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El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla

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El exministro de Gobierno de Guatemala, Mauricio López Bonilla —un laureado héroe de guerra y viejo aliado de Estados Unidos—, se encuentra navegando en aguas turbulentas tras una ráfaga de acusaciones sobre corrupción y conexiones con narcotraficantes. López Bonilla no es el sospechoso más conocido en las causas contra exfuncionarios guatemaltecos, pero los múltiples casos a los que está vinculado representan la cima de la espiral que conduciría a Guatemala a ser un Estado mafioso, y de la relación complicada y quizás permanente entre él y la comunidad internacional.

Foto FACTUM/Tomada de Insight Crime

*Este reportaje fue publicado originalmente por Insight Crime y se reproduce con autorización.


A finales de 2012, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobierno de Guatemala, recibió un mensaje de Marllory Chacón Rossell. En ese momento, López Bonilla era el socio más importante del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad en Guatemala. Dicho ministerio controla la policía y el sistema penitenciario y maneja un presupuesto más grande incluso que el del ejército guatemalteco.

Pero el ministerio también estaba vinculado con algunos negocios dudosos, como el que López Bonilla pronto fraguaría con Chacón —una conocida blanqueadora de dinero y presunta narcotraficante—. El gobierno de Estados Unidos la había estado investigando durante años, y en enero de 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de “Narcotraficantes con Designación Especial” (Specially Designated Narcotics Trafficker).

En su comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro dijo que ella tenía operaciones en Panamá, Honduras y Guatemala, y se refirió a ella como una de las “traficantes más prolíficas de Centroamérica”. Señalaba además que ella había blanqueado “decenas de millones de dólares americanos mediante ingresos provenientes de las drogas mensualmente”.

La inclusión de Chacón (vea foto abajo) en la mencionada lista del Departamento del Tesoro (más conocida como la “Ley de Capos”, o “Kingpin Act” en inglés) la convirtió en un objetivo no sólo del gobierno de Estados Unidos, sino también de sus enemigos en el hampa y quizá también de importantes políticos que, después de su inclusión en la lista, pensaban que ella los podría entregar a la justicia.

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Cuando se conocieron en persona, Chacón confirmó esto último, pues le dijo a López Bonilla que ella estaba trabajando con los “gringos” para tratar de sacar su nombre de dicha lista, puesto que ello la había puesto en peligro. López Bonilla dice no fue contactado por el gobierno de Estados Unidos para discutir el caso de Chacón, y que el gobierno de Guatemala no la estaba usando como un testigo que estaría cooperando y dando información contra otros traficantes.

Sin embargo, López Bonilla decidió adjudicar recursos y personal del gobierno para protegerla —en específico, puso a su disposición un vehículo blindado y dos camperos con seis guardias armados en cada turno para que la acompañaran a dondequiera que ella fuera durante los siguientes meses—.

El motivo real de tanta protección nunca se supo. Chacón diría más tarde que no hubo dinero de por medio, pero afirmó que sí invirtió en una empresa de seguridad privada que López Bonilla le dijo que iba a conformar. Los investigadores guatemaltecos dijeron que López Bonilla recibió dinero de Chacón, pero aún no han presentado ninguna evidencia de ello y no lo han acusado de nada en relación con la seguridad que le fue proporcionada. Por su parte, López Bonilla no atendió las repetidas solicitudes para que respondiera a preguntas relacionadas con esta noticia.

Aún así, los “servicios de protección” de López Bonilla también generaron interrogantes. ¿Por qué él ofreció recursos del Estado para proteger a una reconocida blanqueadora de dinero? ¿Qué recibió a cambio de este servicio? Y si sabía sobre sus actividades criminales, ¿por qué no comenzó inmediatamente una investigación formal en torno a ella?

Las respuestas a estas preguntas y a muchas más son cada vez más confusas, pero están en la base de un tema que flota en el ambiente de Guatemala en estos días: para algunos investigadores de Estados Unidos y Guatemala, López Bonilla fue el centro de lo que se convertiría en un Estado mafioso en Guatemala, utilizando la corrupción y actividades abiertamente criminales para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus socios.

Sin embargo, en declaraciones públicas y al sistema de justicia, López Bonilla ha negado la mayoría de estas afirmaciones.  Además, ha sido amigo de la comunidad internacional y desempeñó un papel clave en la renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU y adscrito al Ministerio Público que ha liderado el juzgamiento de numerosos altos funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente, la vicepresidenta y el mismo López Bonilla. Es más, Estados Unidos aún no lo ha acusado, lo que indica que él todavía puede ser un aliado útil, incluso desde su celda en Guatemala.

Un militar moderno

López Bonilla se considera a sí mismo como un militar moderno, un aliado de Estados Unidos y un amigo de la comunidad internacional. Y Estados Unidos lo percibió de la misma manera durante mucho tiempo. El servicio que le ha prestado a su gobierno, y su apoyo a los intereses de Estados Unidos, se remontan a su histórica época en el ejército, cuando Guatemala padeció una guerra civil de casi cuatro décadas.

