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“El matrimonio es un ejercicio de libertad”

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Entrevista con  la pareja que firma una de las demandas de inconstitucionalidad contra el proceso para reformar la Carta Magna para restringir el matrimonio.

Foto FACTUM/Élmer L. Menjívar

Roberto Burgos (45) y Carolina Quintanilla (43) son heterosexuales, son esposos, pero son un matrimonio con peculiaridades biográficas y legales que los ponen entre paréntesis en el conjunto de los matrimonios salvadoreños. Vivieron juntos cuatro años antes de contraer matrimonio legalmente en octubre de 2012, y luego se casaron también por la iglesia católica. Ella optó por no ponerse el “de Burgos”, ni siquiera el “Burgos”, y así conserva íntegro el apellido de su familia, y a él eso le parece normal. “Era su derecho decidir”, dice.

Ambos pasan de los 40 años y no han tenido hijos, “todavía”, dicen, y hablan de ampliar su familia cuando llegue el momento en que ambos lo deseen. Son profesionales con destacada trayectoria en sus ámbitos, ella en el área de mercadeo y recursos humanos, y él como abogado especialista en derechos humanos y transparencia. Toda su educación la recibieron en familias e instituciones católicas entre maristas, josefinos y jesuitas. Se conocieron en bachillerato en el Colegio Cristóbal Colón, pero se hicieron pareja muchos años después, durante una vigilia en la jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en noviembre de 2001. Se han mantenido ligados a la UCA por mucho tiempo, ahí se casaron en un oficio del sacerdote José María Tojeira, y Burgos fue abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA acompañando a víctimas en emblemáticos casos de la guerra civil. Otra particularidad de este matrimonio es que cree firmemente en que, así como ellos han podido ejercer su libertad para elegir cuándo, cómo y con quien casarse, a todos los salvadoreños y salvadoreñas se les tiene que reconocer el derecho de hacerlo, sin discriminación alguna.

Eligieron el pasado 14 de julio, fecha en que se conmemora la revolución francesa y los derechos humanos, para presentar una demanda ante la Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Demandan que se declare inconstitucional el proceso de reforma constitucional que inició la anterior Asamblea Legislativa, el 16 de abril de 2015, con el “Acuerdo de Reforma Constitucional Nº 2 referido a los Artículos 32, 33 y 34 de la Constitución de la República”. Ese acuerdo tiene el objetivo de modificar el texto constitucional para negar a parejas del mismo sexo el derecho a la conformación legal de una familia por la vía del matrimonio y la adopción. Para Burgos y Quintanilla este acto del primero órgano del Estado vulnera derechos fundamentales reconocidos en varios artículos de la Constitución, en tratados internacionales, jurisprudencia y doctrina especializada, y por eso quieren detenerlo y piden en su demanda, como medida cautelar, congelar el proceso de ratificación por la actual Asamblea actual hasta que se emita una resolución definitiva.

No es la única demanda contra esta reforma que recibe la Sala de lo Constitucional, ya el abogado Danilo Vega presentó una en agosto pasado pero que fue declarada improcedente por formalidades técnicas. También presentó la propia la exjueza Cristina Pérez, quien tampoco ha obtenido reacción de la Sala. Existen dos demandas más en materia de restricción de derechos a la población no heterosexual, pero enfocadas en el Código de Familia, como la que presentó el estudiante de derecho Gabriel Gasteazoro en agosto pasado, otra presentada por el abogado Rafael Rodríguez, y la más reciente presentada por el abogado Herman Duarte, esta última con adhesión posterior de varios activistas y asociaciones LGBTI.

Ante la noticia de estas demandas, un grupo de diputados de Arena, liderados por Mayteé Iraheta, pretende activar con urgencia el proceso de ratificación que necesita como mínimo 56 votos para concretarse, y de conseguirlo antes de que la Sala admita alguna de las demandas contra el proceso, según Burgos, “ya no va a haber discusión sobre tema, ni va a haber matrimonio para personas del mismo sexo”, y, según ellos, se institucionalizaría la violación de derechos fundamentales para una parte de la población salvadoreña. Por eso los demandantes piden a la Sala actuar con criterio de urgencia ante una inminente violación de derechos constitucionales.

