Revista Factum habló con asistentes legislativos, académicos, diplomáticos y funcionarios de la administración Obama relacionados con las negociaciones de la Alianza para la Prosperidad (APTN) sobre el futuro de Guatemala en ese plan si el gobierno de Otto Pérez Molina no prorrogaba el mandato de la Comisión. Una posibilidad parecía clara: si no había prórroga, Guatemala quedaría fuera de las negociaciones.
El mensaje terminó llegando claro desde la capital estadounidense, no como un quid pro quo en principio, pero sí como una advertencia diplomática que, poco a poco, se fue convirtiendo en condición inevitable: sin la ampliación de la CICIG, Guatemala perdería apoyos esenciales en Washington de cara a los fondos y programas de la Alianza para la Prosperidad.
La discusión sobre la ampliación de la CICIG, e incluso sobre la posibilidad de crear organismos similares en los otros dos países del triángulo norte de Centro América –Honduras y El Salvador–, ya rondaba los pasillos del Departamento de Estado a mediados de enero de este año, según dos fuentes diplomáticas centroamericanas en Washington.
En realidad había, a principios de este año, dos discusiones paralelas, una más informal en torno a la CICIG centroamericana, y otra más tensa, bilateral, sobre la ampliación del mandato de la Comisión en Guatemala.
“Se hablaba del tema en las reuniones, pero como una posibilidad, como algo que sería bien visto en Washington”, concede un diplomático de la región, que pidió el anonimato, sobre las pláticas de enero y febrero.
Los mensajes más claros, sin embargo, llegaron a finales de febrero, en la víspera del viaje del vicepresidente Joseph Biden a Antigua Guatemala para discutir con los tres mandatarios del triángulo norte condiciones y mecanismos para la ejecución del millardo de dólares que la administración Obama había pedido al Congreso en Washington para financiar la APTN.
Antes de ese viaje ya habían salido mensajes bastante claros del congreso, en específico del subcomité de Exteriores para el Hemisferio Occidental de la cámara baja. Desde ahí, asistentes legislativos familiarizados con la APTN y con la región desde hace varios años empezaban a ver el tema de la CICIG ya en términos de condición, y así lo habían comunicado a diplomáticos guatemaltecos en Washington.
“Se ve así: si Pérez Molina no renueva la CICIG, va a ser políticamente muy difícil justificar aquí en el congreso unos fondos para un gobierno que no está comprometido con algo que funciona, porque todo el mundo aquí entiende que la CICIG funciona”, explicaba uno de esos asistentes legislativos días después del viaje de Biden a Antigua.
“(Los presidentes) conocen un poco la experiencia de Guatemala (con la CICIG) y les parece a ellos que no fortalece las instituciones”. Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala.
Un académico estadounidense al que asistentes legislativos suelen acudir para obtener análisis sobre Centro América, y que ha estado involucrado en las discusiones por la APTN desde el año pasado, asegura que en el congreso se empezó a hablar, incluso, de la posibilidad de discutir la Alianza para la Prosperidad y sus fondos solo con El Salvador y Honduras si Pérez Molina no renovaba la CICIG.
Este analista dice que el tema de un plan b sin Guatemala ya empezaba a ser comidilla en reuniones diplomáticas.
Primero en susurros, luego en voz alta
En público los mensajes nunca salieron de la administración Obama como una condicionante, pero el lenguaje diplomático sí era suficiente para entender que tras las palabras dichas por representantes del Departamento de Estado o de la misma Casa Blanca había un mensaje de presión al gobierno de Pérez Molina.
El 27 de febrero, dos funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, asesores de Biden y Obama en temas centroamericanos, tuvieron una llamada off the record con un grupo de periodistas latinoamericanos. La mayoría preguntó por el costo final del plan o por declaraciones recientes del canciller hondureño, quien había dicho que Centroamérica iría adelanta con la ATPN aún sin Estados Unidos. Casi al final llegó la pregunta por la CICIG.
- “¿Cuál es su opinión sobre la CICIG, es este un mecanismo que se puede aplicar al resto de países del triángulo norte?”, preguntó Factum en esa llamada.
