexual fue uno de los temas principales. El memorial de argumentos de las organizaciones peticionarias fue preparado por la organización Igualitos/as, con el apoyo de la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos y la Mesa Permanente para una Ley de Identidad de Género.

“El Estado salvadoreño ha violado sus obligaciones internacionales en evitar la ocurrencia de crímenes de odio, perseguirlos, así como su prevención; ante la manifiesta falta en implementar acciones para ello, y la falta de fortaleza de las pocas acciones efectuadas para ello; teniendo como consecuencia la propagación de la apología del odio”, según se lee en la argumentación presentada por las organizaciones.

El presidente de la CIDH y relator especial de personas LGTBI, Francisco Eguiguren, quien condujo la audiencia, mostró preocupación por la situación de invisibilización y la falta de estadísticas en estos casos. En este sentido, anunció la creación de un informe de buenas prácticas sobre la materia.

Las peticionarias mostraron su disconformidad con la Fiscalía pues hasta la fecha nunca se habían brindado esos datos a las organizaciones defensoras de derechos humanos, además del bloqueo a las sucesivas solicitudes de acceso a información de carácter público durante los últimos años, según manifestó en la audiencia Bianka Rodríguez, de Comcavis Trans.

Grupo de peticionarias de la sociedad civil durante la audiencia celebrada en la CIDH. Foto: Daniel Cima/CIDH

Rodríguez señaló que solo en 2017 ya se han registrado 17 crímenes por odio por orientación sexual e identidad de género, y que en todos ellos, según su investigación, había evidencias de tortura y mutilación de genitales. También indicó que desde finales de los 90, la cantidad de crímenes contra LGBTI supera los 600 casos, según las organizaciones presentes en la audiencia. Sin embargo, en la gran mayoría de casos no se ha logrado una condena.

En este sentido, y en el turno de la representación del Estado, la Fiscalía informó también de la futura creación de una mesa especializada en género por jefes de las unidades fiscales que investigan los casos relacionados a la población LGBTI, que además permita el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.

Memorial de argumentos presentado por las organizaciones de la sociedad civil ante la CIDH:

El Ministerio Público proyecta también la creación de un protocolo de actuación específico, e informó de la capacitación en curso de 55 auxiliares fiscales especializados junto a personal del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Policía Nacional Civil (PNC).

El presidente de la CIDH y relator especial de personas LGTBI, Francisco Eguiguren (derecha), estuvo a cargo de la conducción de la audiencia. Foto: Daniel Cima/CIDH

En la audiencia también estuvo presente Cruz Torres, de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social de El Salvador. Torres hizo un resumen de los avances en la atención a la población LGBTI y el enfoque de género en diversas instituciones públicas, según las cuentas del actual gobierno.

Las organizaciones peticionarias señalaron que hasta la fecha El Salvador ha incumplido con las recomendaciones que hizo la Asamblea General de la ONU para instar a todos los países a mejorar las investigaciones de los crímenes por odio hacia la diversidad sexual. Comcavis recordó que la violencia contra la comunidad transgénero, una de las más vulnerables, también ha generado la huida de 89 personas trans entre enero de 2014 y marzo de 2016.

Video de la audiencia celebrada en la CIDH: