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El expresidente Saca y su reglamento para desviar fondos públicos

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La Fiscalía acusa al expresidente de la República y de ARENA de ser el principal instigador de una red que desvió más de $240 millones y lavó al menos $6 millones del erario público. Para tal fin, según el requerimiento fiscal, Saca aprobó un reglamento desde Casa Presidencial destinado a garantizar el flujo de efectivo a cuentas de sus empresas y de otros exfuncionarios. Movimientos que contaron, según la Fiscalía, con la anuencia de la Corte de Cuentas, que siguió al pie de la letra el reglamento; bancos privados, que obviaron los controles cuando se cobraban millonarios cheques;  y de la misma Casa Presidencial, que nunca alertó de las transacciones que hacían varios de sus empleados. La Fiscalía dice, además, que los movimientos de dinero continuaron incluso después de la salida de Saca, cuando Mauricio Funes era ya presidente: casi un millón de dólares pasó de la cuenta subsidaria de la presidencia a una empresa del expresidente Antonio Saca. 

Foto principal FACTUM/Salvador Meléndez

Pocas horas después de haber asumido la presidencia de la República de El Salvador, Elías Antonio Saca González aprobó un reglamento interno para el uso de fondos públicos que le permitiría a él -y a un círculo cerrado de sus funcionarios- dibujar la ruta para desviar más de $240 millones provenientes del erario público. El dinero, según la acusación formal de la Fiscalía General de la República, llegó a cuentas personales de los exfuncionarios o de las empresas del expresidente Saca, un movimiento diseñado, a decir de la representación fiscal, para esquivar cualquier explicación.

Saca, quien gobernó el país durante el periodo 2004-2009 bajo la bandera del partido ARENA, es ahora el centro de una investigación por corrupción y lavado de dinero ocurrida al interior de Casa Presidencial y que implica al menos a tres exfuncionarios más. De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente, junto a Élmer Roberto Charlaix, Julio Humberto Rank y César Daniel Funes —es decir: su secretario privado, su secretario de comunicaciones y el presidente de ANDA, respectivamente— cometieron el desfalco más grande de la historia reciente del país, ayudados por al menos tres empleados más de la Presidencia.

La trama del millonario desfalco, según la Fiscalía, comenzó desde el primer momento en que Saca puso un pie en Casa Presidencial. Tanto así que una de las primeras cosas que el entonces presidente hizo al tomar posesión fue crear un “reglamento especial” que le quitaría cualquier atadura para gastar y transferir fondos de la presidencia a cuentas particulares. El reglamento, según la Fiscalía, fue decretado por Saca el 1 de junio de 2004.

El manual tenía un nombre minucioso: “Reglamento Interno de Funcionamiento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República Destinados a las Actividades de Inteligencia, Clasificación, Manejo y Protección de la Información y Deber de Guardar Secreto de los Colaboradores Designado Para el Manejo de los Gastos Reservados y Secretos”.

La creación de este reglamento, según la Fiscalía, “revela que desde que inició en el cargo planificaron la forma en que iban a conseguir la apropiación de bienes del Estado y lo que iban a hacer para lograr la impunidad”. Dicho reglamento, en su artículo 11, establece que “los documentos de soporte que se generasen por la utilización de dichos fondos, serían sustituidos (entiéndase destruidos) por un certificado de cumplimiento”, según el requerimiento fiscal.

“Hasta donde yo sé, (la) Corte de Cuentas nunca informó nada. Lo que pareciera, según la información que tenemos, es que había una operación que a lo mejor es irregular entre la Corte y el Ejecutivo, donde le daban como un aval que no había ningún problema, un documento que no recuerdo el nombre, y con ese aval lo que el Ejecutivo hacía era destruir todas las pruebas de transferencias de fondos”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez durante una conferencia de prensa brindad dos días después de la captura de Saca y el resto de exfuncionarios.

