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El ocaso de la primavera centroamericana

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2016 concluyó con un sabor agridulce cuando se mide el éxito —y los fracasos— de la lucha anticorrupción y contra estructuras importantes del crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Foto FACTUM/Archivo


¿Cuánto quedó en 2016 de la primavera guatemalteca de 2015? ¿Cuánto queda de la indignación que llevó a cientos de miles a las plazas de esta violenta nación para protestar por la corrupción del régimen del presidente Otto Pérez Molina? ¿Cuánto queda, en Honduras, de las manifestaciones de indignados que pedían fortalecer el sistema judicial de ese país para investigar acusaciones de corrupción contra el presidente Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional? ¿Y cuánto de esa ola llegó hasta El Salvador? Queda poco.

Aun así, los intentos de reforma judicial y de investigación criminal puestos en práctica en los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica siguieron siendo factores impulsores de cambio en la forma en que se combate el crimen organizado en esa región del mundo, una de las más violentas del mundo.

Es cierto, por un lado, que las persecuciones penales contra delitos complejos de lavado de dinero, contrabando, narcotráfico o asesinatos por encargo impulsados o tolerados desde los gobiernos nacionales, sobre todo en Guatemala y El Salvador, empiezan a tener finales exitosos en los tribunales.

El Triángulo Norte de Centroamérica volverá a ser, en 2017, una de las regiones más violentas del mundo. En 2016, las protestas ciudadanas que habían inundado calles y plazas en Guatemala y Honduras el año anterior se difuminaron.

Pero por otra parte sigue siendo verdad que las élites, tanto las tradicionales como las de nueva formación, siguen haciendo todo lo posible para obstaculizar o al menos minimizar estos esfuerzos. Incluso el más reconocido de los esfuerzos supranacionales de combate a la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue objeto de importantes presiones de la élite tradicional de empresarios y políticos de ese país que pretendieron influir en las investigaciones y acabar con su buen nombre.

Guatemala

La CICIG es un modelo de investigación que es parte vital de estos esfuerzos. La comisión combina financiamiento externo —proveído en este caso sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea— con investigadores internacionales que apoyan al Ministerio Público (MP), con el cual trabajan en la formulación de propuestas de reformas legales.

Establecida en 2007, la CICIG terminó de consolidarse en 2015, cuando bajo el mando del comisionado colombiano Iván Velásquez y en coordinación con la fiscal general Thelma Aldana lideró el caso contra Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, lo que destapó el funcionamiento de décadas de corrupción estatal en Guatemala.

La CICIG tuvo sus batallas con las élites que usaron su encanto y su músculo para tratar de influir en qué se investigaba y a quién se investigaba. Sin embargo, Guatemala sigue siendo el mejor ejemplo de la lucha contra la corrupción en la región y las investigaciones de la CICIG y el MP en torno al grupo cercano a Pérez Molina siguen en marcha y han expuesto como las redes de crimen organizado han penetrado el sistema político de Guatemala.

Uno de los casos que mejor lo ilustra es el de Manuel López Bonilla, un exmilitar cercano a Pérez Molina quien, como ministro de Gobernación durante la presidencia de Pérez Molina, utilizó su puesto para enriquecerse a sí mismo y a sus aliados, así como para proteger a estructuras del narcotráfico local.

El de López Bonilla, arrestado en Ciudad de Guatemala en junio, es un caso perfecto para ilustrar cómo los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) se incrustaron en el Estado y se transformaron en algo más, con una gran variedad de socios y con más alcance, algo que muy a menudo incluía a partidos políticos y empresarios.

De Guatemala puede decirse que la CICIG y sus dos últimas fiscales generales —Thelma Aldana y su antecesora, Claudia Paz y Paz—, iniciaron y han mantenido viva la primavera. No son solo las persecuciones penales y las investigaciones criminales contra actores importantes, aun contra los mejor relacionados con el poder político y empresarial, es también la incipiente reforma del Ministerio Publico, capaz ya de embarcarse en investigaciones complejas.

A pesar del alcance que ha tenido la CICIG desde 2007, y sobre todo en los últimos dos años, la existencia de la comisión y la seguridad de los cambios propiciados en parte gracias a ella en el MP parecen siempre frágiles en Guatemala. Analistas y protagonistas de las luchas anticorrupción en el país no dudan en decir que, a pesar de todo, la corrupción y el crimen siguen incrustados en el corazón del Estado guatemalteco.

“Se han deshecho de los rostros visibles, pero los protagonistas que trabajan detrás de bambalinas siguen operando. Estas zonas grises hacen que sea muy difícil expurgar la corrupción por completo”, dijo la activista Helen Mack en una entrevista.

Pero la naturaleza de CICIG es por definición temporal, y la renovación de su mandato depende, precisamente, del poder político, al igual que la designación del fiscal general y los jueces. Es decir, mientras el poder político esté al servicio del crimen, o interrelacionado con él, la primavera seguirá dependiendo en gran medida de la presión de los ciudadanos. La buena noticia es que Guatemala ya probó lo que esa presión puede lograr.

