Campaña plena y los candidatos navegan a toda marcha por los lugares comunes del guion: visitas de campo, regalitos, plataformas legislativas y municipales que no dicen demasiado y, en la era de las redes sociales, toques de “photoshop”. Pero hay cosas de las que los candidatos no hablan, de sus esqueletos, sus pecados, de los señalamientos que les pesan en investigaciones oficiales o periodísticas. Factum recuerda algunos de ellos como parte de su cobertura #AQuiénElegís2018.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa y candidato a la reelección el 4 de marzo por GANA, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 12 de febrero: “El pandillero es cobarde, tiene miedo de morirse. Le temería a la pena de muerte”.  La pena capital es uno de los gritos de batalla de Gallegos en su carrera por afianzar un quinto periodo como diputado.

A Gallegos le encanta hablar de la pena de muerte, y lo ha hecho con soltura en entrevistas recientes, la más reciente con El Diario de Hoy, donde recordó que lleva proponiendo que el Estado mate pandilleros desde “hace 4 o 5 años”.

También le gusta hablar al presidente de la Asamblea de armar civiles para solucionar la violencia pandillera. “Muy pronto la voy a invitar para que me acompañe a una comunidad, a la cual voy a hacer entrega de armas con sus respectivos permisos y licencias”, prometió el de GANA a la empleada del periódico que lo entrevistó.

De lo que no habla Gallegos es de corrupción, de cómo atajarla, de qué reformas hacer para evitar que siga consumiendo las instituciones del Estado, empezando por el Legislativo, que él preside desde 2016. En un la breve propuesta electoral que ha subido a sus redes sociales, el candidato apenas toca el tema de seguridad pública.

Plataforma legislativa de Guillermo Gallegos, tomada de Twitter.

Tampoco habla el diputado de los señalamientos por posible desvío de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales relacionados con familiares y conocidos. O de la investigación que le abrió la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que, según fuentes del máximo tribunal, indica que Gallegos no había podido justificar $3.2 millones de incremento patrimonial a 2015.

Como Guillermo Gallegos hay otros candidatos a diputados y alcaldes que han sido señalados en los últimos años por conductas o acciones que, en ocasiones, han rayado con lo ilícito o al menos han sido objeto de preocupación de instituciones encargadas de velar por los intereses del Estado, como la Fiscalía General de la República o la Sección de Probidad de la CSJ.

A tres semanas de las elecciones legislativas del 4 de marzo, Factum le recuerda los nombres de algunos de esos candidatos y los señalamientos que han pesado sobre ellos.

1. Relacionados al uso indebido de recursos públicos

Raúl Beltrán Bonilla, foto tomada de Facebook.

Raúl Beltrán Bonilla. Locutor de radio y candidato a diputado de La Libertad por el PCN.

Entre el 23 de febrero y el 14 de marzo Beltrán depositó $300,000 en una cuenta de ahorro de Elías Antonio Saca, entonces presidente de la República, y actualmente procesado por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Así consta en el examen especial que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hizo a las declaraciones patrimoniales de Saca, las cuales fueron el inicio del proceso penal que tiene al exmandatario en prisión. Probidad citó a Beltrán como testigo el 28 de 2016 para que explicara el origen de los fondos. El hoy candidato pecenista dijo que eran fondos que él manejaba a través de una agencia de publicidad para pagar espacios de la campaña presidencial de Rodrigo Ávila en las radios del grupo Samix, propiedad de Saca.

El 1º de febrero de 2016, Beltrán envío a Probidad un escrito en el que decía: “efectivamente, mi empresa ASN/Raúl Beltrhan Bonilla (sic) compró pauta publicitaria en la radio Sociedad Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.”, propiedad de Saca.

