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Desterrados al valle de las sombras

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La construcción de este fotoensayo comenzó hace nueve años, como una mirada a un país donde la tierra es generosa y tiene la extensión geográfica suficiente para brindar sustento y espacio decoroso a cada familia hondureña. La población hondureña resiste las embestidas directas del sistema que los vuelve inmigrantes dentro de su propia nación. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en 2015 alrededor de 41,000 hogares, más de 174,000 personas, fueron desplazadas internamente en 20 de los 298 municipios del país entre 2004 y 2014, lo que equivale al 4% del total estimado de hogares en dichos municipios. Los desplazados internos son más vulnerables que aquellos que cruzan las fronteras, dado que para preservar la vida se ven obligados a satisfacer a grupos criminales que dominan los barrios hondureños o, en otros casos, el ansia de poder del consorcio extranjero o nacional; del terrateniente o funcionario público.

Fotos/cortesía Contra Corriente/Delmer Membreño


En un minuto te puede cambiar la vida en Honduras. Aunque sea para mal. Eso lo sabe Luna*  quien a sus 48 años de edad, pasa los días errante, escondiéndose y bajo la zozobra de si hoy o mañana será su último día.

“Luna” de 54 años sospechaba que jóvenes de la comunidad extorsionaban a su hijo de 21 años. En la imagen, tomada el 1 de marzo, cuenta como él recibió una llamada telefónica en diciembre de 2016 y salió de su casa. A una cuadra y media de la misma fue asesinado. Ella, junto a los hijos que sobreviven, tuvieron que huir y refugiarse desde entonces en la clandestinidad.

Pero no siempre fue así. Luna* residía junto a su madre y sus cuatro hijos en una aldea cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde la familia suplía las necesidades básicas con un pequeño negocio, hasta que las pandillas cambiaron sus vidas para siempre.

Las principales pandillas en Honduras son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), que han disparado los niveles de desplazamiento interno y externo de personas que huyen de la violencia.

“Luna” realiza labores domesticas, el 1 de marzo, en un refugio en Tegucigalpa Honduras. Después de vivir tranquila de las ganancias que le dejaba su negocio, hoy pasa sus días errante, escondiéndose y bajo la zozobra si hoy o mañana será su último día. Las maras, en menos de una semana, le arrebataron la vida a uno de sus hijos y a su madre, al tiempo que la emplazaron para que en cuestión de horas abandonara su casa o de lo contrario la mataban a ella y al resto de sus vástagos.

“Yo vivía tranquila en mi pueblo con mis hijos y mi mamá, tenía un mercadito y de eso pasábamos [subsistían], pero los mareros me lo quitaron todo. Ahora ando huyendo y estoy esperando poder salir del país”. Luna lo cuenta entre lágrimas.

De acuerdo con Luna, los problemas comenzaron cuando recibió una nota exigiendo el llamado «impuesto de guerra» o extorsión, que es el pago semanal o mensual que las pandillas exigen a los dueños de negocios, a cambio de permitirles operar en lo que ellos consideran su territorio.

Dos de los hijos sobrevivientes de “Luna” ingresan el 1 de marzo al refugio en Tegucigalpa, Honduras, luego de que asesinaron a uno de sus hermanos.

El costo de la vida

Se estima que en el país los más afectados con este cobro son los empresarios del transporte público: «Una mara o pandilla extorsionando al transporte público en Tegucigalpa puede tener ganancias netas de hasta USD $2.5 millones por año», según el informe Maras y pandillas en Honduras, elaborado por InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Pero también se ven afectadas la micro, pequeña y mediana empresa. Además, las pandillas han extendido sus actividades ilícitas al narcomenudeo, robo de autos, secuestro y el sicariato.

Miembros de la Policía Nacional de Honduras patrullan, el 10 de marzo, una zona controlada por pandilleros en Tegucigalpa, Honduras. El portavoz del organismo de seguridad, Jair Meza, declaró a DPA que “se hacen esfuerzos por mantener presencia en barrios, colonias y aldeas invadidas por los grupos criminales, para tratar de contrarrestar su accionar y que la gente se sienta segura”.

Por otro lado, el informe señala que no existe consenso en cuanto a la cantidad de integrantes y simpatizantes de las pandillas, pero cálculos oficiales y de ONGs como Save the Children, en su libro «Las maras en Honduras»,  publicado en 2002, ubica la cifra en 34,202 en base a datos arrojados por la Unidad de Prevención de Pandillas de la Policía Preventiva de 1999.