Aquella guerra fue brutal, e incluso a veces sin cuartel, y López Bonilla la vivió de cerca. En 1981 dirigió un grupo de unos doce miembros de las fuerzas especiales que se disfrazaron de insurgentes y se infiltraron en un campamento guerrillero. Después de esperar por semanas el momento adecuado, López Bonilla y sus compañeros encubiertos atacaron por sorpresa y dieron muerte a 28 guerrilleros de una de las principales facciones rebeldes de ese momento. Aquel temerario acto hizo que desde entonces López Bonilla, quien asumió el nom de guerre de “Don Damián”, fuera conocido por su astucia y malevolencia en una institución conocida por cometer actos despiadados.

La guerra también robusteció el papel de los militares, que de manera intermitente dirigieron el gobierno durante décadas. Los generales del ejército se alternaron por temporadas en la presidencia. En 1982, como un joven oficial en ascenso, López Bonilla participó en uno de esos golpes de Estado contra un gobierno militar, que fue remplazado por otro gobierno militar.

López Bonilla pronto se convirtió en uno de los jóvenes portavoces ad hoc de dicha administración, que más tarde se convirtió en la dictadura más conocida de Centroamérica. El nuevo gobierno, bajo el liderazgo del general Efraín Ríos Montt, implementó una táctica de “tierra arrasada”, matando a miles de presuntos insurgentes y civiles. López Bonilla hizo parte del gabinete de Ríos Montt, o lo que se conoció como la “Junta Asesora del Jefe del Estado”.

Sin embargo, López Bonilla dice que a mediados de la década de 1980 enfocó su atención más en cuestiones de paz y democracia. Una vez el gobierno civil regresó a Guatemala en 1985, él se convirtió en el enlace con los grupos de la sociedad civil y el sector privado, cuando el gobierno intentó iniciar las negociaciones con los rebeldes. Uno de sus compañeros era el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), el coronel Otto Pérez Molina. Ambos continuaron trabajando juntos en la década de los noventa, una vez comenzaron las conversaciones formales de paz. Pérez Molina era la cara pública de los militares para los diálogos, y López Bonilla era el emisario privado del ejército —incluso llegó a viajar a Cuba para reunirse con los líderes guerrilleros—, asumiendo un papel que más tarde llevaría a algunos de sus excompañeros militares a volverse en su contra.

La paz se firmó en 1996 y López Bonilla se retiró del ejército en 1997, cuando el gobierno de Guatemala redujo su tamaño en dos tercios como parte de los acuerdos. El final de la guerra reconfiguró el crimen organizado en Guatemala. Grupos de oficiales muy cohesionados —a menudo debido a que se habían graduado juntos en la academia militar— comenzaron a formar sofisticados grupos criminales.

Estos grupos utilizaron sus conocimientos jurídicos, sus conexiones en el gobierno y su experiencia en reunir inteligencia para ofrecerles servicios a los grupos criminales; dichos servicios incluían el tráfico de personas, el comercio de armas ilegales, o el tráfico de drogas. Además, sabotearon de una manera activa las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y otros grupos armados durante la guerra. Llegaron incluso a comprar jueces con dineros obtenidos mediante esquemas de corrupción y a organizar escuadrones de la muerte para eliminar a quienes los estaban investigando o acusando de crímenes.

Quizá su acto más infame ocurrió el 26 de abril de 1998, cuando militares retirados y en servicio orquestaron el asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera y el posterior encubrimiento del crimen. Gerardi, un destacado miembro de la Iglesia Católica, había liderado los intentos por registrar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Los resultados, publicados bajo el título Guatemala: Nunca Más, incriminaban al gobierno, y particularmente a los militares. Y al parecer Gerardi pagó con su vida.

Finalmente, estas redes militares-criminales recibieron un nombre: Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Y fueron gran parte de la razón por la que el gobierno aprobaría después la conformación de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por Naciones Unidas, para que le ayudara al gobierno en sus investigaciones sobre las organizaciones criminales que operan al interior del Estado, lo cual ha hecho desde 2007.

Hacia mediados de la primera década del nuevo siglo, algunos de los CIACS se transformaron, recibiendo una gran variedad de miembros y obteniendo mayor alcance, lo que a menudo incluía a empresarios y partidos políticos. El partido de Pérez Molina, el Partido Patriota (PP), no fue el primero, pero sí el más activo, e inmiscuyó estos intereses en el Estado mafioso que surgió bajo su presidencia.

Desde mucho tiempo antes de llegar a ser presidente, Pérez Molina proyectó la imagen de un militar moderno —un demócrata con la capacidad y voluntad para llevar las riendas del poder—. Además de ayudar a forjar la paz, tenía relaciones cordiales con los grupos de derechos humanos, los empresarios y el gobierno de Estados Unidos. Sólo tres años después de conformar el PP, perdió la segunda vuelta presidencial en 2007, pero se aseguró el apoyo de las élites económicas tradicionales.

En su segunda candidatura presidencial en 2010, Pérez Molina eligió como compañera de campaña a Roxana Baldetti, una exreina de belleza que había llegado a ser congresista y era la presidenta del PP. Buscó además a otro exmilitar guatemalteco moderno, López Bonilla, para que dirigiera su campaña.