Y la respuesta llegó en ese tono diplomático: “Hemos apoyado todos los esfuerzos contra la impunidad. CICIG ha funcionado ha tenido un papel en Guatemala… pero son los países los que tendrán que decidir por sí mismos; nosotros creemos que es algo que se debería de estudiar, ya sea ese o un instrumento similar”, contestó un asesor de Obama.
Biden viajó a Guatemala y, según las declaraciones que Pérez Molina dio a la prensa guatemalteca tras la reunión con el VP estadounidense, el tema de CICIG no se tocó en la reunión con los presidentes. El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, confirmó esa versión: “El tema no se tocó en la mesa”, dijo.
Pérez Molina fue más allá: dijo que el tema no era parte de su conversación con Estados Unidos, pero tampoco de la de los otros dos presidentes centroamericanos involucrados en la negociación de la APTN. “No está puesto en la mesa, no hay nada de eso, y tampoco se ha tocado con los presidentes (Salvador) Sánchez Cerén (de El Salvador) y (Juan Orlando) Hernández (de Honduras)…”, respondió el guatemalteco un día después a las declaraciones de los asesores de Obama, según una nota de El Periódico.
Más aún, de acuerdo a Pérez Molina, Sánchez Cerén y Hernández tampoco estaban de acuerdo con la CICIG. “(Los presidentes) conocen un poco la experiencia de Guatemala (con la CICIG) y les parece a ellos que no fortalece las instituciones”. Ni el gobierno de El Salvador ni el de Honduras desmintieron esas palabras del mandatario guatemalteco.
Pero el tema sí se había tocado, no en las reuniones oficiales entre Biden y los tres mandatarios, pero sí entre diplomáticos estadounidenses y sus pares guatemaltecos, según confirman en Washington tres personas que han estado al tanto de las conversaciones ocurridas en Guatemala sobre CICIG. Y Biden se refirió a él en público mientras estuvo en Centroamérica.
Al menos una de las fuentes, quien ha estado en contacto directo con las discusiones en torno a CICIG, confirma que fue Biden quien trasladó el mensaje directamente a Pérez Molina.
Fachada del edificio Rayburn de la cámara baja del congreso en Washington. El edificio alberga al subcomité de exteriores para el Hemisferio Occidental, donde se ha discutido el tema CICIG. Foto por Héctor Silva Avalos.
Un mes después de la cita con Biden, el 20 de marzo, otra funcionaria de Obama volvía a la exposición pública para insistir en que el tema CICIG sí estaba en la mesa y no era secundario. “En el tema de la CICIG, creo que la renovación de su mandato será crítica… creo que hay un apoyo muy, muy fuerte en el congreso para que se renueve… y ciertamente hay un apoyo muy fuerte en la administración (Ejecutivo) para seguir adelante”, dijo Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental en un evento público.
Cinco días después, el 25 de abril, la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, en inglés) publicó un análisis sobre los resultados de la CICIG que tuvo bastante eco en Washington. Una de las principales conclusiones de ese estudio es que CICIG puede aplicarse como “un modelo para fortalecer el estado derecho en los niveles doméstico, regional e internacional”.
Junto al documento, WOLA lanzó una campaña digital de apoyo a la comisión, abanderada por el hashtag #CICIGsí.
La transparencia y el talón de Aquiles
Pérez Molina, finalmente, se desdijo: firmó la prórroga de la CICIG por dos años más a pocas horas de la que la Comisión Internacional y el Ministerio Público de Guatemala desmantelaran, el 17 de abril, una red de mafia aduanera en la que está involucrado el otrora secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El gobierno de Guatemala ha negado que en la prórroga haya mediado la presión ejercida desde Washington, tanto por el congreso como por la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
En la capital de Estados Unidos los burócratas también evitan hablar de presiones; se limitan a congratularse por la prórroga al mandato de esa comisión internacional que nació en 2007, gracias en gran medida, de nuevo, a la presión que Washington ejerció entonces al gobierno y empresa privada guatemaltecos.
John Kerry, el secretario de Estado de Obama, no ahorra palabras para elogiar a la comisión, esa a la que Pérez Molina –y según él sus homólogos de Honduras y El Salvador– no veía muy útil, porque “no fortalece las instituciones”.
