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Dos vicepresidentes están obligados a aclarar irregularidades detectadas en sus patrimonios

Óscar Ortiz, actual vicepresidente de la República, y Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta de la administración de Antonio Saca (2004-2009), corren el riesgo de enfrentar un juicio civil por enriquecimiento ilícito si no desvanecen incongruencias en sus patrimonios individuales y familiares que les ha descubierto la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Ortiz, las anomalías encontradas fueron por alrededor de $1.8 millones, antes de que el vicepresidente pudiera solventar los señalamientos. Mientras que De Escobar dice que está a la espera una respuesta de Probidad para que se le extienda una prórroga, luego de un período inicial de diez días, para responder a todo el informe que se le notificó.      

Gif FACTUM/Orus Villacorta
Fotos FACTUM/ Salvador Meléndez


Las investigaciones de la Sección de Probidad sobre el actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, se remontan a su período como diputado de la Asamblea Legislativa, entre 1997 y 2000, y a los años en que fue el alcalde de Santa Tecla, entre 2000 y 2014, ambos cargos con el partido Fmln. El más reciente informe semestral que Probidad le envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno da cuenta de los avances que ha tenido la sección en 24 expedientes de investigación que se encuentran en proceso. Entre ellos se incluye el de Ortiz y también el de la exvicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar, quien se desempeñó en ese cargo entre 2004 y 2009, en la gestión presidencial de Antonio Saca, del partido Arena.

En el informe sobre el vicepresidente, Probidad reportó que pudo procesar hasta 49 cuentas de ahorro y corriente de Ortiz y su grupo familiar, además de que envió a las instituciones públicas y privadas otros 35 nuevos requerimientos y que fueron respondidos en su totalidad. El pasado 30 de mayo, Probidad le entregó el informe de Ortiz a la comisión de magistrados encargada de conocer las investigaciones de la sección.

Las irregularidades patrimoniales que le fueron detectadas al vicepresidente Ortiz fueron por $1.8 millones, como revelaron fuentes de la CSJ a Revista Factum. Esta cantidad fue establecida sin que Ortiz haya tenido la oportunidad de responder a los señalamientos. Se ha tratado de contactar con el vicepresidente a través de su asistente, pero no ha habido una respuesta positiva. Por el momento, es una incógnita si Ortiz pudo aclarar las irregularidades patrimoniales que se le señalaron.

El contexto es importante si se recuerda que el pasado 18 de julio, 44 diputados de la Asamblea Legislativa dieron sus votos para aprobar 16 reformas a la Ley de Extinción de Dominio, la normativa que busca confiscar bienes producto del enriquecimiento ilícito o el crimen organizado. Sucede que la mayoría de esos diputados (37 de los 44) tienen abiertos expedientes en Probidad, tal como reveló Revista Factum.

Las reformas, aprobadas por Fmln, Gana, PCN y una diputada de Arena, han sido defendidas y justificadas por el gobierno. El vicepresidente Ortiz, de hecho, ha sido uno de los férreos defensores de las reformas, que, en síntesis, protegen a los funcionarios públicos de que sus bienes muebles e inmuebles sean decomisados por el Estado, bajo esta ley, como medida cautelar, mientras no resulten condenados por enriquecimiento ilícito y con una ratificación de la sentencia condenatoria por una Cámara de lo Civil.

“¿Le parecería correcto que a usted le quiten todo sin que le prueben algo de antemano? Entonces, este es un procedimiento constitucional, que es presunción de inocencia, que es proporcionalidad a lo que se acusa. Y por otro lado, ponerle un tiempo (de prescripción de diez años)”, dijo el vicepresidente el miércoles 19 de julio de 2017, un día después de que 44 diputados del congreso aprobaron las reformas. Lo que no mencionó Ortiz es que esas prerrogativas solo fueran confeccionadas para los funcionarios públicos, no para el resto de la ciudadanía. Incluso, el tiempo de prescripción de diez años es solo para los funcionarios públicos, porque la prescripción general es de treinta años. 

Ortiz, desde principios de los años 2000, es miembro una sociedad llamada Desarrollos Montecristo con José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, y con Rogelio Cervantes. Esta sociedad se ha visto envuelta en una serie de compras y ventas de terrenos en las costas del departamento de San Vicente, precisamente en la Isla Montecristo, según una investigación de la Fiscalía General de la República contra “Chepe Diablo”, parte del Cártel de Texis. Las indagaciones fiscales apuntan a que estas transacciones pudieron servir para hacer lavado de dinero.

El mismo Ortiz ha participado en esas compraventas que incluso le generaron pérdidas a su propia empresa, como lo reveló en su momento Revista Factum. La Fiscalía no ha descartado que el actual vicepresidente haya estado involucrado, mediante Desarrollos Montecristo, en las actividades de “Chepe Diablo”, quien en la actualidad está procesado por delitos de lavado de dinero. Ortiz no ha depuesto su cargo mientras las autoridades lo investigan.