Después de la guerra, López Bonilla se había dedicado a ser consultor privado de empresas, gobiernos y fundaciones de la región en asuntos de seguridad, análisis de riesgos y estrategias de comunicación. Uno de sus socios llegó a ser investigado por supuestamente dirigir una campaña de desprestigio contra el presidente guatemalteco Alfonso Portillo. Pero, en general, López Bonilla había permanecido en las sombras.

También había regresado a la universidad, donde obtuvo un título de posgrado en ciencias políticas, así como licencias para certificar operaciones en aeropuertos y puertos marítimos. Sus empresas le permitieron operar máquinas de rayos x en el aeropuerto de Guatemala y supervisar parte del puerto más importante del país, entre otros servicios para el gobierno de Guatemala y la industria privada del país. “Hay una hoja de vida de estudio y dedicación, no es un perfil criminal”, diría después.

Cuando Pérez Molina buscó a López Bonilla para pedirle ayuda en su candidatura presidencial, él dijo que lo haría con una condición. Fiel a su palabra, el 10 de noviembre de 2011, pocos días después de haber ganado las elecciones presidenciales, Pérez Molina cumplió con la petición de su compañero y anunció su primer miembro del gabinete: Mauricio López Bonilla.

El preso modelo

Poco después de ser nombrado ministro de Gobierno, López Bonilla recibió un correo electrónico de Byron Lima Oliva (foto), un laureado excapitán del ejército que en ese momento estaba preso en una cárcel en las afueras de ciudad de Guatemala. López Bonilla es unos años mayor que Lima, pero ambos habían cruzado caminos en el ejército. Ambos eran Kaibiles, es decir, miembros de las fuerzas especiales de Guatemala. López Bonilla conocía al padre de Lima, quien había sido comandante cuando él era soldado raso.

Las esposas de López Bonilla y Lima también se habían encontrado en más de una ocasión, a menudo en el salón de belleza de la esposa de Lima en Ciudad de Guatemala. Lima dijo que sus mujeres tenían una relación cercana y mostró fotos para probarlo (vea abajo). Pero López Bonilla más tarde le diría que la conexión entre sus esposas era una coincidencia relacionada con la proximidad de su casa al salón de belleza. Y el exministro refuta con vehemencia la repetida afirmación de que él y Lima tenían una relación cercana.

Mantenerse alejado de Lima es imprescindible para López Bonilla. Lima y su padre pagaron penas de prisión por el infame asesinato de Monseñor Gerardi. Lima padre fue liberado en 2012. Lima hijo, sin embargo, permaneció tras las rejas, donde había estado utilizando su formación, su experiencia en inteligencia y contrainteligencia, su astucia y sus contactos militares para tomar el control de gran parte del sistema penal. Allí desarrolló sus redes de contrabando y estableció negocios dentro y fuera de la prisión, que le permitieron hacerse rico, estableciendo una reputación que se aprecia a través de su página de Facebook, “Byron Lima Presidente“.

Parte de los contactos de Lima pertenecían a la dirigencia del Partido Patriótico. Lima había sido un soldado leal a Otto Pérez Molina durante años, trabajando con él en inteligencia del ejército y en el EMP. También había ayudado a entrenar al hijo del presidente. Él utilizó estos contactos para obtener una subvención para promover la rehabilitación dentro del penal antes de las elecciones. Lima comenzó allí un taller para la producción de camisetas, gorras de color naranja y discos voladores para la campaña presidencial del PP en las elecciones de 2011. (Para mostrar su espíritu no partidista a favor del capitalismo, el taller también produjo parafernalia para la campaña presidencial de Daniel Ortega en 2011.)

Cuando el PP ganó, Lima esperaba una contraprestación, y es en este contexto que envió el correo electrónico a López Bonilla. Estaba dirigido a ““, la dirección que López Bonilla había utilizado durante la campaña.

“Don Damián”, comienza el correo, una referencia íntima al pasado compartido de ambos en el ejército. “Aquí le mando el listado de las personas idoneas para ocupar los puestos más importantes dentro dentro de la Dirección General del Sistema Penitenciario, que son la base de una gestión óptima propia de su futura actividad como ministro de Gobernación.” (Vea copia del correo abajo).

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Aquel fue el comienzo de una serie de extrañas coincidencias en la relación entre los dos hombres mientras López Bonilla fue ministro. Según Contrapoder, que tuvo acceso al correo electrónico, de los 65 nombres en la lista del correo de Lima, 36 llegaron a ser funcionarios de alto nivel en el sistema penal. Entre estas personas se encontraban dos que se convirtieron en subdirectores y varias que ocuparon puestos administrativos importantes. Entre las personas que Lima recomendó se encontraban algunos de sus compañeros de la academia militar, así como uno de los familiares de Lima, su suegro, quien se convirtió en un alto miembro del personal administrativo.

Con sus selecciones acomodadas,  Lima —quien ya había trabajado duro para asegurarse el control de la cárcel donde se encontraba recluido— tenía lo que necesitaba para ejercer más control sobre todo el sistema penal: un correo electrónico que mostraba que él estaba trabajando con el ministro de Gobierno, y varios compañeros de clase en altas posiciones del poder. La revista Contrapoder declaró que, desde enero de 2012, cuando López Bonilla se convirtió en ministro, “las cárceles funcionaron bajo las órdenes de una planilla elaborada por un recluso: Byron Lima Oliva”.

