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Ejecuciones extrajudiciales en El Salvador se discuten en Washington

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La preocupación de congresistas estadounidenses sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en El Salvador es alta. Y no es para menos: la ayuda económica y programas de cooperación de Estados Unidos a El Salvador depende de los esfuerzos evidentes que haga el gobierno salvadoreño por reforzar la institucionalidad y la democracia y por salvaguardar, dentro del ejercicio democrático, los derechos humanos. Uno de los edificios del Congreso estadounidense abrirá sus puertas este martes 19 de septiembre para que los directores de Revista Factum y el periódico digital El Faro conversen con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sobre un problema que el gobierno de El Salvador dice ignorar, aunque fuera de sus fronteras ya se conoce como una realidad innegable. 

Foto FACTUM/Archivo


Las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador no han pasado desapercibidas para las autoridades políticas estadounidenses ni para sus organizaciones sociales. Los hallazgos en las investigaciones institucionales del Estado salvadoreño a cargo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las investigaciones periodísticas sobre el problema han llegado hasta los pasillos y oficinas de congresistas en Washington y lo han dejado claro: en El Salvador hay un patrón de muertes violentas en manos de las autoridades que se disfrazan como enfrentamientos armados -para lo que se argumenta la legítima defensa- cuando en realidad se trata de ejecuciones extrajudiciales: asesinatos contra pandilleros -o civiles- que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén se ha empeñado en negar.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) va a ser la auspiciadora, este martes 19 de septiembre de 2017, de un encuentro con dos directores de medios de comunicación de El Salvador que han investigado a profundidad este problema: Héctor Silva Ávalos, de Revista Factum, y José Luis Sanz, de El Faro. La sede para el evento se ubica en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes, en Washington. Factum, el 22 de agosto pasado, publicó una investigación que reveló cómo un grupo de policías de una unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC) cometió crímenes como violación sexual contra dos niñas, extorsión y, al menos, tres ejecuciones extrajudiciales contra pandilleros.

Uno de los hallazgos que más preocupación han causado en la comunidad internacional es que estos policías estaban integrados en una red de comunicación en la que participaban decenas de agentes de distintas unidades policiales y en la que se intercambiaban experiencias de cómo se asesinaba y torturaba a pandilleros y cómo en determinados casos había que elaborar escenas del crimen para que parecieran enfrentamientos armados entre policías y pandilleros y no asesinatos.

Funcionarios del gobierno de Sánchez Cerén, incluidos el vicepresidente, Óscar Ortiz; el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López; el director de la PNC, Howard Cotto; y el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez, entre otros, se han empecinado en negar que haya conocimiento o consentimiento de las altas autoridades salvadoreñas para que grupos dentro de la Policía actúen como escuadrones de la muerte. Pero las evidencias sobre estos grupos han sido determinantes y, pese a los discursos oficiales de negación del problema, la preocupación por las violaciones a los derechos humanos es una situación que tiene en la mira al gobierno salvadoreño fuera de sus fronteras.

De hecho, las evidencias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales fueron presentadas, el pasado 5 de septiembre, por dos organizaciones salvadoreñas que velan por los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una muestra de preocupación por la situación de violencia que vive El Salvador.

Silva Ávalos, codirector de Factum, cree que este evento auspiciado por WOLA y que se va a realizar dentro de uno de los edificios del Congreso de Estados Unidos no es una casualidad:

-Hay un interés en Washington -en el Congreso y en el Departamento de Estado- por este tema. No solo es la publicación de Factum, también es el hecho de que el IDHUCA presentó a la CIDH casos por publicaciones anteriores. La agenda está organizada por WOLA. Esto se da en un contexto en que el Congreso y el poder ejecutivo, no solo desde esta administración Trump sino desde la administración Obama, han puesto un interés especial en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y, de hecho, la cámara baja y la cámara alta ya llevan aprobando -y este es el tercer año- ayudas extraordinarias para el Triángulo Norte de Centroamérica, para el combate a la corrupción, para el Estado de Derecho, prevención de migraciones irregulares, etcétera. En ese contexto, todo lo que ocurre en El Salvador, sobre todo lo que ocurre en el área de seguridad pública, es de interés para algunas oficinas del Congreso. El hecho de que se hayan aprobado más ayudas y que buena parte de estas ayudas esté condicionada a los que los tres gobiernos hagan en el combate a la corrupción, pero también en el respeto al Estado de Derecho, creo que hace que este tema en particular sea de interés aquí, dijo Silva Ávalos.

De hecho, Silva Ávalos ha mantenido reuniones previas al evento de este martes con las oficinas de los congresistas Jim McGovern, de Massachusetts, y Norma Torres, de California, y con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que también tienen interés en el tema. La agenda de las reuniones, explicó el codirector de Factum, se enfocan en la exposición ante esas oficinas del Congreso de las publicaciones sobre violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado salvadoreño, y en especial la investigación de Factum “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, publicada el 22 de agosto de 2017.

Para el evento de este martes, también está invitada como comentarista la doctora Margaret Daly Hayes, directora de las asociaciones de Investigación Basada en Evidencia, quien ha sido autora de numerosas publicaciones sobre temas de economía política y seguridad en Latinoamérica y ha trabajado en instituciones como la USAID, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con universidades en Estados Unidos y, más recientemente, en la Organización de Estados Americanos.

Las discusiones serán moderadas Geoff Thale, director de programas de WOLA. Esta organización se dedica a la investigación y a la promoción de los derechos humanos en las Américas. La visión de WOLA es procurar políticas públicas en Latinoamérica “que protejan los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana” y para las que “la justicia prevalezca sobre la violencia”.

Thale, mediante un correo electrónico, comentó a Factum que la relevancia de esta discusión con los directores de Factum y El Faro en el Congreso de Estados Unidos se fundamenta en que “hacerse del ojo pacho sobre las ejecuciones extrajudiciales no ayudará a disminuir los índices de criminalidad, mientras se sigan violando los derechos humanos más básicos y se esté minando la integridad de las fuerzas policiales”.

-WOLA condena con firmeza la extorsión, el control territorial y los homicidios cometidos por las pandillas y cree que el gobierno tiene el deber de responder a estos problemas de una forma integral (…). Muchas personas en los Estados Unidos -en el Congreso, en la Administración (órgano ejecutivo) y el público en general- están preocupadas por los derechos humanos y la seguridad ciudadana en El Salvador, y WOLA cree que es importante que la comunidad esté informada sobre lo que parece ser un problema de un patrón de tolerancia hacia las ejecuciones extrajudiciales y de amenazas contra quienes exponen este problema, dijo el director de programas de WOLA a Factum.

El encuentro con los dos periodistas salvadoreños será a las 10 de la mañana, hora de Washington.

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