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El fiscal general y los aviones de Enrique Rais

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Esta historia es sobre un potencial conflicto de intereses. Dice así: la Fiscalía General de la Repúblia es, según la  Constitución, la encargada de defender los intereses del Estado y de perseguir delitos y a sospechosos de cometer delitos. El jefe de esa oficina es el fiscal general, Luis Antonio Martínez. En esa oficina hay, abierto, un expediente por un pleito entre un empresario salvadoreño, Enrique Rais, y un grupo de canadienses de las empresas Cintec Internacional Inc. y Cindesol Inc. Las partes se acusan mutuamente de administración fraudulenta y estafa relacionada al consorcio mixto Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES). En juego hay, centavos más centavos menos, 25 millones de dólares. El fiscal general Martínez, según documentos obtenidos por Factum, suele hacer viajes oficiales en aviones que pertenecen a una de las partes, al señor Enrique Rais. Hasta ahora, el discurso oficial de la Fiscalía es que la contraparte de Rais, los canadienses, no ha presentado pruebas suficientes en contra del empresario en cuyos aviones viaja el fiscal general. 

En el pleito se ha metido incluso el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien pidió públicamente a la Fiscalía en julio pasado que abordara el caso Rais-Cintec con “la celeridad y transparencia que le deben caracterizar, que haga el trabajo que tiene que hacer con la seriedad y con la prontitud que se requiere”. Un mes antes, Allan Hernández, jefe de la unidad antiextorsión de la Fiscalía, había dicho que Cintec, simplemente, “nunca aportó pruebas para legitimar la denuncia” contra Enrique Rais, a quien acusan de apropiarse indebidamente de acciones de MIDES, la empresa que maneja los desechos sólidos en San Salvador.

Las acusaciones de unos y otros son públicas. Los voceros de unos y otros las han ventilado en los medios de comunicación salvadoreños. Todo consta en el proceso judicial abierto en el Juzgado Tercero de Paz. Lo que no es público, hasta ahora, son los viajes del fiscal general Luis Martínez en aviones de Rais.

Desde febrero de 2013, pocos meses después de que tomó posesión como jefe máximo de la FGR (diciembre de 2012), hasta agosto pasado, Martínez había realizado 66 vuelos (33 viajes ida y vuelta). En 40 ocasiones viajó en aviones privados, según los registros migratorios del fiscal Martínez. 46 de esos vuelos (23 viajes redondos) constan en documentos internos de la Fiscalía que fueron revelados ante una petición del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE basada en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), hecha el pasado 8 de octubre.

En la respuesta a la solicitud, número 147-UAIP-FGR-2014, la oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina Posada, confirmó a ALAC 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014. En esa respuesta no constan matrícula ni propiedad de las aeronaves. Registros migratorios en poder de Factum, no obstante, confirman que algunos aviones usados por Martínez son propiedad de Rais.

El 6 de febrero de 2013, Martínez y otros siete miembros de su delegación viajaron a San José, Costa Rica, para “participar en un taller regional”, según el documento firmado por Posada. La comitiva voló, de acuerdo a los registros migratorios, en el avión matrícula N237WR, propiedad de Rais, según consta  en el registro de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.

El 24 de marzo de 2013, el fiscal viajó del aeropuerto de Ilopango a México en el avión matrícula N455FD, también propiedad de Rais. Ese viaje, sin embargo, no aparece como oficial, según la lista proporcionada por la FGR a ALAC.

El 4 de julio de este año, Martínez viajó hacia Panamá en el avión con matrícula N54HT, también de Enrique Rais. Ese vuelo tampoco fue oficial, según los registros.

Y el pasado 16 de julio, para regresar de Washington, tras reunirse con los abogados que representan a El Salvador en el litigio entre el Estado nacional y la italiana Enel, el fiscal general también usó una aeronave que le pertenece al empresario salvadoreño, la N237WR. En esa ocasión, un viaje oficial que duró tres días, el fiscal general fue acompañado por cuatro personas.

Antes de publicar esta nota, Factum contactó vía correo electrónico al oficial de comunicaciones de la Fiscalía y a uno de los asesores del despacho del fiscal general para pedir comentarios sobre los viajes del funcionario en aviones privados de un empresario involucrado en un caso del que la FGR es parte. Al cierre no había habido respuesta. A continuación reproducimos parte del cuestionario enviado:

— Registros migratorios indican que desde enero de 2013 usted (fiscal Martínez) ha viajado al menos 40 veces en aviones privados, ¿puede confirmar eso?

— ¿Por qué aviones privados y no vuelos comerciales? ¿Es más barato?

— ¿Quién paga por esos vuelos?

— Si se paga con fondos de la Fiscalía General de la República, ¿cómo decide la institución a qué compañía contrata para esos viajes? ¿Hay licitación previa?

— Otros registros indican que varios de esos vuelos han sido en aviones de los que es dueño el empresario Enrique Rais. ¿Paga el empresario por estos vuelos?