Mientras López Bonilla fue ministro de Gobierno, Lima salía de la prisión regularmente para visitar a su esposa y a sus hijos (37 veces en 2012, según Contrapoder), y al parecer fue visto en más de una ocasión en clubes nocturnos de Ciudad de Guatemala, escoltado por guardias de la prisión. Además, amplió su poder sobre los presos y sus vidas al interior de la prisión, proporcionando desde permisos para establecer negocios hasta clases de informática y trabajos. Los presos además supuestamente pagaban altas sumas de dinero, de hasta US$7.000, para ser transferidos entre cárceles. “¿Alguien necesitaba empleo? El chat de Lima Oliva solucionaba el problema”, se lee en Contrapoder. “¿Alguien necesitaba traslados? El capitán tenía los contactos para ejecutarlos”.

Según Lima, López Bonilla se comunicaba con él a través de varios servicios de chat y de intermediarios, y Lima daba a entender que el quid pro quo era ser los ojos y oídos del sistema penal y el mundo criminal.

López Bonilla veía a Lima como una influencia potencialmente positiva dentro de la prisión, especialmente en lo relacionado con proyectos de trabajo y con el control de la inestable población de reclusos, que sufren lamentables condiciones de hacinamiento. López Bonilla más tarde se referiría a esta confianza en Lima como “ingenua”.

Extorsionar a los presos, neutralizar a los rivales

El 10 de junio de 2012, las autoridades de Guatemala capturaron a Walter Montejo, alias “El Zope”, en la provincia noroccidental de Huehuetenango. Esta captura fue considerada una victoria de López Bonilla, pues era uno de los numerosos cabecillas de varias poderosas agrupaciones narcotraficantes de Guatemala que habían sido capturados en meses recientes. Una vez en custodia oficial, sin embargo, estos traficantes se enfrentaron a un nuevo régimen: el sistema penitenciario de López Bonilla, donde Byron Lima tenía amplia influencia.

En cierto momento, los narcotraficantes y sus familias fueron amenazados si no pagaban por lo que de manera educada se denominó una cuota de “protección”. Montejo, quien ahora se encuentra en Estados Unidos pagando una pena por tráfico de drogas, dijo que cuando se negó a pagar lo desnudaron, lo golpearon y torturaron; parte de la tortura consistía en poner heces humanas en una bolsa y ponerla sobre su cabeza. Montejo finalmente pagó unos US$850.000. (Al parecer, Montejo puso una recompensa de US$800.000 por la cabeza de Lima). Y otros también pagaron.

Montejo contactó a Marllory Chacón (los dos tenían el mismo abogado) para quejarse de cómo Lima lo estaba extorsionando a nombre de López Bonilla. En ese momento, la relación de Chacón con López Bonilla había pasado de ser utilitaria —y posiblemente financiera— a personal. Chacón dijo que ellos habían hablado sobre la conformación de una empresa de seguridad privada en conjunto, que trabajaría directamente con el gobierno de Guatemala. También sostiene que le dio US$500.000 para la empresa, el único dinero que intercambiaron, según ella.

Con respecto al caso de extorsión en la cárcel, Chacón le contó sobre lo que Lima les estaba haciendo a Montejo y a los otros presos, y aquello lo motivó a visitar la cárcel donde se encontraban numerosos traficantes para asegurarles que él no era quien realizaba las extorsiones.

Por su parte, Lima le dijo a InSight Crime que López Bonilla era quien extorsionaba a los narcotraficantes y aseguró que fue su negativa a participar en el esquema de extorsiones lo que llevó a la ruptura entre los dos. Agregó que López Bonilla estaba celoso por su relación con el presidente Pérez Molina.

“En vez de agarrarme como un aliado y aprovechar lo que yo sabía de las cárceles, él se encargó de satanizarme por tener cercanía con el presidente. Él se encargó de crear una barrera para que yo no pudiera tener contacto con él y decirle las cosas como son”.

Sin duda, al interior de la administración de Pérez Molina había cierta tensión. López Bonilla era uno de sus asesores de confianza, y hubo rumores de que el ministro estaba buscando lanzarse para un cargo alto, posiblemente incluso para la presidencia, pero él todavía no hacía parte del círculo de confianza del presidente. Y a pesar de sus problemas, Lima parecía tener una conexión con el presidente, conexión que López Bonilla nunca tuvo.

Lima no era el único problema de López Bonilla en este sentido. La vicepresidenta Roxana Baldetti también le estaba cerrando el camino para el palacio presidencial y fortaleciendo su propia base de poder, controlando los proyectos de obras públicas a nivel estatal, y supuestamente recibiendo pagos por varios esquemas de corrupción, incluyendo uno que funcionaba a través de la oficina de aduanas.

Al principio, el ministro enfrentó estos problemas por su cuenta, pero fracasó. Cuando las fuerzas de seguridad de López Bonilla interceptadándolo “comunista” y amenazando con exponer sus planes malvados, que según él consistían en contratos con el gobierno para reformar las prisiones, los sistemas de video vigilancia y los servicios telefónicos.

