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De regreso a la oscuridad sin el TPS

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El 6 de noviembre se vencía el plazo para que el gobierno de los Estados Unidos decida sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal para 57,000 hondureños y unos 2,500 nicaragüenses amparados por el beneficio desde 1999. Dos fuentes familiarizadas con las discusiones internas han dicho a Revista Factum que el escenario más probable es que la administración Trump, como lo hizo con Haití, renueve el beneficio a los centroamericanos una sola vez más pero que al hacerlo dé por terminado el programa. Lo mismo aplicaría para los 194,000 salvadoreños amparados en el TPS, en cuyo caso el plazo para que Washington tome la decisión vence hasta enero próximo.

Foto Factum/Archivo


La diferencia entre no tener TPS y tenerlo es vivir en la oscuridad. Como vive desde hace poco menos de cuatro años José Mejía, un usuluteco de 28 años que llegó sin papeles a Maryland huyendo, dice, de “la muerte de las maras”.

El lunes 6 de septiembre, el mismo día en que la administración de Donald Trump se disponía a decidir sobre el TPS para hondureños y nicaragüenses, José Mejía amaneció como casi siempre desde que llegó al norte: a oscuras, tomando un café y masticando un cruasán grasoso de un 7 Eleven en Langley Park, el barrio centroamericano por excelencia en Maryland. Hoy, cuando vino poco antes de las 6, estaba aún más oscuro; el otoño ya entró de lleno y con él llegaron más nubes, más lluvia. Más frío.

José Mejía prefiere pararse en uno de los callejones discretos que hay detrás del 7 Eleven que en el gigantesco estacionamiento en la esquina de enfrente, la formada por las avenidas University y New Hampshire, en el corazón de Langley Park. Allá, dice, es más frecuente que llegue la policía. Allá en el parqueo grande, le han contado, suele llegar ICE (el Immigration and Customs Enforcement) cuando hay redadas.

Está claro que donde hay más gente hay más trabajo. José Mejía lo sabe, pero prefiere jugar seguro. “Siempre sale algo”, dice sin ver a quien le habla, con la mirada fija en el pan. Mejor no arriesgarse a que un policía le pida los papeles y lo mande de vuelta a Usulután.

Como José Mejía, el lunes 6 de noviembre había en Langley Park unas dos centenas de jornaleros que vistos de lejos parecían una variación de la misma persona. Todos morenos, con gorras, sudaderas y pantalones kakis o jeans gastados, con botas embarradas de pintura. Todos esperan a que uno de los microbusitos o pick-ups cubiertos de pequeñas compañías de reparaciones, fontanería o limpieza estacionadas en las cercanías decida a cuántos llevará para completar las labores del día.

José Mejía (de espaldas), jornalero salvadoreño indocumentado, en un parque de Langley Park, Maryland. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos.

Si logra jornada completa, de 8 a 10 horas de trabajo, José Mejía dice que podría embolsarse hasta $60 este lunes. Si tiene suerte, y logra que uno de los microbusitos se lo lleve a pintar, a recoger hojas, limpiar canaletas de agua, a aserrar madera, José podría alcanzar los $700 en el mes. De eso mandará la mitad a su mamá en El Salvador y pagará $200 por el sofá al que llega a dormir en un apartamento en la calle Merrimac, cerca del 7 Eleven. Con lo que le queda come. Si tiene suerte.

Esos $700, poco más poco menos cuando hay buen trabajo, son a los que José Mejía puede aspirar sin documentos legales. Muy poco más. José Mejía, en Maryland, puede sacar una licencia de conducir, pero no renovarla, lo que hace del 7 Eleven y los microbusitos blancos dos de los pocos horizontes posibles. No puede tener seguro médico. Ni cuenta de banco. No puede ser dueño legal de una casa. Sin papeles, 6, 8 hasta 10 dólares la hora suelen ser el límite.

En Lynn, Massachusetts, a unos 700 kilómetros de Langley Park, vive otro José, también de Usulután, pero este de apellido Palma. Cuando vino en 1998, José Palma también vivió en la sombra, tres años, sin papeles, lavando platos, cocinando…

“Lavaba en la parte de atrás en restaurantes famosos de Boston, donde nadie lo mira a uno. Limpiaba los edificios de Boston que se miran en las películas, solo que los que los limpiamos no salimos en las películas”, recuerda José Palma cuando tenía que ser invisible, como lo sigue siendo José Mejía de Langley Park. Porque hoy José Palma no es invisible: desde 2001, cuando se acogió al TPS ofrecido por la administración de George W. Bush a salvadoreños afectados por los terremotos de aquel año, José Palma tiene “un papelito” que lo sacó de la oscuridad: su permiso de trabajo.

Esa es la principal diferencia entre los dos Josés, y entre quienes son beneficiarios del TPS y quienes no. Los primeros no son invisibles. Los tepesianos han podido, son su “papelito”, optar a ganar, cuando menos, salarios mínimos que son muy superiores a los que percibe un jornalero indocumentado, tener acceso a seguridad social, obtener licencias de conducir, abrir negocios. A una forma de vida lejos de la oscuridad.

