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El martinato de los corruptos

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El nuevo caso que la Fiscalía General de la República ha presentado contra Luis Martínez, titular de esa institución entre 2012 y 2015, deja una cosa clara: grupos económicos poderosos en El Salvador, expresidentes y políticos de los tres partidos con más posibilidades de ganar la presidencia en 2019 pagaron sobornos o influyeron en el exfiscal general para garantizar que la oficina encargada de defender los intereses del Estado y perseguir a los criminales no lo hiciera. Todos corrompieron a Luis Martínez. Y él estuvo listo desde que llegó al despacho para corromperse.

Martínez es solo una de las dos caras de la moneda de la corrupción en El Salvador. Él solo es, dice en la acusación de 1397 páginas que ha presentado la FGR contra el exfiscal por peculado, negociaciones ilícitas y otros delitos, el funcionario que recibía sobornos, el que obtuvo a través de un intermediario 200,000 dólares de una gremial privada que le alcanzó a poco de llegar al despacho para pagar sus deudas; el que recibió sobresueldos de hasta 30,000 mensuales del expresidente Mauricio Funes a cambio de protegerlo de eventuales persecuciones penales.

Hay otra historia además de la del exfuncionario, más grave si cabe, la de los grupos de presión y los políticos en cuyas manos está la elección del fiscal general. Lo que este requerimiento fiscal cuenta es simple: que a esos grupos no les interesa una Fiscalía fuerte, capaz de enfrentar los inmensos retos que para El Salvador suponen la violencia, la acción del crimen organizado o la persistencia de la impunidad; que el interés supremo de esos grupos es manejar la Fiscalía General para actuar por encima de la ley si sus negocios o componendas políticas así lo requieren.

Aún hay una historia más en ese requerimiento, y esa es que todos han estado dispuestos a bañarse en la cloaca. No solo los acusados de narcotráfico, también los que pasan como ciudadanos respetables.

El corruptor nombrado por la FGR no es solo Enrique Rais, el empresario que de acuerdo con la acusación usó la Fiscalía de Martínez como un bufete privado a cambio de dádivas que fueron desde 48 vuelos valorados en 1.4 millones de dólares al regalo de dos vehículos de lujo. El corruptor no es solo Mauricio Funes, el expresidente que pagó unos 415,000 dólares en sobornos con fondos públicos para evitar investigaciones por el caso de la presa El Chaparral o el de la tregua pandillera. Los corruptores son también empresarios privados y miembros y exmiembros del partido Arena.

Luis Martínez, según la Fiscalía, aceptó todos los tratos que le ofrecieron empresarios, areneros, Funes o el entorno de Antonio Saca y terminó haciendo los propios al interior de la Fiscalía.

Ocupó el exfiscal su poder, ilimitado entendió al saberse en tratos con casi todos los poderes reales del país, para desviar fondos propios del Ministerio Público, para pagar sus tarjetas de crédito, embolsarse cantidades obscenas e ilegales en concepto de viáticos, arreglar sus casas, poner recursos institucionales al servicio de su familia. Y así.

Y los subalternos del fiscal, como Mauricio Yánez, el hombre de confianza al que Martínez puso a gerenciar la Fiscalía para asegurar la corrupción, o Julio Arriaza, uno de los fiscales de mayor perfil durante este particular martinato, entendieron que ellos también tenían carta abierta para hacer sus suciedades.

Lo de Yánez y Arriaza ilustra muy bien cómo esta corrupción inutilizó a la Fiscalía al convertirla en un ente incapaz de perseguir el crimen para, por el contrario, vender justicia desde ahí a quien pudiera pagarla.

Yánez era, se suponía, el guardián del buen funcionamiento administrativo y financiero de la FGR, pero de acuerdo con la acusación era, solo, un ladrón. Él y su jefe “de común acuerdo deciden crear un mecanismo que les facilitara la disponibilidad de los fondos del patrimonio especial, así como, para evitar los mecanismos de control, transparencia y competencia sobre los mismos”, según la acusación.

El “mecanismo” consistía en hacer lo mismo que los últimos cinco expresidentes y el mandatario actual han hecho con la llamada partida secreta: maniobrar con el Ministerio de Hacienda para desviar fondos del presupuesto general -de la institución en este caso- para uso discrecional del titular, el fiscal general. Si los expresidentes lo hacían, entre otras cosas, con los llamados ahorros de los presupuestos ministeriales, Mauricio Yánez y Luis Martínez lo hicieron con fondos provenientes de dinero y bienes decomisados al narcotráfico, entre otros. Con parte de esa plata, por ejemplo, Yánez abonó hasta 360 mil dólares a sus tarjetas de crédito.

