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El crimen organizado que un juez achaca a Rais-Martínez cobija a muchos más

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador convirtió en verdad judicial lo que el periodismo de investigación salvadoreño había revelado en 2014: Luis Antonio Martínez, el exfiscal general de la república, y el empresario José Aquiles Enrique Rais López crearon un asocio criminal organizado. Aunque lo dicho por el tribunal atañe solo a Rais y Martínez, la historia de este asocio se refiere también al sistema político salvadoreño que se alió con el primero e hizo uso de los servicios del segundo.

Foto FACTUM/Archivo


Factum empezó a contar esta historia en 2014, cuando reveló que Rais prestaba sus aviones a Martínez para asuntos oficiales de la Fiscalía o incluso para viajes personales. Martínez era entonces fiscal general y una de las prioridades en su agenda era utilizar el poder de su oficina para favorecer a Rais en los tribunales y atacar, con investigaciones penales que hoy sabemos fueron manipuladas, a los enemigos del empresario.

Uno de los que mejor definió el poder de Martínez fue José Luis Merino, el comandante Ramiro del FMLN y amigo cercano de Rais, cuando dijo que las críticas al fiscal general se debían a que este funcionario era quien portaba “el pistolón del Estado”. La resolución del Primero de Sentencia dice, hoy, algo extra: Martínez usó su poder legal -su “pistolón”- para cometer crímenes.

Federico Varese, académico italiano especializado en criminalidad basado en la Universidad de Oxford, dice que una de las características del crimen organizado es que busca procurarse de una “gobernanza criminal” que le garantice impunidad y libertad de operación. Eso era lo que hacía Luis Martínez para Enrique Rais.

Tras revelar, en 2014, el asocio de fiscal general y empresario a través de los aviones del segundo, Factum hizo una cobertura sobre este caso que incluyó más revelaciones. Entre las más importantes:

  • El cabildeo político de Rais con el FMLN, a través de Merino, y con GANA, a través de Guillermo Gallegos, fue importante para la elección de Luis Martínez en 2012.

 

 

  • Varios funcionarios del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, incluido el propio presidente, y del consorcio Alba Petróleos, José Luis Merino entre ellos, viajaron en los aviones de Rais, incluso en los que luego serían confiscados en Florida.

 

  • Cuando Martínez dejó la Fiscalía en 2015, varios de los casos abiertos por el exfiscal contra los enemigos de Rais empezaron a caerse en los tribunales. (Rais me demandó por calumnia debido a una nota en la que hice referencia a esto último, a la que titulé “Se deshace el castillo de naipes”. Uno de los abogados que me demandó en nombre de Rais fue Wilfredo Gutiérrez, quien hoy es, como su jefe, prófugo de la justicia. Fui sobreseido definitivamente por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Rais apeló y la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, Santa Tecla, revocó la decisión y ordenó a otro de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla que conociera del caso en la fase que estaba. Este nuevo juez, al analizar el caso, advirtió que desde el principio se había iniciado de forma irregular y declaró la nulidad absoluta. Contra esta decisión Rais presentó apelación y esta todavía no se ha resuelto.)

 

  • Que Rais, tras ser acusado por el sucesor de Martínez en la Fiscalía General por delitos de corrupción, huyó a Suiza, país del que es nacional. Que en Suiza una fiscalía regional lo investigó por posibles delitos de lavado de dinero. A través de un intercambio de correos electrónicos, el fiscal suizo Anton Rüsch aseguró el 10 de agosto de 2018 que había un procedimiento legal abierto contra Rais, y que la base de ese procedimiento era una investigación por lavado de dinero.

 

 

  • Y que, a pesar de que un público dijo lo contrario, Douglas Meléndez, el fiscal que terminó funciones en 2018 y quien acusó a Rais y Martínez, no dio seguimiento al intercambio de información sobre el paradero del prófugo.

 

Otros colegas y medios de comunicación agregaron información sobre el consorcio criminal y sobre los nexos de los políticos salvadoreños con Luis Martínez.

En una nota publicada el 20 de octubre pasado, El Faro reveló que Rais también se reunió con dirigentes de FMLN, Arena, GANA y PCN en 2015 para cabildear por la reelección de Martínez.

Antes, en enero de 2017, La Prensa Gráfica publicó en el reportaje en que reveló que la relación del empresario y el exfiscal general llegaba hasta el plano personal. El 28 de noviembre de 2014, Martínez y su esposa estuvieron entre los 600 invitados a la boda de una hija de Rais celebrada en un hotel de lujo en Cancún, México. Tres días antes, el fiscal general Martínez había pedido en un tribunal la absolución definitiva de Rais y otros familiares en un caso de estafa presentado por empresarios canadienses con quienes el salvadoreño había compartido sociedad de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES).

Rais, Martínez, sus abogados y sus acólitos han dado explicaciones diferentes sobre la relación, aunque el empresario nunca la negó. Rais aceptó que lo unía con el exfiscal un nexo de amistad. Martínez, al ser consultado en público y privado por qué viajaba en los aviones de Rais contestaba que “por razones de seguridad”.

El 22 de agosto de 2016, la Fiscalía, dirigida ya por Douglas Meléndez, sucesor de Martínez, ordenó la captura del exfiscal general y de Rais; los acusó de fraude procesal, cohecho y falsedad ideológica. En corto: las investigaciones revelaban que mientras estuvo al frente de la FGR, Martínez participó en la fabricación de pruebas para favorecer los intereses de Rais en los tribunales.

