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El nuevo fiscal… inconstitucional

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El partido Arena colocó a uno de sus financistas y exasesor legal del candidato presidencial Carlos Calleja como fiscal general. La anterior Sala de lo Constitucional vetó nombramientos como el del nuevo fiscal, por los evidentes vínculos partidarios, pero eso ya no parece ser un problema: ni los partidos políticos, que negociaron un combo que incluyó a Raúl Melara, ni las instituciones de la sociedad civil, que antes demandaron imparcialidad, están inconformes con un nombramiento que raya en lo inconstitucional.

Foto FACTUM/Cortesía


Raúl Melara Morán se incomodó cuando le preguntaron el 29 de noviembre de 2018 si posar para las fotos junto al candidato presidencial Carlos Calleja, de Arena, y financiar a ese mismo partido era suficiente evidencia para no creer en su independencia como abogado. Respondió, serio, que no. Dijo que no se sentía restringido para buscar la dirección de la Fiscalía General de la República porque, si lo elegían, cuando él se juramentara, iba a cumplir su deber. Nada más. Un panel de diputados examinadores de candidatos creyó que la promesa era suficiente. No fue necesario más esfuerzo del entrevistado para intentar desligarse de su afinidad partidaria: Melara fue nombrado fiscal general el pasado 21 de diciembre, en la última sesión plenaria del año de la Asamblea Legislativa.

Las preguntas que incomodaron a Melara en aquella entrevista de noviembre se las hizo el subjefe del grupo parlamentario del FMLN, Schafik Hándal. El objetivo de Hándal, sin embargo, no era cuestionar el vínculo de Melara con el partido Arena para desacreditarlo como candidato a fiscal general. De hecho, el diputado del FMLN quería desafiar el criterio que estableció la pasada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la independencia político-partidaria de los funcionarios que elige la Asamblea Legislativa.

El FMLN es el más fuerte crítico de que la vinculación partidaria sea un motivo para descalificar a un candidato a una magistratura, a una procuraduría o al mismo ministerio fiscal. En ese asunto, el FMLN fue el más afectado por las resoluciones de la pasada Sala de lo Constitucional en los últimos años: el nombramiento de Salomón Padilla como magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue declarado inconstitucional por la sala en 2013 debido a su afiliación al FMLN. Tito Edmundo Zelada fue destituido de la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura en 2015 por su vínculo con el FMLN. Ulises Rivas Sánchez fue apartado en 2017 de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral también por nexos con el FMLN.

Ni siquiera candidaturas afines al FMLN tuvieron espacios para competir: Zelada y Rivas fueron descalificados por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador y fueron removidos de las listas de precandidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia para la elección de 2018, al igual que el abogado Gilberto Canjura. La razón fue la misma: sus nexos con el FMLN. Y Jaime Martínez, quien buscaba una magistratura en la Corte Suprema en 2015, fue desacreditado sin necesidad de una resolución de la Sala de lo Constitucional: el partido Arena rechazó su candidatura en alusión al criterio de independencia partidaria que emanó de la sala. Para Arena, Martínez es un abogado que tiene afiliación orgánica con el FMLN.

A la sala le hacía eco un puñado de organizaciones sociales afines a la derecha política y que defendían a los exmagistrados cada vez que el FMLN criticaba sus resoluciones. Esas cajas de resonancia enmudecieron ahora que el fiscal general recién nombrado tiene vínculos con el partido Arena. Algunas se han limitado a criticar el proceso de elección que llevaron a cabo los diputados, pero no el nombramiento de Melara.

Hándal, en aquella entrevista, sin embargo, no quería venganza ni desacreditar a Melara.

—¿Considera usted que existe un impedimento para ejercer el cargo de fiscal general de la República? Si su respuesta es no, basado en sus criterios, ¿se cometió entonces un abuso contra el magistrado Ulises Rivas (del TSE) al separarlo del cargo por considerar que existe un vínculo con el FMLN? —le preguntó Hándal a Melara en la entrevista.

Melara, primero, trató de hacer parecer que el tema de las fotos con Carlos Calleja y su donación para el partido Arena no eran más que rumores.

—No hay que creer todo lo que aparece en las redes sociales —advirtió el abogado al empezar a responder. Pero el 22 de abril de 2018 por la noche, Raúl Melara estuvo aplaudiendo y cantando el himno de Arena, en la sede del partido en San Salvador, luego de que su asesorado Carlos Calleja ganó la elección primaria y se proclamó candidato presidencial. El nombre de Melara también está incluido en el listado de financistas de Arena de 2014. En esa ocasión, el nuevo fiscal general le donó al partido de derecha mil quinientos dólares.