Julio Arriaza estuvo a cargo de casos importantes, relacionados con impunidad de agentes estatales, que por supuesto nunca llegaron a lado alguno y terminaron engrosando el cargado archivo de investigaciones muertas en la Fiscalía General. Un ejemplo: el asesinato de Guillermo Rivas, hijo del coronel Carlos Rivas Najarro, quien ha acusado a miembros del alto mando del Ejército de estar tras el crimen. Este fiscal y otros del entorno de Luis Martínez nunca estuvieron preocupados por aclarar crímenes; su objetivo era, más bien, cometerlos.

Todas estas corrupciones tuvieron una consecuencia fatal para el país, sumido desde hace años en una espiral de corrupción que está a la base de sus principales problemas: la inutilización absoluta del único ente con capacidad legal y técnica para investigar el delito. Con Luis Martínez y debido en gran medida a todos lo que lo corrompieron, o lo intentaron, la Fiscalía -ya disfuncional y corrupta antes de él- simplemente dejó de cumplir sus atribuciones legales.

La Fiscalía cuenta, en su acusación, más historias, menos visibles pero rastreables al hacer algunas conexiones sencillas.

El requerimiento habla, por ejemplo, de la pasividad de Martínez para investigar un posible delito de lavado de dinero atribuido al expresidente Francisco Flores, de Arena, y miembros del empresariado como Mauricio Samayoa, ex presidente del Banco Cuscatlán, por el supuesto desvío a cuentas del partido de derecha de 10 millones de dólares donados por Taiwán. Dos de los subalternos de Martínez, que son testigos en el proceso penal, dicen que recibieron órdenes de no seguir con la investigación y uno de ellos atribuye ese mandato a la “relación profesional” que el exfiscal tuvo con el expresidente. Otro de los delitos por los que la Fiscalía actual investiga a Luis Martínez es omisión de investigación.

Al escarbar entre las decenas de testimonios incluidos en el requerimiento y en otros detalles de la investigación fiscal se confirma también la relación de Luis Martínez con Herbert Saca, el operador político que ha articulado, entre otras cosas, las corrupciones de las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes, y quien sigue siendo protagonista en GANA, el partido que postula a Nayib Bukele a la presidencia.

El expediente confirma, también, investigaciones periodísticas de Factum que revelaron la relación entre Martínez, Enrique Rais y José Luis Merino, hombre fuerte del FMLN y uno de los valedores de la candidatura de Hugo Martínez por el partido de izquierda. En este apartado es importante la empresa Hidroil, vinculada a Alba Petróleos -regentada durante mucho tiempo por Merino-, que proveía la gasolina con que volaban los aviones de Rais en los que viajaba el exfiscal. Esa compañía también es proveedora de la alcaldía de San Salvador.

Por Martínez y sus patrocinadores, la Fiscalía dejo de ser lo que manda la Constitución para convertirse en el lupanar en el que convivieron todos los corruptos.

La víctima más importante del desfalco es El Salvador, que lleva años postrado ante los criminales que toca a la Fiscalía investigar; ante los pandilleros –ironía: Luis Martínez, mientras prostituía a la FGR con tratos espurios decía que la tregua pandillera era un pacto hipócrita-; ante las élites mezquinas que financian partidos y candidatos para garantizar su impunidad; y ante los políticos que permitieron el saqueo en la Fiscalía General para proteger los saqueos propios. Todos corruptos.

Aún hoy, más allá de referencias vagas y contradictorias y guerras mediáticas en las que se acusan unos a otros de corrupción, los candidatos a la presidencia de 2019 siguen pasando de puntillas por el tema.

Nayib Bukele ha hablado de apoyar una comisión internacional similar a la Cicig de Guatemala, pero su candidato a la vicepresidencia, Félix Ulloa, ha aclarado que en principio el asunto pasa solo de gestionar asistencias técnicas para la Fiscalía. Carlos Calleja, de Arena, ha presentado un pliego con algunos puntos, vagos también, para combatir la corrupción. Y el FMLN hace malabares retóricos para desligarse de las corruptelas de Mauricio Funes y de los tratos de Merino. Es muy difícil creerle a alguno después de entender cómo sus entornos participaron del lupanar en que Luis Martínez convirtió a la Fiscalía General.

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