“Puedes avanzar con tu vida, estudiar en la universidad, tener tiempo libre para devolverle a tu familia y a tu comunidad”, dice José Palma, quien es desde hace cinco años entrenador en una liga local de fútbol en Lynn.

El pasado viernes 3 de noviembre, José Palma fue uno de los invitados a hablar en un evento público organizado por la embajada de El Salvador en Washington, DC para abordar las contribuciones de la llamada clase TPS -los beneficiarios- a la economía de los Estados Unidos. Otros panelistas, como el canciller salvadoreño Hugo Martínez o el empresario de la construcción Otto Girr, abundaron en las cifras que hablan sobre la huella tepesiana; Girr dijo, por ejemplo, que si el beneficio se termina Miller and Long, la empresa de la que él es parte, perdería cerca del 20% de su fuerza laboral. José Palma no habló de cifras; habló de la vida que perdería si le quitan el “papelito”.

José Palma es padre de tres hijos. El mayor, de 16 años, está por aplicar a una universidad. La de en medio, de 12 años, sueña con ser doctora. Y del pequeño, de dos años, su padre dice que será la próxima estrella del equipo nacional de fútbol de los Estados Unidos. Con menos entusiasmo, pero sin bajar la mirada, José Palma mira a su público y les explica, más allá de números, qué significa volver a las sombras: “Si vuelvo a ser indocumentado no puedo ayudar a mis hijos. Mi hija no podrá ser médico… Calculen cuántas vidas perderá este país porque ella no podrá curarlas, porque ella no podrá ser cardióloga… Sin TPS habrá muchos sueños como estos tirados a la basura”.

La decisión temida

Tres días después de la charla de José Palma en el evento sobre el TPS, realizado en uno de los edificios que la constructora Miller and Long ha levantado con mano de obra centroamericana, al Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) de la administración Trump se le vencía el plazo para decidir sobre la renovación del beneficio a los aplicantes procedentes de Honduras y Nicaragua.

El TPS es un beneficio migratorio otorgado por DHS a ciudadanos de países que se encuentran de forma ilegal en Estados Unidos tras haber salido de sus países de origen debido a condiciones extraordinarias que les generaban sufrimiento, inestabilidad o que ponían en riesgo sus vidas, tales como guerras o desastres naturales. En el caso de hondureños y nicaragüenses el beneficio se otorgó debido a los estragos provocados por el huracán Mitch en 1998. A los salvadoreños por los efectos de dos terremotos en enero y febrero de 2001.

El estatus otorga a los beneficiarios permisos de trabajo que tienen validez de hasta 18 meses, como el beneficio en sí. Cada vez que el TPS se renovó, los beneficiarios tenían que pagar una cuota al gobierno estadounidense para reinscribirse, y también debían entregar a las autoridades todos sus datos. Es por ello, como dice el canciller salvadoreño Martínez, que a los tepesianos se les considera uno de los grupos migratorios más fichados.

La decisión sobre hondureños y nicaragüenses, consideran expertos consultados por Revista Factum en Washington, puede entenderse como un adelanto de lo que ocurrirá con el TPS para los salvadoreños.

El TPS ha sido, además de un alivio migratorio, un instrumento de interrelación política entre Washington y los países beneficiados, tal como explicó Doris Meissner, directiva del Instituto de Políticas Migratorias de la capital estadounidense y ex asesora del presidente Bill Clinton. “De ser un beneficio otorgado para ayudar a un país también evoluciona a entenderse como un símbolo de amistad y apoyo”, dice Meissner.

Pero, por las señales que pueden percibirse en el firmamento político de Washington, parece que esta administración, la republicana del magnate Donald J. Trump, le sabe a muy poco congraciarse con nadie del Río Grande hacia el sur. Al contrario, cree Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recurso y Ayuda para Centroamérica (CARECEN), el TPS es un trofeo que Trump entregará a su base más nativista y xenófoba: “Todo es parte de esta ideología antiinmigrante… En realidad, ya poco se duda que lo van a quitar”, dice.

Royce Bernstein Murray, directora de políticas del Consejo Americano de Migración, otro tanque de pensamiento en Washington, entiende que entre los criterios para extender el TPS en ocasiones anteriores han estado evaluaciones hechas por diferentes agencias del gobierno estadounidense sobre la capacidad de los Estados nacionales de los beneficiarios para absorber su eventual regreso.

La pregunta, dice Bernstein Murray, es si esos Estados -el salvadoreño, el hondureño, el nicaragüense- pueden “garantizar la seguridad de los retornados en base a las condiciones de país”. Núñez, el director de CARECEN, cree que la respuesta definitiva es que no, y que incluso ese podría ser un argumento válido para que los tepesianos, en caso de que Trump los despoje del beneficio, puedan pedir asilo en las cortes estadounidenses.