El nombre del documento que olvidó Meléndez es el “Certificado de Cumplimiento”, inventado por el reglamento Saca, que sustituía cualquier comprobante de gastos y que era entregado por la misma Corte de Cuentas de la República, el ente contralor de los gastos de todas las instituciones del Estado. Hernán Contreras, de PCN, era el presidente de la Contraloría en ese momento. Este comprobante, según la Fiscalía, dio pie a que los fondos del Estado fueran derrochados por Saca y su círculo.

Un ejemplo. A lo largo de los informes financieros obtenidos por la Fiscalía, hay varios depósitos a nombre de diferentes bancos, provenientes de cuentas de Élmer Charlaix, cuentas que a su vez eran abonadas por fondos de Casa Presidencial.

Uno de esos depósitos se realizó el 13 de septiembre de 2004 a favor del banco Credomatic. Este depósito por un monto de $13,366 corresponde al pago de la tarjeta de crédito número 3777316932031276 a nombre de Ana Ligia Sol de Saca, esposa del expresidente. “(Esto) evidencia un pago personal que en nada se relaciona con gastos de la Presidencia o de Inteligencia del Estado”, señala el informe fiscal.

De acuerdo con la investigación fiscal, Saca era el líder y principal “instigador” de la red de corrupción en Casa Presidencial, mientras que sus principales aliados eran tres de sus funcionarios más cercanos y tres empleados del área administrativa.

Para comprender cómo funcionaba la red de Saca, bautizada por la Fiscalía como “Destape a la Corrupción”, primero es necesario entender el proceso de manejo de fondos del Estado. La ley dice lo siguiente:

“Toda entidad o institución del sector público que se financie con recursos del Tesoro Público deberá abrir y mantener una cuenta subsidiaria institucional a nombre de la institución, la cual será alimentada con recursos provenientes del Banco Central de Reserva”

– Artículo 116 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

Para abrir las cuentas subsidarias, cada institución debe establecer un contrato con el banco que mejores prestaciones ofrezca, previa autorización de la Dirección General de Tesorería del Estado. Una vez aprobada, esta cuenta será alimentada de acuerdo al presupuesto y necesidades planteadas por cada institución.

El 3 de junio de 2004, dos días después de que Saca llegó a la presidencia, Charlaix, entonces secretario privado, se presentó al banco Citibank —ahora Banco Cuscatlán— y abrió dos cuentas a su nombre. La primera, una cuenta corriente con un depósito inicial de mil dólares; y la segunda, una cuenta de ahorro sin depósito alguno. Al día siguiente, la primera cuenta recibió un primer abono por $95,238.00 en un cheque endosado a nombre de Elías Antonio Saca, emitido por la cuenta subsidiaria de la Presidencia.

La segunda cuenta abierta el 3 de junio solo registró dos movimientos: un depósito por $1,000.28, realizado el 1 de julio de 2004, y un retiro el 11 de octubre de 2005 por $998.69. Ese mismo día la cuenta fue cerrada.

Aunque ya existía una cuenta subsidiaria de la Presidencia desde la administración anterior, el 7 de julio de 2004, Jorge Alberto Herrera Castellón —en su calidad de Pagador Auxiliar de la Presidencia— abrió una nueva cuenta en el Citibank con el nombre de Cuenta Corriente Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia. Esta cuenta funcionó paralela a la primera hasta diciembre del 2004 y en adelante se convirtió en cuenta única.

Posteriormente, en el mismo año, Charlaix abrió dos cuentas más. Una el 27 de septiembre del 2004, con un depósito inicial de $125,000, dinero del cual, según las investigaciones “no hay justificación de su procedencia”. Ese depósito, empero, viene del cheque #0000098 emitido a favor de Elías Antonio Saca González desde la cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público Presidencia de la República #018-301-000023877 del Banco Cuscatlán. En los siguientes tres meses, esta cuenta recibió tres depósitos más por el mismo monto en cheques a favor del expresidente Saca, provenientes de la cuenta subsidaria.

