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 “El desplazamiento por violencia es verificable, pero falta voluntad política”

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De enero a septiembre de 2017, Cristosal ha atendido 83 casos de familias desplazadas por la violencia, en total 394 víctimas que tuvieron que huir de sus hogares y refugiarse en otras zonas para salvar sus vidas. La directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, lo plantea de forma clara: mientras el gobierno de El Salvador no reconozca el fenómeno del desplazamiento forzado interno por la violencia, no se podrá medir su impacto en la sociedad y las víctimas seguirán sin percibir la atención necesaria para protegerlas.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


El ministro de ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo recientemente que como gobierno nunca han negado que la violencia es motivo de la huida de sus hogares de familias salvadoreñas, pero insisten en que tienen estadísticas para demostrar que la principal causa es la económica y después la reunificación familiar.

Hay que recordar que la encargada de atención de víctimas del gobierno incluso aseguró que algunas de los desplazados abandonaban sus viviendas porque querían cambiarse de casa.

Ante la falta de falta de reconocimiento y de respuesta efectiva del Estado, Cristosal ha presentado este año cinco recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, todos fueron admitidos y en uno de ellos se han logrado medidas de protección para la familia amenazada. La denuncia es acompañada también por organismos internacionales como el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la relatora especial del desplazamiento forzado interno, quienes piden al Estado salvadoreño reconocer de forma urgente esta problemática.

El ministro Ramírez Landaverde sostiene que las causas del desplazamiento forzado son multicausales, no solo por la violencia. Se apoya en estadísticas propias – que no ha indicado con detalle- y asegura que provienen de las encuestas realizadas a personas retornadas a El Salvador. Para el gobierno la mayoría de familias que huyen lo hacen por una cuestión principal:  la economía.

La migración es multicausal, el desplazamiento es multicausal, no es discutible. El problema es que los instrumentos para recoger información de las instancias y que tienen acceso directo a las víctimas, son instrumentos que no permiten reflejar esa multicausalidad.

Yo vengo deportado y me recibe un funcionario. Me pasa una encuesta y me pregunta: ¿Por qué usted se fue? Y yo respondo: ‘Yo no tenía trabajo en El Salvador’. Queda registrado que me fui por razones económicas. Cuando hay oportunidad de generar la entrevista esa persona puede empezar a explicar: ‘Yo me quedé sin trabajo porque tenía un taller en Soyapango. El taller fue objeto de extorsión por parte de las pandillas, ya no pude sostener el taller’. Tuve que irme a la otra zona, en la otra zona ya no podía generar un ingreso propio como el taller que tuve en la zona de la que tuve que desplazarme y lo intenté, no pude y desde entonces tuve que migrar para lograr encontrar trabajo’. Pero entonces la razón no fue únicamente económica, la persona se quedó sin su medio de subsistencia también por la violencia. Ese tipo de aspectos no son contemplados.

Celia Medrano en entrevista con Revista FACTUM en San Salvador, El Salvador, el 23 de noviembre de 2017. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

¿Y no serán datos más relevantes los que se pueden obtener en fronteras y albergues donde la persona está en el proceso de desplazarse, de huir, en lugar de las personas deportadas?

Las circunstancias en las que una persona es entrevistada al ser deportada o retornada no son las mejores para obtener información; sin embargo, es la que se tiene disponible. Son encuestas, no son entrevistas. (…) El problema es (saber) cuántas personas en condición de desplazamiento interno existen. Esto es invisible por dos razones: las personas están huyendo de sus agresores, no quieren ser vistas; y, en segundo lugar, se mueven constantemente. Una persona que estaba en un municipio y es parte de un grupo familiar de siete miembros, donde de repente tres se han tenido que mover, eso hace difícil saber cuántas personas y en qué puntos están.  Querer detectar vía censo un fenómeno de cuentagotas se hace muy difícil. Porque usted no va a llegar a una casa a preguntar a la cabeza familiar: ¿Cuántos desplazados internos por violencia están viviendo en esta casa?

El ministro habla de información proveniente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que se ha elaborado en conjunto con la Dirección General de Estadística y Censos, ¿dónde está ese informe? Hacer referencia a información, pero no se conoce cómo fue trabajada, cómo fue elaborada… Si esa es la información en la que se basa el Estado para decir que el fenómeno no es grave, es una información que debe ser pública, debe ser conocida.

¿Y cómo Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia Y Crimen Organizado no han solicitado esta información al Gobierno?