El modelo CICIG pasó a conocerse como el modelo Guatemala y en 2016, gracias en gran parte a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos en la región, influyó intentos de profundizar la persecución criminal de la corrupción y el crimen organizado en El Salvador y Honduras.

El Salvador

De hecho, el éxito de la CICIG y el apoyo de Estados Unidos a este modelo ha intensificado los esfuerzos de perseguir el crimen organizado en El Salvador y Honduras. En el caso salvadoreño, el cambió llegó a finales de 2015, cuando fracasaron los intentos de varios sectores en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por reelegir al fiscal Luis Martínez. En su lugar, la Asamblea Legislativa eligió a Douglas Meléndez, un fiscal de carrera que pronto aceptó el apoyo político y técnico que le ofreció desde principios de 2016 la Embajada de Estados Unidos. Con dinero y asesoría de Washington, Meléndez montó el Grupo Especial contra la Impunidad (GECI), una especie de CICIG local a menor escala.

“El tema de la impunidad en El Salvador ha existido y seguirá existiendo. No se puede ocultar el sol con un dedo”, dijo Meléndez durante la presentación del GECI en una teleconferencia en Washington, DC.

El país más pequeño del Triángulo Norte, no obstante, también vive una especie de primavera, fría aun, pero esperanzadora en todo caso. En El Salvador los últimos tres expresidentes, dos de ARENA y uno del FMLN, han sido investigados por sospechas de enriquecimiento ilícito y corrupción. Estas investigaciones, además, han destapado posibles relaciones del crimen organizado con el poder político y con la misma Fiscalía General.

Meléndez abrió investigaciones y procesos judiciales de gran calado contra los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca (este último guarda prisión preventiva en espera de un juicio por enriquecimiento ilícito), contra Enrique Rais, un empresario investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), y contra Luis Martínez, su antecesor, el fiscal general sospechoso de corrupción al que los partidos políticos querían reelegir.

Un policía lee orden de captura contra el exfiscal general Luis Antonio Martínez. Foto: Fiscalía.

Pero Meléndez todavía tiene varios obstáculos al frente. En El Salvador, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén se opuso desde inicios de la administración (2014) a la presencia en el país de un organismo supranacional sobre el que el Estado no tuviese control. Miembros de su partido incluso calificaron el modelo de intervencionista. Por el contrario, tanto el oficialismo del FMLN como la oposición de la derechista ARENA apostaron en la práctica por perpetuar una Fiscalía General débil, incluso cómplice de estructuras criminales.

Desde el principio, el nuevo fiscal general salvadoreño recibió amenazas y presiones de actores políticos o de personas a las que él mismo relacionó con el crimen organizado. “Tengo que mencionar otra de mis preocupaciones, que es la intención de algunos grupos fuera de la institución de interferir en casos relacionados con corrupción y probidad, en investigaciones actuales y futuras”, escribió Meléndez a seis congresistas estadounidenses en abril pasado.

A pesar de esas presiones, y a falta de dos años para concluir su periodo, el fiscal general de El Salvador inicio ya una ruta que, al igual que en el caso guatemalteco, podría llevar a formas más efectivas de combatir la corrupción y el crimen organizado en el país. Pero, como en Guatemala, las viejas prácticas criminales están tan enquistadas en el corazón político nacional que esa ruta será, sin duda, empinada, y podría incluso terminar siendo un callejón sin salida.

Honduras

Honduras, por su parte, optó por un modelo más parecido al guatemalteco. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó su mandato a principios de abril, luego de que el gobierno se mostrara incapaz de emprender una lucha efectiva contra casos de corrupción como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ha sido calculado en cerca de US$330 millones, parte de los cuales habrían terminado en las arcas del partido gobernante y habrían sido usados en la campaña de Juan Orlando Hernández.

Hasta ahora, la misión internacional ha centrado sus esfuerzos en desarrollar una serie de reformas que otorguen mayores capacidades al Ministerio Público y al sístema judicial. Sin embargo, desde el inicio de su mandato, la misión se ha enfrentado con una serie de obstáculos significativos, tanto desde la Presidencia como desde ciertos sectores del Congreso y de las fuerzas de seguridad para disminuir sus esfuerzos y capacidades, lo que podría poner en riesgo la efectividad de su mandato. De hecho, el bloqueo sistemático a las propuestas de la misión ha dejado al descubierto una vez más la incapacidad de las instituciones de Honduras para enfrentar la corrupción al interior de sí mismas, incluso con el apoyo de la MACCIH.

Olivia Zúniga Cáceres, hija de la asesinada Bertha Cáceres, acompaña una nueva marcha de ”los indignados”en Tegucigalpa, Honduras, exigiendo al gobierno del presidente Hondureño, Juan Orlando Hernández, que esclarezca el asesinato de la ambientalista.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Uno de los esfuerzos más visibles de la misión ha sido el apoyo que ha dado a la comisión para depurar la policía del país, conocida por el alcance de su corrupción y sus vínculos cercanos al crimen organizado. Se trata de un proyecto ambicioso que comenzó en abril de este año, y que pretende depurar a miles de policías que han sido vinculados a casos criminales, comenzando desde los puestos más altos.

