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El pastor y el rebaño

El FMLN ha llegado a la conclusión que desde  2009, la Sala de lo Constitucional, especialmente cuatro magistrados, a través de sus sentencias, afectan a diversos sectores del país de manera negativa. Cuando me pregunto por qué sostienen eso y cuáles son sus argumentos, lo que he escuchado y leído en televisión, radio o medios escritos para desacreditar las resoluciones, las explicaciones son las siguientes: los magistrados responden a la oligarquía; son instrumentos del partido de derecha; quieren dar un golpe suave orquestado con ARENA; son operadores políticos de poderosos sectores económicos; tienen un plan político; son evasores fiscales, etc. En fin, ocupan y se aprovechan del imaginario social donde existe una batalla campal entre dos clases sociales antagónicas que son representadas por ARENA y FMLN.

Al día de hoy, nunca he escuchado una respuesta basada en consideraciones técnicas que analice el contenido de las sentencias y me explique por qué afectan negativamente a diferentes sectores del país. El FMLN recurre a falacias argumentales “Ad-hominem” para analizar las sentencias, lo que implica dejar de analizar el contenido y descalificar a los magistrados que son las que las dictan. Por ejemplo, sostener que las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional buscan inmovilizar al país porque los magistrados obedecen a la oligarquía no es argumento; es retórica, es un llamado a la ignorancia como forma razonable de entender y analizar la realidad.

Esta línea de discurso lo que fomenta, además de la ignorancia, es la polarización del país y la intolerancia y odio a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Si en un dado caso dudan de la autonomía y la independencia de los magistrados, lo que el partido de gobierno debería discutir, con argumentos, es la forma de selección de los magistrados que se tiene en El Salvador para tratar de mejorar el nombramiento de jueces independientes. Discusión que no se ha dado -y debería de darse- desde el seno de la Asamblea Legislativa.

Además, la Sala de lo Constitucional no actúa de oficio; responde ante demandas de inconstitucionalidad de uno o varios ciudadanos. Esto significa que el salvadoreño, en lugar de las marchas, ha optado por ocupar la vía judicial para controlar arbitrariedades, omisiones e inamovilidad de las instituciones del Estado y de sus funcionarios, así como para pedir que se protejan derechos políticos, civiles y sociales. El sistema de pesos y contrapesos se está activando ocupando sentencias de inconstitucionalidad. Es decir, se está judicializando la política.

Los ataques a la Sala de lo Constitucional me hacen creer que el FMLN busca un enemigo y un culpable para justificar su falta de competencia en temas fiscales, de educación, de seguridad, electorales, de justicia transicional, de transparencia, de pensiones. Ante esta situación, exijamos debates con argumentos válidos para aceptar o rechazar las posturas del partido de gobierno. No agachemos la cabeza. No somos borregos.

Rafael Molina Gabriel es politólogo con especialidad en derechos humanos y fuerzas armadas.

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