El escenario es complejo e inédito, nunca antes este debate había tenido argumentación jurídica sofisticada, ni tampoco espacio para que las organizaciones, activistas y ciudadanos pudieran exponer sus argumentos en contra del proceder de los diputados. Hasta ahora, como consta en las transcripciones de las sesiones plenarias en que se ha abordado el tema, los diputados que votan a favor exponen sus argumentos basados en sus creencias y no en técnica jurídica ni derechos humanos. En ningún país en que se ha abierto este debate ha sido fácil el tránsito, y no siempre se llega a la misma conclusión.

“Nosotros no nos sentimos cómodos disfrutando de libertades que nuestros amigos y amigas no puedan ejercer”, dicen en esta entrevista Roberto Burgos y Carolina Quintanilla, y exponen sus motivaciones y argumentos desde su condición de ciudadanos, no como heterosexuales, y menos como hetero-aliados: “por favor no nos pongás así, que me parece un término bien feo, somos ciudadanos que creemos en la igualdad”.   

¿En qué consiste el proceso que ustedes han iniciado frente a la Sala?

Roberto Burgos (RB): Lo que con Carolina hemos presentado, el pasado 14 de julio, fue una demanda de inconstitucionalidad en nuestra calidad personal como ciudadanos, como pareja, en contra del actual proceso de reforma constitucional que se inició en 2015 para establecer, mediante una modificación al artículo 32 de la Constitución, entre otros, que el matrimonio se admite solo para las parejas entre hombre y mujer, así nacidos, y, además, restringiendo el derecho de aquellas parejas que no sean heterosexuales a adoptar niños y niñas. También pretende establecer que el Estado salvadoreño no reconozca uniones matrimoniales que se han formalizado en otros países que sí han reconocido esto, que para nosotros dos sí es un derecho fundamental que también debe reconocerse aquí.

¿Por qué usan la categoría de derecho fundamental?

RB: Porque como derecho fundamental, los derechos son universales, son progresivos y son complementarios a otros derechos. Consideramos que es cuestión de dignidad humana que se reconozca a todas las personas los derechos que Carolina y yo hemos podido ejercer libremente y en una situación de voluntad libre de cualquier intervención.  

¿En qué les afecta a ustedes en particular esta situación?

RB: Tenemos amigos y amigas que tienen parejas del mismo sexo y hemos vivido en carne propia como no hemos podido asistir a sus bodas porque se han casado fuera del país, o tiene que ocultar su vínculo, su convivencia, lo cual nosotros consideramos desde hace varios años una cuestión que va contra la dignidad y la libertad de todos. Nosotros no nos sentimos cómodos disfrutando de libertades que nuestros amigos y amigas, que también les consideramos nuestras hermanas y hermanos, no puedan hacer uso de ellas. Creemos que en una sociedad que se jacta de haber avanzado en un proceso de paz y de tener un estado constitucional de derecho, el reconocimiento de los derechos fundamentales para todos es el requisito mínimo para poder hablar de una democracia.

¿Por dónde empezaron a formular la demanda?

RB: Comencé yo a pedir acceso a información pública, en abril de 2015, al oficial de información de la Asamblea para que nos facilitara una transcripción de la sesión plenaria en la cual se aprobó este acuerdo de reforma constitucional. Se nos entregó la transcripción y también pudimos conocer el acuerdo de reforma. Con toda esa información que juntamos trabajamos durante bastantes meses, tuvimos muchas discusiones porque no todo lo veíamos los dos de la misma forma.

¿Trabajaron solo ustedes dos en esto?

RB: Fue muy importante que en mayo pasado conocimos amigos nuevos que están organizados en colectivos en varios espacios, como Gabriel Gasteazoro e Iván Ortíz, y junto a ellos y otros hemos podido tomar conciencia de la responsabilidad y la lucha que todos compartimos para garantizar que todos tengamos los mismos derechos, y que tenemos que involucrarnos.

Todo esto que me han dicho es como una declaración de principios, pero técnicamente lo que ustedes están haciendo es atacar un proceso legislativo porque lo consideran inconstitucional, ¿cierto?

RB: Exacto.

