El panorama que dibuja el informe anual del Departamento de Estados en la materia es desolador. El Salvador, dicen, es un país en el que las fuerzas militares desaparecen y torturan; la Policía está envuelta en ejecuciones extrajudiciales; en el gobierno no se respeta la independencia de poderes y la corrupción es un mal que corroe a todo el Estado. Las amenazas a la prensa también han aumentado y, para ilustrarlo, Washington se hace eco del acoso que periodistas y editores de Factum recibieron en 2017 tras denunciar la existencia de grupos de exterminio en la PNC.
Foto FACTUM/Archivo
Quien lee el capítulo de 2017 sobre El Salvador en el Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en el mundo, del Departamento de Estado en Washington, puede llegar con mucha facilidad a la conclusión de que este es un país en el que el respeto al Estado de Derecho es un bien muy escaso.
“La impunidad persiste a pesar de pasos del gobierno para desecharla y perseguir penalmente a oficiales de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo y del sistema judicial que cometieron abusos”, dice el documento publicado a finales de abril.
Otra de las ideas que se desprende del informe es que al Estado salvadoreño se le ha salido de las manos su estrategia de seguridad, cuyo principal eje es el combate a las pandillas MS13 y Barrio 18.
El informe asegura que a septiembre de 2017 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había recibido 20 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales atribuidas a 40 miembros del ejército o la policía. La PNC reportó que al 6 de octubre pasado 337 pandilleros murieron en enfrentamientos con la fuerza pública. Dos policías y un soldado habían muerto en esos enfrentamientos al 30 de septiembre.
A los miembros de pandillas se atribuye el asesinato de 37 policías y 25 familiares de estos en atentados.
Entre los casos más relevantes de abusos atribuidos a agentes del Estado, el reporte lista las ejecuciones y abusos cometidos por miembros del gupo élite Fuerza Especiales de Reacción El Salvador (FES); desapariciones forzadas achacables al ejército en Armenia, Sonsonate; el encubrimiento atribuido miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) en cinco casos de homicidio en Villas de Zaragoza, La Libertad, entre otros.
El informe también se hace eco de el fracaso de la Fiscalía General de la República para lograr condenas en el caso de la masacre de la finca San Blas, en el que policías fueron acusados de ejecuciones extrajudiciales.
Gobierno no investigó a Policías acusados de exterminio
En su reporte de este año, el Departamento de Estado acude a la investigación de Factum sobre grupos de exterminio en la FES de la PNC para explicar la débil respuesta del Estado al investigar a los presuntos culpables, pero también para exponer el acoso al que agentes gubernamentales han sometido a periodistas salvadoreños que revelan este tipo de abusos.
Una de las fechas más importantes que destaca el informe, en relación con el escuadrón de la muerte de la FES, es el 12 de septiembre de 2017. Es día, dice el Departamento de Estado, los cuatro policías identificados por Factum como posibles responsables de al menos dos ejecuciones extrajudiciales, dos casos de abuso sexual contra mujeres y una extorsión, regresaron a la calidad de servicio activo en la PNC.
El director de la Policía, Howard Cotto, dijo en su momento que los implicados -tres agentes y un cabo- habían sido puestos bajo arresto administrativo de 72 horas el 23 de agosto, un día después de la publicación inicial de Factum, y puestos en libertad el 26 de ese mes. Cotto dijo que quedarían consignados a labores de escritorio, sin armas de equipo, mientras investigaban. El plazo de la suspensión sería de 15 días prorrogables.
Si, tal como dice el reporte estadounidense, los policías volvieron a “situación activa” el 12 de septiembre, significa que los cuatro miembros de la PNC acusados de matar, violar y extorsionar estuvieron sin sus armas solo 18 días. A la fecha, la Policía se ha negado a explicar si las investigaciones continúan o a revelar el paradero de los agentes y el cabo. La Fiscalía, que había abierto un expediente al menos tres meses antes de la publicación de Factum, tampoco ha informado sobre avances en las pesquisas.
Antes de explicar casos como el de la FES y los otros listados, el reporte expone: “Las autoridades civiles en ocasiones no pudieron mantener control sobre las fuerzas de seguridad”.
El acoso a periodistas de Factum
Tras la publicación del reportaje sobre la FES, Factum denunció ante la Fiscalía y la PDDH acoso a varios periodistas de este medio, atribuidos a agentes estatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para proteger la integridad de los periodistas.
El Departamento de Estado incluyó el caso de Factum entre otros ataques y límites a la libertad de expresión registrados en el país durante el año pasado.
Las amenazas contra los periodistas comenzaron a las pocas horas de la publicación y se realizaron a través de mensajes privados y comentarios en las páginas de Facebook y de Twitter de la revista. También se registraron intentos de intimidación durante los días siguientes a la publicación, cuando grupos de hombres se acercaron en más de una ocasión a las instalaciones de la revista, primero haciéndose pasar por delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y luego presentándose como policías y pidiendo acceso a las oficinas.
Tres días después de la publicación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una resolución en la que aseguró que los detalles revelados por esta investigación periodística, “son coincidentes con hallazgos de investigaciones independientes que la Procuraduría… ha realizado en los últimos años sobre la actuación de la PNC y la actuación de algunos de sus miembros en… ejecuciones extrajudiciales”.
El reporte del Departamento de Estado también retoma las medidas de protección para los periodistas solicitados por la PDDH al fiscal general, Douglas Meléndez, el 30 de agosto. Sin embargo, el ofrecimiento de protección policial fue rechazado desde la dirección de Factum, que siempre abogó por una investigación de las amenazas.
“Según el periodista (y jefe de redacción) de Factum, César Castro Fagoaga, la PNC ofreció protección policial especial, pero los periodistas declinaron la protección, ya que la proporcionaba la policía, e insistieron en una investigación exhaustiva – retoma el Informe Nacional de Derechos Humanos 2017 -. Los periodistas de Factum fueron entrevistados por el fiscal general en septiembre, quien les dijo que la policía no había estado en contacto con su oficina”.
El 27 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se establecieran medidas de protección para los periodistas de Factum. El informe detalla, a partir de las declaraciones del jefe de redacción de Factum, que hasta el 22 de noviembre no se habían conocido avances para brindar esas medidas. Esta falta de respuesta en los avances en la investigación de las amenazas contra Factum se mantiene a la fecha.
Los enfrentamientos armados entre policías y presuntos pandilleros y las investigaciones contra policías por procedimientos irregulares han continuado durante 2018. Uno de los casos más graves que ha abierto el debate nuevamente sobre presuntos delitos al interior de la PNC es la desaparición de la agente Carla Ayala en diciembre pasado, al salir de una fiesta navideña de la institución. El principal sospechoso es uno de sus compañeros, Josué Castillo, agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP). Castillo está prófugo y a la fecha la PNC no ha logrado encontrar el cuerpo de Ayala.
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