En resumen, el candidato del PCN por La Libertad le pagó $300,000 a las radios de las que Saca era dueño para promover a Rodrigo Ávila, el candidato presidencial al que Saca impulsaba. Todo mientras Saca era presidente de la República y, por sentencia de la misma Corte, no podía lucrar con sus radios, dado que estas administran un bien -el espacio radioeléctrico- que solo pueden ser entregados por el Estado para la explotación privada.

Óscar Ortiz. Vicepresidente de la República y ex alcalde de Santa Tecla por el FMLN. Ortiz aún no es candidato, pero ha dejado claras sus intenciones de pelear por ganar la candidatura interna a la presidencia en 2019.

Óscar Ortiz, vicepresidente y aspirante a la candidatura presidencial por el FMLN.

Ortiz también acude a una cuenta de Twitter, la de vicepresidente, para perfilar su imagen y destacar las acciones públicas que entiende como logros. Y, como lo hace desde que en 2003 disputó la candidatura presidencial al líder histórico Shafick Handal -pelea que el entonces alcalde tecleño perdió-, Ortiz suele utilizar los medios para enviar mensajes a su partido. De lo que no habla o habla poco en esos cruces públicos es de dos lastres que le persiguen: el proceso que tiene pendiente en Probidad, en el que fuentes relacionadas con esa investigación han confirmado que el funcionario no ha podido justificar un aumento patrimonial de $1.8 millones, y su relación con José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, el supuesto líder de la organización criminal conocida como Cartel de Texis procesado por lavado de dinero.

Guillermo Gallegos. Sobre el presidente de la Asamblea, además de los señalamientos apuntados arriba, pesan otros dos, dados a conocer por investigaciones de El Faro: el diputado no justificó apropiadamente seis de 17 viajes que hizo al exterior entre 2012 y 2015, y, la más grave, siendo Gallegos, presidente legislativo la Asamblea, regaló medio millón de dólares a una organización no gubernamental presidida por su esposa. Sobre lo segundo, Gallegos dijo, simplemente, que cuando votó a favor del desembolso no sabía que su esposa era miembro de la organización.

2. Negociaciones con pandillas

Benito Lara. Es candidato en San Salvador por el FMLN y fue Ministro de Justicia y Seguridad de la administración Sánchez Cerén entre junio de 2014 y enero de 2016, cuando renunció para convertirse en asesor del presidente.

Benito Lara (derecha) en una valla del FMLN instalada sobre el Bulevar del Hipodromo en San Salvador. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

Lara fue uno de los principales artífices de los intentos de diálogo que el entorno cercano a Sánchez Cerén tuvo con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014. En octubre de 2016, Factum, El Faro e InSight Crime revelaron vídeos en los que aparecen Lara y los jefes pandilleros Carlos Ernesto Burgo Nuila, alias “Nalo”, y Óscar Salvador Mejía, alias “Cejas”, ambos del Barrio 18. Esto escribió Factum entonces: “Estas grabaciones… (demostraron) conversaciones sostenidas por el FMLN y las pandillas para ejecutar un pacto electoral que beneficiara en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2014 al partido de izquierda, confirman que el Frente mantuvo con las pandillas un proceso institucional de diálogo distinto al sostenido en 2012 por el gobierno de Mauricio Funes”.

En agosto del año pasado, en el marco de un proceso abierto contra supuestos facilitadores de la tregua de 2012, “Nalo” testificó en sede judicial que el FMLN había entregado $250,000 a las tres pandillas (la MS13 y las dos facciones del Barrio 18) para influir en la presidencial de 2014.

De todo esto no suele hablar Lara, cuya campaña de hecho ha tenido un perfil bastante bajo. Su rostro, no obstante, puede apreciarse en vallas que el FMLN ha colocado en San Salvador.

Ernesto Muyshondt. Exdiputado por ARENA y candidato a dirigir la alcaldía de San Salvador. Muyshondt es, a juzgar por las encuestas, el aspirante a vencer en las elecciones del 4 de marzo.

