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El Baile de la Ignorancia: guerra, lavado de dinero y terrorismo

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Del 13 al 17 marzo del presente año se celebró el 60º período de sesiones de la Comisión de Narcóticos y Drogas de las Naciones Unidas (CND), en donde más de 1,500 delegados oficiales y expertos del más alto nivel, de 53 países, se reunieron en Viena para debatir sobre la situación global de las drogas. Como es de esperar, los representantes de los gobiernos de los países que actualmente padecen el mayor flagelo de la “Guerra Contra Las Drogas” actuaron con un silencio cómplice ante el derramamiento de sangre y la agonía de sus pueblos.

El proceso Post-UNGASS resalta cada vez más lo evidente: el prohibicionismo ha fracasado, y no sólo en la lucha contra la consolidación de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD), sino que también en los últimos años la inútil estrategia implementada en esta guerra ha provocado un aumento de los cultivos de plantas de coca, amapola y cannabis. Las políticas prohibicionistas del gobierno federal de los Estados Unidos, Rusia y China también agudizan la creciente problemática de las Nuevas Drogas Psicoactivas (NPS, por sus siglas en inglés) a tal punto que la administración Trump ha elogiado el modelo chino de fiscalización de precursores.

Es por ello que gobiernos de los cinco continentes han realizado propuestas para superar un modelo que violenta los derechos esenciales y que ha recibido críticas contundentes de la sociedad civil y la comunidad científica. El debate hacia la declaración política de 2019 se ha centrado en la política de erradicación, sustitución, abstinencia y una estrategia basada en la salud pública, los derechos humanos y metodologías de reducción de daños.

Por su parte, el Secretario general de la ONU fue claro en mostrar su interés en la reforma al actual modelo de fiscalización, dejando claro que garantizará la transparencia y una visión más amplia para el proceso Post-UNGASS y la declaración política de 2019. El actual Zar de las drogas Yuri V. Fedotov aseveró que la regulación de la cannabis es una contravención a las convenciones, lo cual corrobora la postura anti reforma de la cabeza de ONUDD (comisión para drogas y delitos), en contraste de la secretaría general y otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

Finalmente los países miembros de la CND aprobaron el ingreso a la lista 2 de sustancias fiscalizadas a 10 NPS y 2 precursores de Fentanyl.

La necropolítica y la ignorancia del servicio exterior

Durante el mencionado período de sesiones de la CND tuve la oportunidad de participar en una reunión cerrada con autoridades del gobierno de Filipinas organizada por David Borden, director del portal Stop the Drug War. Aunque las más de 6,500 ejecuciones extrajudiciales promovidas por el dictador Rodrigo Duterte en tan sólo ocho meses no fueron el centro del debate, las voces desde la sociedad civil de ese país, que cuestionan fuertemente la estrategia de exterminio, la presión de organizaciones internacionales, incluyendo a organizaciones miembro  del Consorcio Internacional Sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), han generado tal incidencia que Duterte se ha visto obligado a volcar sus ojos hacia la corrupción en las autoridades, antes de criminalizar y asesinar a las personas que usan drogas.

Volviendo a nuestra región, hay que ser conscientes de que el Triángulo Norte de Centroamérica representa actualmente la ruta principal de tráfico de cocaína hacia Norteamérica y la región donde las OTD tienen mejores condiciones para el lavado y blanqueo de activos. Los gobiernos de nuestra región contaron, por lo general, con una representación de bajo nivel, con la excepción del gobierno de Guatemala que envió a su canciller con un discurso congruente a este evento que es parte de un proceso estratégico para la seguridad y desarrollo de nuestros países.

Por su parte, el gobierno de El Salvador envió una delegación de bajo nivel enfocada en la aprobación del ingreso de dos nuevos precursores de Fentanyl a la lista 2 de sustancias fiscalizadas, una propuesta impulsada por el gobierno de los Estados Unidos.

Como ya había denunciado en este artículo anterior, la abrumadora incompetencia del servicio exterior salvadoreño y la evidente corrupción en la designación de misiones diplomáticas de alto nivel es cada vez más evidente. No sólo porque el ministro consejero agregado a la embajada salvadoreña en Viena, Ramiro Aquiles Recinos Trejo, muy a pesar de su monumental ausencia durante el período intersesional de la Comisión de Narcóticos y Drogas donde fue la persona designada para ocupar el asiento de El Salvador, aún goza de la jugosa beca que implica su cargo.

El miedo y la ignorancia reina en la misión permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales en Viena, pero no podemos esperar más de la embajadora y titular de la misión, Lucía Rosella Badía, quien carece de experiencia y conocimientos sobre los temas que trata la CND y la importancia del proceso Post-UNGASS.