 La última cuenta abierta por Charlaix en el 2004 se registró el 17 de junio. El depósito inicial en la cuenta fue de $2,259.07, que según el reporte bancario de la cuenta, se realizó a través de internet. Durante todo su periodo como funcionario no hubo ningún otro movimiento en la cuenta, según lo reportado por el banco. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2009 se realizó un depósito por $50,000.00 y el 15 de febrero de 2010 fue retirada la misma cantidad.

De todas estas cuentas abiertas por Charlaix, la que más actividad tuvo fue la primera. En esta cuenta, el exsecretario de Saca llegó a recibir depósitos en un mismo día por hasta $1,040,000.00 y en un mismo mes, como octubre de 2004, hasta $4,087,011.00. Todos provenientes de la Cuenta Subsidiaria de la Presidencia de la República.

En el periodo comprendido entre el 3 de junio del 2004 hasta el 5 de abril de 2005, la cuenta de Charlaix registró decenas de retiros emitidos a nombre de personas naturales como Pablo Gómez, Julio Rank, el mismo Charlaix, entre otros. Varios retiros más fueron emitidos a favor de empresas de publicidad como Funes y Asociados Publicidad S.A. de CV. y América Publicidad S.A. de C.V.

Las investigaciones a Charlaix determinaron que los $16,715,290 depositados en esta cuenta fueron trasladados en grandes montos al mismo Charlaix ($5,878,686.23); a los empleados de Casa Presidencial Pablo Gómez ($1,983,421) y Julio Roberto Zamora ($1,166,665); a la ya citada América Publicidad ($515,000); al exsecretario de Comunicaciones Julio Rank ($497,406.36); y la empresa Campaña S.A. de C.V. ($73,286.05), entre otros. Incluso, en los registros bancarios hay evidencia de ocho cheques emitidos el 4 de noviembre de 2004 a favor del partido ARENA, con un monto de $50 mil cada uno, lo que suma un total de $400 mil.

Esta no es la primera vez que el nombre de Elías Antonio Saca y las palabras corrupción y desfalco se leen en una misma oración. Ya en 2009, Alfredo Cristiani, entonces presidente del partido ARENA, acusó a Saca de haber desviado millonarias cantidades durante su mandato presidencial, y además dijo tener pruebas “en una caja fuerte”. Estas pruebas, sin embargo, nunca fueron presentadas.

El esquema del lavado

El ex presidente de El Salvador, Antonio Saca junto a César Funes, ex Presidente de ANDA durante su gestión (2004-2009), permanecen en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 1 de Noviembre de 2016, donde están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

El ex presidente de El Salvador, Antonio Saca junto a César Funes, ex Presidente de ANDA durante su gestión (2004-2009), permanecen en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 1 de Noviembre de 2016, donde están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

Según la Fiscalía, la estrategia de sacar millones de dólares del Tesoro Público, y trasladarlas a varias cuentas de particulares, fue utilizada con la idea de lavarlos.  Así, según la acusación fiscal, la estrategia del expresidente y su círculo fue transferir los fondos a empresas, simulando licitaciones públicas, para que estas transfirieran posteriormente el dinero a empresas del expresidente; además de entregar pequeñas cantidades de dinero a decenas de particulares para retornarlo en depósitos menores.

Durante los primeros meses de la administración Saca, los fondos de la cuenta subsidiaria de la Presidencia fueron transferidos directamente a sus destinatarios, es decir, Saca y su círculo cercano. Sin embargo, a partir de diciembre de 2004, el sistema se refinó: los cheques fueron emitidos a nombre de “Gastos Operativos de la Presidencia”, y posteriormente depositados en diez cuentas que se abrieron a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y dos a nombre de Pablo Gómez, Jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia y Asistente Técnico Financiero de la Presidencia, respectivamente.

Rodríguez y Gómez son dos empleados administrativos que fueron contratados en Casa Presidencial por el entonces presidente Armando Calderón Sol y ambos se mantuvieron en sus cargos durante años, incluso hasta la fecha, cuando el partido ARENA ya lleva seis años fuera del poder.