¿Cuáles son sus argumentos legales?

RB: Después de platicar de varias posibilidades, como por ejemplo cuestionar ante la Sala de Constitucional la regulación en materia de familia, o de seguridad social, o en otros ámbitos, decidimos optar por señalar este intento de reformar la Constitución a través del acuerdo de reforma que se dio en abril del 2015 porque fue lo más evidente y, además, fue un hecho público que pretende reformar la Constitución para hacer restrictivo el matrimonio, y ahí públicamente hablaron varios diputados y diputadas de que esa era la mejor forma de defender a la familia. Entonces, nosotros leíamos el artículo 32 y dice que la base de la familia es el matrimonio y que descansa en la igualdad y en la misma dignidad de los cónyuges. Al ver que tenemos varios amigos y amigas que quieren ser cónyuges, como lo somos nosotros desde hace más de cuatro años, pero para ser cónyuges tiene que haber antes el reconocimiento del derecho para poder constituir una familia, que descansa en el matrimonio. Además, revisamos las constituciones del país desde 1917, y nos dimos cuenta que tanto en la del 17, como en la del 39, la del 45, la del 50, la del 62, y en la del 83, que es la vigente, hay un reconocimiento a la institución del matrimonio y aceptación de la obligación del Estado a promoverlo, asegurarlo y defenderlo, sin tender a restringirlo. Entonces, esta reforma Constitucional vendría a ser una contradicción total de lo que ha sido el constitucionalismo salvadoreño, con todas las limitantes que este ha tenido en la vida real.

¿Cuáles son los artículos de la Constitución que violentan esta reforma?   

RB: Dicho acuerdo estaría afectando, ya entrando en materia bien específica, artículos como el Art. 1, que es la concepción personalista del Estado que manda que las instituciones estén a favor de la persona y no en contra, en este caso restringiéndole derechos. Afecta también al Art. 2 y el Art. 3 que tienen que ver con la libertad y la igualdad, y, además, señalamos que en consecuencia con todo esto encontramos lo que se conoce como una inconstitucionalidad por omisión, la cual consiste en que ya que el Art. 32 le ordena a la Asamblea Legislativa legislar a favor de la familia y del matrimonio, y las asambleas legislativas desde que está vigente la Constitución del 83 no sólo no han legislado por todas las familias de El Salvador, sino que ahora aparentemente se quieren dar a la tarea de actuar en contra de familias que ya sabemos que están constituidas.

¿Cómo han calibrado la pertinencia del momento político y cultural actual como para pedir regulación en este sentido? ¿No es prematuro en una sociedad tan machista como la salvadoreña? Consta que los diputados de cada época legislan según sus ideas y se impone siempre la aritmética por sobre el razonamiento especializado.

Carolina Quintanilla (CQ): Se supondría que es un cambio que se iba a ir dando como en otras democracias más maduras, probablemente; sin embargo, lo que vemos aquí es que hacen precisamente lo contrario, es decir, restringen varios derechos asociados a personas como nosotros, como todos, y en la medida que restrinjan los derechos de otras personas van a restringir tarde o temprano los nuestros. Entonces, ante un intento así de restricción nos surgió la pregunta ¿qué podemos hacer? Y empezamos a analizar la situación. Primero nos informamos qué explícitamente decía la reforma, y segundo, cómo la habían aprobado, y con base en eso ya nos planteamos esta forma proceder.  

¿Lo que ustedes están intentando hacer no representa un atentado a la moral y las buenas costumbres de las mayorías? Por usar categorías que usan los políticos, y asumiendo que la Asamblea Legislativa representa también en proporción numérica a la población salvadoreña.

