Una persona desaparecida de manera forzada o involuntaria son los términos jurídicos para designar un delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos, y que en el contexto actual del accionar del crimen organizado transnacional se puede considerar un crimen de lesa humanidad. Esta es la cruel realidad en El Salvador, ya que son desapariciones de personas en su gran mayoría por el crimen organizado y las pandillas; en nuestro país se designa de manera legal “privados de libertad”.
Las personas desaparecidas por delincuencia son inicialmente privados de su libertad, y la ruta más lógica es que son trasladadas a otra zona o municipio para recibir cualquier tipo de violencia y torturas previo a su asesinato, para finalizar siendo enterradas en cualquiera de los 20,721 kilómetros cuadrados del país -o utilizado en cualquier modalidad de trata de personas. Cuando una persona “no aparece” en un espacio prudencial, y considerando todas las posibles variables, la familia acude en primer lugar a la PNC, en donde en la mayoría de casos no se les toma denuncia. Se les dice que regresen cuando la persona cumpla veinticuatro horas, lo cual no solo es una revictimización, sino una acción que no tiene ningún sustento en las leyes nacionales por que no se establece cuántas horas debe tener para iniciar tomar denuncia. Este plazo es una ventaja y favorece exclusivamente a los criminales, quienes gozarán de veinticuatro horas. Además, algunos representantes de la policía en esas sedes efectúan comentarios que dañan a los familiares para estigmatizar a una persona que no conocen.
Los familiares han iniciado un largo y tormentoso camino en la búsqueda de su familiar: regresaran a la PNC a interponer denuncia, irán a la FGR, hospitales, bartolinas policiales, a cualquier lugar donde se enteren de un homicidio, y finalmente al Instituto de Medicina Legal (IML) porque “aunque sea el cuerpo queremos recuperar”.
Estos familiares son también víctimas de este delito de privación de libertad, que constituye una expresión delictiva permanente y continua hasta que se conozca el paradero, lo cual amplifica y prolonga el sufrimiento.
Las estadísticas no cuadran entre la PNC y FGR. Para la policía, hasta octubre del presente año 2018, el promedio diario de personas desaparecidas es de siete; en la FGR, la cifra se incrementa a diez diarios; en el IML no toman denuncias, solo avisos y muchos de estos reportados no se encuentran en la PNC y FGR. No es tipología criminal nueva, es el nuevo drama humano de la presente década: en la PNC se cuenta con estadística especifica desde por lo menos el año 2011, cuando se registraron 1,062 personas, luego durante los años 2012 (1,623), 2013 (1,652), 2014 (2,091), 2015 (2,115), 2016 (2,469) y 2017 (2,863). Como podrá observar ha sido un incremento y tendencia al alza, pues durante el presente año se van a superar los tres mil reportes de personas desaparecidas.
La FGR, para el presente año, registra del 1 enero al 24 noviembre 2018 un total de 3,221 casos de personas desaparecidas. Reportan un incremento en 215 casos comparado con el mismo periodo del año 2017 (3,006 casos). Según estos datos de la FGR cada cuarenta minutos desaparece una persona en El Salvador.
En nuestro país el segmento de personas que está siendo asesinados es en rango de edad de los 15-29 años, y es este mismo segmento conocido como “juventud” a nivel internacional el que está siendo privado de libertad, en particular de los 21-29 años. Los homicidios y desaparecidos son fenómenos criminales que afectan en su mayoría a hombres. Además no hay mucha variable en los días elegidos para privar de libertad a los salvadoreños pues existe un comportamiento muy similar, siendo el lunes el día que levemente se incrementan los reportes, seguido de miércoles.
¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para atender este problema criminal y social? Muy poco, como evidencian las cifras. Las personas desaparecen frente a la sociedad misma, y no se ha provocado ninguna reunión de alto nivel entre los tres órganos del Estado. Existen algunos esfuerzos tanto en la FGR y PNC pero están sujetos a la ayuda y cooperación internacional, posiblemente sea por que este delito afecta en su gran mayoría a personas de estratos sociales bajos: ninguna personalidad, figura pública o funcionario nacional o extranjero ha desaparecido; por eso no ha existido un cambio del Estado, que continúa indiferente al dolor de los familiares y sus problemas psicológicos y económicos.
Insisto en que se requiere entre otros aspectos la voluntad política para atender esta crisis, desarrollar un protocolo conjunto de actuación de todas las Instituciones donde exista alta coordinación y comunicación donde se reciba la denuncia de inmediato; activar un sistema nacional de búsqueda; creación de una fuerza especial combinada entre FGR y PNC -ambas instituciones cuentan con tecnología diversa-; base de datos de denuncia única, apoyo y refuerzo al IML para equipos de búsqueda en fosas clandestinas; reformas legales para crear banco genético ante morten y post morten; dotación de tecnología de punta y software de búsqueda disponibles en el extranjero; reformas legales para este delito producto del crimen organizado que han encontrado en enterrar a los asesinados una protección al no existir cuerpo. Pero también un aspecto fundamental que es atender integralmente a las víctimas iniciando con información oportuna y actualizada: se les debe habilitar acceso -vía web- para que puedan observar directamente cómo va su caso, qué gestiones o diligencias se están efectuando. No más indiferencia con el dolor de familias salvadoreñas afectadas.
*Ricardo Sosa es criminólogo y experto en seguridad.
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