Y agrega que: «Muchas veces la pandilla promete que será un sólo pago, lo cual rara vez o nunca es cierto. Este pago “único” puede ser de hasta 2,000 lempiras (aproximadamente unos USD $84). Después de esto, pasa a ser un pago semanal de entre 300 a 500 lempiras».

El precio por no pagar la extorsión es muy alto. Luna explicó que ante su negativa, en menos de una semana los pandilleros asesinaron a uno de sus hijos y a su madre. Además, «me dieron un par de horas para que abandonara mi casa o sino mataban a mis otros tres hijos».

En ocasiones, los grupos criminales se apropian de las residencias abandonadas o usurpadas para utilizarlas como «casas locas», un término que se refiere «…a un lugar utilizado para interrogar y torturar personas. Es una casa de escape y también sirve como depósito de almacenamiento, todo esto en un mismo lugar…», al margen de eso, Luna y sus hijos esperan que un gobierno amigo apruebe su solicitud de asilo para huir del terror de las pandillas.

Miembros de la Policía Nacional irrumpen, el 10 de marzo, en una vivienda en la colonia San Miguel Arcángel, la cual fue abandonada por sus propietarios, luego que pandilleros del “Barrio 18” asesinaran a uno de sus hijos por su negativa para ingresar a la mara.

Infancia tomada por asalto

El caso de Luna no es aislado. Según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), registra que en una década (de 2006 a 2016) en Honduras el desplazamiento interno afectó al menos a 174,000 personas.

El NCR es una organización humanitaria que opera en el país centroamericano desde 2015, y responde a las necesidades de protección relacionadas con el desplazamiento o el riesgo de desplazamiento, causado por el crimen organizado, las maras y pandillas. Cuenta con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En una visita reciente al país, la alta comisionada adjunta del Acnur, Kelly Clements, conoció la realidad de los desplazados internos: «Durante mi viaje conocimos comunidades impactadas por la red de maras y pandillas, y las personas viven muchas dificultades en cuanto a poder moverse libremente y buscar ayuda», dijo.

Kelvin Mendoza vivía en un predio denominado Rancho El Coco, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de la capital. En la gráfica aparece sentado, desencajado por su suerte, las de sus padres y seis hermanos más, frente a una columna de policías que esperaban la orden para desalojar con violencia a los habitantes de la zona.

Clements relató que «hemos visto que los niños están bastante afectados por el reclutamiento forzoso [a las pandillas], lo que no les permite ir a la escuela y muchos maestros son amenazados en diferentes escuelas. Hay mucha preocupación por la crisis que vive Honduras».

El NCR coindice con estas declaraciones, al afirmar en su sitio web que la violencia generalizada afecta especialmente a niños y niñas. «Los niños y niñas, a partir de los 8 años, participan coaccionados o forzados en actividades de apoyo a las bandas criminales: vigilancia, información, cobro de extorsión y tráfico de estupefacientes», afirma el portal y considera que pese a los esfuerzos, «el Estado no ha logrado prevenir el desplazamiento o responder de manera sistemática a las necesidades inmediatas de las personas y familias desplazadas… tampoco se han implementado medidas efectivas que promuevan la protección de los civiles antes del desplazamiento».

Entre Trump y el muro

El panorama se complicó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetiera el 3 de abril contra la caravana denominada «Viacrucis Migrante 2018» en su cuenta oficial de Twitter, y amenazara con suspender la ayuda que su gobierno da al Estado hondureño.

Trump escribió: «La gran caravana de gente de Honduras, que ahora viene a través de México y se dirige a nuestra frontera de las “leyes débiles”, es mejor que se detenga antes de que llegue allí. La “vaca lechera” del NAFTA está en juego, al igual que la ayuda extranjera a Honduras y los países que permiten que esto suceda. ¡El Congreso debe actuar ahora!».

Un día después, el ministro de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz, aseguró en conferencia de prensa que «Honduras es el país que más eficiente ha sido en combatir las causas de la migración [hacia Estados Unidos]». Y agregó que «hay otros logros que evidencian los esfuerzos del gobierno hondureño para combatir las causas de la migración como la fuerte lucha contra el crimen organizado».

“Bryan” de 34 años permanece recostado en un refugio en una de las ciudades más peligrosos del mundo. En pocos lugares, salvo en zonas de guerra, son asesinadas y desplazadas tantas personas como en Tegucigalpa.