Antes o durante las apariciones en la corte, Lima también daba indicios sobre las actividades criminales de López Bonilla y sobre sus relaciones. En una ocasión (vea abajo), le mostró a la prensa el famoso email que había enviado a López Bonilla, junto con fotos de sus chats y de su esposa con la esposa de López Bonilla intercambiando regalos después de que una de ellas había regresado de un viaje al extranjero.

Dado que Lima le estaba sacando los trapos al sol, López Bonilla acudió a la CICIG, el organismo del Ministerio Público de Guatemala respaldado por la ONU. La comisión ya había trabajado en el país durante siete años, pero había tenido resultados diversos. Muchas personas del gobierno, entre ellas el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti, parecían dispuestas a deshacerse del cuerpo judicial especial, a pesar de su fuerte respaldo internacional, además porque había indicios de que la CICIG estaba investigando su administración.

Para sobrevivir, la CICIG necesitaba grandes casos y más aliados en el gobierno, y su trabajo con el ministro López Bonilla le proporcionó ambas cosas. Según un exinvestigador de la CICIG, el ministro le había suministrado a la comisión valiosa información después de que Lima fue detenido fuera de la cárcel, de modo que pudo comenzar una investigación formal sobre los esquemas ilegales de Lima desde la prisión. Esta información dio pie al primer caso grande que la comisión tuvo después de varios años, cuando acusó formalmente a Lima, en septiembre de 2014, por recibir más de US$7.000 para organizar los traslados de presos entre cárceles.

Sin embargo, al año siguiente el presidente Pérez Molina seguía dando a entender que no renovaría el mandato de la comisión. Para protegerse de las consecuencias políticas de deshacerse de la CICIG, el presidente creó un panel especial para que estudiara el asunto y le hiciera recomendaciones.

Dicho panel estaba compuesto por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el ministro López Bonilla, y la mayoría creía que cumplirían los deseos del presidente para deshacerse de la CICIG. López Bonilla, sin embargo, dice que sorprendió a los demás con su firme respaldo a la comisión.

La CICIG también dio su propia gran sorpresa en este proceso, cuando, pocos días antes de que el panel presentara su recomendación al presidente, dio a conocer el caso de un masivo fraude aduanero. Denominado La Línea, el caso involucraba a la oficina de la vicepresidenta Baldetti e hizo que su ayudante principal huyera de la justicia. El panel especial continuó con su recomendación de que el presidente renovara el mandato de la CICIG por dos años más y el presidente la aceptó. Baldetti renunció dos semanas más tarde. Poco después fue encarcelada.

El Pelón

A principios de 2013, Marllory Chacón y el ministro de Gobierno, Mauricio López Bonilla, tuvieron una reunión en casa de ella. Este tipo de encuentros eran comunes mientras el ministro se encargó de la seguridad de Chacón con recursos del Estado. Chacón hizo varios negocios en su casa. Ella era una mujer sofisticada y con bastante educación. Cuando la gente iba a su casa a hacer negocios, hacía que sus invitados se sintieran cómodos y bienvenidos, de modo que pudieran hablar libremente.

Lo que estos visitantes no sabían era que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) había instalado cámaras y dispositivos de grabación en su casa y, como parte de su cooperación con el gobierno de Estados Unidos, le habían pedido a ella que continuara sus negocios como de costumbre.

Por varias razones, López Bonilla también se sentía a gusto en la casa de Chacón, e incluso se echó a reír cuando ella le habló de un soborno de Jairo Orellana, un conocido narcotraficante guatemalteco. Orellana, alias “El Pelón”, un hombre de 1,80 metros de estatura y unos 110 kilos, tenía una figura formidable. Había ascendido en el mundo del crimen —originalmente como un intermediario de armas y drogas de guerrilleros colombianos—, en uno de los más importantes clanes de narcotraficantes guatemaltecos, debido a su astucia y a sus contactos cercanos con las redes de sicarios. Cuando el grupo mexicano Los Zetas tomó el control de varias rutas de la droga en el oriente de Guatemala en 2009, El Pelón comenzó a suministrarles cocaína, lo que aumentó su fama de hombre duro y con experiencia. Finalmente formó su propia organización, que llegó a ser famosa por el robo y la reventa de cocaína a lo largo del país, así como por su inclinación por la violencia (aunque hoy en día, el narcotraficante refuta estas descripciones).

Pero aunque Orellana era conocido como un matón, también entendía el sutil juego de los sobornos. Y cuando empezó a sentir demasiadas presiones tanto de las autoridades como de sus rivales —lo que incluyó un dramático atentado en una clínica donde se estaba practicando una cirugía plástica, tras el cual casi muere y siete de sus guardaespaldas murieron— recurrió a Chacón pues sabía que ella tenía acceso al ministro y le podría pasar un soborno. Chacón dice que después de que López Bonilla aceptó el dinero, dijo que lo invertiría en la empresa que tenían en conjunto —la empresa de seguridad—.

