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¿Corrupción? A Washington le da igual

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Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, sobrevive a sus pleitos internos y a señalamientos de corrupción en su contra en gran medida gracias a los mensajes ambiguos de la administración Trump. Al gobierno de Salvador Sánchez Cerén en El Salvador parece tenerle sin cuidado la molestia de la embajadora estadounidense por la reciente apertura de relaciones diplomáticas entre San Salvador y Pekín. El hondureño Juan Orlando Hernández es el nuevo favorito del Departamento de Estado, que le echa el hombro desde que validó una reelección rodeada de acusaciones de fraude que nunca se aclararon. El apoyo de Washington a los esfuerzos anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica admiten hoy muchos matices y parecen debilitarse a ritmos acelerados desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Foto tomada de Flickr, con licencia Creative Commons


Los asuntos entre Washington y el Triángulo Norte de Centroamérica no van bien. La reciente apertura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China, el nuevo adversario geopolítico de Estados Unidos en la región, fue el episodio más reciente de las tensiones, marcadas desde hace dos años por la matonería de la Casa Blanca, el interés de gobiernos corruptos centroamericanos de librarse de la supervisión internacional, la incesante migración y, hoy, la irrupción china.

La tensión inició antes incluso de que Donald Trump llegara al poder, motivada por los rasgos xenófobos y antiinmigrantes del trumpismo y, desde enero de 2017, cuando el magnate neoyorquino juró como presidente 45 de la Unión Americana, por la falta inicial de interés en la región, expresada entre otras cosas en la lentitud para nombrar a funcionarios clave en la gestión diplomática latinoamericana en el Departamento de Estado.

El discurso antiinmigrante del presidente Donald Trump es uno de los orígenes del problema. Ya convertido en políticas públicas, ese discurso ha significado entre otras cosas el endurecimiento en las directrices para conceder asilo humanitario a centroamericanos que fueron víctimas de violencia pandillera en sus países de origen y la cancelación de beneficios migratorios como DACA y el TPS (detenida temporalmente por un juez californiano). En principio, la política antiinmigrante fue el único norte en las relaciones entre Washington y el norte centroamericano.

A eso se ha unido hoy una visión de línea dura que parece estar cuajando en Washington, empujada por la irrupción china y por el resurgimiento de un discurso antinarcóticos más radical tras el crecimiento desmedido de las superficies cultivadas con hoja de coca en Colombia en los últimos dos años.

La coca colombiana no ha parado de alimentar el corredor centroamericano, que de acuerdo al mismo Departamento de Estado sigue tan vital como siempre. Por las tierras y aguas que van del Tapón del Darién en Panamá al altiplano huehueteco en Guatemala pasaron unas 1,400 toneladas métricas de cocaína en 2017; eso es un aumento de casi el 40% desde 2011.

Pero no es solo el crecimiento en la producción colombiana, es también la perenne viabilidad de las rutas centroamericanas, garantizada en buena medida por la corrupción política que sigue permitiendo la acción de grupos de narcotraficantes en territorios como Olancho, en Honduras, donde la poca presencia del Estado sigue haciendo factible la existencia de pistas clandestinas, o en el noroeste salvadoreño, donde líderes políticos locales mantienen vivos sus vínculos con el crimen organizado.

La administración Trump, en su informe sobre la situación de los narcóticos en el mundo (INCRS, en inglés) para 2018, admite que la debilidad de los estados nacionales del Triángulo Norte está al centro del problema del tráfico internacional.

De Guatemala, el reporte asegura: “(Sus) fronteras porosas… su fuerza pública sobrepasada permiten que el crimen organizado trafique dorgas, cultive cannabis y amapola y trafique con precursores químicos. La ausencia virtual de la fuerza pública en muchas áreas del país permite que otras formas de crimen transnacional florezcan, incluidos el tráfico de personas, de armas, de contrabando”.

La visión de los halcones de Trump, encabezados por John Kelly, el general del Comando Sur reconvertido primero en secretario de Seguridad Interna y luego en jefe de gabinete de la Casa Blanca, privilegia ahora la cruzada antiinmigrante y la asistencia militar para combatir el tráfico internacional de drogas. Y este enfoque desplaza con éxito al cultivado en la era Obama, que entendía como centro de la cooperación con el norte de Centroamérica el fortalecimiento institucional y la lucha anticorrupción como disuasivos eficientes para detener los flujos migratorios y de tráfico ilegal al que se refiere el Departamento de Estado en su informe antinarcóticos.