La familia de Bryan y él han experimentado de primera mano la violencia, viven escondidos en un pequeño apartamento del cual no salen por precaución, luego de haber sido expulsados cinco meses atrás del barrio donde su ubicaba su casa tras tener un altercado con la mara, como se le llama en Honduras a las pandillas, cuyos integrantes se dedican a la venta de drogas mediante el reclutamiento de niños y jóvenes, manteniendo el control de territorios mediante extorsiones. “Vivimos encerrados en estas cuatro paredes hace cinco meses, no perdemos la esperanza de salir de Honduras. Mi intención nunca fue salir de mi país, tenía un buen trabajo, mi negocio de transporte, vivía bien”, relata Bryan, una de las 174 mil personas desplazadas internas, en tan solo 20 de los 298 municipios que conforman Honduras, y que similar a la mayoría esperan poder salir de país para preservar sus vidas.

El rostro de Bryan cambió al escuchar las declaraciones de Díaz. Los rayos que irradia la televisión frente a él le dan un aspecto lúgubre, sin esperanza; a decir verdad, todo su cuerpo, moldeado por las horas en el gimnasio al cual ya no tiene acceso, se estremeció y dejó de comer una fruta que momentos antes tomó de la alacena, a la vez que balbuceaba sobre las dificultades que se avecinaban para él, su esposa y su hijo de 8 años.

Bryan es uno de los miles de desplazados internos que esperan salir del país. Ha tenido que pasar escondido en un pequeño apartamento, del cual no sale porque tuvo conflictos con las pandillas.

«Vivimos encerrados en estas cuatro paredes hace cinco meses, no perdemos la esperanza de salir de Honduras. Mi intención nunca fue salir de mi país, tenía un buen trabajo, mi negocio de transporte, vivía bien, pero las maras me forzaron a buscar esa salida», relata mientras su hijo juega junto a él, ajeno al peligro que se cierne sobre la familia.

Bryan y Emily permanecen en un refugio en Tegucigalpa, Honduras, el 1 de marzo, luego de haber sido expulsado hace cinco meses, tras tener un altercado con la pandilla que controla el barrio donde su ubicaba su casa.

Los amos de la selva de concreto

Bryan apaga el televisor para contar su historia. «Mi hijo pregunta por qué no podemos ir al centro comercial a comernos un helado o al parque a montar la bicicleta», cuenta e inclina la cabeza, se toma la frente y sus ojos se inundan de lágrimas.

Todo comenzó en 2009, cuando la madre de Bryan abrió una tienda de abarrotes. La economía familiar fue prosperando como lo esperaban; Bryan incursionaba en la venta de automóviles usados y su hermano mayor tenía un empleo en el gobierno y abrió un taller de soldadura.

La bonanza económica era notoria y eso no pasó inadvertido por la pandilla que «controla» el barrio capitalino donde se ubicaba el negocio y la casa familiar. ¿La consecuencia? Pronto le exigieron el «impuesto de guerra» a la madre de Bryan.

La señora llegó a pagar hasta 20 mil lempiras a la semana (unos US $834), por la «protección y permiso de funcionamiento» que los pandilleros solicitaron. Cuando Bryan supo lo que sucedía, creyó que recibiría ayuda de unos chicos que fueron sus amigos de infancia y que ahora integraban la pandilla.

«Les reclamé porque creí que eran mis amigos, les dije que por favor no le siguieran cobrando el “impuesto de guerra” a mi familia, que nos dejaran vivir en paz porque nosotros no le hacíamos daño a nadie; les rogué que me ayudaran», asegura al tiempo que la impotencia se apodera de su mirada.

Lejos de prestarle ayuda, los pandilleros golpearon salvajemente a Bryan y le dieron tan sólo 6 horas para abandonar el barrio junto a su esposa e hijo. Ahora ruega por una oportunidad para huir del país y salvar la vida de su familia.

Bryan residía en una zona denominada «caliente», que son aquellos barrios y colonias capitalinos donde la presencia de las pandillas es dominante. Al hacer un recorrido por esas zonas, se percibe esa inquietante calma que produce el estar en el ojo del huracán, donde si bien no hay nubes, ni lluvias, ni vientos veloces, se está en el centro de un fenómeno mortal.

«Hacemos esfuerzos por mantener presencia en barrios y aldeas invadidas por los grupos criminales, a fin de tratar de contrarrestar su accionar y que la gente se sienta segura, además se hacen operativos para capturar a los pandilleros y sus cabecillas», dijo el vocero de la Policía en ese entonces, Jair Meza, pero historias como la de Bryan o de Luna demuestran que eso no es suficiente.