Aunque por las cuentas bancarias particulares de estos dos hombres pasó la mayor parte del millonario desfalco que atribuye la Fiscalía, ninguno de ellos parece haberse enriquecido tanto como los funcionarios que se encontraban en cargos superiores entre 2004 y 2009. Así lo refiere la Fiscalía en el requerimiento fiscal; no obstante, ha solicitado que a ambos les sean congelados todos los bienes.

El tercer empleado de Casa Presidencial es Jorge Herrera Castellanos. A él, la Fiscalía lo acusa de los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Su papel, según la acusación fiscal, fue el de firmar todos los cheques que fueron desviados a cuentas de particulares durante la administración Saca.

A diferencia de Saca, Funes y Rank, los tres empleados de Casa Presidencial, que superan los sesenta años, no fueron detenidos en la boda del hijo del expresidente. Rodríguez, Gómez y Herrera fueron detenidos la misma madrugada del 30 de octubre en sus residencias ubicadas en Santo Tomás, Santa Tecla y la colonia Layco de San Salvador.

Según los estados financieros a los que se remite la investigación que ha realizado la Fiscalía, a las diez cuentas de Rodríguez y a las dos de Gómez fueron depositados $251,257,412.95 que salieron directamente de la Cuenta Subsidiaria de la Presidencia. Algunos de estos fondos fueron “triangulados” para que regresaran al expresidente Saca, a quien la Fiscalía acusa de ser “instigador” de la red que facilitó el lavado de al menos $6 millones.

Uno de los casos que ejemplifica mejor esta “triangulación” es el siguiente: las cuentas bancarias de las empresas América Publicidad S.A. de C.V. y ANLE S.A. de C.V. recibieron —durante el mandato de Saca— un total de $1,250,000 y $1,900,000 respectivamente. Este dinero provenía de las cuentas de Élmer Charlaix, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, que a su vez eran alimentadas por la Cuenta Subsidiaria de la Presidencia. Posteriormente, estas empresas hicieron depósitos a cuentas bancarias de diferentes empresas como Grupo Samix S.A. de C.V., Stéreo Noventa y Cuatro Punto Uno FM S.A. de C.V., entre otras, por un monto total de $5,313,270.60 con lo que la Fiscalía señala que regresaron el dinero a un destino particular: el de las empresas del expresidente Saca.

Según la fiscalía, buena parte de los cerca de $250 millones que habrían sido desfalcados fueron lavados a través de terceros para favorecer a Saca, Charlaix, César Funes y Julio Rank.

Los fondos emitidos a ambas empresas podrían ser justificados si Casa Presidencial hubiera recibido algún producto o servicio de estas; sin embargo, la Fiscalía sostiene en su requerimiento que la actual Presidencia informó que entre los años 2004 a 2009, es decir durante la gestión Saca, no hubo contratos con América Publicidad S.A. de C.V. y ANLE S.A. de C.V.

El fiscal general explicó que, además de entregar grandes cantidades de dinero a sociedades sin ningún contrato, la presidencia de Saca también estableció “contratos criminales” con empresas vinculadas al expresidente. Estos contratos, según explicó Meléndez, eran firmados legalmente con la intención de lavar dinero del erario público que posteriormente llegaría a las empresas de Saca.

La Fiscalía sostiene que otra de las maneras que Saca y su círculo utilizó para borrar la pista del dinero desviado de fondos públicos fue convertirlo en efectivo para posteriormente lavarlo.

De los $246 millones que la Fiscalía sostiene que salieron de la Cuenta Subsidiaria de la Presidencia hacia cuentas de los funcionarios de Saca, $116 millones fueron cobrados en efectivo por el expresidente, Élmer Charlaix, Francisco Arteaga y Pablo Gómez, y para lograrlo contaron con la colaboración de Jorge Herrera, quien firmaba los cheques.