En los primeros meses de la nueva administración hubo una especie de inercia que permitió al viejo enfoque navegar sin viento durante un rato.

Durante el primer año completo del gobierno Trump, en 2017, no hubo una política clara hacia Centroamérica. “Fue un año en el que dominaron las visiones que existían en el Senado, en el Congreso, que siguen poniendo el énfasis en la lucha anticorrupción”, dice un asistente legislativo en Washington, quien habló desde el anonimato para tener libertad de referirse a discusiones internas. Eso ya cambió.

Eric Olson, subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, cree que el golpe de timón es ahora más perceptible. “Por primera vez otros asuntos internacionales que no están relacionados con Centroamérica empiezan a tener importancia en la confección de la política estadounidense hacia la región. La preocupación por el rol de China, los compromisos de Estados Unidos con Israel, la comunidad evangélica estadounidense se han convertido en prioridades para Washington, que hoy parece más dispuesto a suavizar posiciones como el apoyo a esfuerzos anticorrupción en Guatemala y otros lugares”, dice Olson.

El traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén justo después de que la administración Trump hiciera lo mismo, así como el cabildeo de funcionarios afines a Jimmy Morales a través de grupos cristiano-evangélicos con poder de influencia en la Casa Blanca, no han sido elementos menores, por ejemplo, en la posición favorable que el mandatario de Guatemala ha logrado en algunos sectores de Washington.

Ambigüedad en Guatemala y Honduras

Uno de los primeros mensajes oficiales que llegó desde la administración Trump a Centroamérica fue el que el secretario de Estado, Mike Pompeo, envió a Jimmy Morales al calor de la enésima crisis provocada por el mandatario guatemalteco a propósito de Cicig, la comisión internacional gerenciada por Naciones Unidas que lo ha señalado por presunto financiamiento electoral ilícito. Mientras buena parte del cuerpo diplomático e incluso grupos bipartidistas desde el Congreso estadounidense apoyaban a la Cicig, Pompeo se despachó con un tweet lacónico en el que felicitaba al gobierno Morales: “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos antinarcóticos y en seguridad”.

 

Un espaldarazo por dónde se le vea.

Ese tuit y otros guiños diplomáticos han dado suficiente oxígeno a Morales para mantener, sin trastabillar, su posición de sacar de Guatemala lo más pronto posible a la Cicig y a su jefe, el comisionado colombiano Iván Velásquez.

Es tanto el aplomo de Jimmy Morales que el pasado 25 de septiembre, durante la asamblea general de Naciones Unidas de este año en Nueva York, se detuvo a un paso de llamar negligente a António Guterres, el secretario general de la multilateral, por no atender a las quejas que el gobierno guatemalteco tiene sobre Cicig.

“Me refiero a la indiferencia y la pasividad del secretario general de la ONU, a quien desde hace más de un año le presenté personalmente y de manera oficial las preocupaciones del gobierno de Guatemala sobre las malas prácticas de la Cicig y su comisionado”, dijo, envalentonado, Jimmy Morales.

Antes, en la parte del discurso en el que habló al pleno de sus “logros”, Morales devolvió el guiño a Pompeo y a los estadounidenses al pintar a Guatemala como una de las principales ejecutoras de la guerra de Washington contra las drogas.

“La determinación y el compromiso de las fuerzas de seguridad guatemaltecas han permitido que en los últimos dos años, con la colaboración de agencias de Estados Unidos de América, se hayan erradicado más de 471 millones de plantas de amapola, con un valor de $1.4 millardos de dólares; hemos incautado 34 mil kilos de cocaína y un 400 por ciento más de heroína que en años anteriores”, dijo Morales. No dijo el mandatario que hoy pasa mucha más droga por Guatemala que antes de que él llegara a la presidencia.

Las líneas parecen extraídas del viejo guion de la política exterior estadounidense hacia Mesoamérica, esa que desde hace tres décadas privilegia la asistencia militar y policial en el afán de combatir el tráfico de drogas por el puente centroamericano.

