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Diplomacia a la guanaca: la inoperante misión permanente de El Salvador en el proceso de reforma a las políticas de drogas

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El año pasado al finalizar la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) publiqué el artículo  titulado “Diplomacia a la guanaca: la bochornosa participación de El Salvador en la UNGASS” en donde realicé un balance y desmonté los sofismas del discurso oficial presentado por el embajador permanente de El Salvador en Naciones Unidas, Rubén Zamora. En esta ocasión y bajo esa misma línea plasmaré un breve balance sobre la primer reunión intersesional de la Comisión de Narcóticos y Drogas (CND) de Naciones Unidas en la cual tuve la responsabilidad de representar a la sociedad civil salvadoreña y del Triángulo Norte una vez más (Aquí pueden leer la intervención).

Del 23 al 25 de enero se celebró en Viena, Austria, la primer reunión intersesional  post-UNGASS en donde los representantes de los gobiernos y sociedad civil han realizado una serie de recomendaciones operativas para ejecutar el documento final de la UNGASS y trazar un camino pragmático y viable hacia el 2019, año en que se firmará una nueva declaración política sobre la fiscalización internacional de drogas.

En esta primera ronda de sesiones de la CND se mostró un importante avance en la posición y los compromisos de los gobiernos para crear condiciones favorables a una agenda y resultados orientados a la reforma para lograr que las realidades de las políticas de drogas a nivel internacional evolucionen lo suficiente.

Durante este proceso, numerosos países y organizaciones no gubernamentales hemos realizado un continuo esfuerzo dando pasos firmes hacia la reducción de daños y el fortalecimiento de los derechos humanos en cuestiones como la proporcionalidad de las penas, la cooperación judicial, la cooperación técnica en materia de salud y la abolición de la pena de muerte por delitos de drogas no violentos. A pesar de que la adopción de un lenguaje más progresista e inclusivo en esta temática sigue siendo bloqueada desde el documento final de la UNGASS, el avance hacia una alternativa real se ve en el horizonte.

Las delegaciones oficiales pidieron a la CND profundizar en la coordinación internacional en materia de prevención de consumo y asuntos relativos a la salud, mayor asistencia técnica para el tratamiento y reinserción social, además de basarse en evidencias científicas a través de estrategias de reducción de daños. Esto último ha sido recibido de forma grata por los representantes de la sociedad civil que estuvimos presentes.

Los países miembro también solicitaron que la Comisión de Narcóticos y Drogas anime a la OMS y a la ONUDD para que estas proporcionen las sustancias fiscalizadas a los gobiernos y de este modo facilitar la investigación científica para el uso médico de las mismas. También se promueve la creación de espacios para el intercambio de buenas prácticas en la materia.

Durante el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD) se dieron a conocer datos sobre las nuevas metodologías de lavado y blanqueo de activos llevadas a cabo a través de los llamados “mixers” y “laundering machines”.

Las nuevas rutas de cocaína de Sudamérica hacia el sudeste asiático van en aumento. Según el informe, entre 2015 y 2016 las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) de Sudamérica lavaron una cantidad de al menos 22 mil millones de dólares sólo a través la metodología de “mixers”.

En cuanto al rol del internet en el mercado global de drogas, tanto legales como ilegales, las autoridades a nivel internacional tienen poco conocimiento del mismo, según la ONUDD el punto no es que no conozcan las legislaciones locales sobre criptomonedas sino que las autoridades a nivel internacional desconocen a fondo el funcionamiento de las criptomonedas, especialmente el Bitcoin.

Ante la falta de fortaleza de los sistemas judiciales en materia de lavado y activos, la ONUDD ha convocado a una  reunión de expertos contra lavado de dinero para intercambiar buenas prácticas y ser capacitados con las metodologías más actuales, para lo cual se solicitó fondos de los países cooperantes. Dicha reunión se realizará este mismo año.

El moderador de las sesiones fue el embajador permanente de Portugal, quien en sus conclusiones hizo hincapié en la importancia de que muchos de los gobiernos están enfocando hacia una fiscalización de drogas que respete los derechos fundamentales y derechos humanos de los individuos, familias, pueblos y sociedades. Además señaló la relevancia de fortalecer la relación con la sociedad civil y animó a la CND a continuar la recopilación de datos y la búsqueda de alternativas para las penas de cárcel por delitos no violentos relacionados con drogas.

Otro punto medular fue la reducción de la oferta de sustancias prohibidas a través de medidas preventivas para fortalecer la justicia penal y los aspectos socioeconómicos. Quedó claro que a nivel internacional es necesario optimizar las capacidades de las diferentes autoridades con mejores equipos y asistencia técnica ampliando el ámbito de trabajo en común. Para esto se pidió que la CND facilite una mayor cooperación entre los países.

