Douglas Meléndez anunció, durante una teleconferencia en el Wilson Center de Washington, que en las próximas semanas empezará a funcionar en la Fiscalía General una unidad especial anti-impunidad. El proyecto cuenta con todo el respaldo de la administración de Barack Obama, que la financiará en buena medida. El fiscal general hizo el anuncio durante una plática con académicos estadounidenses, en la que tuvo duras palabras para el Órgano Judicial, para su antecesor y para la clase política salvadoreña, y donde admitió que la penetración del crimen organizado en el Estado nacional hacen muy difícil la correcta aplicación de la ley en El Salvador. 

No será una CICIG, como la de Guatemala, que otorga capacidad de investigación criminal a un ente internacional. Tampoco será como la MACCIH, de Honduras, que brinda asesoría a la fuerza pública de ese país e intenta empujar políticamente la lucha contra la corrupción. El modelo anti-impunidad salvadoreño empezará y terminará, por ahora, en la Fiscalía General de la República, bajo la supervisión de su titular, Douglas Meléndez.

En él participará un grupo selecto de fiscales que serán entrenados, en parte, por los Estados Unidos, según confirmaron a Factum, en Washington y San Salvador, tres funcionarios que han estado al tanto de las discusiones entre el Departamento de Estado y el jefe del Ministerio Público salvadoreño.

Meléndez hizo el anuncio este 14 de septiembre durante una teleconferencia organizada por el influyente Wilson Center de Washington, en la que abordó los principales retos que tiene la Fiscalía que él dirige para aplicar la ley en El Salvador y avanzar en la agenda anticorrupción. En el evento también participó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el exdirector policial Mauricio Ramírez Landaverde, quien se retiró a poco del inicio para atender una reunión de gabinete, según explicó.

El fiscal general no abundó en detalles sobre la unidad anti-impunidad, pero adelantó que varios fiscales de su confianza ya están dando los últimos toques a la unidad, que podría ser presentada al público este mismo mes.

Factum ha consultado, durante las últimas tres semanas, a media docena de funcionarios estadounidenses en el Congreso y el Ejecutivo estadounidenses, así como a otros dos oficiales en San Salvador, sobre los detalles del proyecto. Todos ellos confirmaron que el proyecto se discute al menos desde julio pasado, y que recibiría asesoría técnica de Washington, sobre todo en investigaciones relativas a la corrupción de funcionarios y exfuncionarios, al enriquecimiento ilícito y al blanqueo de capitales.

“En El Salvador la justicia ha estado clasificada… Es como decía Monseñor Romero… como una serpiente que solo pica al descalzo. No es fácil revertir la tendencia con el empoderamiento que algunos grupos y personas han alcanzado en el país”, fiscal general Douglas Meléndez.

“Casos como el de Enrique Rais y el ex fiscal (Luis Martínez), el del ex presidente (Mauricio) Funes, o investigaciones que pueda haber contra (el ex presidente Antonio) Saca cumplen esos perfiles”, aseguró un funcionario del gobierno estadounidense que conoce sobre este proyecto, y que habló desde anonimato por no estar autorizado a discutirlo públicamente.

En el conversatorio, Meléndez dio la noticia de la nueva unidad tras abordar la corrupción en el sistema judicial salvadoreño. Los primeros casos que ha presentado ante los tribunales -entre los que están el de Rais-Martínez y el de Funes-, dijo, le han servido de “termómetro” para medir la reacción del Órgano Judicial.

“Ya tuvimos las primeras experiencias con el Órgano Judicial y en algunos casos creemos que la respuesta no ha sido la más adecuada”. La frase, pronunciada en la teleconferencia, es mucho más suave que otra que dijo en San Salvador, hace poco, en referencia a la corrupción en los tribunales.