Tenemos entendido que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha concluido un informe, pero es algo que conocemos desde hace más de un año. Un conjunto de organizaciones presentamos en 2014 una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llamar la atención de la necesidad de poner una acción estatal enfocada a la atención de víctimas de violencia en desplazamiento interno. Los voceros oficiales que llegaron a esa audiencia hicieron declaraciones públicas a medios de comunicación donde plantearon que estaban esperando que ACNUR concluyera un censo que se estaba haciendo en conjunto con instancias estatales para poder determinar si el problema existía y si era grave. Estamos hablando de septiembre de 2014. Son tres años prácticamente que está sin conocerse los resultados de un censo del cual no sabemos ni cómo se hizo, si tuvo restricciones, en qué zonas se hizo, si las zonas fueron seleccionadas de forma independiente. Esas son las preguntas. Porque yo puedo tratar de hacer un censo, pero si a mí me condicionan las zonas donde el censo va ser realizado, los resultados van a ser sesgados.

Hay organizaciones que atienden a migrantes centroamericanos en México que conocen que muchos de ellos no registran el motivo de desplazamiento como causado por la violencia, por el mismo temor que ya traen desde su país, desde el cual tuvieron que huir.

Casi la mitad de los casos atendidos en Cristosal no denuncia por dos razones: no cree en las instancias públicas y no considera que el denunciar tenga una repercusión positiva a su problema. Hemos conversado con víctimas que nos han dicho: ‘Si yo hubiera sabido todos los problemas que yo iba a vivir por hacer denunciado, nunca hubiera denunciado’. Estamos en la contradicción de tratar que el sistema funcione, para eso hay que denunciar. Pero qué pasa cuando una víctima dice: ‘Yo estoy con mi hijo, menor de edad, en un resguardo, porque soy testigo clave en un proceso judicializado, pero mi esposo, mi madre, mis hermanos están fuera de esa protección, en condición de desplazamiento interno y, además, si se entera el funcionario corrupto que he denunciado, si se entera el pandillero, van a tomar represalias contra la familia que está afuera’. Y es ahí donde la Corte emite medidas cautelares, obliga a las instancias públicas a que activen sistemas de protección, pero quedan cortos, eso nos obliga a repensar el sistema nacional de protección a víctimas y testigos, nos obliga a replantearnos si la normativa actual está a la altura de la normativa internacional para proteger efectivamente a las víctimas de violencia. La apuesta con los recursos de amparo es esa.

Celia Medrano en entrevista con Revista FACTUM en San Salvador, El Salvador, el 23 de noviembre de 2017. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

En agosto pasado, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez, visitó el país por invitación del gobierno. Entonces dijo que la violencia generalizada en El Salvador es una causal del desplazamiento. Estas conclusiones contradijeron a la versión del jefe de Acnur en el país, quien en abril de 2017 rechazó el uso de ese término para el contexto nacional ¿Por qué esa contradicción?

La relatora de Naciones Unidas para los Derechos de los Desplazados Internos tuvo la oportunidad de conocer el fenómeno en tres dimensiones: tuvo reuniones con organizaciones de derechos humanos que monitorean el tema y acceso a estadísticas que atienden atentamente a víctimas; y de entrevistarse con la Procuraduría de Derechos Humanos, que también le dio cifras específicas de los casos de familias que llegan a sus oficinas en todo el país. La otra dimensión fue hablar con personas en condición en confinamiento, porque no tienen los medios ni los apoyos para ver a dónde desplazarse. Y con personas que ya están desplazadas dentro del país, que dos de esas familias son las que han interpuesto recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justica. Eso permitió que la relatora dijera: el gobierno no está reconociendo la gravedad de este fenómeno. Y estamos en un tema de voluntad política, si una funcionaria de Naciones Unidas en una semana de visita oficial tuvo la oportunidad de verificar la situación en esas tres dimensiones, la situación existe, es verificable. Lo que no hay probablemente es voluntad de querer verificarla.

¿Qué otras implicaciones, además de lo evidente de asumir la responsabilidad de la protección de las víctimas, tiene, a nivel internacional, el no reconocimiento del desplazamiento forzado interno?

La relatora especial, el alto comisionado de Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos ya señala el fenómeno y la gravedad, y urge al gobierno de El Salvador a reconocerlo, a dimensionarlo, a estudiarlo, y lo principal: a tomar acciones concretas, tangibles, hacia las víctimas. Entonces es un tema donde El Salvador se está colocando a nivel internacional como un país que no está atendiendo una situación de emergencia humanitaria a partir de la violencia y la invisibilidad por la falta de atención a las víctimas de violencia. Se afirma que sí se está haciendo algo, los que estamos cercanos a las cifras hemos registrado que aumentan los casos que se atienden. Instancias como la Procuraduría de Derechos Humanos registran un aumento de los casos de personas que piden ayuda humanitaria, reubicación, salida del país, que los perseguidores sean castigados y que ya puedan retornar a sus hogares. A eso no se le está dando respuesta y el problema sigue.

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