Según la titular de la misión, El Salvador no cuenta con delegaciones de alto nivel en este proceso porque los temas relativos al narcotráfico, lavado de dinero y fiscalización de drogas no son de mayor importancia para nuestro país, por lo cual las medidas de austeridad se aplican a temas poco relevantes como este.

Sí, como lo han leído: El Salvador, un país del Triángulo Norte, oficialmente no ve como relevante y mucho menos estratégico un proceso que busca justamente reformar una de las mayores causas de la agonía de este país.

La excelentísima señora embajadora durante las pequeñas charlas que llegamos a tener se mostró reacia a mantener un diálogo bilateral con la única representación de la sociedad civil de El Salvador y del Triángulo Norte en este proceso. Es más, acusó a mi persona de tener algo contra Cancillería. Es que este tipo de funcionarios olvidan que son justamente empleados/as públicos que deben responder a la sociedad civil. Es más, la embajadora mencionó que mis publicaciones le han dificultado su trabajo, llegando al punto de solicitarme una carta para justificar ante Cancillería el conversar conmigo debido a los precedentes con publicaciones como esta (supongo). A decir verdad me alegra, pues si la misión se desempeñara como es debido no fuera necesaria la contraloría y presión externa.

Pero no podemos pedir mucho de alguien que está en un puesto clave por influencias familiares y con tan sólo una experiencia como pasante. Cabe destacar en este punto que llama la atención que no estén publicadas las hojas de vida de las y los funcionarios miembros del servicio exterior de Viena, ni de Nueva York o Ginebra, por lo que Cancillería está incumpliendo la ley de acceso a la información pública, ya que esa información debería estar publicada de forma oficiosa. A pesar de mis solicitudes hasta la fecha de publicación de este artículo aún no se ha tenido respuesta alguna.

Es una verdadera lástima que la misión permanente de El Salvador no comparta las buenas prácticas de sus pares de Guatemala o Costa Rica,  siendo esta última representación la más abierta a dialogar, colaborar y coordinar con la sociedad civil de su país. Existe una gran diferencia entre la visión colaborativa y abierta al diálogo con la sociedad civil del servicio exterior costarricense y la actitud de rivalidad, bloqueo y desinterés del servicio exterior salvadoreño.

Corrupción, Lavado de Dinero y Terrorismo

La consolidación y la expansión de la economía de las drogas ilícitas ha avanzando hacia la toma de control de los estados centroamericanos. Por su lado, al igual que con el narcotráfico, los gobiernos del Triángulo Norte han negado en reiteradas ocasiones que el lavado de dinero a gran escala exista en la región. Lo cual es un alerta de la urgente necesidad de la capacitación, entrenamiento y equipamiento adecuado de los fiscales especializados en la investigación y persecución al lavado y blanqueo de activos. Sin embargo, por la fragilidad del Estado de Derecho y amplia influencia de las Organizaciones de Tráfico de Drogas se hace necesario el acompañamiento de comisionados y relatores especiales de Naciones Unidas en la región.

Hoy Centroamérica es el epicentro del lavado de dinero de las Organizaciones de Tráfico de Drogas mesoamericanas, este dinero negro contribuye no sólo al fortalecimiento de estructuras del crimen organizado y el terrorismo internacional, sino que también socava rápidamente las economías locales.

En cuanto a la respuesta política necesaria para romper este círculo de la muerte, se requiere de la apertura de espacios políticos, en especial en el Triángulo Norte. Espacios en cada país donde se pueda generar y gestionar conocimiento con el fin de promover un debate más incluyente a nivel nacional y regional. El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentran en un momento histórico debido a una situación política crítica. Esta crisis ofrece oportunidades invaluables para abordar el debate sobre políticas de drogas y su conexión con otros delitos como la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Es imprescindible la relación entre las entidades internacionales y la sociedad civil, pues es ésta la que finalmente padece las consecuencias del actual modelo de “fiscalización internacional de drogas”. Y es la civilidad, que no se encuentra en estado de interpretarla, quien exige un enfoque hacia la regulación de los mercados y la implementación de políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos. De este modo se fortalece y democratizan espacios como el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (CSTF) de Naciones Unidas.

Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil permitiría a los gobiernos de la región (como lo hace Costa Rica) tener una mejor visión y aprovechar los recursos en materia de seguridad, combatiendo de una vez por todas a las estructuras de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) y descriminalizando, por fin, a las juventudes y a las personas que usan drogas (PQUD). Esa sería una manera inteligente de superar el estigma de creer criminales a las y los ciudadanos sólo por el hecho de usar drogas que han sido ilegalizadas.

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#drogas #ONU