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“La Sala de lo Constitucional tiene competencia para incidir en las políticas públicas”

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La Sala se despide. Tres de los llamados cuatro fantásticos expusieron en público su jurisprudencia más relevante. Los cambios electorales y, particularmente, aquellas sentencias que intentan modificar políticas públicas: acceso a la salud, hacinamiento carcelario o algo que el actual Ejecutivo sigue sin reconocer, el desplazamiento forzado por violencia. Los cinco magistrados constitucionales también dijeron que abrieron nuevas vías legales para ordenar a los gobiernos que reformen sus presupuestos y que cumplan con las necesidades de la población de acuerdo a la Constitución. Por eso mismo, la Sala también ha sido molesta para las instituciones públicas de los dos “gobiernos del cambio” del FMLN, cuyos periodos han coincidido durante los últimos nueve años, corrigiendo la plana a los diputados y al Órgano Ejecutivo.

Fotos FACTUM/Carlos Najarro


El próximo viernes 13 de julio será el último día de trabajo de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. Para dar a conocer sus logros entre 2009 y 2018, la Sala realizó una síntesis de su trabajo, destacando las resoluciones más relevantes entre los más de 12,700 casos que llegaron a conocer.

Tres de los cuatro magistrados que terminan su periodo -Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González (Belarmino Jaime está enfermo)- concluyeron que dejan un legado sin precedentes en materia jurisprudencial y la defensa de derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación o la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz. También, según los magistrados, que esta ha sido la sala más cercana a los intereses de la ciudadanía desprotegida.

“La Sala se ha colocado en la agenda del país, concientizando sobre el valor del derecho constitucional”, dijo el magistrado Óscar Pineda Navas, presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional -el único que se mantendrá de la actual sala-, al iniciar el evento de presentación de resultados, celebrado este miércoles 4 de julio en la UCA.

El magistrado Sidney Blanco expuso los avances sobre el control constitucional del presupuesto y de los derechos sociales, resaltando que en al menos 15 resoluciones analizaron los presupuestos estatales para ver si cumplían con la protección de los derechos recogidos en la Constitución, porque “muchos funcionarios, cuando se les pregunta a las instituciones sanitarias porque no abastecen a los sectores vulnerables, (responden) es que no hay recursos”.

El presidente de la CSJ y la Sala de lo Constitucional, Óscar Pineda Navas, junto con su compañero de sala Sidney Blanco. Foto FACTUM/Carlos Najarro

“Estamos absolutamente convencidos que la tutela de los derechos fundamentales está íntimamente ligada con el presupuesto, con la insuficiencia presupuestaria asignada a cada uno de los rubros – afirmó Blanco-, especialmente aquellos sensibles como la salud, educación, la seguridad y el trabajo”.

Como ejemplo, el magistrado retomó la demanda de amparo en contra de la ministra de Salud, Violeta Menjívar. La demanda fue presentada por una paciente con cáncer de mama, quien no recibió el medicamento que le fue recetado por los médicos del Hospital Nacional de la Mujer para impedir que el cáncer siguiera creciendo en su cuerpo. El ministerio alegó que no contaba con ese medicamento y aunque lo habría solicitado al Seguro Social, este respondió que solo tenía existencias mínimas. La Sala admitió la demanda en abril de 2018 y como medida cautelar ordenó que se le administrara a la paciente el tratamiento terapéutico y los medicamentos adecuados para su enfermedad.

Otro caso destacado fue el de un paciente con VIH del Instituto Salvadoreño del Seguro Social a quien se le denegó un medicamento antirretroviral y cuyo estado de salud empeoró considerablemente por la falta de tratamiento. La Sala ordenó en su sentencia de 2011 que se le proveyera acceso a esa medicina y que el Estado le reintegrara los gastos en los que hubiera incurrido por su estado de salud.

Blanco explicó que algunas de estas sentencias son “estructurales”, porque sirven para identificar fallas sistemáticas en las instituciones, por las constantes violaciones de derechos fundamentales y que por ello la Sala ordena que se corrijan las fallas sistemáticas.

El magistrado constitucionalista resaltó, además, el recurso de inconstitucionalidad presentado por tres hombres privados de libertad que reclamaron por las condiciones de hacinamiento en las bartolinas policiales donde permanecían recluidos.

“Los privados de libertad reclaman derecho a la salud, a la integridad física, psíquica y moral por las condiciones de hacinamiento; y la autoridad penitenciaria responde que no tiene la capacidad ni los recursos para dar atención aceptable a los cientos y cientos de privados de libertad – expuso el magistrado Blanco-. La Sala emite una sentencia donde incursiona, como pocas veces lo ha hecho, en las políticas públicas”.

La Sala decidió declarar inconstitucional las condiciones de hacinamiento en las bartolinas policiales de Quezaltepeque, Soyapango y San Vicente, “así como los demás recintos en los que se advierta dicha problemática, debiendo las autoridades involucradas realizar los planes estratégicos para ese efecto y llevar a cabo el seguimiento correspondiente”, reza la sentencia de 2014.

“Históricamente se había entendido que las políticas públicas han sido tarea del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. A nosotros nos ha parecido, quizás con mucha naturalidad, que la Sala de lo Constitucional tenga competencia para incidir en las políticas públicas”, expuso Blanco.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González y Florentín Meléndez. Foto FACTUM/Carlos Najarro

Otras demandas de amparo admitidas recientemente tienen que ver con la situación de varias familias que reclamaron al Estado por no darles seguridad ante el acoso de la delincuencia y el crimen organizado, y que por ello tuvieron que huir y abandonar sus hogares.  La Sala reconoce que es la primera vez que se ha conocido sobre este tipo de casos que registra como un “fenómeno social gravísimo que cada día se incrementa de manera preocupante en nuestro país a través de la figura de los desplazamientos forzados internos”.

Los magistrados no se olvidaron de reconocer que el mérito de los logros durante su periodo es compartido, y agradecieron a la ciudadanía “comprometida e interesada” por sentar precedentes y permitir que se las resoluciones constitucionales de El Salvador se hayan conocido más allá de las fronteras del país.

Los cuatro fantásticos -como son conocidos los magistrados de esta sala que ya termina su periodo – han dejado el listón muy alto para sus sucesores, según el presidente de la Corte, el magistrado Pineda Navas dijo: “El reto es que la próxima Sala sepa aprovechar esta nueva jurisprudencia para cumplir con su rol fundamental para que las instituciones públicas cumplan en la práctica con la Constitución”.

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