Latinoamérica en el proceso post-UNGASS

Latinoamérica se hizo presente con intervenciones en todos los capítulos dando en su mayoría recomendaciones operativas congruentes con la situación que viven nuestros países. La evolución y maduración de las posturas de los gobiernos latinoamericanos hacia una visión más integral y congruente se hizo notar con las intervenciones del gobierno de Colombia y Perú a la cabeza. Al contrario, los gobiernos de Ecuador y Argentina han retrocedido y se posicionaron en defensa del actual modelo, es decir en defensa de las OTD.

La embajadora de México dejó clara la intención de buscar alternativas a la actual fiscalización internacional y destacó el proceso de diálogo impulsado para buscar una reforma adecuada. En este sentido, México continúa con el mismo enfoque para la búsqueda de alternativas reales para finalizar la nefasta “Guerra Contra las Drogas”.

Si en algo hicieron hincapié los gobiernos latinoamericanos y las grandes potencias fue en asumir la responsabilidad compartida y fortalecer de ese modo la cooperación norte-norte y sur-sur.

Durante las sesiones los países latinoamericanos hicieron uso de la palabra:  Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Panamá y Uruguay.

El Triángulo Norte: la región que agoniza y calla

Hemos llegado al punto que más nos atañe como salvadoreños: el papel que está desempeñando nuestro gobierno en un proceso que es de interés estratégico para la seguridad y el desarrollo de nuestro país y región.

Las delegaciones de toda Centroamérica estuvieron presentes, con excepción de la flamante representación del gobierno salvadoreño, que brilló por su ausencia. Y es que el ministro consejero agregado a la embajada salvadoreña en Viena, Ramiro Aquiles Recinos Trejo, quien fuese la persona designada para ocupar el asiento de El Salvador, en las pocas sesiones en las que se dignó en hacer acto de presencia, estuvo en su lugar apenas unos minutos, llegando tarde y abandonando el recinto antes de finalizar las sesiones.

La realidad es que los gobiernos de Centroamérica han sido negligentes, tolerantes y cómplices de la narco-actividad desde los años ochenta hasta hoy. En el caso del gobierno salvadoreño, con su silencio y falta de cooperación en un proceso tan trascendental para el país y la región, demuestra que dentro de sus intereses no está combatir realmente a las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) y el Lavado de Dinero.

Por ello, también se realiza un llamado desde la sociedad civil a los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, la Federación de Rusia y República Federativa de Brasil pues urge que reorienten su cooperación para el combate al crimen organizado en la región centroamericana. Actualmente los países cooperantes financian programas y fuerzas conjuntas en la región que reciben grandes cantidades de dinero, equipos, mobiliario, infraestructuras, entrenamiento y tecnología (sobretodo para combatir la narcoactividad) con resultados mínimos y violaciones graves a los derechos humanos.

Durante los tres días de sesiones se dieron oportunidades para conversar con integrantes de las misiones diplomáticas de Mesoamérica. Sobre el papel de la misión salvadoreña en la Comisión de Narcóticos y Drogas de Naciones Unidas las posturas fueron tajantes, pero sin personalizar. Según diplomáticos de la región, El Salvador envía a colegas que “creen que los Estados Unidos de Norteamérica son sus aliados”, tomando posiciones prohibicionistas que ni Estados Unidos se atrevería a defender. También se mencionó que los representantes enviados por el gobierno salvadoreño desconocen sobre la temática, lo cual dificulta la cooperación en la región. Según los diplomáticos y miembros de la sociedad civil del Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC), los miembros de la misión permanente de El Salvador rara vez hacen uso de la palabra y cuando lo hacen es para permanecer en el prohibicionismo.

Al reflexionar sobre las conversaciones de pasillo que tuve la oportunidad de sostener con diplomáticos de la región, me surgen algunas preguntas:

  • ¿Por qué se envía a personas sin conocimiento o interés a representarnos en espacios de primer nivel, donde se tocan temas de gran importancia para la seguridad nacional y regional, el fortalecimiento de la cooperación judicial y el combate al lavado y blanqueo de activos?
  • ¿Por qué el Estado salvadoreño ignora la problemática más importante de la región?
  • ¿Es el Ministerio de Relaciones Exteriores una cartera de Estado para burócratas, turistas y criminales? 

Sea como sea, la bochornosa representación de El Salvador durante la Asamblea Especial de Naciones Unidas Sobre Drogas (UNGASS), la nula participación del Estado salvadoreño durante el actual proceso Post-UNGASS hacia 2019 y  las situaciones como las del Consulado Salvadoreño en Miami se han vuelto cada vez más cotidianas y demuestran la continuidad y consolidación en el servicio exterior salvadoreño de prácticas ética y políticamente dudosas.