Jimmy Morales en su toma de posesión como presidente de Guatemala. Foto del Ministerio de Exteriores de Guatemala, tomada de Flickr con licencia Creative Commons.

Lo del combate a la corrupción, dijo el presidente Morales en la ONU, ha servido para que “grupos extremistas (aprovechen) la bandera, aplaudiendo persecuciones selectivas que se han hecho más que manifiestas, por una Cicig sesgada ideológicamente”. No dijo Morales que la comisión y el MP han investigado y encarcelado a funcionarios de los últimos tres gobiernos, de signos ideológicos diferentes.

Tampoco dijo algo en su discurso Jimmy Morales sobre una donación particular que su gobierno recibió para combatir el tráfico de drogas: los jeeps J8 artillados de fabricación estadounidense que el ejército del que él es comandante en jefe hizo circular alrededor de la sede de Cicig el pasado 31 de agosto, día en que anunció que pediría a la ONU no renovar el mandato de la comisión en 2019. El viceministro de seguridad de Morales, Kamilo Rivera, dijo que lo de los jeeps hacían rondas rutinarias por la ciudad. La embajada de Estados Unidos no creyó mucho esta versión y, el mismo día, dijo en sus redes sociales que estaría atento al uso que el gobierno daba a los jeeps.

A finales de septiembre, en una visita a Guatemala, la congresista demócrata Norma Torres insistió al gobierno local que amplíe sus explicaciones sobre el uso que ha dado a los jeeps.

“Hasta hace poco lo que decía la embajada era claro y se entendía como lo que decía Washington, pero hoy ya no se sabe”, comentaba a mediados de septiembre en Guatemala un funcionario judicial que sigue de cerca las batallas políticas y judiciales del presidente Morales contra la Cicig y el MP.

Desde el Congreso, de las oficinas de representantes y senadores que suelen seguir de cerca Centroamérica, siguen llegando muestras de apoyo a Cicig. La última fue una carta firmada por 23 de ellos a Pompeo en la que no se guardaron señalamientos a Morales, elogios a la comisión y pedían al Secretario de Estado que aplique leyes como la Magnitsky o recientes enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional que incluyen la exigencia de que el Departamento de Estado haga una lista de funcionarios centroamericanos corruptos. Desde el Ejecutivo, aparte del tuit de Pompeo, poco más sobre las intenciones de Trump respecto a las luchas anticorrupción en la región.

En el caso de Morales parece claro que la ambigüedad es suficiente para que el presidente se mantenga en pie y desafiante a pesar de que en su contra pesan tres peticiones de antejuicio hechas por el Ministerio Público por posible corrupción y financiamiento electoral ilícito.

Un espaldarazo más contundente de los funcionarios de Trump ha sido el principal tanque de oxígeno para el hondureño Juan Orlando Hernández, cuyo segundo mandato obtuvo el reconocimiento abierto de Washington a pesar de una reelección cuestionada por posible fraude y de múltiples señalamientos por abusos a derechos humanos y obstrucción de justicia de parte de sus funcionarios. “Sin esa palabra (de Estados Unidos) Juan Orlando jamás hubiese logrado gobernar y este país se hubiese incendiado”, me dijo en Tegucigalpa un exfuncionario hondureño la última semana de septiembre.

Pero Hernández, el nuevo favorito de Washington en la región, también ha decidido sonar desafiante con el poder estadounidense que le dio un segundo aire político. En una entrevista que dio a la agencia Reuters durante su reciente visita a Nueva York para la asamblea general de la ONU, el hondureño lanzó una advertencia: ante la disminución de la ayuda estadounidense a Centroamérica -que según cifras oficiales ha sido del 30% entre 2016 y 2018-, China es una “oportunidad”, dijo.

Para Estados Unidos lo de China no es asunto menor.

El tema chino

Jean Manes, la embajadora estadounidense en El Salvador, no suele guardarse tuits y declaraciones públicas para hacer referencia a decisiones de los poderes del Estado salvadoreño.