El secretario de Estado no opina igual que Pérez Molina. “Este es un gran paso hacia adelante en la lucha contra el crimen organizado. CICIG es un aliado importante del gobierno y del pueblo de Guatemala; les ha ayudado en sus esfuerzos por promover el estado de derecho, la rendición de cuentas, y la integridad de las instituciones de justicia y la fuerza pública”, decía Kerry a través de un comunicado de prensa el 24 de abril.
Foto de Francisco D’Allanesse, segundo comisionado de CICIG. Foto tomada de Flickr/Commons.
“Para algunos miembros del Congreso la extensión del mandato era una señal clara del compromiso y la voluntad política del gobierno de combatir la corrupción y el crimen organizado incrustado en las instituciones. Dado el trabajo de la CICIG no veían razón para permitir su continuidad dado los retos que todavía enfrenta el país. La corrupción y el combate al crimen organizado son temas centrales de la solicitud del gobierno de Obama y de gran preocupación en el congreso”, dice Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana en WOLA.
Con la prórroga de CICIG el tema Guatemala empieza a bajar perfil en la agenda centroamericana en Washington. Hoy hay otras preguntas, que llegan de varias de las mismas fuentes que hablaron en esta historia sobre la comisión guatemalteca. ¿Qué pasa en El Salvador con los homicidios?, pregunta un asistente legislativo en un correo electrónico al que ha tenido acceso Factum. ¿Por qué es tan difícil hablar de algo similar en Honduras y El Salvador?, envía en una comunicación similar un analista ligado al senado…
Todas las preguntas tienen que ver con la duda que se ha convertido en eje central de la discusión en Estados Unidos en torno a la aprobación de fondos para la ATPN: la capacidad de Guatemala, Honduras y El Salvador para hacer que sus instituciones, sobre todo sus sistemas judiciales, sus fuerzas públicas y sus fiscalías, se limpien de corrupción.
Esa discusión sobre el triángulo norte de Centroamérica y sus instituciones venía madurando en Washington desde 2009, cuando Obama llegó a la Casa Blanca y los brazos diplomáticos de Estados Unidos –el Departamento de Estado y USAID– empezaron a hablar de los crecientes índices de homicidios en la región. “Empezamos a hablar de esto antes de la crisis de los niños migrantes del año pasado. Ya había un camino para recalibrar nuestra visión sobre Centroamérica”, aseguraba hace dos semanas Beth Hogan, directora asistente de USAID para Centroamérica y el Caribe.
En esta nueva etapa de la discusión, dice Hogan, hay dos novedades. La primera, según ella, es que hoy sí hay voluntad política de los gobiernos del triángulo norte para hacer algo al respecto. La segunda, que esta vez Estados Unidos esperará las reformas institucionales antes de poner más plata. “Queremos poner nuestros fondos donde veamos reformas”, asegura.
La insistencia con CICIG parece indicar que hay fondo en las palabras de Hogan. Y parece, además, que algunos jugadores en Washington no aceptarán barnices cosméticos. Tal es el caso del senador demócrata de Vermont Patrick Leahy, miembro del comité de Apropiaciones (hacienda) del senado, la instancia que, al final, decidirá si hay o no mil millones para Centroamérica.
Leahy, un viejo enemigo de los regímenes militares a los que la administración Reagan (1981-1989) apoyó en la región y uno de los apoyos claves de CICIG entre 2007 y 2010, es uno de los senadores más influyentes en Apropiaciones, y uno al que republicanos y demócratas escuchan cuando se trata de Centroamérica. Hoy, el senador parece desencantado: cuando Kerry, demócrata y compañero de luchas de Leahy en los 80 y 90, pidió los mil millones para Centroamérica, el de Vermont dijo no estar dispuesto a dar más dólares a fuerzas policiales y ejércitos corruptos.
“La CICIG es un esfuerzo innovador y una de las pocas estrategias que ha tenido éxito en la lucha contra el crimen organizado y la extensa corrupción institucional. Sus esfuerzos deben continuar”. Lo dijo Leahy en 2010. En 2015, Kerry, el secretario, ha dicho algo similar.
Por ahora, la presión de Washington ha salvado a CICIG de la muerte a la que la había condenado el presidente de Guatemala. La discusión sobre el millardo de dólares sigue abierta en el Capitolio, y con ella otras preguntas sobre otras corrupciones centroamericanas.
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