La posibilidad de una extensión indefinida debido a las condiciones de violencia imperantes en Honduras y El Salvador, sin embargo, quedó prácticamente descartada el viernes pasado, cuando The Washington Post reveló que el martes anterior el secretario de Estado Rex Tillerson había enviado a DHS una carta en la que decía que las condiciones bajo las que se concedió el TPS a haitianos y centroamericanos no justifican más extender el beneficio.

Al cierre de esta nota, DHS no había hecho pública su decisión sobre Honduras y Nicaragua, pero a juzgar por las opiniones de expertos y de dos protagonistas de las consultas que se llevan a cabo en Washington todo indica que, como sucedió con Haití en abril pasado, la administración Trump renovará solo una vez más el beneficio y que a la vez anunciará que este queda suspendido definitivamente.

“En DHS se maneja que le decisión ya está tomada, que lo único que falta en el caso de los centroamericanos es definir si la última extensión es por seis meses, un año o 18 meses”, dice un líder comunitario que ha estado en consultas con la administración y quien habló con Factum bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios públicos.

Si, como se espera, la decisión sobre hondureños y nicaragüenses implica el fin del beneficio, los escenarios para los tepesianos y gobiernos salvadoreños aparecen, todos, cuesta arriba.

José Palma y su familia. Foto cortesía.

La sombra más importante será la de las deportaciones, que devolverían a Centroamérica a decenas de miles de familias que, como la de José Palma, han llevado una vida productiva en los Estados Unidos por casi dos décadas. De ser dueños de viviendas y de ganar salarios que les permiten tener “tiempo libre” para sus hijos y la comunidad pasarían, de nuevo, a la sombra o volverían a países de los que salieron hace casi dos décadas y en el que les quedan pocos asideros reales.

En corto, la suspensión del TPS provocaría la involución de un sector que ha llegado a vivir con los estándares de la clase media en los Estados Unidos.

Vuelta a la oscuridad

Sería, cree José Palma, un efecto dominó. Si Estados Unidos le quita  su permiso de trabajo, llegaría un momento en que no podría renovar su licencia, lo cual limitaría seriamente su capacidad de trabajo y movilidad. Sus empleadores no podrían ofrecerle beneficios laborales y, si llegasen a contratarlo, sería en condiciones de clandestinidad, por un salario mucho menor.

José Palma no podría, entonces, pagar la hipoteca de su casa o las cuotas de su carro. Como él, alrededor de un 34% de los tepesianos, unas 100,000 familias, tienen hipotecas. Según la casa analista de riesgos financieros ValuePenguin, el promedio mensual de hipoteca que se paga en los Estados Unidos es de $1,500. En total, la economía estadounidense perdería $1.8 mil millones al año.

En general, de acuerdo con los cálculos de Bernstein Murray, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos podría perder, en 10 años, $164 mil millones si el TPS no es renovado.

La economía salvadoreña también se vería golpeada. Un cálculo grueso, basado en la cifra más recientes de ingresos por remesas ($3,200 millones en agosto de 2017, según el Banco Central de Reserva) y en el número de tepesianos respecto a la población total de salvadoreños en los Estados Unidos, es que El Salvador perdería unos $320 millones al mes.

Dice Hugo Martínez, el canciller salvadoreño, que si la administración Trump decide terminar con el TPS iría “en contra” de la estrategia de relaciones internacionales entre Washington y sus pares del Triángulo Norte centroamericano -Guatemala, Honduras y El Salvador-, la cual fue relanzada en 2014 en el marco del plan llamado Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo se supone es reducir la pobreza y ayudar a eliminar las condiciones de violencia que generan la migración hacia Estados Unidos.

Eliminar el TPS, dice el diplomático salvadoreño, es una “decisión disruptiva” que puede generar nuevas olas migratorias.

José Palma reduce todos los cálculos macroeconómicos a una oración más simple, demoledora. “Para mí esto significa la vida”, dice sin dudar. Y luego empieza a nombrar a amigos y parientes cercanos para los que no tener TPS significaría volver a las cocinas de los restaurantes, a los turnos de limpieza por las noches, a los cafés con frío en los parqueos a los que llegan los microbusitos blancos. O los países violentos de los que salieron, que nunca dejaron de ser violentos.

José Palma empieza con su esposa, una enfermera que sin TPS no podría conservar el trabajo que tiene ahora como asistente médica. Luego menciona a Marta, una amiga, dueña de tres casas que perdería. Son historias como el de Blanca Joya, una enfermera registrada quien pudo estudiar inglés en el Montgomery College de Maryland y dejar un trabajo de limpieza que le reportaba menos de un tercio de lo que hoy gana. Gerardo Sánchez, un productor de televisión que pudo poner su empresa después de trabajar en Univisión y hoy emplea a una decena de personas.

Si la administración Trump adelanta, con los casos de hondureños y nicaragüenses, que el TPS para los salvadoreños también está por llegar a su fin, uno de los escenarios visibles para hombres y mujeres como José Palma es el que le amanece a José Mejía a diario en la oscuridad de Langley Park, uno en el que manda la economía subterránea y la desprotección; el de la marginalidad de los indocumentados.

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