Manes fue explícita en sus críticas a la Asamblea cuando el Legislativo aprobó, en julio de 2017, reformas que cercenaban la Ley de Extinción de Dominio que Washington había ayudado a confeccionar.  Funcionarios de la embajada, por otro lado, alabaron en privado la actuación de la Fiscalía en el caso contra el expresidente Antonio Saca, acusado de extraer millones de dólares del erario para beneficio personal y con quien los fiscales a las órdenes de Douglas Meléndez pactaron 10 años de prisión -de 25 posibles. En público, la embajadora Manes fue más explícita, también en un tuit:

 

Manes también acudió al Twitter y a declaraciones a medios de comunicación para ventilar el asunto que, a la fecha, la ha enfrentado con más estrépito al Ejecutivo salvadoreño que preside Salvador Sánchez Cerén: la ruptura a finales de agosto de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Taiwán y la subsiguiente apertura de lazos formales con China. En este caso el asunto fue a más cuando de Washington llamaron a Manes y a otros dos embajadores en la región (Panamá y República Dominicana) para discutir la irrupción de Pekín en Centroamérica, que empieza a ser bastante visible.

El periódico salvadoreño El Faro reportó el 25 de septiembre sobre el intento de mediación que un alcalde opositor ha hecho para que una familia del departamento de La Unión, sede de un puerto en desuso abierto al Pacífico, venda una isla a un empresario chino afincado en el país. La venta, según el reportaje, se enmarca en el intento del gobierno por echar a andar las llamadas Zonas Económicas Especiales como un aliciente para atraer inversión china.

En Honduras, una exfuncionaria que habló bajo condición de anonimato me dijo la primera semana de octubre que la presencia de empresarios chinos, radicados en el país o no, aumentó desde que en 2017 el gobierno de Hernández anunció la creación de las ZEDES, la versión local de zonas con incentivos económicos especiales. En enero de este año, la cámara de comercio chino-hondureña anunció planes para la creación en San Pedro Sula de un centro de apoyo logístico para productos chinos a un costo de 300 millones de dólares.

La embajadora Manes regresó a San Salvador a finales de septiembre después de hablar del tema chino en Washington. En otro tuit, tras el arribo de la diplomática, la embajada decía: “A medida que más países en la región buscan acuerdos económicos y relaciones con socios desconocidos, cuyos métodos carecen de un récord positivo, notamos una tendencia perturbadora que indica que, a menudo, muchas de estas transacciones carecen de transparencia”.

De forma implícita, la sede diplomática asumió como propia la versión de algunos diputados taiwaneses de que el gobierno de Sánchez Cerén pidió dinero a Taipéi para no abrir relaciones con Pekín, algo de lo que la oposición en El Salvador se ha hecho eco y que el gobierno ha intentado desmentir. En las mismas comunicaciones públicas con las que abordó el tema chino al regreso de Manes a El Salvador, la embajada dijo que seguirá monitoreando la corrupción en El Salvador y que “donde se identifique… Estados Unidos considerará cancelar las visas de personas involucradas y de sus familiares”.

No parece ser el mejor momento para el enfoque anticorrupción que Washington había decidido para su política exterior en la región: Morales en Guatemala tiene éxito esquivando a quienes lo investigan, Hernández en Honduras se blindó tras su reelección y Sánchez Cerén en El Salvador hoy puede decir que Washington utilizará el tema para presionarlo por el asunto chino.

El cambio: de la Alianza para la Prosperidad a la visión Trump

A la tensión actual antecedió un plan de Washington para el Triángulo Norte que, hilvanado con bastante destreza diplomática por la administración Obama, acudía a la vieja fórmula de condicionar fondos de cooperación a que los gobiernos nacionales de la región cumplieran con requisitos impuestos por el Congreso y el Ejecutivo estadounidenses. La novedad en la era Obama fue que los principales condicionantes tenían que ver con la efectividad de los gobiernos centroamericanos para echar adelante medidas anticorrupción.

Ese plan fue presentado en noviembre de 2014 y se llamó Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

La Alianza consistía, en corto, en asignar mil millones de dólares a la región condicionados a que los gobiernos de los tres países frenaran la migración de sus ciudadanos hacia el Estados Unidos, combatieran la corrupción de sus funcionarios y, en los casos de Honduras y Guatemala, apoyaran a los entes supranacionales contra la impunidad como la Cicig o la Misión Anticorrupción y contra la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En diciembre de 2015, las dos cámaras del Legislativo en Washington aprobaron, en el proyecto de presupuesto para el año siguiente, 750 millones de los mil que había solicitado la Casa Blanca. El desembolso del 75% de esos fondos estaba condicionado a la ejecución de medidas anticorrupción.