Melara fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada entre 2004 y 2010, en el período presidencial del último presidente de Arena, Antonio Saca. Esta gremial y el partido Arena tienen una afinidad histórica desde el surgimiento del grupo político en los albores de la guerra salvadoreña de los años ochenta. Durante la presidencia de Saca, Melara fue miembro de varias comisiones gubernamentales como el Consejo Superior del Trabajo y fue uno de los directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Melara quiso ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 2015, pero no fue elegido por la Asamblea Legislativa. El FMLN lo rechazaba por su vínculo con la empresa privada y con Arena, un impedimento que en esta ocasión fue obviado por los diputados efemelenistas.

El nuevo fiscal general Raúl Melara, de traje negro (tercero de derecha a izquierda), junto con un grupo de areneros y el candidado presidencial de Arena, Carlos Calleja.

Hacia 2017, Melara fue asesor legal del precandidato Carlos Calleja y, según el nuevo fiscal, dejó de asesorar al candidato presidencial de Arena cuando ganó la primaria, esa misma noche en la que Melara, para celebrar, aplaudió y cantó: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.

El FMLN, pese a la relación arenera de Melara, votó por su nombramiento como fiscal general. Mucho menos inconvenientes tuvieron los otros partidos de derecha como PDC, PCN y GANA, este último más familiar para Melara por ser el partido creado por el expresidente Antonio Saca y conocerlo desde aquella última presidencia. Y para Arena, que, en esta ocasión, omitió el criterio de verificar la independencia partidaria.

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa y presidente de la comisión política, de donde surgió el dictamen para nombrar a Melara, admitió a Factum este domingo 23 de diciembre que en ningún momento en la comisión se abordó el tema de la independencia partidaria en el caso de Melara. Incluso, dijo que no estaba seguro de si Melara pertenece o no a su partido ni que tampoco sabía si era uno de sus financistas.

“Lo cierto es que en la comisión política en ningún momento se habló de eso. En las conversaciones, sí, en determinados momentos se habló. Pero en la comisión no se abordó ese tema”, dijo el diputado de Arena.

Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucionales los nombramientos de funcionarios tenían un punto en común: la Asamblea no verificaba la independencia partidaria de los elegidos, justo como ocurrió con Melara, según las palabras del diputado Quijano.

Las organizaciones Fusades, Funde, la Concertación Democrática Nacional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios Jurídicos, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio, que en 2013 denunciaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “decisiones claramente inconstitucionales” del Legislativo, entre ellas nombramientos de funcionarios vinculados al FMLN, no se han pronunciado. Las que lo han hecho se han limitado a saludar al nuevo fiscal vinculado a Arena y a decir que estarán “vigilantes” del desempeño de Melara.

En la entrevista que los diputados le hicieron a Melara, el diputado de GANA Mario Tenorio le preguntó qué pensaba de la derogatoria de la ley de amnistía que ordenó la anterior Sala de lo Constitucional. “No comparto totalmente los argumentos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Es una valoración personal. Pero las sentencias de la Sala deben cumplirse”, dijo entonces el abogado.

La desconfianza en la capacidad de Melara dentro de la Fiscalía despertó alertas un día antes de su elección. El 20 de diciembre, el fiscal general actual, Douglas Meléndez, hizo circular un memorándum al interior de la Fiscalía en el que daba instrucciones a todas las jefaturas fiscales que aceleraran los procesos investigativos en casos que están próximos a prescribir y, si era necesario, los exhortó a tramitar operativos y órdenes de captura a la brevedad. Dos fuentes de la Fiscalía que pidieron a Factum no revelar su identidad porque pueden poner en riesgo sus puestos de trabajo comentaron que existe temor de que Melara llegue a desbaratar el trabajo de Meléndez e incluso mine la labor de la comisión encargada de investigar crímenes de lesa humanidad durante la guerra, a propósito de la anulación de la ley de amnistía.

Carlos Calleja, al ser cuestionado por la prensa por la vinculación de Melara con él y su partido, dijo que su exasesor tiene las credenciales para el cargo. El candidato presidencial de Arena fue abordado en un evento proselitista en Apopa el sábado 22 de diciembre. Allí, incluso se atrevió a calificar como “falta de respeto” las críticas al nombramiento de Melara y lo que a consideración del diputado no partidario Leonardo Bonilla fue un combo legislativo, Calleja lo calificó como una prueba de la capacidad de los diputados de llegar a consensos.

Pero al igual que Leonardo Bonilla, otros actores sociales como la Iglesia católica no creen que lo ocurrió en la plenaria del 21 de diciembre fue producto del consenso con el objetivo de beneficiar el bien común de los salvadoreños. “Hemos visto una Asamblea muy interesada en elegir personas que les son muy convenientes a los diputados. Elegir un fiscal que les sea muy cercano a sus partidos”, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, el 23 de diciembre pasado.