Sin embargo, el soborno no salvó a El Pelón de las autoridades. En un espectacular allanamientoel 15 de mayo de 2014, más de una docena de miembros de las fuerzas especiales locales y agentes antidrogas internacionales sorprendieron al narcotraficante en helicópteros y lo rodearon en uno de sus escondites en las montañas. El consecuente tiroteo dejó como resultado un helicóptero con numerosos orificios de bala, así como un policía guatemalteco y uno de los guardaespaldas de El Pelón muertos; otro de sus guardaespaldas resultó herido.

“Yo no tuve nunca ninguna relación —ni a través de intermediarios de nadie— con narcotraficantes”. Le diría López Bonilla a la prensa guatemalteca más adelante. “Al contrario, cuando fue la captura de Jairo Orellana, con quien hablaron de alguna posibilidad de vínculo, tuve una felicitación del Departamento de Estado de Estados Unidos por la captura de él”.

El Subsecretario de Estado William Brownfield sí le envió una carta a López Bonilla después de la captura de Orellana (vea abajo). (Un investigador dijo que López Bonilla piensa que aquella fue su “tarjeta de salida de la cárcel”.) Pero, según Contrapoder, la operación ocurrió sin el conocimiento de López Bonilla. El narcotraficante compró su seguridad, dice la revista, haciendo contribuciones a la campaña del Partido Patriota y haciéndole pagos directos a López Bonilla.

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Además, los pagos presuntamente continuaron después de que Orellana fue encarcelado. Las autoridades de la prisión lo pusieron en una celda especial. Orellana hizo que su cuarto fuera remodelado y pintado, y además que le pusieran un bar, una TV de pantalla plana y una nevera. Además pidió algunos favores. Poco después de que fue encarcelado, se casó con quien por mucho tiempo había sido su pareja, Marta Julia Lorenzana —hija de su antiguo jefe y mentor, Waldemar Lorenzana—, con quien tuvo una hija. Y pagó por la transferencia de un traficante de drogas rival que le había robado ganado. El rival le fue llevado a su celda, donde Orellana le dio una terrible paliza por la transgresión.

El socio ideal

A simple vista, López Bonilla hizo mucho de lo que uno esperaría de un ministro de Gobierno. Aumentó el tamaño de la policía. Obtuvo armamentos que podrían ser mejor monitoreados por el gobierno para evitar que las armas llegaran a los grupos criminales. Comenzó un programa de policía comunitaria, en la que participan 3.000 agentes. Le hizo mejoras a la escuela de policía.

La relación de López Bonilla con la DEA también era aparentemente sólida. Su Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU por sus iniciales en inglés) se habría triplicado, pasando de 18 a 60 miembros. Su ministerio además “nacionalizó” varios helicópteros estadounidenses, entrenando tres pilotos policiales y 15 mecánicos. Como se mencionó anteriormente, su ministerio ayudó a capturar a varios presuntos narcotraficantes, muchos de los cuales fueron más tarde extraditados a Estados Unidos.

Él era un comunicador profesional, por lo que sabía cómo transmitir mensajes concisos y positivos a la ciudadanía, a la prensa y a sus homólogos. Su sofisticada conducta atrajo también a socios internacionales, algunos de los cuales eran los principales especialistas en la región en temas como la política de drogas y la prevención de la violencia.

Sin embargo, tras esa apariencia algo andaba mal. Según funcionarios del Ministerio de Gobierno de Guatemala y de la Contraloría General de Cuentas (CGC), López Bonilla subcontrataba casi todos los aspectos del manejo del ministerio. Los contratistas eran familiares y amigos, según dicen estos investigadores. Entre ellos figuraban desde proveedores de servicios hasta empresas de alquiler de automóviles y grandes compañías de telecomunicaciones.

Según la Contraloría, los contratos eran exageradamente inflados. Además, muchos de los contratistas seguían recibiendo aún más dinero porque el ministerio alquilaba los artículos en lugar de comprarlos. Funcionarios del ministerio dijeron que la cartera de López Bonilla, por ejemplo, alquiló vehículos blindados y motocicletas durante al menos tres años.

Cuatro de los contratos de su ministerio que más se han investigado son los que hizo con el gigante de las telecomunicaciones Tigo. En 2014, Tigo firmó contratos para proporcionarle al ministerio cámaras de vigilancia en seis municipios. La empresa, propiedad de algunas de las personas más ricas de Centroamérica, fue el único licitador y le alquiló unas 5.000 cámaras de video al gobierno por un valor de US$2.000 por cámara al mes, lo cual representó una gran porción del presupuesto del ministerio.

“Ese contrato casi nos lleva a la bancarrota”, le dijo a InSight Crime un funcionario del ministerio actual, quien desea que su nombre se mantenga en secreto porque la investigación sobre el acuerdo aún está en marcha.

En total, la Contraloría le solicitó al Ministerio Público investigar 23 “irregularidades”, que van desde alquileres de vehículos, videovigilancia, servicios de alimentación, ampliación de cárceles, hasta alquilares de oficinas, compra de uniformes y contratación de personal. (Vea aquí la lista completa de las investigaciones publicada por Prensa Libre)

Sobre este último punto, un actual funcionario del ministerio le dijo a InSight Crime que en este momento hay seis personas trabajando en la sección que él administra. Cuando llegó el funcionario, la sección tenía 70 personas trabajando allí; el jefe de la sección viajaba tres meses al año, dijo el funcionario, muchas veces utilizando viáticos tanto del ministerio como de la entidad que invitaba al jefe.

