La tarde del 14 de septiembre, el pueblo de Guatemala volvió a salir a las calles. Esta vez de forma masiva. El enojo está motivado por la modificación de urgencia del Código Penal en el Congreso el día anterior, según la cual se conmutaban las penas de 400 delitos, para evitar la prisión a delitos electorales, con el presidente Jimmy Morales como uno de los beneficiarios, pero también para evitársela a extorsionadores o asesinos. Un error táctico en el Congreso que ya ha pasado factura.
Foto FACTUM/Oliver de Ros
El sol se está poniendo en el parque central de ciudad de Guatemala. En acto solemne de celebración del día de la independencia, cadetes del Ejército marchan ordenados en el acto de izada de la bandera. Un grupo de kaibiles, con sus gorras granates, pasea por el centro de la plaza, y la policía militar vestida de color caqui rodea las vallas. Una celebración más del día de la independencia.
Pero alrededor de estas vallas, hoy nadie está tranquilo. Un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos con banderas, vuvuzelas, tambores y carteles, grita consignas en contra del Gobierno, de su presidente, Jimmy Morales y, principalmente, del Congreso de la República.
En un momento, los manifestantes comienzan a dirigirse a los soldados y los gritos se hacen cada vez más fuertes. Tras un par de intentos de mediación, los diferentes cuerpos del Ejército optan por recoger la bandera sin haberla izado y retirarse. La gente tira las vallas y comienza a correr hacia el centro de la plaza; en un acto de libertad, corren, saltan y gritan, moviendo sus banderas azules y blancas. Gritan “hijos de puta”, gritan “fraude”. Son estudiantes de la Universidad San Carlos, pero también padres de familia, estudiantes de institutos, de organizaciones, que han decidido unirse a la manifestación.
Mientras sigue oscureciendo, el número de ciudadanos aumenta, como los gritos dirigidos a los diputados: “cabrones”, “vende patrias”, “mal paridos”, “hijos de puta”.
Miles de personas llegaron el jueves 14 de septiembre al Parque Central a protestar en contra de los diferentes medidas institucionales para garantizar la impunidad en Guatemala durante las últimas semanas. Foto FACTUM/Carolina Gamazo.
El día infame
Guatemala lleva dos semanas en un estado vertiginoso de tensa calma, desde que el presidente Jimmy Morales solicitó la expulsión del Jefe de la CICIG, Iván Velásquez, un día después de que el Ministerio Público pidiera retirarle su inmunidad por un caso de financiamiento ilícito.
Desde entonces, las marchas se habían dado de forma más o menos tímida, esta vez sin el apoyo de los canales abiertos -también con una causa abierta de la CICIG por haber entregado cheques a empresas de cartón de la vicepresidenta- y con la iglesia evangélica y católica apoyando al presidente. Ni siquiera cuando el pasado 11 de septiembre, el Congreso de los Diputados votó para no retirar la inmunidad al presidente, el pueblo regresó a las históricas manifestaciones de 2015, aquellas multitudinarias aglomeraciones que presionaron por la salida de Otto Pérez Molina.
Pero hace dos días, el miércoles 13 de septiembre, los diputados decidieron saltarse todo decoro y coronar la impunidad como un hecho. Y la cuerda se rompió.
“Estábamos leyendo el presupuesto 2018, yo pensaba que estábamos discutiendo. Escuchaba una vocecita que pedía alterar el orden del día, entonces preguntamos ¿de que están hablando? ¿qué moción? Y fue cuando me enteré de que pedían una moción privilegiada y que se declarara de urgencia nacional. Me parecía una barbaridad. Y, en segundo lugar, estaban leyendo algo que no se discutió en ningún lugar, a menos que fuera en un lugar en el Congreso”, explica Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.
Así, 106 diputados, decidieron votar, en mitad de un pleno ordinario, una moción privilegiada para modificar el Código Procesal Penal. Primero, el artículo el 407 n, relativo a la financiación de los partidos políticos en campaña, para que ya no fuera el secretario general del Partido sino el contador, el responsable de los delitos cometidos. Así, no solo Jimmy Morales, sino también otros secretarios generales acusados de financiamiento electoral ilícito, como Orlando Blanco, del partido UNE o Roberto Villate, quedarían libres de prisión.
Pero este no fue nada comparado con la siguiente modificación, la que ha vuelto a unir en contra del Gobierno a todos los sectores de la sociedad.
“Con la intención de ‘favorecer delitos de cuello blanco’, señalaron que puede conmutarse todas aquellas penas que no exceda de diez años (nuestra legislación establecía 5 años). Y como fue tan mal redactado, han dejado conmutables más de 400 delitos. Una estupidez que tiene dos explicaciones, o es una estupidez, y eso evidencia la calidad de legisladores. O bien, que es lo que yo más creo, una decisión dolosa para generar caos e incertidumbre”, explica Alejandro Balsells Conde, abogado constitucionalista.
Así, por ejemplo, a partir de la modificación del Código Procesal Penal decretada en el Congreso, quedaban libre de prisión delitos como, fraude, evasión culposa, denegación de justicia o testaferrato. Pero también extorsión, producción de pornografía de personas menores de edad, utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad, robo agravado, adulteración de medicamentos.
Y, teniendo en cuenta que la Ley tiene carácter retroactivo en caso de favorecer a quien ha cometido el delito, dejaba la puerta abierta para que salieran de las cárceles, no solo políticos corruptos, sino asesinos, pedófilos o extorsionadores.
“Al igual que Uribe lo hizo en Colombia, acá se ha sembrado el discurso de que la ‘izquierda’ es la que enarbola la bandera anti corrupción para obtener el poder ‘que no puede ganar en las urnas’, y mucha gente de derecha es la que ha seguido esta dinámica apañando en consecuencia los actos corruptos del gobierno”, agrega Balsells.