El diputado de ARENA, Ernesto Muyshondt en la Asamblea Legislativa en San Salvador, el 9 de febrero de 2017. Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

También es muy activo en Twitter, donde suele postear fotos en las que se le ve departiendo con habitantes de comunidades o participando en actos proselitistas. Tampoco habla mucho, en su campaña, de las conversaciones que sostuvo con las pandillas cuando era diputado y vicepresidente de ideología de ARENA.

El Faro reveló en marzo de 2016 que Muyshondt se había reunido, también en la previa de la presidencial de 2014, con líderes de las tres pandillas para ofrecerles beneficios carcelarios a cambio de apoyo electoral. En la reunión también participó Salvador Ruano, entonces alcalde arenero de Ilopango, ya fallecido. Después de la publicación, Muyshondt aceptó a El Faro que se había reunido con los pandilleros para, dijo, exponerles el plan de gobierno de Norman Quijano, entonces presidenciable por ARENA. En el proceso judicial por la Operación Jaque, el pandillero “Nalo” también dijo que en esa reunión habían pedido $100,000 a ARENA, los cuales, según él, fueron entregados posteriormente.

3. Asociaciones con acusados de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado

José Luis Merino. Dirigente del FMLN y candidato a diputado de San Salvador por el FMLN.

José Luis Merino, el Comandante Ramiro, parte del gabinete de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, es señalado por el gobierno de Estados Unidos, por sus posibles relaciones comerciales con el narcotráfico internacional. Merino goza de inmunidad diplomática. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El pasado 13 de febrero, Merino, conocido también como Ramiro Vásquez, sí habló de varios de los señalamientos que pesan en su contra. Se refirió brevemente en el programa matutino Frente a Frente sobre dos de las más importantes: sus supuesto vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la cual según correos electrónicos incautados a uno de los líderes de la guerrilla colombiana sirvió como intermediario para la compra de armas; y las acusaciones de lavar dinero a grupos del crimen organizado que le hizo Marco Rubio, senador republicano de los Estados Unidos. Merino lo negó todo: dijo que nadie le ha probado nada y que la Fiscalía salvadoreña es libre de investigar.

No dijo el dirigente efemelenista que, aun si la Fiscalía lo investiga -cosa que Douglas Meléndez, el fiscal general, no ha hecho-, él está blindado por un fuero que se niega a perder. Cuando Merino dejó de ser diputado por el Parlamento Centroamericano, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén lo nombró, sin perder tiempo, viceministro de Relaciones Exteriores. Fuero garantizado. Y hoy, sin renunciar a la plaza ministerial, compite por una curul. Merino ha dicho que lo hace con un permiso, algo que según fuentes de la Corte Suprema consultadas no es legal. Como sea, fuero garantizado. Si gana.

“Hasta hoy ni un solo papelito han podido presentar a los tribunales (sobre señalamiento de su relación con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC), @FGR_SV está en todo derecho de investigar” José Luis Merino, candidato a diputado por el @FMLNoficial pic.twitter.com/uxbHCfAc2Y

— Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) 13 de febrero de 2018

De su blindaje apenas habló José Luis Merino.

Tampoco explicó que no solo Marco Rubio ha pedido que lo investiguen, sino que también lo han hecho 14 miembros de la cámara de representantes, entre ellos varios demócratas, que históricamente han sido menos antagónicos con el FMLN. “Múltiples reportes… indican que las estructuras financieras controladas por Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras colaboraban con las guerrillas de las FARC en Colombia, elementos corruptos del régimen venezolano y otros grupos criminales para mover fondos a destinos seguros”, dice la misiva que los congresistas enviaron el 19 de junio pasado al Departamento del Tesoro en Washington.

Tampoco se refirió el ex comandante guerrillero a otras investigaciones que, según La Prensa Gráfica, realizan tres instituciones estadounidenses de una red de testaferros con las que Merino, se supone, controla una operación inmobiliaria sospechosa, entre otras cosas, de lavar dinero.