“Las esposas de la gente. Sus hijos. Sus primos. Todos tenían puestos de trabajo”, dijo el funcionario.

El funcionario ha trabajado para 11 ministros, pero nunca había visto el tipo de corrupción que se presentó durante la dirección de López Bonilla. Para describir dicha corrupción, el funcionario usó una sola palabra: descomunal.

Las ganancias de estos esquemas de corrupción eran canalizadas a los altos cargos, según las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público. El denominado caso “Cooperacha” describe cómo el dinero obtenido mediante la corrupción era entregado en efectivo o lujosos bienes al presidente Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

López Bonilla fue capturado y encarcelado por el caso Cooperacha en junio de este año. Los investigadores dicen que López Bonilla entregó 2.513.000 quetzales y US$98.000, dinero que fue entregado al secretario privado de la vicepresidenta en efectivo y se utilizó para la compra de casas vacacionales, un barco y un helicóptero. López Bonilla fue acusado de asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo y fraude.

Los esquemas estaban diseñados para perpetuar un sistema de “pagar por jugar” profundamente arraigado en Guatemala, que la CICIG y el Ministerio Público han denominado como “Cooptación del Estado”. Este consistió en un elaborado plan que según los investigadores comenzó mucho antes de que el PP llegara a la presidencia y eventualmente involucró a decenas de operadores, entidades gubernamentales y empresas privadas.

Las empresas hicieron contribuciones a las campañas a través de terceros y más adelante fueron los beneficiarios de legislaciones favorables, exenciones de impuestos o contratos con el gobierno. El ejemplo presentado por la CICIG y el Ministerio Público fue el de Radiotelevisión Guatemala S.A. y Televisiete S.A., que según ellos dieron contribuciones a la campaña de Baldetti mediante por lo menos cinco empresas en pagos mensuales que sumaron Q17,679,200. Los investigadores dicen que, una vez el PP llegó al poder, las empresas de telecomunicaciones recibieron contratos “multimillonarios”.

La cooptación funciona mediante lo que los participantes en los esquemas eufemísticamente llamaban el Incentivo Comercial Monetario (ICM), es decir, sobornos. Estos debían ser de al menos “el 10 por ciento” del valor de los contratos. Los investigadores dicen que había por lo menos 450 de estos contratos cuando el PP llegó al poder. Y estiman que el ICM ascendió a unos Q500 millones.

“La fortaleza de los partidos no depende de su programa político o de sus propuestas sino de la posibilidad de traer financistas, candidatos [y] de atraer contratistas”, dijo el comisionado de la CICIG Iván Velásquez, cuando presentó el extraordinario caso públicamente. “Estos financistas a su vez no se vinculan con los partidos por razones ideológicas sino meramente instrumentales. y el partido es visto como un vehículo temporal para llegar a un cargo de elección y ya en el ejercicio del mismo no se tendrá lealtad a algún partido, sino que se va a buscar ese instrumento que permita la reelección que se permita que estas redes política-económicas ilícitas continúen, subsistan en el poder”.

Los investigadores del gobierno finalmente implicaron a López Bonilla en el caso de cooptación. Y cuando se le preguntó si iba a colaborar con el sistema de justicia, asumió una actitud desafiante.

“Aunque me viera en el peor de los casos, me llevaría conmigo los secretos a la tumba”, le dijo a la corte. “No creo ético que, por salvar el propio pellejo, hundir a un montón de gente que confió en uno”.

La protección de Marllory

A principios de 2014, Marllory Chacón llevó mediante engaños a Hayron Borrayo Lasmibat a París para lo que Borrayo creía que sería un encuentro amoroso. Borrayo, alias “El Oso”, vendía drogas y lavaba dinero de Los Zetas. Su esposa, Mirza Silvana Hernández Reyes, le ayudaba a su marido a mantener ocultos sus ingresos. Fue cercana por mucho tiempo a Roxana Baldetti, y supuestamente ofreció fondos para la campaña del Partido Patriota durante la candidatura para la presidencia en 2011.

Parte de lo que puso a Chacón en la mira fue su conocimiento de la relación entre la esposa de Borrayo, Hernández y Baldetti, y en parte por eso López Bonilla le asignó un equipo de guardaespaldas a ella. La ironía de esta historia es bastante grande: López Bonilla estaba protegiendo a quien sería una informante de su entonces jefa, Baldetti. Baldetti tendría su propia perversa venganza: su antiguo asistente principal estaría cooperando en contra de López Bonilla en los casos de corrupción en su contra.

Borrayo reunió sus cosas y viajó a través de México a Francia. Cuando llegó, fue capturado por las autoridades francesas, que lo deportaron a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. La cooperación de Chacón en casos como estos condujo a la acusación de muchos otros importantes traficantes de la región, entre ellos varios de Guatemala, Honduras y Colombia. Un agente de la DEA, hablando bajo condición de anonimato, la llamó “quizás el mejor activo que hemos tenido”.