De estos $116 millones cobrados en efectivo, la Fiscalía asegura que ha logrado establecer el destino de al menos $6 millones: las empresas del expresidente Saca. Otros $76,860,532 fueron cambiados en efectivo por Pablo Gómez y de estos no hay rastro, según la Fiscalía. El resto se distribuyó en depósitos pequeños a particulares. De muchos cheques aún se desconoce el destino del dinero puesto que no tienen nombre de quién lo cobró.

El portero que se durmió

Lisandro Quintanilla, uno de los abogados defensores del grupo de capturados junto al ex presidente de El Salvador, Antonio Saca permanece en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 3 de Noviembre de 2016, donde los ex funcionarios están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Lisandro Quintanilla, uno de los abogados defensores del grupo de capturados junto al ex presidente de El Salvador, Antonio Saca permanece en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 3 de Noviembre de 2016, donde los ex funcionarios están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

A pesar de lo evidente que pudiera parecer el desvío de fondos de una cuenta presidencial a cuentas a nombre de particulares, ninguno de los entes contralores por los que debió quedar huella del proceso alertó a las autoridades.

Ni la Corte de Cuentas de la República, ni las auditorías internas de Casa Presidencial, ni los bancos privados (como el Banco Hipotecario, el Banco Citibank, entre otros) informaron nunca de los movimientos al menos inusuales —como el cobro o depósitos de hasta $200 mil en efectivo— que durante cinco años realizó el círculo del expresidente Saca.

La Corte de Cuentas, según la Fiscalía, incluso tenía un “acuerdo” con Casa Presidencial para extender el llamado “Certificado de Cumplimiento” con el que Saca y su círculo quedaban autorizados para “sustituir” los comprobantes de los millonarios gastos con un solo documento.

Las auditorías internas de Casa Presidencial, por su parte, tampoco alertaron nunca del gasto injustificado abonado a la cuenta subsidiaria. Esto, probablemente agrega la Fiscalía, amparándose en el reglamento interno de manejo de fondos que permitía la existencia del “certificado de cumplimiento”.

La banca privada también mostró poca voluntad para denunciar los movimientos sospechosos realizados durante años por los involucrados. Así lo dice la Fiscalía en el requerimiento fiscal del caso. “Se identificaron a las personas que cambiaron cheques a favor de ellos mismos o de un tercero, aunque la mayoría de cheques no presentan estos datos (identificación), lo que evidencia la falta de la debida diligencia del banco donde se procesaron estas transacciones”, dice el documento.

El artículo nueve de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos establece claramente que los bancos deberán informar en un máximo de cinco días hábiles a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República cuando cualquiera de sus clientes realice transacciones superiores a los $10 mil en un mismo día o en el plazo de un mes. Según los reportes financieros presentados por la Fiscalía, todos los involucrados realizaron cambios de cheques en efectivo por valores superiores a los $10 mil.

Varias de las cuentas de Elmer Charlaix ejemplifican bien este caso. El primer depósito a su cuenta abierta el 3 de junio del 2004, por ejemplo, fue de $95,238.00. Pero estos no fueron los depósitos más voluminosos. Durante los once meses que permaneció activa, esta recibió varios cheques endosados con montos de $400 mil, $700 mil y hasta de más de $1 millón. Sin embargo, nunca se emitió ninguna alerta.

De igual forma, añade la Fiscalía, el Banco Hipotecario ocultó la información solicitada sobre una de las cuentas relacionadas a Francisco Rodríguez, el empleado de Casa Presidencial. En el reporte entregado a la Fiscalía, el banco aseguró que la cuenta no había realizado ningún movimiento desde su apertura; sin embargo, tras revisar todos los cheques emitidos por la cuenta subsidiaria de la Presidencia, se evidenció que a la cuenta fueron depositados más de $52 millones durante el periodo investigado.

Dinero siguió fluyendo durante gestión Funes

Tanta es la permeabilidad del sistema para este tipo de práctica que, según lo ha revelado la investigación fiscal, la fuga de dinero hacia el círculo de Saca continuó casi por un año, incluso cuando él ya había salido de la presidencia.