De eso no habló José Luis Merino. Ni de su relación con Enrique Rais, el empresario prófugo acusado de delitos de corrupción en complicidad con el ex fiscal general Luis Martínez. Rais y Merino, como ha documento esta revista, han sido muy cercanos.

Francisco Merino. Diputado por el PCN desde 2000, en representación de los departamentos de San Vicente y Santa Ana. También ha sido diputado por ARENA (1982-1984), ministro del Interior y vicepresidente de la República. Hoy es candidato a diputado de nuevo, por Santa Ana.

Merino es uno de los aspirantes favoritos de una de las cuentas de Twitter del PCN, la de prensa (en febrero él, Reynaldo Cardoza y Cristina López fueron los candidatos a diputados que más aparecieron en esa cuenta). Ahí aparece dando charlas, en entrevistas televisivas o departiendo con aspirantes a alcaldes en el departamento. En ningún lado en esas plataformas digitales Merino habla sobre esto:

• Su relación con Juan Umaña Samayoa, el exalcalde de Metapán procesado por delitos de lavado de dinero por la Fiscalía y quien es prófugo de la justicia. No es que Merino se avergüence de esa relación: ya en redes sociales han aparecido fotos del diputado junto al exalcalde, sonrientes; y, según La Prensa Gráfica, Umaña Samayoa ha utilizado un vídeo subido en Facebook para pedir el voto en nombre de Merino.

• Un viejo recuerdo. El incidente que protagonizó el 26 de agosto de 2000, cuando, borracho, disparó a una agente de la policía. Cuatro días después, la Fiscalía General pidió un antejuicio por los delitos de amenazas y amenazas con agravantes. El antejuicio no prosperó, y la historia terminaría ahí, como el agravio de un diputado borracho, si no es por lo que se supo años después: a pesar de que una comisión legislativa determinó que había suficientes elementos para desaforar a Merino, y de que ARENA estaba a favor, la administración del expresidente Francisco Flores movió a la fracción legislativa arenera para que perdonaran al pecenista a cambio de un voto que faltaba para aprobar la ley que dio vida a la dolarización en El Salvador, según lo relató el ex presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, en una columna en El Faro.

4. Promovieron legislación que puede resultar beneficiosa para el crimen organizado

Cristina López. Diputada por el PCN desde 2015 y candidata a la reelección en el departamento de San Salvador.

La diputada Cristina López del PCN, durante el traspaso de mando del Grupo Parlamentario, realizado en la Plaza de Las Banderas de la Asamblea Legislativa, el 16 de mayo de 2017.
Foto FACTUM/Salvador MELENDEZ

La ex marchista, ganadora de oro panamericano en los juegos de Río de Janeiro de 2007, es otra de las favoritas de las cuentas tuiteras de su partido, donde aparece también entrevistas de radio y televisión hablando de sus proyectos para apoyar atletas o de jornadas de atención médica con sus potenciales votantes. De lo que no habla la diputada en esta campaña es de la polémica interpretación auténtica que impulsó para modificar el sentido de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones, y que a la postre logró el apoyo de 57 diputados del PCN, FMLN, ARENA y GANA.

La interpretación auténtica, que según la diputada impulsó a petición de Ramón Kury, el jefe departamental del PCN en San Salvador (y también candidato a diputado por San Salvador), obligaba a la Fiscalía a destruir grabaciones telefónicas de sospechosos de cometer crímenes seis meses después de obtenidas sin el estudio previo de un juez, lo cual limita la posibilidad del Ministerio Público de ampliar los plazos de las escuchas y de investigar delitos nuevos descubiertos durante las intervenciones. Y la interpretación auténtica, entre otros, favorece a procesados por la justicia como Enrique Rais, cuya acusación la Fiscalía ha basado en escuchas. De acuerdo con esa lectura, y si esta hubiese estado vigente, el Estado hubiese tenido problemas para acusar en otros casos como la Operación Jaque -relacionado con la tregua pandillera- o la corrupción atribuida al expresidente Saca.

