Dos años

Factum nació en la sala de un pequeño apartamento, en una noche a mitad de la temporada lluviosa de 2014. En aquel momento parecía nada más que una carta de buenas intenciones, un grupo de periodistas tratando de crear una revista que abarcara sus sueños y aspiraciones. Una esquina donde entraran aquellas crónicas, entregas y temas habitualmente soterrados en las redacciones tradicionales. Una revista que tuviera claro su norte: periodismo de profundidad, que contara los problemas del país, fiscalizador sin llegar a la soberbia, oportuno pero sin caer en la dictadura del clic.

El inicio no fue sencillo. Cientos de reuniones, muchas de ellas virtuales, intercambio de materiales, la construcción de una red de colaboradores, desvelos y desaciertos. La primera edición vio luz el 8 de octubre de 2014; fue, además, el comienzo de una enorme responsabilidad para mantener a Factum vigente y acorde a los principios y necesidades con la que fue creada.

El proyecto ha crecido en los últimos 24 meses, gracias a la ampliación de sus colaboradores y al impacto que han tenido sus publicaciones. No ha sido casual: uno de los pilares de la revista, la exposición de la cultura de corrupción que domina a El Salvador (y casi por conexión al Triángulo Norte centroamericano), ha permitido la producción de numerosas investigaciones al respecto.

En estos dos años, Factum ha contado cómo un sistema corrupto ha permitido que un profesor, en total impunidad, se aproveche sexualmente de sus alumnas; los mecanismos que ha tenido un país para intentar silenciar las dolorosas llagas de una matanza como la que se cometió en la UCA, en noviembre de 1989; la desidia del gobierno de Honduras tras el homicidio de la activista Berta Cáceres; la frágil línea que ha cruzado el gobierno del presidente Sánchez Cerén, con probadas ejecuciones extrajudiciales, en su remozada mano dura contra las pandillas; y, no menos importante, la importante revelación de la prostitución de la justicia que hubo durante la gestión del exfiscal Luis Martínez, algo que su sucesor no ha dudado en catalogar como “clicas judiciales”, una alegoría que intenta descubrir la podredumbre del sistema judicial salvadoreño.

Este trabajo ha tenido sus costos. Por revelar la relación entre la Fiscalía del exfiscal Martínez y el empresario Rais, ambos procesados penalmente por delitos de corrupción, periodistas de esta revista han sido hostigados, acosados y finalmente acusados en tribunales. Un vano intento por ahorcar la libertad de prensa que no tendrá ningún efecto: Factum sigue intacta, tal como su fiel creencia de que el periodismo debe jugar un papel fiscalizador ante el poder, ante la injusticias, ante la corrupción rampante.

Muchas de las recientes investigaciones periodísticas, no solo las de Factum, han coincidido con una época que invita a creer que El Salvador ha avanzado milímetros en su lucha contra la corrupción. El cambio de fiscal general –y algunas decisiones consecuentes desde la Corte Suprema- se ha traducido en la apertura de casos penales contra expresidentes, empresarios, jueces, exfiscales, una bocanada de oxígeno para una sociedad que, dada su permisibilidad, ha permitido que la corrupción haya proliferado como elemento distintivo de su identidad.

Ese ligero despertar ha servido para que más voces dentro de la sociedad civil protesten contra el lastre de la corrupción; para que haya más personas conscientes de su responsabilidad política –que no partidaria- para rechazar la corrupción desde donde venga; y para que los ciudadansos exijan transparencia y resultados a los funcionarios públicos y a los empresarios que han olvidado su responsabilidad social con el Estado y sus ciudadanos.

El camino es largo y sinuoso, pero sirva este aniversario para reafirmar nuestro compromiso, a través del periodismo, de mantener una cercana vigilancia del poder público, del Estado de Derecho y de la correcta aplicación de las leyes. Dos años sirven para muchas cosas, entre ellas para convencerse –aún más- de que el periodismo debe contar y explicar aquellas historias que sean de utilidad pública, aquellas que ayuden a sus lectores a tomar las mejores decisiones frente a quienes detentan el poder. La tarea no es fácil pero no estamos dispuestos a detenernos.

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