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El efecto Rosenthal

El 7 de octubre pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a tres miembros de la familia Rosenthal, una de las más ricas e influyentes de Honduras, y a siete compañías de su conglomerado empresarial, líderes internacionales del narcotráfico (kingpins). Se trata de una designación similar a la que el Tesoro hizo del empresario salvadoreño José Adán Salazar Umaña, líder del Cartel del Texis, en 2014. Pero, a diferencia del caso del salvadoreño, cuya designación quedó opacada por la desidia de la fiscalía local, en los casos de los hondureños la fiscalía del distrito sur de Nueva York abrió un proceso por lavado de dinero y Yankel Rosenthal, uno de los designados, fue capturado en suelo estadounidense. En este texto, el periodista estadounidense Steven Dudley, especialista en tema de crimen organizado en las Américas, analiza los alcances del caso Rosenthal.

 

Steven Dudley, periodista estadounidense, co-director de InsightCrime.org

Steven Dudley, periodista estadounidense, co-director de InsightCrime.org

Cuando me reuní con Jaime Rosenthal y con su hija Patricia en junio pasado había en el ambiente una sensación palpable: sabían que algo malo se les venía.

Durante años circularon en Honduras rumores de que la familia Rosenthal, una de las más ricas entre los clanes centroamericanos, había hecho negocios con Los Cachiros, uno de los grupos de narcotráfico más grandes de la región.

No había ninguna expresión pública de esos rumores, pero en aquella reunión padre e hija estaban dispuestos a poner todo sobre la mesa para hacerle frente, aun sin saber con exactitud las implicaciones en juego.

“No hemos hecho nada ilegal”, me dijo Jaime Rosenthal

El gobierno de los Estados Unidos no lo ve así: el 7 de octubre hizo pública una acusación formal por lavado de dinero contra Yani, el hijo de Rosenthal, contra Yankel, su sobrino, y contra Andrés Acosta García, uno de los abogados de sus compañías.

La acusación no especifica cómo los Rosenthal cometieron los delitos o quiénes fueron sus socios; la presunción es que al menos parte de los ilícitos provienen de sus actividades con Los Cachiros.

En la entrevista que les hice en junio, los Rosenthal se extendieron sobre esas relaciones, las cuales, insistieron, son legales. El vínculo empezó a finales de los 70, cuando Javier Rivera Maradiaga  -quien luego se convertiría en el líder de Los Cachiros- y su padre, Santos Isidro Rivera, empezaron a vender ganado a Empacadora Continental, la planta procesadora de carne de los Rosenthal.

Los Cachiros eran cuatreros, contrabandistas de ganado, pero los Rosenthal argumentan que ellos eran solo unos entre muchos de sus clientes, cuyos antecedentes no tuvieron tiempo ni infraestructura para investigar.

Los Rosenthal alegan lo mismo sobre su relación con Los Cachiros en negocios con lácteos, palma africana e industrias turísticas, todas áreas en las que el grupo criminal incursionó cuando pasaron de ser pequeños contrabandistas de ganado a ser importantes narcotraficantes, para de las cadenas de distribución de cocaína de grupos internacionales como el mexicano cartel de Sinaloa o Los Rastrojos de Colombia.

Existe una conexión directa entre el conglomerado de la familia Rosenthal, el Grupo Cotinental, y Los Cachiros

Existe una conexión directa entre el conglomerado de la familia Rosenthal, el Grupo Continental, y Los Cachiros en cada una de las áreas mencionadas arriba, sobre todo a través de préstamos otorgados por el banco familiar, el Continental, a los negocios de Los Cachiros. Los mismos Rosenthal lo aceptaron en la entrevista.

El zoológico Joya Grande, propiedad de Los Cachiros, fue financiado con un préstamo de Banco Continental, propiedad de la familia Rosenthal. Foto tomada de la página de Facebook de Joya Grande.

El zoológico Joya Grande, propiedad de Los Cachiros, fue financiado con un préstamo de Banco Continental, propiedad de la familia Rosenthal. Foto tomada de la página de Facebook de Joya Grande.