El 18 de mayo de 2009 —es decir, 13 días antes de que Saca dejara la Presidencia— Francisco Rodríguez abrió la cuenta N° 210239860 a su nombre en el Banco Hipotecario, con un depósito inicial de $200 provenientes de “Gastos Operativos Presidencia de la República”. Siete días después, es decir, el 25 de mayo, cuando faltaban apenas cinco días para que Saca dejara la presidencia, Rodríguez recibió un depósito de $1,000,000 a su nueva cuenta, fondos que según el reporte bancario salieron de la Cuenta Subsidiaria Institucional de la Presidencia.

Posteriormente, entre el 9 de septiembre del 2009 y el 15 de enero de 2010, es decir ya durante la presidencia Funes, la cuenta Subsidiaria Institucional de la Presidencia realizó siete transferencias a favor de la cuenta N° 210240833 a nombre de Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V, una de las empresas del expresidente Saca. El monto total de las transferencias fue de $983,100. Para este traslado de dinero, de casi un millón de dólares, no existe explicación, pues, según la Fiscalía, la Presidencia envió un informe en el que aseguraba que en ese periodo la empresa de Saca no tenía ningún contrato con el gobierno.

El origen del “destape”

Uno de los abogados defensores observa un cronograma de trabajo para la defensa de los ex funcionarios detenidos junto al ex presidente, Antonio Saca, durante su gestión (2004-2009), en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 3 de Noviembre de 2016, donde están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Uno de los abogados defensores observa un cronograma de trabajo para la defensa de los ex funcionarios detenidos junto al ex presidente, Antonio Saca, durante su gestión (2004-2009), en la Sala de Audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, El Salvador el 3 de Noviembre de 2016, donde están siendo procesados por Peculado, Asociaciones Ilicitas y Lavado de Dinero, por malversar $ 246 millones de dólares según investigaciones de la Fiscalía General de la República. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

La investigación contra la estructura de corrupción que involucra al expresidente Saca, sus tres funcionarios y tres empleados administrativos inició el 8 de marzo de 2016 después de que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia enviara un informe al fiscal general Douglas Meléndez. Dicho informe advertía al ente fiscal que, luego de haber sido auditadas las declaraciones juradas del patrimonio de Saca, se encontraron elementos suficientes para realizarle un juicio por enriquecimiento ilícito.

El informe de Probidad, hecho público el 23 de febrero, reveló que el expresidente Saca no había podido justificar un total de $5 millones en su patrimonio familiar. De acuerdo con la información, tras salir de la Presidencia, los ingresos de Saca incrementaron en un 566% en comparación al periodo 2002-2003, cuando aún no era presidente. Además, las empresas del expresidente registraron un incremento del 172% en sus ingresos anuales respecto al mismo periodo, y un incremento en las utilidades del 2 al 28%.

Este crecimiento desproporcional contrastaba además con lo declarado por Saca ante el Ministerio de Hacienda y ante Probidad. Fue por estas razones que la Corte pidió a la Fiscalía iniciar un juicio penal en contra del exmandatario. Ante esta alerta, la Unidad de Investigación Financiera tomó el caso y amplió el periodo de análisis de las cuentas de Saca desde el 2002 al 2015, y lo dividió en tres periodos: antes, durante y después de la presidencia.

Saca se convirtió así en el tercer presidente salvadoreño procesado por enriquecimiento ilícito. El primero fue Francisco Flores, a quien se le acusó de desviar $15 millones provenientes de donación de Taiwán, de los cuales una parte fue enviada al partido ARENA y fue utilizada para financiar la campaña presidencial de Saca. Flores murió antes de poder ser juzgado.