RB: Los derechos humanos de las personas han pasado de ser meros ideales en las sociedades a ser un factor que le da legitimidad a los poderes constituidos. El poder constituyente, o de reformar las constituciones, no es absoluto. El paradigma que se reconoce en las sociedad modernas es que todo poder tiene que estar limitado por la Constitución, la cual existe para garantizar derechos y organizar los poderes. Entonces, los diputados, aunque alegan que representan una corriente de pensamiento que defiende a la familia, que actúan a favor de las buenas costumbres, de las tradiciones cristianas occidentales de este país, lo que están haciendo es imponer una lectura de la realidad que no pueden asegurar y que ni tienen forma de demostrar que corresponde a la totalidad de la colectividad. Por eso es que la Constitución ordena legislar a favor de la familia y no de una sola familia, aunque esa haya sido la costumbre en El Salvador. Además, no se justifica que en materia de derechos haya un trato desigual a personas que somos iguales, es decir, todas las personas nacen libres en igualdad y derechos, como dice la declaración universal de los Derechos Humanos. Entonces me parece que hay percepciones acostumbrada en El Salvador pero equivocadas y totalmente en contra de las corrientes de pensamiento que tanto interna y externamente prevalecen por razones de dignidad y derechos humanos.

CQ: Además, tendríamos que ver bien a qué llamamos buenas costumbres. Vivimos en un país donde la infidelidad es costumbre, por ejemplo, (o) tener hijos fuera de matrimonio sin procurarles manutención es una costumbre. En este país jugamos a una doble moral, a un discurso puritano mientras por otro lado va la realidad, y la realidad es evolutiva en tema de derechos. Antes no se reconocían derechos a los hijos fuera del matrimonio, y eso se cambió porque el derecho evoluciona junto con la realidad y tarde o temprano se entendió que un hijo es un hijo y tiene derechos independientemente del qué dirán y las costumbres. Y esto se cambió porque la realidad se impuso ¿cuántos hijos desprotegidos había? ¿Cuántos murieron de hambre porque no había derechos para ellos? Ante estas cosas nosotros creemos que no podemos cruzarnos de brazos y esperar solo viendo como se violan los derechos de tantas personas, los cambios los empiezan los ciudadanos, no los políticos.

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Ya que menciona las corrientes externas ¿qué influencia puede tener lo que pasa en otros países en esta materia?

RB: Bueno, a nosotros nos impactó que la Suprema Corte de los Estados Unidos reconoció el derecho de contraer matrimonio a todas las parejas, entonces estudiamos la sentencia y pensamos que teníamos que dar la lucha aquí también, porque allá fue una lucha ciudadana.

Llegar a eso necesita diversos procesos en que participen instituciones estatales que se conduzcan por criterios técnicos y éticos, y no en mandamiento morales de sus creencias religiosas. ¿Cómo perciben ustedes en ese sentido a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema, al Ejecutivo?

RB: El tema institucional siempre es un tema sensible acá porque en materia de derechos somos los ciudadanos y ciudadanas las que actualizamos el hacer de las instituciones. Irónicamente es así, y es por la lucha social, por la acción individual a veces, y colectiva otras veces, que se ha logrado hacer aquí cambios importantes. Veamos en la actualidad la lucha por la transparencia, por el acceso a la información, por la ética gubernamental, por el medio ambiente, la lucha contra la violencia de género, contra la impunidad histórica, son derechos que ahora se nos reconocen a los salvadoreños y no ha sido de manera gratuita, es decir, las instituciones no han evolucionado milagrosamente, acá los avances y evolución en materia de derechos se ha logrado gracias al involucramiento directo de los ciudadanos.  

¿Y en todo esto qué papel juega ese concepto democrático de “mayoría”? Que en el análisis más simple se dice fácil que “la mayoría gana”…

CQ: Tendría que primar el sentido común, la realidad. Son hechos los que se están dando. Otra cosa es que los grandes cambios en el mundo los inician siempre las minorías, aquellas que se sienten afectadas. Los funcionarios deberían de estar conscientes de que las mayorías se forman sumando los votos de las minorías. Además, si este país funcionara en beneficio de las mayorías ya no hubiera pobres.  

Hace un par de semanas, cuando en una entrevista en el Canal 21 le preguntaron a la nueva procuradora de derechos humanos sobre su postura ante el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ella respondió, casi en automático, alegando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dicho que el matrimonio no es un derecho humano, ¿es correcto esto?