“Susan” posa en su casa en un barrio en el departamento norteño de Cortés. Originaria de Gracias, Lempira, donde se dedicaba a la agricultura junto a sus padres y 8 hermanos, migró a San Pedro Sula hace siete, en busca de opciones de empleo junto a su hijo mayor. Con apoyo de familiares logra ubicarse en el Sector Planeta, lugar donde conoció a “Manuel”, su actual pareja, y con quien procrearía una hija. Manuel monta un pequeño negocio de reparación de celulares, para cubrir las necesidades básicas del hogar. Los problemas llegarían a la pequeña familia de Susan cuando un excuñado de Manuel, vinculado a una pandilla, supuestamente los emplazó para que dejaran todo. «Recibí llamadas y mensajes amenazando para que entregara todo, de lo contrario que nos atuviéramos a las consecuencias», una semana les dieron para salir de la zona.

“Andrea”, hija de Susan y Manuel, hace la tarea después de salir de clases de la institución educativa cercana a su casa en el departamento de Cortés. En 2017 ella, su hermano y madre emprendieron la ruta migratoria llegando a Denver, Colorado. Detenidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos fueron deportados, aunque solicitaron protección internacional a causa de las amenazas de los supuestos integrante de la pandilla 18.

“Manuel” nuevamente montó un pequeño negocio de reparación de relojes y celulares en un mercado de San Pedro Sula, fue obligado a dejar el anterior negocio por un cuñado que supuestamente tiene vínculos con la pandilla 18.

Energía «limpia» por sangre lenca

La realidad en el interior del país es similar a la vida en la ciudad, pero con diferentes actores: personas de escasos recursos son desalojados violentamente por empresarios sin escrúpulos. Por ejemplo, en la región occidental existe un municipio en el cual se toman muy en serio la protección ambiental: San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara. Aquí es usual ver paredes pintadas con mensaje exhortando a los pobladores al cuidado del entorno. A pocos kilómetros se erigía una amenaza: la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), intentó echar a andar la represa Agua Zarca en la ribera del río Gualcarque, misma que tras la muerte de Berta Cáceres abandonó la zona.

Familiares durante el funeral de la activista Berta Cáceres, quien fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, en el oeste de Honduras.

El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en 2016, está estrechamente ligado con Agua Zarca, proyecto denunciado junto a 50 más por el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), donde Cáceres fungía como coordinadora. Dos años después del crimen, la policía hizo el noveno arresto por el caso. Se trata de Roberto David Castillo Mejía, quien era presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA cuando la activista fue asesinada, fue detenido cuando pretendía salir del país, por suponerlo autor intelectual del hecho.

Personas caminan frente a una pared con un mensaje que exhorta a los pobladores de San Francisco de Ojuera a la protección del medio ambiente.

De acuerdo con información pública, Castillo Mejía se graduó en la academia militar de West Point, con sede en Estados Unidos. Por otro lado, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), explica que Castillo fue subteniente de Inteligencia Militar, y que mediante acuerdo No. OM024 del 21 de mayo de 2008 «pasó a la condición de adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, por encontrarse desempeñando el cargo de Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)» [Ibíd].

Hasta 2017 el imputado fue presidente de Potencia y Energía de Mesoamérica S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá uno de los dos principales accionistas de DESA.

Por eso no es extraño que una investigación de Global Witness sentencie que: «No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras». Esa organización denuncia que 122 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en el país entre el 2010 y el 2016, y que muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Vista del río Gualcarque en el occidente de Honduras. Pese a la lucha que Berta Cáceres inició en 2006 para salvar el afluente, y que podría desplazar a comunidades indígenas, el proyecto para construir la represa Agua Zarca sigue en curso.

El valle de las sombras

«No “compa”, ahí yo no entro, ahí tiran [matan]», dijo temeroso un campesino, cuyo nombre se omite por seguridad, cuando se le pidió ir al Tumbador, una finca de palma africana ubicada a pocos minutos de la aldea Guadalupe Carney, en la ciudad de Trujillo, Colón, al norte de Honduras.

Su temor es comprensible, si se considera que dos días antes (el 15 de noviembre de 2010) cinco campesinos fueron masacrados en un intento por recuperar tierras que le pertenecen al Estado, pero que han sido acaparadas por unos pocos empresarios, según denuncia del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).

Un helicóptero sobrevuela la comunidad Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010, unos 600 efectivos del Ejército y la Policía rodearon y militarizaron la comunidad en Trujillo, Colón, donde está asentado el Movimiento Campesino del Aguán (MCA).