Jaime y Patricia Rosenthal me dijeron que todo fue producto del crecimiento natural de los negocios de la familia.

“Sí, eran buenos clientes”, me dijo Patricia Rosenthal. “Es que la fuerza del banco es la zona norte, que incluye toda la zona del litoral norte, y somos el banco más fuerte en agricultura y en vivienda social; porque la junta directiva que preside el banco siempre ha creído que es su deber hacer un aporte en esas dos áreas de Honduras, lo único que puede hacer… no tenemos capacidad de hacer como país nada más que sea agricultura.”

El centro del caso estadounidense es determinar hasta qué punto esa negligencia aceptada por los Rosenthal es criminal. Según la acusación del Tesoro de Estados Unidos, la familia era parte integral de la empresa criminal y, con dolo, los Rosenthal participaron en lavado de dinero vinculado a “ofensas graves (relacionadas con narcóticos)”.

Sin embargo, durante la mayor parte del periodo en que los Rosenthal estuvieron envueltos en relaciones con Los Cachiros, ni Honduras ni Estados Unidos presentaron cargos contra la familia, y ningún oficial les dio siquiera indicios de que eran investigados.

Todo cambió en septiembre de 2013, cuando el Departamento del Tesoro puso a Los Cachiros en la lista de capos internacionales, y advirtió con sancionar a todas las empresas que estuvieran ligadas comercialmente a los negocios legales del grupo criminal.

“Ahí nos dimos cuenta”, dijo Patricia sobre la designación del Tesoro.  “Porque no había ningún documento ni nada que dijera que ellos estuvieran involucrados en el narco.”

“A nosotros nunca nos han hecho ninguna tapada,” añadió Jaime Rosenthal al referirse a los decomisos hechos por el gobierno hondureño. “O sea las cosas que ellos hicieron de malo con la delincuencia no fue contra nosotros.”

Estas justificaciones y alegatos de negligencia bienintencionadas son típicas de la calase empresarial centroamericana, pero ¿son genuinas? Y aun si lo son, ¿constituyen una defensa legítima? Esto es lo que el caso estadounidense pretende determinar.

Las implicaciones de este caso van mucho más allá de la familia Rosenthal: industrias latinoamericanas enteras están construidas sobre fondos y recursos ilegales. El caso Rosenthal las abre a todas al escrutinio jurídico de los Estados Unidos, que suele tener pocos límites.

Este caso, además, añade rutas para perseguir otros similares en los que se menciona lavado de dinero relacionados a “ofensas contra una nación extranjera en las que haya de por medio sobornos a funcionarios públicos, apropiación indebida, robo, desvío de fondos públicos por o para el beneficio de un funcionario público”.

Los Rosenthal no fueron ingenuos; su conglomerado envió una carta a la embajada de los Estados Unidos en Hoduras para solicitar asistencia de la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, con el fin de depurar sus listas de clientes.

Cuando les pregunté cuál era su obligación, los Rosenthal se mantuvieron firmes: me dijeron que no es responsabilidad, que ellos no tienen los recursos para verificar los antecedentes de su clientes.

“La obligación de nosotros debiera ser si hubiera una gente responsable que cualquier información que caiga en manos de nosotros se lo pudiéramos dar, y ellos la pudieran ir a revisar, que tuvieran la capacidad para irla a revisar, y digan ‘no es cierto, es un chisme callejero’ o ‘es cierto, no hagan negocios con ellos’. Pero lo que está ahorita es que ellos están sentados a que nosotros decidamos quién es y no es delincuente. Para eso está el Estado, para eso está el gobierno, eso no es función de los bancos, no de las personas. Para eso se creó el Estado”, me dijo Jaime Rosenthal.

Irónicamente, la carta a la embajada, que según los Rosenthal fue una llamada de auxilio, puede perjudicarlos en el caso de los Estados Unidos: aunque no mencionan a Los Cachiros por nombre, muestran que sí tenían idea de quiénes eran sus clientes y del tipo de negocios en que estaban metidos. La carta está fechada en marzo de 2012, 18 meses antes de que el gobierno de los Estados Unidos o el de Honduras tomaran acción alguna contra el grupo.

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