El enfoque anticorrupción llegó hasta el segundo mandato de Obama, luego del episodio oscuro con el que su administración había abierto la relación con Centroamérica: el apoyo del Departamento de Estado de Hillary Clinton al golpe de Estado en Honduras en 2009. (En 2017, el medio digital The Intercept reveló que altos oficiales militares estadounidenses destacados en Tegucigalpa en 2009 sabían del golpe  e incluso lo alentaron. Factum republicó el reportaje).

El énfasis en el combate a la corrupción había pasado a ocupar el centro de la mesa en la relación multilateral. De una política que en las administraciones de Clinton y Bush hijo había estado enfocada en los postulados de la guerra contra las drogas -fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares, cooperación en inteligencia, instalación de una base y un radar de largo alcance en El Salvador para facilitar decomiso en aguas territoriales del Pacífico centroamericano-, el Washington de Obama cambiaba velocidades para centrarse en la debilidad de las instituciones encargadas de la persecución penal y de impartir justicia en la región, de las que el Departamento de Estaba llevaba años diciendo que era la principal causa de impunidad en estos países.

Algunas ideas de cambio surgieron durante el primer cuatrienio de Obama, tras el golpe hondureño. La subsecretaría de Estado para el hemisferio occidental (WHA, en inglés), bajo el mando de Arturo Valenzuela primero y de Roberta Jacobson después, empezó a pensar a principios de esta década cómo invertir mejor el dinero de la llamada Iniciativa para la Seguridad Regional del Centroamérica (CARSI, en inglés), un remanente de la llamada Iniciativa Mérida gestada por Bush hijo y que enfocaba los recursos en la colaboración antinarcóticos con México.

WHA tomó la batuta entre 2009 y 2010 para redirigir desde el Departamento de Estado y el Congreso un intento de política que apoyara iniciativas que pusieran más énfasis en la rendición de cuentas de los Estados centroamericanos. En aquellas pláticas incluso se discutió la creación de una comisión regional parecida a Cicig.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y su homólogo salvadoreño Salvador Sánchez Cerén durante visita oficial a San Salvador en 2015. Foto de la Presidencia de El Salvador, tomada de Flickr con licencia Creative Commons.

El evento que terminó de dar aire político a la nueva visión fue la llegada de decenas de miles de menores centroamericanos indocumentados sin compañía a la frontera sur de Estados Unidos en el verano de 2014 (junio-agosto).

Los jóvenes y niños, alentados por reformas legales previas a la era Obama que permitían a menores centroamericanos optar a asilo humanitario, crearon un efecto en cadena que aún perdura, y que hace cuatro años convenció a actores clave del congreso en Washington que detener los flujos migratorios solo era posible ayudando a mejora las condiciones de vida en comunidades centroamericanas acechadas por la pobreza, las pandillas, la falta de oportunidades y la inseguridad; y que eso solo era viable si los gobiernos de turno en esos países dejaban de robarse el dinero con el que se supone tienen que atender las necesidades de esas poblaciones vulnerables.

El 10 julio de 2015, altos funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador acudieron a una reunión en el edifico Cannon de la cámara de representantes para escuchar de la subsecretaria Jacobson y de varios congresistas demócratas y republicanos la insistencia en que las ayudas a sus países estarían condicionadas, a partir de entonces, a las medidas anticorrupción. Un día antes, el Senado había aprobado cerca de $674 millones para la Alianza para la Prosperidad, que en el proyecto final sumaría unos $75 millones más.

Roberta Jacobson (izquierda), entonces subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, se reunió en julio de 2015 con oficiales centroamericanos para pedirles más medidas anticorrupción. Foto FACTUM/Héctor Silva Ávalos

Para desembolsar el 75% de ese dinero, el Congreso tendría que recibir certificaciones anuales del Departamento de Estado que avalaran la lucha anticorrupción en los tres países. Las certificaciones llegaron en 2016, pero se detuvieron en 2017, ya con Trump en la presidencia, en buena medida por el intento de Jimmy Morales de deshacerse de la Cicig en Guatemala y por los cuestionamientos contra la reelección de Hernández en Honduras.

