La tan esperada acción ejecutiva del presidente Obama sobre inmigración finalmente ocurrió -con los anticipados fuegos artificiales políticos- y beneficiará a más de un tercio de las personas indocumentadas en el país. Es prematuro ofrecer predicciones sobre cómo se desarrollará la dinámica entre una Casa Blanca herida por las pérdidas electorales del mes pasado y una oposición envalentonada en el Congreso. Podemos, sin embargo, evaluar a quiénes ha afectado las medidas de la administración y a quiénes no. Entre 4 y 5 millones de personas, la mayoría de ellos originarios de México, podrán aplicar a permisos de trabajo y protección segura de deportación durante tres años si han estado en los Estados Unidos por cinco años o más y si tienen hijos que bien son ciudadanos estadounidenses o residentes autorizados.
La acción ejecutiva no es un cambio modesto en la política, pero contiene pequeñas buenas noticias para un gran número de personas indocumentadas y ninguna buena noticia para aquellos a los que esta administración ya ha deportado. Para los 250,000 niños estadounidenses ciudadanos cuyos padres han sido deportados en los últimos seis años, no ofrece ningún consuelo; no existe ninguna disposición para que los padres vuelvan a criar a sus hijos aquí. Tampoco las medidas del presidente ofrecieron alivio más permanente a los cerca de 280,000 centroamericanos que han residido en los Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS) después de los desastres naturales en la región durante la década de 1990 y principios de 2000. Los beneficiarios de dichas disposiciones seguirán pagando aproximadamente $500 cada 12 o 18 meses para renovar su estatus.
Otras poblaciones que han estado aquí por más de una década como miembros estables de la comunidad tampoco se verán beneficiadas por las reformas. No importa cuánto tiempo hayan estado aquí ni qué tan buenos hayan sido –si han respetado de la ley, si han pagado impuestos, si han asistido a la iglesia o han sido buenos en general- no serán elegibles para la ayuda si no tienen hijos. La acción de la administración fue estrictamente elegida como una iniciativa centrada en la familia, y la familia, en este caso, significa hijos con autorización para estar en los Estados Unidos. Los cónyuges no cuentan. Una importante nueva población de migrantes también se quedó fuera de la reforma: los niños no acompañados, principalmente de países desgarrados por la violencia del Triángulo Norte de Centroamérica, cuyo aumento en la frontera recibió gran atención de los medios de comunicación durante el verano de 2014. De hecho, el discurso del presidente a la nación no hizo ninguna mención de esa crisis humanitaria y dejó claro que los que vienen cruzando ahora deberían esperarse ser deportados.
Los 68,000 niños que recorrieron la frontera durante este año fiscal permanecen en el limbo. De acuerdo con datos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, más de 55,000 han sido colocados con patrocinadores inmediatos o con su familia extensa en los Estados Unidos, mientras sus casos de remoción están pendientes en las cortes de inmigración. Las áreas metropolitanas con comunidades centroamericanas muy establecidas, que desde hace tiempo han sido testigos de la más grande afluencia de niños no acompañados.
Solo el área metropolitana de Baltimore-Washington, por ejemplo, recibió cerca de 6,500 menores no acompañados durante el pasado año fiscal. Una vez colocados en el cuidado del patrocinador, las perspectivas de estos niños para permanecer en los Estados Unidos -y su bienestar a la espera de una decisión judicial- dependen en gran medida de las políticas a nivel local. Mientras que la administración de Obama ha tomado medidas limitadas en los últimos meses para dar asistencia jurídica a estos menores, la financiación de la representación legal directa y una variedad de otros servicios educativos, sanitarios y servicios sociales viene cada vez más de los gobiernos estatales y locales que tradicionalmente han apoyado programas humanitarios que ayudan a inmigrantes.
Este apoyo es crucial, como lo demuestra un estudio de la Universidad de Syracuse, que encontró que el 85% de los niños no acompañados que aparecen en la corte sin un abogado son obligados a salir de los Estados Unidos; con un abogado, sin embargo, las probabilidades de que un niño permanezca en los Estados Unidos aumentan de 15 a 73 %. En ciudades como Nueva York, los fondos locales también se están canalizando a través de redes de defensa para apoyar el acceso a servicios más allá de la sala de audiencias, desde exámenes de salud mental, hasta vacunas y asistencia con la matrícula escolar. Otras comunidades locales no pueden hacer lo mismo, particularmente a raíz de la acción ejecutiva recientemente anunciada, que en el corto plazo pondrá a prueba los recursos ya gravados de gobiernos locales y grupos de defensa.
Traducción al español de Alejandra Nolasco.
Este texto fue publicado originalmente en inglés en el Aula Blog del Centro de Estudios Lationamericanos de American University.
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