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Gobierno EUA advierte deterioro de derechos humanos en El Salvador

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El panorama que dibuja el informe anual del Departamento de Estados en la materia es desolador. El Salvador, dicen, es un paテュs en el que las fuerzas militares desaparecen y torturan; la Policテュa estテ。 envuelta en ejecuciones extrajudiciales; en el gobierno no se respeta la independencia de poderes y la corrupciテウn es un mal que corroe a todo el Estado. Las amenazas a la prensa tambiテゥn han aumentado y, para ilustrarlo, Washington se hace eco del acoso que periodistas y editores de Factum recibieron en 2017 tras denunciar la existencia de grupos de exterminio en la PNC.

Foto FACTUM/Archivo


Quien lee el capテュtulo de 2017 sobre El Salvador en el Informe sobre Prテ。cticas de Derechos Humanos en el mundo,ツ del Departamento de Estado en Washington, puede llegar con mucha facilidad a la conclusiテウn de que este es un paテュs en el que el respeto al Estado de Derecho es un bien muy escaso.

窶廰a impunidad persiste a pesar de pasos del gobierno para desecharla y perseguir penalmente a oficiales de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo y del sistema judicial que cometieron abusos窶, dice el documento publicado a finales de abril.

Otra de las ideas que se desprende del informe es que al Estado salvadoreテアo se le ha salido de las manos su estrategia de seguridad, cuyo principal eje es el combate a las pandillas MS13 y Barrio 18.

El informe asegura que a septiembre de 2017 la Procuradurテュa para la Defensa de los Derechos Humanos habテュa recibido 20 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales atribuidas a 40 miembros del ejテゥrcito o la policテュa. La PNC reportテウ que al 6 de octubre pasado 337 pandilleros murieron en enfrentamientos con la fuerza pテコblica. Dos policテュas y un soldado habテュan muerto en esos enfrentamientos al 30 de septiembre.

A los miembros de pandillas se atribuye el asesinato de 37 policテュas y 25 familiares de estos en atentados.

Entre los casos mテ。s relevantes de abusos atribuidos a agentes del Estado, el reporte lista las ejecuciones y abusos cometidos por miembros del gupo テゥlite Fuerza Especiales de Reacciテウn El Salvador (FES); desapariciones forzadas achacables al ejテゥrcito en Armenia, Sonsonate; el encubrimiento atribuido miembros del Grupo de Reacciテウn Policial (GRP) en cinco casos de homicidio en Villas de Zaragoza, La Libertad, entre otros.

El informe tambiテゥn se hace eco de el fracaso de la Fiscalテュa General de la Repテコblica para lograr condenas en el caso de la masacre de la finca San Blas, en el que policテュas fueron acusados de ejecuciones extrajudiciales.

Gobierno no investigテウ a Policテュas acusados de exterminio

En su reporte de este aテアo, el Departamento de Estado acude a la investigaciテウn de Factum sobre grupos de exterminio en la FES de la PNC para explicar la dテゥbil respuesta del Estado al investigar a los presuntos culpables, pero tambiテゥn para exponer el acoso al que agentes gubernamentales han sometido a periodistas salvadoreテアos que revelan este tipo de abusos.

Una de las fechas mテ。s importantes que destaca el informe, en relaciテウn con el escuadrテウn de la muerte de la FES, es el 12 de septiembre de 2017. Es dテュa, dice el Departamento de Estado, los cuatro policテュas identificados por Factum como posibles responsables de al menos dos ejecuciones extrajudiciales, dos casos de abuso sexual contra mujeres y una extorsiテウn, regresaron a la calidad de servicio activo en la PNC.

El director de la Policテュa, Howard Cotto, dijo en su momento que los implicados -tres agentes y un cabo- habテュan sido puestos bajo arresto administrativo de 72 horas el 23 de agosto, un dテュa despuテゥs de la publicaciテウn inicial de Factum, y puestos en libertad el 26 de ese mes. Cotto dijo que quedarテュan consignados a labores de escritorio, sin armas de equipo, mientras investigaban. El plazo de la suspensiテウn serテュa de 15 dテュas prorrogables.