Estos esfuerzos han tenido éxito en gran medida, pero no han estado libres de polémica, amenazas y más recientemente, de violencia. El 15 de diciembre, luego de que la comisión tomara la decisión de retirar de sus cargos a más de 400 policías en un solo día, el pastor Jorge Machado, uno de los miembros de la comisión, fue víctima de un atentado en el que murió uno de sus guardaespaldas.

Pero otros han contado con una suerte diferente a la de Machado: el de mayor nivel fue el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, que ha sido vinculado a la empresa hidroeléctrica contra la cual Cáceres y otros se venían enfrentando.

El asesinato de la activista generó indignación internacional, que incluso llevó a que en el Congreso de Estados Unidos se promulgara la Ley Berta Cáceres, que tenía como objetivo bloquear US$18 millones que el país recibiría en asistencia de seguridad. El Banco Europeo de Inversiones también retiró un financiamiento de cerca de US$39 millones para un proyecto eléctrico en el occidente de Honduras.

Sin embargo, las autoridades sólo han logrado capturar a los presuntos autores materiales del asesinato —entre ellos militares activos y retirados—, mientras que los autores intelectuales permanecen en libertad. La evidencia indica podrían pertenecer a una de las familias más poderosas del país, pero hay pocos indicios de que se logre capturar y procesar a los presuntos autores intelectuales en el corto plazo.

¿Qué sigue a estas primaveras centroamericanas? Aún es pronto. Los ataques públicos hechos por políticos y empresarios de todo signo a la CICIG en Guatemala y al fiscal salvadoreño, o los intentos del status quo hondureño por minimizar a MACCIH indican que las élites criminales no cederán sus feudos de poder.

En noviembre de este año, el país también se conmocionó con la captura en Costa Rica del capo de la droga Wilter Blanco, quien es acusado y requerido en Estados Unidos por el papel que presuntamente ha jugado desde 1999 en el tráfico de droga hacia ese país como líder del Cartel del Atlántico, un grupo poco conocido que entre sus miembros cuenta con militares, policías y funcionarios corruptos. La captura de Blanco, quien podría estar próximo a ser extraditado a Estados Unidos, destapó una caja de Pandora que sigue salpicando al gobierno de Hernández e incluso a su familia.
Pero quedan otros retos. Desde su llegada al país, la MACCIH ha buscado modificar una ley para que la corrupción también pueda ser considerada un delito extraditable, una propuesta con la que el MP ya ha mostrado estar de acuerdo, pero que ha causado controversia en el Congreso.

Si bien la llegada de la misión al país y la mayor coordinación del MP con el gobierno estadounidense a través del importante papel que juega la Embajada de Estados Unidos —y la presión que ha puesto sobre la Presidencia en otros casos de alto nivel— podría ser un primer paso para comenzar a cambiar la ecuación del poder en Honduras, todavía queda por verse si las demás instituciones del Estado decidirán unirse a la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

A pesar de algunos tropiezos, estos esfuerzos anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica se cuentan, sin duda, en la lista de hechos relevantes de 2016. El gobierno de Estados Unidos parece estar de acuerdo. Un grupo de congresistas de Estados Unidos recientemente calificó como “excelente” la labor que han venido desarrollando.

El Triángulo Norte de Centroamérica volverá a ser, en 2017, una de las regiones más violentas del mundo. En 2016, las protestas ciudadanas que habían inundado calles y plazas en Guatemala y Honduras el año anterior se difuminaron. La indignación ciudadana en esos dos países, sin embargo, motivó o profundizó cambios en las formas en que las fiscalías locales persiguen crímenes complejos y tratan de atacar los vínculos entre el crimen organizado y las élites políticas locales.

Ecos de esa primavera llegaron a El Salvador, donde la polarización heredada de la guerra ha paralizado la protesta ciudadana. En este país fueron sobre todo la insistencia de la prensa independiente y, de nuevo, un fiscal que se atrevió a perseguir la corrupción en los niveles más altos al encausar judicialmente a los tres últimos presidentes del país.

¿Qué sigue a estas primaveras centroamericanas? Aún es pronto. Los ataques públicos hechos por políticos y empresarios de todo signo a la CICIG en Guatemala y al fiscal salvadoreño, o los intentos del status quo hondureño por minimizar a MACCIH indican que las élites criminales no cederán sus feudos de poder.

Pero los casos de funcionarios de alto nivel presos, las redes de corrupción expuestas, los empresarios investigados, también permiten decir que el invierno de la impunidad generalizada y la corrupción rampante es hoy un poco menos crudo.

La versión original de este artículo, que fue publicada en InSight Crime como parte de su serie “Gamechangers 2016”, puede leerse aquí.
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