“No solo las pandillas tienen clicas sino también la estructura del sistema judicial”, lanzó Meléndez el 31 de agosto, poco después de presentar en tribunales la acusación fiscal contra Enrique Rais, el empresario que controla el negocio de los desechos sólidos en el país, y el ex fiscal Luis Martínez, acusado de favorecer al empresario en varios casos y de tolerar la fabricación de prueba falsa para hacerlo.

Meléndez sabe que la iniciativa de la unidad especial anti-impunidad encontrará resistencia.

“El tema de la impunidad ha existido y sigue existiendo… No se puede ocultar el sol con un dedo… Y esto ya nos está trayendo cuestionamientos y señalamientos”, dijo Meléndez a una treintena de académicos y periodistas reunidos en la sede del Wilson Center en el edificio Ronald Reagan del centro de la capital estadounidense.

En Washington, las acciones de Meléndez ya generaron las primeras reacciones.

“No es fácil investigar la corrupción. El fiscal tiene poco tiempo en su cargo, pero sí espero que él pueda investigar casos de corrupción sin consideración por la afiliación partidaria de los implicados”, dijo a Factum Norma Torres, representante demócrata por California en la Cámara de Representantes en Washington y miembro del comité de Seguridad Nacional de ese cuerpo legislativo.

Torres asegura que la lucha contra la corrupción es uno de los ejes fundamentales de la política exterior estadounidense hacia la región centroamericana.

Los reclamos de los políticos

El gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha dicho, casi desde el inicio del quinquenio, que no ve necesario un mecanismo como CICIG  para combatir la impunidad en El Salvador. El foro de Sao Paulo, del que el FMLN es miembro, fue más allá en una reunión celebrada en junio en San Salvador y acusó de “golpistas” a quienes abogan por un mecanismo similar.

Ni Sánchez Cerén ni su partido se han pronunciado por la iniciativa anti-impunidad presentada por Meléndez, pero hay miembros del FMLN que ya cuestionaron al fiscal general por algunas investigaciones.

Uno de los casos que más ha irritado al FMLN es la investigación por tráfico de armas al ex ministro de Defensa y actual embajador de El Salvador en Alemania, el general Atilio Benítez. Blandino Nerio, diputado efemelenista, incluso acusó a la embajadora estadounidense Jean Manes de “injerencia irrespetuosa” tras acusarla de intentar influir en una votación del Congreso para levantar la inmunidad a Benítez. Consultada al respecto, la diplomática hizo una pregunta retórica: “¿Por qué alguien no quiere combatir la corrupción?”

En el evento del Wilson Center, Meléndez incluyó el caso de Benítez entre sus prioridades y en la lista de investigaciones que su antencesor, Luis Martínez, tenía engavetadas.

“En El Salvador la justicia ha estado clasificada… Es como decía Monseñor Romero… como una serpiente que solo pica al descalzo. No es fácil revertir la tendencia con el empoderamiento que algunos grupos y personas han alcanzado en el país”, dijo Meléndez.

En el evento, Héctor Rodríguez, un académico salvadoreño radicado temporalmente en Washington, preguntó a Meléndez por el matiz político de las investigaciones. Por qué, cuestionó, la Fiscalía no ha seguido las denuncias de casos de corrupción en gobiernos del partido ARENA, interpuestas por el efemelenista Gerson Martínez, actual ministro de Obras Públicas. Y qué pasó, insistió Rodríguez, con el caso de corrupción en el que estuvo involucrado el fallecido ex presidente Franciso Flores.

El fiscal general respondió diciendo que fue él quien desempolvó las investigaciones de la tregua entre las pandillas y el Estado, y que a partir de ellas había acusado a alcaldes de ambos partidos. Y recordó que ha procesado a ediles areneros por sospechas de malversación de fondos.

“Es bien difícil evitar que la clase política se pronuncie sobre nuestras investigaciones, lo que no pueden hacer es pretender teledirigir las investigaciones”, adviritió Meléndez.