La masacre se registró a manos de los guardias de seguridad de una finca propiedad del extinto empresario Miguel Facussé Barjum, fallecido en 2015. Pese a eso, el tribunal local dictó sobreseimiento provisional para los autores materiales de estos crímenes, aumentando la desconfianza en la administración de la justicia en los tribunales nacionales.

La finca El Tumbador está ubicada en la zona conocida como el Bajo Aguán o Valle del Aguán, que se refiere a la zona que rodea el río Aguán. Todo el valle cubre 200,000 hectáreas. Este conflicto involucra a 600 mil campesinos y a tres terratenientes: Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales.

La cruz de la imagen señala el lugar donde se encuentra sepultado el campesino José Luis Salcedo Pastrana, quien, en la mañana del 15 de noviembre de 2010, junto a 160 campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), se dirigió a la plantación Tumbador con el propósito de recuperar las tierras que por derecho propio les pertenecen, terminando, según un informe preliminar policial, en un “enfrentamiento”, que cobró la vida de Salcedo Pastrana y cuatro campesinos más.

A inicios de la década de 1970, el Estado focalizó la reforma agraria en la zona del Aguán e incentivó el cultivo de la palma africana en la región, al promover la organización de cooperativas campesinas dedicadas al rubro. Así, se gestó una migración de poblaciones del sur y occidente a esa zona, que recibían créditos, asistencia técnica y tierra por parte del gobierno pero con la condición de que sólo sembraran palma africana.

Pero en medio de ese estímulo productivo, el gobierno cedió en 1983 al ejército estadounidense 5,700 hectáreas, incluida la zona donde se ubica actualmente la finca El Tumbador, para instalar el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde entrenaron a militares salvadoreños, hondureños y de la Contrarrevolución nicaragüense como plataforma de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional», para combatir las ideologías, organizaciones o movimientos que desde Centroamérica pudieran apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría.

Relegados al olvido

Con la instalación del CREM iniciaron los litigios legales de estas tierras. En 1987, el latifundista estadounidense Temístocles Ramírez comprobó que una década antes había comprado esas tierras por un costo de US $75 mil dólares (165 mil lempiras al cambio de aquel momento), demandando al Estado hondureño por el uso indebido de sus propiedades.

Una madre y sus hijos descansan en un improvisado albergue montado en la escuela de la comunidad Guadalupe Carney, la noche del 9 de diciembre de 2010, luego de ser desalojados de manera violenta de la finca San Isidro, departamento de Colón, en el norte de Honduras.

Presionado por la Cámara de Representantes de EEUU, el Gobierno de Honduras adquirió a título de compra y venta ese predio por US $17 millones. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de Honduras, sostiene el portal digital del MCA.En 1991 durante la administración de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), la Procuraduría General de la República (PGR) traspasó esos predios en dominio pleno al Instituto Nacional Agrario (INA), para ser vendidos a grupos campesinos organizados sin tierra. Para este propósito, se aprobó la Ley de Municipalidades, la cual permitía a las alcaldías vender las tierras no tituladas, nacionales y ejidales. Sin embargo, desde 1990 hasta 1993, la municipalidad de Trujillo, Colón, vendió esas tierras a terratenientes, corporaciones, policías, ganaderos y políticos.

Jóvenes jornaleros regresan al asentamiento campesino, luego de un día de trabajo en el Valle del Aguán, Honduras.

Desde 2015, el expresidente Callejas enfrenta un proceso judicial por suponerlo responsable de siete actos de corrupción, pero lo que determinó su encarcelamiento y extradición fue el escándalo de corrupción en la FIFA, denominado «FIFA Gate». Un año después, Callejas se declaró culpable de dos cargos de corrupción en la corte de Nueva York. El ex mandatario hondureño se desempeñó como titular de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), durante más de una década.

Al margen de eso, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos Del Aguán (OPDHA), registra en su informe que hasta mayo de 2014 hubo «129 víctimas de este conflicto agrario (123 muertes y 6 desapariciones forzadas)».

Así, la historia contemporánea de Honduras se adapta de manera fabulosa a dos preguntas que plantea el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su obra Las Venas Abiertas de América Latina: ¿Es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país?, ¿tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? Son pobres por ser ricos.


*Este fotoensayo fue publicado originalmente por Contra Corriente, y se reproduce con autorización como parte de la Red de Investigación periodística de Centroamérica.
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