En esta ocasión, sin embargo, tampoco fue una cuestión de derechas o de izquierdas, hubo un pacto fuera del Congreso, a través de cual se logró conseguir que 106 de 158 diputados votaran a favor de modificar esta ley. Solo 14 votaron en contra, los que no se enteraron. Nadie sabe, hasta este punto, cuál fue la intención o lo sucedido entre bambalinas.
“Raya más arriba de lo extraño, es una iniciativa que no se conoció, si la hubiéramos conocido y analizado, quizá hubiéramos votado a favor, pero no nos enteramos”, explicó Aníbal Rojas, del Partido VIVA. “Sin duda alguna afecta al Congreso”, agregó.
Los diputados que votaron a favor, más de dos tercios del total, el jueves no respondían a las llamadas. Solo Mario Taracena, del partido UNE, explicó por qué todos los diputados de su bancada votaron a favor de modificar el Código Penal. “En el mi caso, seguí una línea del partido. El jefe de bancada dijo como teníamos que votar: disciplina de partido. Pero una cosa es la de los delitos electorales, y otra fue la graciecita de los 10 años”, explicó.
Las reacciones no se hicieron esperar y esta vez sí, todos los sectores de la sociedad se unieron para criticar la medida. Incluso el CACIF y la Cámara de Industrias emitieron comunicados criticando la medida.
Así, al día siguiente, los diputados comenzaron a emitir comunicados a través de sus redes sociales arrepintiéndose de lo sucedido. Unas horas más tarde convocaron a los jefes de bloque para retractarse. “Públicamente aceptó el gran error que cometí el día de ayer en la votación (…) al no lograr dimensionar las consecuencias, sé que no tengo excusa”, dijo Ronald Estuardo Arango, del partido UNE. “Estaré pendiente de la convocatoria y asistiré a enmendar los errores cometidos el día de ayer. Humildemente pido perdón”, expuso Juan Manuel Giordano, del partido FCN.
En cuestión de unas horas, los diputados decidieron retractarse y no enviar las reformas al Ejecutivo para no hacerlas efectivas. Y, horas más tarde, la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente dos recursos del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y de la activista Hellen Mack dejando en suspenso las modificaciones al Código Penal.
Además, el mismo jueves 14 de septiembre, el presidente Jimmy Morales informó que iba a devolver al Ejército 450,000 quetzales que este recibió en bonos mensuales extraordinarios -y secretos- desde que su hermano y su hijo fueron enjuiciados, un escándalo dado a conocer por Nómada un día después de que el Congreso decidiera proteger la inmunidad del presidente.
La marcha empezó el jueves 14 de septiembre a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados, donde en la mañana estos se retractaron de las modificaciones la Código Penal, aprobadas el día anterior. Foto FACTUM/Carolina Gamazo
El tira y afloja
La modificación del Código Penal, que tal como se difundió permitía que extorsionadores o asesinos pudieran salir a las calles, ya había enojado lo suficiente a la población como para hacer que saliera a las calles. Nuevamente, de todos los estratos sociales e ideologías. Los medios de comunicación, con titulares de portada como “El día de la infamia” o “El jueves negro”, devolvieron nuevamente la indignación a la ciudadanía.
De momento, nadie sabe qué va a suceder, cuál va a ser el siguiente paso en el tira y afloja entre las fuerzas que defienden la impunidad, entre quienes, hasta el momento, se han posicionado el presidente del Gobierno, Jimmy Morales, y los Diputados del Congreso; y quienes se encuentran luchando contra la corrupción, entre quienes se posicionan, en esta ocasión, la CICIG, el Ministerio Público y también la Corte Suprema de justicia y la Corte de Constitucionalidad.
“En estos momentos lo que prevalece es la incertidumbre”, expone el politólogo Luis Mack. “Primer escenario: se quedan Iván y don Jimmy. Es un escenario bastante complejo, porque hay un empate a cada rato, el equipo de Jimmy hace una movida, y los otros tienen que ver como al neutralizan. Es un desgaste muy grande, no sé cuánto vamos a poder soportar eso”, explica este.
“Con el tema del congreso, algunos están diciendo que hay que depurar el Congreso, pero no hay mecanismos legales. Ayer demostraron su poder, quizás una prueba para ver si la ciudadanía iba a reaccionar. La gente está muy enojada, esto puede llevar a un enfrentamiento tarde o temprano que puede tener consecuencias, una ruptura constitucional sumamente violento”, añadió Mack.
“Yo venía a ver la izada de bandera, pero me encontré con esta sorpresa. Me decidí quedar para apoyar a mi país en esta manifestación, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente ni el Congreso”, expuso Violeta de Arévalo, ama de casa, mientras a su alrededor cientos de personas, ya a oscuras, siguen gritando en contra del Gobierno.
“Se sentían demasiado seguros, y actuaron con mucha soberbia, pero tuvieron que retractarse, porque vieron que la indignación del pueblo se estaba elevando a niveles que se vuelven incontrolables”, agregó Mynor Arévalo, de USAC es pueblo.
En esos momentos, en una entrevista concedida el jueves a la tarde a agencias internacionales, el comisionado Iván Velásquez aseguró que el presidente Morales activará un mecanismo de controversias en Naciones Unidas para pedir su salida del país, en un intento por “neutralizar” la lucha contra la corrupción.
Los sucesos del jueves 14 de septiembre, cuando los manifestantes tiraron las vallas impidiendo izar la bandera, fueron calificados por el presidente Jimmy Morales como actos violentos. A continuación, Morales anunció que, en Gabinete de Ministros, habían decidido cancelar el desfile del día de la independencia.
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