El segundo presidente al que Probidad le encontró suficientes inconsistencias como para procesarlo fue a Mauricio Funes, el primer presidente del FMLN. Aunque contra Funes la Fiscalía no ha procedido penalmente, sí se ha abierto una investigación en su contra, tal como lo demostraron los allanamientos a su residencia y a las empresas de Miguel Menéndez, uno de los empresarios que financió su campaña y que luego ganó millonarios contratos en seguridad durante el gobierno Funes. En el marco de los allanamientos a sus propiedades, el expresidente huyó a Nicaragua y pidió asilo político al gobierno de Daniel Ortega.

Durante el desarrollo de las investigaciones contra Saca, la Fiscalía vio que nombres de personas cercanas al expresidente saltaban con grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, por lo que amplió la investigación y las abarcó.

Élmer Charlaix era uno de los ya enlistados en la investigación de Saca, pero dos semanas antes de que la Fiscalía culminara la primera etapa del caso, la sección de Probidad decidió enviar a juicio también al exsecretario privado de la Presidencia por encontrar un crecimiento desproporcional en su patrimonio.

Contrario a lo que podría esperarse, el incremento en las cuentas de Charlaix fue por mucho superior al del expresidente Saca, ya que a este Probidad le detectó irregularidades por aproximadamente $18 millones.

Por su parte, Rank, en su oportunidad de explicar ante Probidad los abruptos en sus cuentas bancarias, dijo que los fondos que habían pasado por ellas eran parte de la partida de “Gastos Reservados” de la Presidencia, de los cuales no se supone deba haber constancia, puesto que son utilizados para servicio de Inteligencia y otros. A esta cuenta también se le conoce como “Partida Secreta”, ya declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Probidad, sin embargo, argumenta que las transferencias de montos a personas, empresas de publicidad e incluso al partido ARENA contradicen las afirmaciones de Rank.

La partida número 543-15 de la presidencia de la República es la denominada Gastos Reservados o “Partida Secreta”; sin embargo, este monto desde que se supo, en 2013 que de ahí eran sacados sobresueldos para funcionarios públicos.

El domingo 30 de octubre, a las 2:15 de la madrugada, el expresidente Saca fue capturado por un grupo de policías miembros de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) mientras se encontraba celebrando en la fiesta de bodas de su hijo. Al mismo tiempo, y en el mismo lugar, Julio Rank y César Funes fueron capturados y trasladados a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.

Los tres empleados de Casa Presidencial fueron capturados en sus casas, mientras que Elmer Charlaix caminó hasta las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía, donde estaban todos los detenidos, para entregarse a la justicia.

El martes 1 de noviembre, Saca, junto a las otras seis personas acusadas de formar parte de la red de corrupción, fue llevado al juzgado cuarto de Paz para ser intimados. Ninguno de ellos estaba esposado y a todos se les veía tranquilos.

El único que accedió a hablar e incluso se mostró sonriente a las cámaras fue Julio Rank, quien otrora fuera el presentador de la entrevista matutina transmitida por Telecorporación Salvadoreña. “Solo puedo decir que soy inocente. Lo demás lo dirá mi abogado”, esbozó Rank.

Dos días después, este jueves 3 de noviembre, el expresidente y su círculo fue llevado ante la jueza Nelly Pozas, recién trasladada al juzgado cuarto de Paz. Ahí fue la primera vez que habló desde su arresto, y se declaró inocente.

Que el caso “Destape a la Corrupción” haya caído en manos de Pozas no es una casualidad. El fiscal general Douglas Meléndez ha repetido, desde su llegada al Ministerio Público, que parte del trabajo de los fiscales es analizar bien a qué juez entregarán sus casos, ya que el sistema judicial, según él, está inundado de corrupción.

Durante la audiencia, donde se decidirá si el expresidente y el resto de los acusados continúan procesados -y si presos o en libertad-, la defensa de Saca aseguró que los fondos cuestionados fueron utilizados para pagar salarios de empleados del Organismo de Inteligencia del Estado, el OIE.

La resolución de la jueza Pozas está prevista, en principio, para este viernes 4 de noviembre.

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