CQ: El matrimonio es un derecho individual, un derecho que es parte del ejercicio de la libertad, y la libertad es un derecho humano. El matrimonio es una elección libre que tienen las personas. Y, a parte, el clic legal es cuando la Constitución te dice que la familia es la base de la sociedad salvadoreña, y la base legal para formar una familia es el matrimonio. Entonces tengo derecho a tener familia, por tanto a casarme. Y el Tribunal Europeo no dijo exactamente eso que dice la procuradora, a lo mejor es su opinión personal, pero es una interpretación condicionada, y como persona ella tiene derecho, igual que los diputados, pero los ciudadanos demandamos opiniones técnicas…  

RB: Creo que lo que dijo la procuradora es incorrecto, creo que ella no conoce a fondo la sentencia de lo que dijo el Tribunal Europeo. Lo que dijeron en Estrasburgo es que en algunos estados no estaba reconocido en su Constitución el matrimonio de personas del mismo sexo, como era el caso de los demandantes, y en ese caso en particular, esa era la razón por la cual no se le estaban violando sus derechos, que era la base para alegar violación de derechos humanos, pero Estrasburgo no restringía la libertad de elegir con quien casarse. Pero bueno, la verdad es que existe jurisprudencia interamericana, aplicable a las Américas, en la que sí se reconoce la igualdad y el derecho de todas las personas a todos los derechos civiles y políticos. No sé porque al procuradora no buscó jurisprudencia de la Corte Interamericana, o la buscó y no le gustó.

Pero los funcionarios y los diputados también tienen derecho a expresar sus creencias y ejercer sus religiones, y ellos en su voto podrían decir que están ejerciendo esos derechos…  

RB: Mirá, es cierto que la Constitución dice que los diputados son libres al ejercer el voto y que no tienen más ataduras que los derechos y obligaciones que establece la Constitución, pero la misma Constitución establece que debe prevalecer el bien común sobre los intereses individuales. En este sentido, yo insisto en lo anteriormente dicho: cada diputado podrá tener sus convicción religiosas y votará con base en su conciencia, y se supone que por el bien común, pero el poder constituyente o el poder de reforma a la Constitución ya no es absoluto, está vigilado, no sólo por los tratados internacionales, sino por su mismo juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. 

¿En este momento creen que su demanda es urgente habiendo tantos problemas que la Sala de lo Constitucional debería resolver?

RB: Yo creo que sí es urgente, porque estamos frente a la posible restricción de un derecho fundamental, y de varios derechos humanos, porque el matrimonio es un ejercicio de libertad, tanto de hacerlo como de no hacerlo. Por eso nosotros nos preocupamos de establecer en nuestra demanda que consideramos urgente que la Sala actúe pronto, empezando por admitir la demanda para congelar este proceso inconstitucional.  

¿Qué pasa si la Asamblea vota y ratifica la reforma antes de que la Sala admita la demanda?

RB: Ya no va a haber discusión sobre tema, ni va a haber matrimonio para personas del mismo sexo.

¿Tan así de definitivo?

CQ: Nosotros esperamos que no suceda así, y que el país pueda seguir debatiendo y evolucionando hacia el reconocimiento igualitario para todos y para todas.

RB: Si se da así, seguiremos buscando mecanismos que aún nos permite la ley y el derecho internacional.   

Hace unos meses, un novelista denunció amenazas de muerte por abordar un tema sumamente incómodo para conservadores muy radicalizados, ¿no han enfrentado ustedes amenazas o agresiones?

CQ: Hasta este momento y hasta esta hora no hemos conocido una reacción tan fuerte en contra, al contrario, hemos recibido mucho apoyo. Pero claro, lo hemos compartido en nuestro círculo cercano y nuestras familias, con quienes compartimos los mismos valores.   

RB: Esperamos que no haya reacciones violenta, pero, como decía Carolina, todos somos responsables en la lucha por las libertades, y ya no es momento de esperar pasivamente a que la historia haga su tarea, lo tenemos que hacer las personas, los ciudadanos, las parejas que gozamos de este derecho del matrimonio y que quieran que todos tengan ese mismo derecho, aquellos que lo deseen ejercer, pues. Carolina y yo pudimos tomar una libre decisión de contraer matrimonio después de años de tener una relación y años de vivir juntos, y así tenemos derecho a constituir una familia, y no vemos porque otros no pueden tener este mismo derecho si todos somos iguales.

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