La Fiscalía puso un recurso de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, aceptó. Por el momento, la interpretación promovida por Cristina López está sin efecto.

René Alfredo Portillo Cuadra (ARENA), Guillermo Gallegos (GANA), Mario Tenorio (GANA) y Jackeline Rivera (FMLN). Los tres primeros van por su reelección como diputados, y la última es la candidata a alcaldesa de San Salvador. Los cuatro firmaron la moción para reformar la Ley de Extinción de Dominio. Esos cambios también favorecían a investigados por crímenes relacionados con el lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos de cuello blanco (el efemelenista Santiago Flores fue otro de los proponentes, pero él no va por la reelección).

El pasado 10 de febrero, en su cuenta de Twitter, Portillo Cuadra se jactó de haber presentado 67 iniciativas de ley “de las cuales 27 ya son ley de la república”. Las reformas a la Ley de Extinción no lo son porque, de nuevo, la Corte Suprema las suspendió.

Al respecto de los cambios a la Ley de Extinción de Dominio, Factum escribió en un editorial: “Lo que hicieron los 44 diputados al reformar… no es más que un acto consumado de cinismo e indecencia política… legislaron, con dolo y alevosía, para evitar que el Estado persiga a quienes, entre ellos, resulten sospechosos de enriquecerse de forma ilegal con fondos públicos”. Vale aclarar que de los que mocionaron solo Portillo Cuadra no tiene expediente abierto en la sección de Probidad, cuyas investigaciones han iniciado, por ejemplo, los procesos judiciales contra los expresidentes Saca y Funes.

En esencia, los cambios propuestos por Portillo Cuadra y los otros parten del supuesto de que la ley vulnera la presunción de inocencia de los afectados. Sobre eso, escribimos: “En la doctrina penal que sirve de base a la legislación salvadoreña se reconoce la legalidad de las medidas cautelares utilizadas por el Estado -como la extinción de dominio- para garantizar que los sospechosos de cometer delitos se sometan, en efecto a los procesos que determinarán su inocencia o culpabilidad”.

5. Señalamientos en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG)

Mayte Iraheta. Candidata a una diputación de Sonsonate por el partido ARENA. El TEG la multó en mayo del año pasado por haber intervenido en la contratación de su hermana como asistente técnico en la Asamblea. La diputada aceptó que había cometido “una imprudencia” y dijo que pagaría la multa de poco más de mil dólares.

David Reyes. En febrero de 2017 el TEG lo multó por permitir que su hermana utilizara un vehículo nacional para trasladarse a Nicaragua. La multa impuesta fue por $5,034.

6. Relaciones con crímenes del pasado

Rodolfo Parker Soto. Diputado por el PDC desde 2006, busca de nuevo la reelección en el departamento de San Salvador.

En 1993 la Comisión de la Verdad surgida de los Acuerdos de Paz señaló a Parker por alterar “las declaraciones hechas con el objeto de suprimir las menciones a la existencia de órdenes superiores… Eliminó la referencia a algunos oficiales” en las investigaciones iniciales sobre los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la UCA a manos de miembros de la Fuerza Armada. En septiembre de 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó en el proceso de extradición de uno de los militares implicados en la masacre prueba que incrimina a Parker: un testigo nombrado como W-2 asegura que el diputado salvadoreño, siendo miembro de una comisión civil nombrada por el entonces presidente Alfredo Cristiani, le pidió cambiar su declaración y no mencionar en ella a ningún oficial que no fuese el coronel Guillermo Benavides, luego condenado y amnistiado por la masacre de la UCA. Actualmente se desarrolla un juicio en España por los asesinatos de los jesuitas, en el que los abogados querellantes argumentan que Benavides fue solo uno de los implicados.

Parker no habla de estos temas en su campaña.