La vicepresidenta investigada

La Sección de Probidad, mientras tanto, dio diez días de plazo a la actual diputada de Arena Ana Vilma de Escobar, para que pudiera aclarar los hallazgos que se le detectaron en su patrimonio. La investigación de Probidad sobre De Escobar es sobre su período como vicepresidenta de la República, entre 2004 y 2009. La exvicepresidenta no quiso revelar el monto que Probidad le ha pedido que aclare, pero aseguró que los diez días no han sido suficientes y está a la espera de una respuesta a una solicitud para que se le amplíe el plazo.

“Si hay algo que dificulta la tarea de desvanecer hallazgos es el tiempo que ha transcurrido entre el período que se está examinando y el actual. Estos exámenes de Probidad han tomado, algunos, un año. Y a veces los plazos que se dan para responder, que son de diez días, es casi imposible responder en ese período tan limitado y es por eso que se pide extensión del plazo”, comentó De Escobar durante una conversación con Revista Factum. De hecho, el plazo de diez días para la exvicepresidenta concluyó el 25 de julio, sin una respuesta de Probidad para extenderle el período.

De Escobar incluso recomendó a los demás funcionarios públicos llevar registros de todos sus movimientos financieros, para evitarse problemas, y descartó, en su opinión, que la Sección de Probidad y la Corte Suprema de Justicia actúen con fines políticos dentro de sus investigaciones. “A aquellas personas que creen que estas son investigaciones con dedicatoria a algunos de nosotros, les digo que este es un examen que deben pasar absolutamente todos los funcionarios públicos”, dijo la actual diputada. Pero, pese al planteamiento ideal de que se debe investigar al universo de funcionarios públicos, la capacidad de la Sección de Probidad es limitada y por ello utiliza criterios de selección para hacer sus investigaciones, tal como ha dicho a esta revista el jefe de la dependencia, Carlos Pineda. 

La actual diputada, primera vicepresidenta del país, fue la compañera de fórmula de Antonio Saca, actualmente en prisión preventiva por la acusación en su contra de varios cargos de corrupción. Junto a Saca están detenidos -o procesados en libertad- miembros de su familia y parte de su círculo más cercano de funcionarios.

La Fiscalía acusa al expresidente del partido Arena de ser el principal instigador de una red de funcionarios públicos que desvió más de $240 millones de las arcas del Estado, y haber lavado al menos otros $6 millones.

El proceso contra Saca empezó en marzo de 2016, después de que la sección de Probidad de la CSJ notificara a la Fiscalía de que había suficientes elementos para iniciar un juicio por enriquecimiento ilícito. El expresidente fue detenido el 30 de octubre de 2016.

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Probidad ha reportado avances en otras investigaciones sobre funcionarios y exfuncionarios a la CSJ en pleno. Del reporte ejecutivo sobre 24 expedientes en proceso que se originaron en 2016, la sección ya dio cuenta sobre el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, así como del expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez, conocido como “La Chelona”.

También, para junio, Probidad se encontraba en el procesamiento de información sobre René Figueroa, el exministro de Justicia y Seguridad Pública del expresidente Antonio Saca. Y ya estaba en la elaboración del informe para notificarle sobre posibles hallazgos al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, del partido Fmln.

Otros funcionarios y exfuncionarios que se incluyen en el resumen ejecutivo de Probidad son los expresidentes Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, el exvicepresidente y actual presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, el expresidente de la CSJ José Domingo Méndez, el exsecretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia Luis Mario Rodríguez, el expresidente del INDES Enrique Molins, el exalcalde de San Salvador Carlos Rivas Zamora.

También se mencionan los avances en las investigaciones sobre el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele -sobre su período como alcalde de Nuevo Cuscatlán-, del partido Fmln, y del alcalde de La Unión por el partido Arena, Ezequiel Milla, por su período como primer regidor propietario entre 2003 y 2006 y también como alcalde desde 2012.

A estos informes ejecutivos también los acompañó otro anexo en el informe semestral de Probidad: un listado de 436 funcionarios y exfuncionarios cuyas investigaciones, en junio, estaban por iniciar. En este listado se encuentra la mayoría de los diputados que votaron el martes 18 de julio de 2017 por las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Con esta acción, estos diputados podrían hacer transgredido normas éticas establecidas en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que prohíbe a los diputados, en el artículo 27 y numeral 9, participar en toma de decisiones de las que puedan resultar beneficiados ellos o sus familiares.

A continuación puede consultar el listado de los funcionarios y exfuncionarios que están en la mira de Probidad:

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