Guatemala al rescate de la dignidad del Triángulo Norte

Así como en reiteradas ocasiones he señalado y denunciado las posiciones de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, en esta ocasión es necesario visibilizar el trabajo del embajador permanente de Guatemala, Antonio R. Castellanos, quien representó con dignidad a la región durante las sesiones.

El embajador guatemalteco y su equipo fueron los únicos representantes del Triángulo Norte en hacer uso de la palabra. Pero no sólo eso sino que también puso el dedo en la llaga llamando a la acción para que este proceso, que finalizará en 2019, no quede sólo en papeles y se garantice continuidad al avance. Puntualizó que el problema de la guerra contra las drogas aún existe y que es necesario aplicar las recomendaciones operacionales de los Estados y la sociedad civil, buscando mejores armas para enfrentar esta lucha. 

Castellanos también señaló que la corrupción y el crimen organizado están inmersos en nuestros gobiernos con diferentes métodos y sistemas, que las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) avanzan y evolucionan de una “forma cuántica” mientras los gobiernos van a pie. Finalmente, llamó a la lucha contra la corrupción en la región aplicando realmente las recomendaciones y los principios de responsabilidad compartida. 

Conclusiones del período intersesional de la Comisión de Drogas y Narcóticos de Naciones Unidas.

El papel del gobierno salvadoreño durante todo los procesos que se han realizado y se realizan hacia la firma de una nueva declaración política sobre fiscalización internacional de drogas en 2019, evidencia la falta de interés por combatir a las OTD, la corrupción y el lavado de dinero. Asimismo deja en evidencia la complicidad (consciente o inconsciente) del Estado salvadoreño con el crimen organizado y la falta de voluntad para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.

Los gobiernos latinoamericanos y las potencias occidentales están trazando un escenario  que da lugar a un debate abierto en el que se están discutiendo todas las opciones para el futuro. Así se podrá acordar un proceso para preparar la reunión de alto nivel que se celebrará en 2019. Para entonces, las recomendaciones operativas ya deberían estar siendo ejecutadas por la comunidad internacional. 

Sigue siendo necesario que la comunidad internacional priorice el real combate a las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) y apoye esfuerzos de la sociedad civil que impulsen políticas inteligentes frente al crimen organizado; políticas que se  enfoquen en investigar y desarticular estructuras criminales dentro de los aparatos del Estado. Esto es posible con una cooperación más efectiva y, en el caso de El Salvador, además se hace necesario el impulso de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, que actualmente es rechazada por la nefasta clase política salvadoreña.

La economía de las drogas ilegalizadas avanza tomando control de los Estados de la región. A pesar de que este hecho es reconocido por gobiernos como el de Guatemala, hasta el día de hoy el gobierno de El Salvador, al igual que con el narcotráfico, los gobiernos (de ARENA y el FMLN), han negado en reiteradas ocasiones que el lavado y blanqueo de activos exista.

Es fundamental capacitar, entrenar y equipar a los fiscales especializados en investigación y persecución al lavado y blanqueo de activos. Es urgente que la Fiscalía General de la República y la administración de Sánchez Cerén le tome la palabra a la ONUDD y participe de las instancias internacionales para combatir realmente el lavado de activos y fortalecer la cooperación judicial. Pero, por la fragilidad del Estado de Derecho e influencia de las OTDs en la región es necesario el acompañamiento de comisionados y relatores especiales.

La respuesta política que rompa este círculo de la muerte requiere apertura de espacios políticos en el Triángulo Norte, donde cada país genere y gestione conocimientos promoviendo un debate local y regional incluyente. El Salvador, Honduras y Guatemala atraviesan un momento histórico por la profunda crisis política. Esto ofrece oportunidades invaluables para abordar el debate sobre políticas de drogas y su conexión con otros delitos como corrupción, lavado de activos, etc. Finalmente es imprescindible fortalecer la relación entre entidades internacionales y sociedad civil, pues ésta última padece las consecuencias del actual modelo de fiscalización internacional de drogas.

Desde la sociedad civil exigimos un enfoque hacia la regulación de los mercados y la implementación de políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos, fortaleciendo y democratizando espacios como el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (CSTF) lo cual ha sido escuchado y valorado por la misma CND.

Esta retórica debe reflejarse en cambios concretos en las políticas, leyes y prácticas en materia de drogas. Además de financiar presupuestos de prevención y educación sobre drogas, generar espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo y el fomento de la investigación científica sobre propiedades terapéuticas de las sustancias psicoactivas.

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