Este es el segundo caso de desaparición forzada atribuido a militares en tiempo de paz. Ambos sucedieron en 2014. El primero fue en Armenia, cuando tres jóvenes fueron privados de libertad por elementos de la Fuerza Armada. El caso de San Martín es más delicado pues se trató de menores de edad, dos estudiantes. La investigación fiscal se detuvo y el ministro de Defensa, David Munguía Payés, negó siempre los hechos. La Sala de lo Constitucional ha ordenado que se investigue hasta dar con su paradero.
Foto FACTUM/Archivo
Los adolescentes B.J. y W.H. tenían 17 años el día que desaparecieron. Eran amigos de la colonia desde niños. La mañana del 30 de agosto de 2014 habían salido a cortarse el cabello en una de peluquería situada detrás del mercado nuevo de San Martín. Después cada quien tenía que ir a sus clases por la tarde.
Pero ya no llegaron a sus centros de estudio: un grupo de siete militares, según el recurso que motivó la resolución, los detuvo a las 11:30 de la mañana, cuando atravesaban el mercado en dirección a la peluquería. Algunos vendedores contaron que vieron cómo los registraron y luego les ataron las muñecas con las cintas de sus zapatos. Otros testigos contaron que después los subieron a un pick up blanco sin placas que entró a la colonia Santa María y ahí se supone que los dejaron. Esa colonia es controlada por la pandilla rival de la zona donde vivía los muchachos, al otro lado de la carretera Panamericana.
Sus padres los buscaron en delegaciones policiales, en la morgue de Medicina Legal, en hospitales y bartolinas. Hasta excavaron y removieron tierra en un lugar donde le dijeron que los pudieron haber enterrado.
La Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (Asdehu) presentó en diciembre de 2015 un recurso de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la detención arbitraria de los adolescentes.
La sentencia firmada este 7 de marzo reconoce que se trata de un caso de desaparición forzada atribuido a la Fuerza Armada de El Salvador, y recuerda que esta tiene “la obligación de investigar el paradero de los desaparecidos persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad, aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cuál fue su destino”. También ordena a la Fiscalía que continúe con la investigación.
Este es el segundo caso de desaparición forzada reconocido por la Sala de lo Constitucional desde la firma de los Acuerdos de Paz. Una sentencia de enero de 2017 estableció la desaparición de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate, en febrero de 2014. Las víctimas desaparecieron en circunstancias similares, durante un registro de los militares que posteriormente los privaron de libertad para trasladarlos a una zona dominada por la pandilla contraria. Este caso llegó a juicio ante el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, pero los seis militares imputados fueron absueltos. La Sala de lo Penal revirtió la sentencia en enero de 2017 y recientemente se conoció que la Cámara de lo Penal de Occidente ordenó un nuevo juicio a finales del año pasado.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, ha negado la responsabilidad de los militares en ambos casos. En el de Armenia, respaldándose en la sentencia absolutoria; y en el de San Martín, alegando que al momento de la desaparición de los adolescentes no había militares patrullando en la zona. Sin embargo, la Sala establece en la sentencia que sí había militares patrullando en el municipio, concretamente en los centros escolares de la zona, a solo un kilómetro del mercado, donde fueron vistos por última vez los estudiantes de San Martín.
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