Si, tal como dice el reporte estadounidense, los policテュas volvieron a 窶徭ituaciテウn activa窶 el 12 de septiembre, significa que los cuatro miembros de la PNC acusados de matar, violar y extorsionar estuvieron sin sus armas solo 18 dテュas. A la fecha, la Policテュa se ha negado a explicar si las investigaciones continテコan o a revelar el paradero de los agentes y el cabo. La Fiscalテュa, que habテュa abierto un expediente al menos tres meses antes de la publicaciテウn de Factum, tampoco ha informado sobre avances en las pesquisas.

Antes de explicar casos como el de la FES y los otros listados, el reporte expone: 窶廰as autoridades civiles en ocasiones no pudieron mantener control sobre las fuerzas de seguridad窶.

El acoso a periodistas de Factum

Tras la publicaciテウn del reportaje sobre la FES, Factum denunciテウ ante la Fiscalテュa y la PDDH acoso a varios periodistas de este medio, atribuidos a agentes estatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiテウ medidas cautelares para proteger la integridad de los periodistas.

El Departamento de Estado incluyテウ el caso de Factum entre otros ataques y lテュmites a la libertad de expresiテウn registrados en el paテュs durante el aテアo pasado.

Las amenazas contra los periodistas comenzaron a las pocas horas de la publicaciテウn y se realizaron a travテゥs de mensajes privados y comentarios en las pテ。ginas de Facebook y de Twitter de la revista. Tambiテゥn se registraron intentos de intimidaciテウn durante los dテュas siguientes a la publicaciテウn, cuando grupos de hombres se acercaron en mテ。s de una ocasiテウn a las instalaciones de la revista, primero haciテゥndose pasar por delegados de la Procuradurテュa para la Defensa de los Derechos Humanos y luego presentテ。ndose como policテュas y pidiendo acceso a las oficinas.

Tres dテュas despuテゥs de la publicaciテウn, la Procuradurテュa para la Defensa de los Derechos Humanos emitiテウ una resoluciテウn en la que asegurテウ que los detalles revelados por esta investigaciテウn periodテュstica, 窶徭on coincidentes con hallazgos de investigaciones independientes que la Procuradurテュa窶ヲ ha realizado en los テコltimos aテアos sobre la actuaciテウn de la PNC y la actuaciテウn de algunos de sus miembros en窶ヲ ejecuciones extrajudiciales窶.

El reporte del Departamento de Estado tambiテゥn retoma las medidas de protecciテウn para los periodistas solicitados por la PDDH al fiscal general, Douglas Melテゥndez, el 30 de agosto. Sin embargo, el ofrecimiento de protecciテウn policial fue rechazado desde la direcciテウn de Factum, que siempre abogテウ por una investigaciテウn de las amenazas.

窶彜egテコn el periodista (y jefe de redacciテウn) de Factum, Cテゥsar Castro Fagoaga, la PNC ofreciテウ protecciテウn policial especial, pero los periodistas declinaron la protecciテウn, ya que la proporcionaba la policテュa, e insistieron en una investigaciテウn exhaustiva 窶 retoma el Informe Nacional de Derechos Humanos 2017 -. Los periodistas de Factum fueron entrevistados por el fiscal general en septiembre, quien les dijo que la policテュa no habテュa estado en contacto con su oficina窶.

El 27 de octubre, la Comisiテウn Interamericana de Derechos Humanos ordenテウ que se establecieran medidas de protecciテウn para los periodistas de Factum. El informe detalla, a partir de las declaraciones del jefe de redacciテウn de Factum, que hasta el 22 de noviembre no se habテュan conocido avances para brindar esas medidas. Esta falta de respuesta en los avances en la investigaciテウn de las amenazas contra Factum se mantiene a la fecha.

Los enfrentamientos armados entre policテュas y presuntos pandilleros y las investigaciones contra policテュas por procedimientos irregulares han continuado durante 2018. ツUno de los casos mテ。s graves que ha abierto el debate nuevamente sobre presuntos delitos al interior de la PNC es la desapariciテウn de la agente Carla Ayala en diciembre pasado, al salir de una fiesta navideテアa de la instituciテウn. El principal sospechoso es uno de sus compaテアeros, Josuテゥ Castillo, agente del extinto Grupo de Reacciテウn Policial (GRP). ツCastillo estテ。 prテウfugo y a la fecha la PNC no ha logrado encontrar el cuerpo de Ayala.

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