Factum trató de contactar con Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario del FMLN, para saber por qué este partido dio sus votos a Melara y si se trató de un canje a cambio de votos para aprobar el presupuesto general de la nación del próximo año y una cuantiosa emisión de bonos por casi 1,300 millones de dólares para que el próximo gobierno no tenga problemas de caja. Díaz no respondió a su teléfono celular en varias ocasiones que esta revista la llamó.

Raúl Melara fue nombrado fiscal general con 83 votos de 84 diputados. El legislador no partidario Leonardo Bonilla se abstuvo de incluirse en el pacto.

Casi $1,300 millones para gastar

Horas antes del nombramiento de Melara, el FMLN consiguió para su gobierno los votos de Arena para dos asuntos de dinero: la aprobación del presupuesto general de la nación para 2019 y una suma millonaria para cubrir cualquier gasto extra que se presente en la ejecución presupuestaria del próximo año. Se trata de la emisión de deuda a través de bonos por 1,297 millones de dólares. El beneficio no solo será para que el actual presidente Salvador Sánchez Cerén termine su administración con solvencia financiera hasta mayo de 2019, también el presidente que resulte elegido el próximo 3 de febrero podrá contar con dinero para sus primeros seis meses en el Ejecutivo, de junio a diciembre de 2019.

El FMLN vendió la idea de que al menos 800 millones de dólares de esos bonos servirán para pagar deuda existente. Pero el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa da una mayor libertad al gobierno sobre el uso de ese dinero. “Cumplir con el financiamiento para el presupuesto general del Estado, presupuestos especiales y Ley de Salarios del ejercicio fiscal 2019”. El próximo presidente de El Salvador, sea de Arena, de GANA o del FMLN, ya tiene asegurado, gracias a sus partidos políticos en la Asamblea Legislativa, la estabilidad financiera para sus primeros seis meses.

El diputado Bonilla adversó a los diputados que hicieron el cambalache en el último día de la sesión plenaria, que había comenzado el jueves 20 de diciembre y se extendió hasta el viernes siguiente. “Nunca se deliberó, en el caso del fiscal, por qué unos perfiles eran mejores que otros. Los verdaderos acuerdos se tomaron en reuniones en privado. Yo cuestiono que la elección del fiscal y la aprobación del presupuesto se hayan hecho de forma paralela. Es evidente que hubo una negociación”, dijo Bonilla a Factum.

El diputado no partidario comentó que existe “una gran posibilidad” de que en los próximos días se presenten a la Sala de lo Constitucional recursos de inconstitucionalidad sobre el nombramiento de Raúl Melara como fiscal general. Para Bonilla, el caso de Melara padece los mismos vicios procesales que no se atendieron en nombramientos de otros funcionarios que terminaron siendo declarados inconstitucionales por la sala. Aunque el diputado recordó un detalle: “Creo que existen elementos que pueden considerarse para que alguien ponga un recurso contra la elección del ahora fiscal, pero no sé si pueda progresar porque va a ser interpuesto ante una sala que fue elegida de la misma manera”.

Los alcances del combo legislativo de la última plenaria de 2018 llegaron más allá de un nuevo fiscal y dinero para el actual y el próximo presidente. Arena, que había adversado el otorgamiento de un terreno estatal en Antiguo Cuscatlán para la comunidad El Espino el jueves 20 de diciembre con el argumento de que debía consultarlo con la alcaldesa de ese municipio, Milagro Navas, al día siguiente dio sus votos sin más explicaciones. El FMLN vendió como su logro otro producto del combo.

La diputada efemelenista Cristina Cornejo tomó la palabra y se escuchó que se le quebró la voz. “No tengo palabras para describir lo que ha pasado esta noche. Sé que había una presión fuerte por no votar. Yo ahora sí puedo decir ‘misión cumplida’ este día. Misión cumplida con presupuesto, con fiscal, pero sobre todo con viviendas para ustedes”, decía la diputada, mientras enumeraba los productos de la negociación y palmeaba con fuerza el escritorio de su curul.

También el Ministerio de la Defensa Nacional resultó beneficiado. Los diputados le permitieron al gobierno de Sánchez Cerén una transferencia presupuestaria de 4 millones 300 mil dólares que de Hacienda pasarán al ramo de Defensa. Y a los empresarios de buses y microbuses la Asamblea les regaló un año más de subsidio.

La plenaria llegó a su fin. El arenero Norman Quijano, presidente de la Asamblea, ya se había retirado. Lo sustituía la efemelenista Yanci Urbina. “Quería aprovechar para desear a todos nuestros colegas, diputados y diputadas, una muy feliz navidad, nos vemos en la primera semana de enero. Que disfruten”, finalizó la diputada, mientras saludaba con su mano a los otros legisladores en el pleno.

Apretones de mano y abrazos entre los pocos diputados que habían quedado en sus curules. La mayoría de los areneros, minutos atrás, ya habían abandonado el Salón Azul.

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