El incidente que tensó la relación con la PNC Era el momento preciso. La primera vez que Douglas Meléndez, el fiscal general, estaba en el mismo salón, en público, con el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, desde que el fiscal general denunció, el 12 de septiembre, que una patrulla de la Policía Nacional Civil había intentado registrar su residencia familiar. Era la pregunta obligada. Douglas Meléndez (de saco) y Mauricio Ramírez Landaverde durante la teleconferencia en el Wilson Center. Foto de Héctor Silva Ávalos. El viernes 2 de septiembre el fiscal general regresaba de Chalchuapa, donde había asistido al sepelio de un policía asesinado. En el camino recibió un mensaje: una patrulla de la PNC, equipo número 04-2990 placa N-337, había llegado hasta su casa y los agentes que en ella viajaban habían intentado entrar a registrarla. El lunes siguiente, 5 de septiembre, antes de viajar a Estados Unidos, Meléndez envió una carta a Howard Cotto, director de la PNC, con el número de equipo y placa, pidiéndole explicaciones. Este miércoles, 14 de septiembre, Ramírez Landaverde, el jefe de Cotto, y Meléndez se sentaron frente a frente en el salón de conferencias de la embajada estadounidense en San Salvador desde el que se hizo el contacto vía teleconferencia con Washington. El fiscal general de traje oscuro y corbata lila y el ministro en mangas de camisa blanca. Desde antes que iniciara el encuentro virtual, los organizadores habían advertido que Ramírez se retiraría pronto. Factum preguntó: ¿Ministro, el fiscal general denunció un allanamiento y usted ha dicho que era un operativo por un aviso recibido de una casa cercana a la del fiscal? ¿Qué pasó ese día? Ramírez Landaverde inició diciendo que PNC y FGR trabajaban muy bien y puso como ejemplo de ello a la Operación Jaque, la investigación que reveló algunas de las conexiones financieras de la pandilla MS-13. Luego dio más detalles sobre su versión. El asunto, dijo el ministro, ocurrió porque una vecina del fiscal general llamó a la PNC para denunciar un acto de violencia doméstica. Cuando la patrulla llegó a la zona, la mujer desistió de la denuncia, pero los policías se quedaron rondando para ver si averiguaban algo más. En eso estaban cuando preguntaron a miembros de la seguridad del fiscal por el posible agresor. No hubo más, aseguró Ramírez Landaverde. El ministro, antes de irse, aceptó: “La denuncia del señor fiscal es preocupante, pero creo que ya dimos las explicaciones.” Luego se retiró. Meléndez no se refirió al incidente, y por el formato de la sesión de preguntas no fue posible repreguntarle. Otro tema que atañe a la relación entre Policía y Fiscalía, sin embargo, llegó a la mesa: el de las ejecuciones extrajudiciales de pandilleros y otros ciudadanos atribuidos a agentes de la corporación policial. A principios de año, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, anunció que había recibido unas 140 denuncias de abusos policiales, luego de que los periódicos El Faro y La Prensa Gráfica publicaran reportajes detallando este tipo de incidentes. Fue Leonor Arteaga, salvadoreña miembro de la Fundación para el Debido Proceso y moderadora del evento, quien con más amplitud se refirió al tema: “Estos casos están pasando de ser aislados, de policías que se han extralimitado, a ser hechos que al menos han sido tolerados por las autoridades.” Artega fue más allá: “Se han recibido denuncias de escenas del crimen que han sido alteradas para hacer pasar ejecuciones por enfrentamientos”. Cifras oficiales indican que entre 2013 y 2015 498 personas murieron en enfrentamientos entre pandillas y la fuerza pública; solo el 9% de los muertos eran policías. Meléndez reveló que la Fiscalía tiene abiertas entre 15 y 20 investigaciones por “procedimientos policiales irregulares”. El asunto de los grupos de exterminio y de los abusos policiales, dijo, es otro que su antecesor decidió no investigar.