— ¿Considera que puede haber conflicto de interés para usted al viajar en aviones de este empresario? El señor Rais es parte en un caso abierto en la Fiscalía General.

— Tenemos entendido que la Fiscalía declaró en reserva información sobre sus viajes, ante peticiones realizadas por otros medios de comunicación e instituciones, con al argumento de que fue por razones de seguridad, ¿puede explicarse?

En su petición, ALAC hace ver a la Fiscalía que la información sobre los viajes oficiales del fiscal general, así como sus costos, no está detallada en el Portal de Transparencia de la Fiscalía, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) señala que esa información debe ser oficiosa, es decir, de obligatoria divulgación para las instituciones del Estado.

El artículo 10 de la LAIP establece qué información se considera como oficiosa. El punto 11 dice textualmente: “Los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto”.

Sin embargo, en su respuesta a ALAC, la oficial de Información de la Fiscalía sostiene que esa información es reservada. ALAC apeló la negativa de otorgar la información pública, y el pasado 19 de noviembre la Fiscalía respondió con una evasiva: le solicitaron a los demandantes que explicaran en detalle sus preguntas. ALAC ha pedido, por ejemplo, el proceso de licitación para los viajes, el listado de nombres de las delegaciones que han acompañado al fiscal Martínez en cada uno de sus viajes oficiales y el gasto total de los viajes. La Fiscalía aún no ha contestado.

Un hombre de polémica

El nombre de Enrique Rais aparece en atestados judiciales desde finales de la década de los 90, cuando al menos cuatro empresas de las que entonces era representante legal fueron señaladas por la Corte de Cuentas de la República como copartícipes en una defraudación pública que incluyó, además, al Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y al Ingenio El Carmen.

En 2002, la Fiscalía General, que entonces presidía Belisario Artiga, acusó al presidente del BFA, Raúl García Prieto, de aprobar sin los respaldos necesarios créditos por unos 3.7 millones de dólares  a empresas involucradas en la compraventa de El Carmen. Cuatro de esas empresas eran propiedad de Enrique Rais: PROCEMI, Piscis, Los Patos y Swiss Biomechanical.

En 1997, cuando esas empresas pujaban por comprar los activos de El Carmen, el BFA de García Prieto les adjudicó los créditos a pesar de que un informe de auditoría de la Contraloría advirtió sobre la incapacidad de las mismas para pagar. En diciembre de 1999, los consorcios de Rais ya tenían una deuda con el BFA que superaba los 600,000 dólares. Rais también fue acusado en este proceso.

En diciembre de 2002, un juez absolvió a Rais porque, según resolvió, la Fiscalía no fue capaz de presentar suficientes elementos de prueba. Un argumento similar al de la FGR que preside Martínez, pero al revés: en el caso contra Cintec, dicen los fiscales, es la contraparte de Rais quien no puede aportar pruebas.

Enrique Rais tampoco es un hombre ajeno a la política local e internacional. Entre aquellos a quienes apoyó públicamente están, por ejemplo, el expresidente Mauricio Funes, cuya campaña Rais apareció respaldando en público.

El empresario, que también tiene pasaporte suizo, acompañó en 2009 las gestiones de funcionarios albaneses ante el gobierno electo, presidido por Funes, para que El Salvador estudiara la posibilidad de reconocer oficialmente a Kosovo. El 16 de abril de 2009, en pleno periodo de transición entre las administraciones Saca y Funes, Rais; el ex embajador estadounidense en El Salvador, William Walker; y el empresario albanés Issa Pacolli se reunieron con el vicepresidente electo, Salvador Sánchez Cerén, y con José Luis Merino, alto dirigente del FMLN.

La relación de Rais con Walker y Merino no terminó en aquella reunión. Hace muy poco, el pasado 14 de noviembre, el exdiplomático estadounidense viajó desde Washington hasta El Salvador en un avión de Rais para asistir al XXV aniversario de la masacre de la UCA (Walker era embajador cuando ocurrió la masacre). En ese avión, según fuentes estadounidenses, también viajaba el fiscal Martínez. Con Merino, Rais ha mantenido también una estrecha relación, según confirman fuentes del FMLN.

La estela de este empresario es amplia y no parece conocer barreras ideológicas. Antes de ser amigo de Merino, Rais y el general Juan Orlando Zepeda, acusado en España como autor intelectual de la masacre de la UCA y en 2006 presidente de MIDES, la empresa por la que hoy Rais aún pelea con Cintec, se enfrascaban en escaramuzas verbales con los diputados efemelenistas. El 21 de septiembre de ese año, el entonces parlamentario del FMLN Humberto Centeno tildó a Rais y a Zepeda de “mafiosos”, después de que MIDES cerró la puerta de su relleno sanitario a alcaldes del Frente.

Militares. Políticos. Presidentes de bancos estatales. Exembajadores. Y el fiscal general de la República. Las relaciones de Enrique Rais con el poder no son malas. El fiscal general, incluso, viaja en sus aviones.

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