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Corte trató con guante de seda a magistrado procesado por agredir a niña

Magistrados rechazaron suspender a Jaime Escalante, y prefirieron concederle permiso sin goce de sueldo por 60 días, tal como él lo solicitó después de su detención, tras ser acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años. 


La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no quiso suspender al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante, acusado de haber agredido sexualmente a una niña de 10 años el pasado 18 de febrero de 2019. Lo que hizo fue concederle un permiso sin goce de sueldo, tal como él lo había solicitado en una nota enviada 3 días después de su detención.

La ley de la Carrera Judicial indica que aplica la suspensión para un juez o magistrado: “Cuando la actuación del funcionario o empleado judicial constituya un peligro o menoscabe la correcta administración de justicia, o haya producido escándalo social por las circunstancias de los hechos o por la calidad de las personas, o cuando la permanencia del empleado o funcionario en su cargo pueda impedir o entorpecer la investigación del asunto”, según se lee en el artículo 54-A.

Pese lo expuesto en esa ley, nueve magistrados de la CSJ votaron para favorecer a Escalante.

¿Cuál es la diferencia? La suspensión es una sanción disciplinaria que implica una mancha en el expediente administrativo de un empleado judicial. En cambio, el permiso sin goce de sueldo es una prerrogativa de la que gozan todos los empleados de la Corte.

“El magistrado es muy querido dentro de la Corte, pero el permiso fue un absurdo porque fue un caso en flagrancia. Él había pedido primero 3 días de permiso porque la ley lo permite. Después, cuando se pidió la investigación, él pidió dos meses sin goce de sueldo y la Corte se lo dio. Era un fraude que estaba cometiendo la gente que aprobó ese permiso”, comentó, un mes después, uno de los magistrados que se opuso a que le concedieran la licencia.

Nueve magistrados votaron para conceder el permiso: Elsy Dueñas, Roberto Argueta Manzano, Carlos Sánchez, Aldo Cáder, Armando Pineda Navas, Marina Marenco de Torrento, Roberto Calderón, Dafne Sánchez y Sergio Luis Rivera, según consta en el acta de reunión de Corte del pasado 26 de febrero.

Esta Corte aplicó un criterio distinto al aplicado en el pasado a otros jueces y magistrados señalados por otros tipos de faltas. Ya hay antecedentes de casos en los cuales el pleno de la CSJ separó de su cargo a funcionarios para despejar dudas, como en mayo de 2018 cuando suspendió a la Marta Lidia Menjívar, jueza de Paz de El Congo, quien fue señalada de no tomar una denuncia a una mujer víctima de violencia de género, y que horas después de llegar al juzgado fue asesinada por su pareja. En este caso, la Corte basó su decisión en publicaciones periodísticas y luego amplió la investigación.

Otro ejemplo es el caso de al exjuez noveno de Paz, Romeo Aurora Giammattei, quien fue suspendido en noviembre de 2015 luego de que La Prensa Gráfica publicara que trabajaba para la empresa eléctrica ETESAL al mismo tiempo que ejercía como juez. La suspensión del funcionario fue inmediata para dar paso a una investigación en la Dirección de Investigación Judicial.

“La conformación ha cambiado y ahora hay bastante dificultad para sancionar a jueces, ya no digamos para suspenderlos. Hubo magistrados que  ese día se molestaron porque se pidió que se investigara con la intención de que con los elementos de investigación que tuviésemos lo pudiéramos suspender, porque la ley lo permite”, agrega el magistrado.

Según fuentes internas de la Corte, los magistrados que avalaron el permiso incluso votaron contrario a un proyecto de resolución elaborado por la Dirección de Investigación Judicial, que recomendaba la suspensión del cargo como medida cautelar.

Uno de los magistrados que votó a favor del permiso tiene una justificación de lo ocurrido: “Fue porque la presentó (la solicitud de licencia) cuando la noticia solo había salido en medios y nosotros no teníamos ningún documento al respecto. La primera medida fue aceptarle ese permiso y ponernos a indagar como Corte inmediatamente, y fue lo que hicimos”, dice uno de esos magistrados, quien habló con la condición de no ser identificado en esta nota.

Cuando los magistrados acordaron no suspenderlo ya habían recibido un informe de lo ocurrido de parte de la Policía Nacional Civil (PNC), según consta en el acta de la reunión del 26 de febrero. El magistrado que votó a favor dice que no les bastó con ese informe porque era escueto y confuso.

La Asamblea desaforó a Escalante el pasado 4 de marzo. Encontró los indicios suficientes para que el funcionario sea procesado penalmente. Desde ese momento se aplicó el artículo 237 de la Constitución de la República, que ordena que desde que la Asamblea declare que hay lugar a formación de causa el funcionario quedará suspendido de su cargo. Fue hasta entonces que los magistrados dejaron sin efecto el permiso y aprobaron la suspensión, según consta en el acta de la reunión de Corte Plena del 5 de marzo.

El Órgano Judicial no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. La Corte únicamente publicó un comunicado sobre “el indebido manejo de información en redes sociales” en el que, lejos de anunciar que abriría una investigación interna contra Escalante, repudió que en redes sociales se divulgara el nombre de otro magistrado y no el del verdadero detenido.

El proceso judicial

La Fiscalía presentó este martes 19 de marzo la acusación formal contra Escalante en la Cámara Primera de lo Penal. Según las primeras diligencias, una niña de 10 años permanecía en un pasaje de una colonia de Tonacatepeque, el pasado 18 de febrero por la tarde, cuando Escalante se acercó, le tiró unas monedas, la agredió sexualmente y luego, ante la presencia de la madre de la víctima, empezó a correr.

El funcionario abandonó su vehículo, que en realidad pertenece a la Corte Suprema de Justicia, en el parqueo de esa colonia. Luego pidió a empleados del Órgano Judicial que llegaran a recuperarlo, pero la familia de la niña ya había llamado a la Policía.  Una de las versiones que dio Escalante para intentar justificar su presencia en ese lugar, lejano al municipio de Santa Tecla donde trabaja, es que ese día salió a recoger unos libros a una bodega y que la aplicación telefónica Waze hizo que se perdiera y llegara hasta donde estaba la niña, donde, según su versión, retrocedió con su vehículo, y la golpeó, y se fue por temor a personas tatuadas que lo amenazaron.

El funcionario dijo que también fue víctima de robo, pero esa versión se cayó con el hallazgo de sus pertenencias dentro del vehículo. Los investigadores localizaron, además de su billetera y arma de fuego, la ropa del funcionario (su ropa, un cincho y sus zapatos). Los testigos han dicho que cuando agredió a la niña vestía un short y una camisa.

Las antenas telefónicas de los aparatos celulares que portaba el funcionario justamente se activaron en la zona oriente de San Salvador, donde, según la familia de la niña, ocurrió la agresión.  Además, en el sistema de videovigilancia del Sistema 911 de la Policía hay registros de cuando se conducía por el bulevar Venezuela el 18 de febrero al mediodía. La Fiscalía ya presentó estos indicios a la Cámara Primera de lo Penal y esta tiene cinco días hábiles para definir la fecha de la audiencia inicial y para decidir si accederá a decretar la reserva total del caso solicitada por los fiscales.

Escalante aún se encuentra en libertad.

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