Pero López Bonilla no mantuvo esta información en secreto, ni tampoco hizo parte de los esfuerzos de la DEA. Durante sus negocios con Chacón, López Bonilla no coordinó con las autoridades estadounidenses. Nunca investigó ni intentó enjuiciar a Chacón. Es más, el equipo de guardaespaldas duró mucho tiempo —cerca de un año, según Chacón—.

En su defensa, es claro que Chacón estaba en peligro y pudo haber sobrevivido gracias a su protección. Además de protegerla de Borrayo y de la vicepresidenta Baldetti, Jairo Orellana también quería inicialmente su muerte porque él la culpó del ataque de 2012 en la clínica tras el cual casi muere.

Dado que sentía que el peligro en torno suyo crecía, Chacón abandonó el país a principios de 2013, y en septiembre de 2014 se entregó oficialmente a las autoridades de Estados Unidos, donde comenzó su proceso judicial. Este culminó en mayo de 2015, pero el caso está sellado, así como la sentencia definitiva. Dicha sentencia podría reducirse si ella sigue cooperando con las autoridades de Estados Unidos, incluyendo la evidencia que ella recogió mientras estaba en Guatemala.

Las grabaciones de su casa son tal vez las pruebas más condenatorias contra López Bonilla. Supuestamente muestran que el exministro aceptó el soborno de Jairo Orellana. Este último fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015, donde también supuestamente coopera con las autoridades de Estados Unidos en múltiples investigaciones, incluyendo el posible caso contra López Bonilla. López Bonilla dice que Orellana simplemente está tratando de llegar a un mejor acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

“Los delincuentes siempre van a tratar de ver cómo negocian una mejor situación cuando tienen que enfrentar la justicia, y en este caso a Estados Unidos”, le dijo a periodistas cuando le preguntaron acerca de las acusaciones sobre su relación con Orellana. “Siempre van a decir que tuvieron relación con alguna autoridad o qué pasó con algo específico.”

Fue en mayo de 2015 cuando el Estado mafioso del Partido Patriota también empezó a caer. La CICIG presentó su famoso caso de corrupción denominado La Línea, contra la vicepresidenta y el presidente, lo cual condujo a sus renuncias y acusaciones en Guatemala. López Bonilla también renunció y pasó más de un año intentando mantenerse fuera de prisión para luego ser detenido por el caso de Cooperacha.

“El tiempo va a decir por fin la verdad”, le diría a un juez. “La verdad verdadera debe prevalecer.”

(La “verdad verdadera” rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter (#verdadverdadera) e inspiró a varios memes.)

Desde la cárcel, su viejo archienemigo Byron Lima agregó nuevos cargos a la lista de transgresiones de López Bonilla, como llamarlo “tumbador”, jerga que en el mundo criminal se aplica a quien roba dinero y droga de otros narcotraficantes.

“El que mal hace, mal termina”, le dijo Lima a la prensa durante una aparición en la corte. “Y estamos esperándolo en la cárcel. Quisiera que se quede aquí en Guatemala a ver en qué cárcel se va a meter ese ladrón, tumbador Don Damián.”

La rivalidad también se expresó mediante la página de Facebook de Lima, donde regularmente publicaba fotos de López Bonilla, junto con comentarios vilipendiosos. Cuando López Bonilla fue arrestado por cargos de corrupción, aparecieron memes en la página en los que se mostraba el terror de López Bonilla a pagar una condena en los dominios de Lima (vea abajo). “No hay lugar en el mundo para los dos”, al parecer le dijo Lima a su excompañero del ejército.

Semanas después de que López Bonilla fue encarcelado, hubo intentos para mejorar el ambiente entre ellos, pero ya era demasiado tarde. El 18 de julio, Lima y sus seguidores fueron emboscados en la prisión donde estaba detenido. Tras el ataque murieron el excapitán del ejército y otras 13 personas, lo cual ha generado una serie de preguntas acerca de quién pudo haber sido tan poderoso y hábil como para matarlo. En esta discusión, el nombre de López Bonilla aparece como sospechoso.

Los problemas continuaron para López Bonilla. Pocos días después del asesinato de Lima, en las redes sociales apareció una grabación de 2014 en una prisión, en la que se escucha una conversación entre uno de los guardaespaldas de Orellana, un fiscal encarcelado y un narcotraficante llamado Eduardo Villatoro. En la grabación, el fiscal habla sobre una incursión en la granja de un presunto narcotraficante de drogas, durante la cual supuestamente se robó dinero, drogas y caballos de pura raza (vea abajo). Los hombres que hablan en la grabación culpan a López Bonilla, a quien en varias ocasiones llaman “tumbador”, como Lima también lo llamaba. El fiscal confirmó más adelante que era él quien hablaba en el audio.

Estados Unidos todavía no ha acusado formalmente a López Bonilla, y no está claro si lo hará. Pero tras la detención de López Bonilla, la prensa de Guatemala dijo que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) solicitó formalmente información de la fiscalía guatemalteca sobre el caso. Esto incluiría el presunto soborno de Orellana, las acusaciones de que era un “tumbador” y, por supuesto, las relaciones del exministro con Marllory Chacón.

*Esta investigación fue realizada con la asistencia de Suecia. Reportajes adicionales fueron proporcionados por Julie López y Héctor Silva Ávalos.
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