La presentación del segundo Informe sobre Desplazamiento Forzado por Violencia pudo haber sido el escenario para que la directora de atención de víctimas del gobierno hablara sobre… esas víctimas. Pero la funcionaria, firme a la línea de no reconocer el fenómeno, optó por callar.
Foto FACTUM/Archivo
Fátima Ortiz cierra la boca. Pega los labios con fuerza y muestra su boca sellada a los periodistas que insistimos en lanzarle preguntas. Se niega a hablar.
Se ha visto a funcionarios escapar de preguntas, evadir respuestas diciendo que tienen que irse, que no pueden responder, pero Fátima Ortiz se detiene, cierra la boca y mira al grupo de periodistas que la cuestiona. Nada.
Lo que la prensa quería preguntarle era algo relacionada a su labor como funcionaria pública. Algo que la directora de Atención a Víctimas de El Salvador debería -o podría- haber respondido: ¿Cuándo el gobierno salvadoreño aceptará que hay desplazamiento forzado por violencia y cuándo protegerá a esas víctimas?
Es la mañana del miércoles 13 de diciembre de 2017 y Ortiz ha venido al hotel Barceló, en San Salvador, para participar de la presentación del segundo informe sobre desplazamiento forzado que elaboró la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, la funcionaria no hablará nada sobre el tema.
Antes del mutismo, Ortiz se paró frente al podio y habló durante 21 minutos y 38 segundos. Habló de los proyectos de su dirección, del programa El Salvador Seguro, de sus propuestas para el año 2018… pero nunca habló de los desplazados. Es más, las pocas veces que en su discurso se refirió a las víctimas de desplazamiento se refirió a ellas como “personas que han tenido que movilizarse por causas de la violencia”. Palabras frías para un fenómeno que tiene nombre, un nombre muy conocido aunque de alto costo político para los gobiernos que lo sufren ante la comunidad internacional.
El discurso de la directora de Atención a Víctimas, sin embargo, parece fuera de contexto. Durante más de una hora, el procurador en funciones, Ricardo Gomez, y Celia Medrano, de la oenegé Cristosal, han explicado el estudio sobre la base de 138 casos (familias) y un total de 458 personas afectadas por el desplazamiento.
Durante ese tiempo, los ponentes han dicho que el gobierno no está prestando la debida atención al fenómeno, que las instituciones del Estado no están preparadas para atender a las víctimas, que los casos han sido remitidos por la PDDH hacia oenegés porque la atención oficial es ineficiente, que las víctimas no confían en la Policía -y por eso no denuncian-, y un largo etcétera de bofetadas hacia el Estado que no merece abreviarse. Ortiz, al igual que lo hace en sus redes sociales, hablará mucho sobre logros, avances, proyectos… pero callará sobre las víctimas.
La directora de Atención de Víctimas Fátima Ortiz (de pie) junto a Gerardo Alegría y Ricardo Gómez, de la PDDH, y Celia Medrano de Cristosal. Foto FACTUM/Bryan Avelar
Ortiz sonríe y saluda a Celia Medrano después de escuchar cómo expuso magistralmente la ineficiencia de su dirección de Atención a Víctimas, la ineficiencia del Estado y del gobierno ante un fenómeno que ha sido reconocido en El Salvador hasta por la ONU.
A principios de este año, en una entrevista a Factum, Ortiz no solo negó el fenómeno de los desplazados, también aceptó que los mecanismos de protección a este tipo de víctimas son pésimos, dijo que los encerraban en casas de seguridad sin dejarlos salir. Y no solo eso: también dijo que en muchos casos, las víctimas de este fenómeno solo querían “aprovecharse y cambiar de casa”.
Al final de la ponencia, un grupo de periodistas se acerca a la funcionaria para preguntarle si, ante el informe del que acaba de ser testigo, sus jefes seguirán negando el desplazamiento forzado. Pero Ortiz calla. Dice que no está autorizada para hablar del tema que, justamente, venía a hablar. Que solo puede hablar de sus proyectos, de nada más. Entonces, ante la insistencia, pega sus labios y nos los muestra. Uno, dos, tres… cinco segundos.
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Y se va.
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