Desde su captura, Martínez guarda silencio. Enrique Rais huyó a Suiza con uno de sus helicópteros.

El ex fiscal general Luis Martínez (de lentes), y el fiscal Julio Arriaza detenidos por sospechas de corrupción relacionada al empresario Enrique Rais. Foto FACTUM/Salvador Meléndez.

En El Salvador, la sombra del empresario sigue presente en forma de comunicados de prensa firmados por algunos de sus abogados, en los que entre otras cosas acusa al exfiscal general Meléndez de perseguirlo injusta e ilegalmente.

Hasta hace muy poco, la clase política a la que Rais se asoció de una manera u otra había guardado un escrupuloso silencio respecto al empresario. Una de las pocas excepciones ocurrió en mayo de 2017, cuando Nayib Bukele, entonces alcalde de San Salvador, explicó en un intercambio por Twitter que el contrato que el concejo municipal había otorgado a Hydroil, otra de las empresas de Rais, no era ilegal, y que él no podía hacer nada al respecto porque hubiese sido inapropiada su injerencia en una licitación pública.

El silencio político respecto a Rais -que ha incluido a todos los partidos políticos representados en la Asamblea- se rompió este lunes 28 de enero de 2019 cuando Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador por Arena, hizo una denuncia pública contra el empresario por amenazarlo y lo responsabilizó de cualquier daño a él o a su familia. Muyshondt anunció que la alcaldía no renovará su contrato con MIDES y acusó a Rais de intentar sobornarlo.

Pocas horas después de la denuncia, un abogado de Rais dio una conferencia de prensa para decir: “Negamos categóricamente cualquier tipo de amenaza o presión que señala el alcalde Muyshondt de parte de MIDES”, según notas publicadas, entre otros, por El Blog y El Espectador, dos sitios web con apariencia noticiosa que suelen reproducir sin cuestionamientos las posiciones de los abogados de Rais.

El pasado viernes 25 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia dio un nombre al asocio que Enrique Rais tenía con el exfiscal general Luis Martínez, dedicado en buena medida a proteger los intereses del empresario en el negocio de la basura: crimen organizado.

Más allá del asocio

Cuando en 2013 investigaba para escribir un libro sobre la infiltración criminal en la Policía salvadoreña, un hombre que había trabajado durante años con Reynerio Flores Lazo, uno de los jefes de la banda de narcotraficantes Los Perrones, me soltó una frase a la que he regresado varias veces al investigar otros casos de connivencia entre el Estado y las mafias: “Muchas veces el crimen más organizado es el que hay en el Estado”.

En El Salvador la relación entre crimen organizado y Estado existe desde hace tiempo. Durante la guerra civil militares de alto rango empezaron, en el aeropuerto de Ilopango, un asocio con narcotraficantes colombianos y mexicanos, del que luego se lucraron jefes policiales y oficiales castrenses en los 90 y 2000. Este asocio, el de Rais y Martínez, habla de algo distinto; se refiere el uso criminal de todo el aparato estatal para posibilitar y encubrir actos de corrupción a gran escala.

Este asocio habla de un nivel de criminalidad que nunca antes habíamos visto con tanta claridad en la Fiscalía General de la República.

Es cierto que todos los abogados que precedieron a Luis Martínez en la principal jefatura del Ministerio Público fueron, en el mejor de los casos, defensores mediocres de los intereses de la ciudadanía y el Estado, que es lo que les mandaba la Constitución. Y es cierto que en algunos casos esos fiscales fueron cómplices de los grupos de interés político que los pusieron en ese despacho. Nunca, sin embargo, la corrupción y la criminalidad estuvieron tan a la vista como en el caso de Luis Martínez.

Martínez, de acuerdo con las investigaciones periodísticas citadas arriba, hizo negocios por debajo de la mesa con quien pudiera pagárselas. En parte por eso está preso por orden de un juez a petición de la misma Fiscalía en la que él terminó de incrustar al crimen organizado.

También es cierto que los asocios de Rais no terminan en Luis Martínez. A sus aviones se subió mucha gente, incluso cuando ya era público que había una relación impropia entre el empresario y el fiscal general.

Una lista breve de los pasajeros que volaron en las aeronaves de Rais, tomada de una investigación que el Tribunal de Ética Gubernamental abrió a Martínez en 2016 por los viajes, da una idea de la influencia del empresario. En esos aviones viajaron: Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República; José Luis Merino y varios de los dirigentes de empresas del consorcio Alba Petróleos en El Salvador; además de Martínez, los exfiscales Allan Hernández, Edgar Isaías Márquez y Tovías Armando Menjívar (todos estuvieron relacionados en tiempos de Martínez con casos que afectaban a Rais).

Además de Sánchez Cerén, que viajó en el avión matrícula N440KM -uno de los incautados temporalmente en Florida-, con Rais también viajó el expresidente hondureño Porfirio Lobo, cuyos familiares han sido investigados y procesados por relaciones con el narcotráfico.

No hay pruebas, aún, de que los hechos por los que la justicia salvadoreña acusa a Rais en su asocio con Luis Martínez hayan trascendido a otras esferas del Estado salvadoreño, pero ya acusaciones como la del alcalde Muyshondt dan pistas de los alcances de la estructura de crimen organizado que se consolidó en gran medida gracias a la complicidad del exfiscal general de la república de El Salvador.

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