Sucedió entonces algo que ha puesto en series dudas la efectividad de este tipo de presiones. Estados Unidos decidió utilizar la certificación como un aval político a la reelección de Hernández cuando, después de detenerla por tres meses, decidió dársela el 28 de noviembre de 2017, en medio de serias acusaciones de manipulación de votos en la presidencial que se había celebrado dos días antes.

Es muy aventurado decir que, en el caso centroamericano, el viraje de un enfoque anticorrupción al tradicional que enfatiza la cooperación militar tiene que ver con una decisión explícita del presidente Donald Trump o de alguno de sus funcionarios, como sí ha ocurrido en otros asuntos de política exterior más apremiantes para Washington. En temas como Corea del Norte, el oriente medio o incluso las relaciones con las naciones del Tratado del Atlántico Norte, los humores del presidente sí han llegado a marcar rumbos políticos, según lo relata el periodista Bob Woodard en su libro “Fear”, que dibuja a un presidente temperamental al que sus colaboradores más cercanos tienen que controlar para evitar desgracias de proporciones mundiales.

Para el Triángulo Norte de Centroamérica solo han alcanzado, en apariencia, las palabras despectivas que Trump ha soltado al hablar de las migraciones que de estos países llegan a la frontera sur de Estados Unidos. El tema migratorio sí ha estado en el centro de la agenda trumpiana, pero como un asunto doméstico que ha sido básico para mantener contenta a su base electoral, no como política exterior.

Olson, del Wilson Center, cree que la intención de desalentar la migración que llega desde el Triángulo Norte se ha convertido en la prioridad rectora de la administración a la hora de confeccionar la política hacia el norte centroamericano. “No significa que solo les importe la migración, pero casi todo lo demás se ve a través de ese lente”, dice.

Las ideas de John Kelly, el general del Comando Sur que es jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, pueden dar algunas ideas de hacia dónde se dirige la política hacia Centroamérica.

El general John Kelly durante su testimonio ante el senado de los Estados Unidos en marzo de 2014. Foto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Kelly fue jefe del Comando Sur, el mando militar estadounidense que supervisa políticas y operaciones del Pentágono en América Latina, entre 2012 y 2016. Su visión en ese puesto fue la misma que sus antecesores tuvieron desde los años de Richard Nixon y que ponía la prioridad en la asistencia militar para evitar la avanzada de guerrillas de corte marxista y, luego, de los grupos de narcotráfico.

Cuando Kelly llevó adelante las políticas antidrogas de Washington desde el Comando se topó con que la ayuda militar a Guatemala estaba restringida desde 2005, año en que fue reinstaurada parcialmente luego de que el Congreso la suspendió en 1990 por el asesinato de un ciudadano estadounidense a manos del ejército local, de acuerdo con un análisis reciente publicado por WOLA. En 2014, el general se quejó ante un comité legislativo por las limitantes: “… Al menos desde el lado militar tengo limitaciones a la hora de trabajar con estos países por restricciones que en realidad están basadas en pecados del pasado”, dijo.

Los pecados del presente en Centroamérica tienen más que ver con la corrupción que con los desmanes de su fuerza pública, aunque de eso también hay denuncias, sobre todo en los casos de Honduras y El Salvador.

El analista Olson cree que es posible para Washington apoyar esfuerzos anticorrupción en Centroamérica al mismo tiempo que busca reducir la migración irregular y constreñir la influencia China; advierte que sin estos elementos en su política exterior, Estados Unidos podría estar disparándose en el pie: “Sin apoyar esfuerzos anticorrupción, para reducir la impunidad o mejorar la aplicación de la ley, la violencia y la corrupción aumentarán, la economía seguirá debilitándose, lo cual aumentará la inestabilidad y creará más incentivos para la migración”.

Parece, sin embargo, que en Washington la lucha anticorrupción puede matizarse si, como en el caso de Honduras afecta a un aliado estable como Juan Orlando Hernández o a uno que como el guatemalteco Jimmy Morales cuenta con el respaldo de algunas élites tradicionales en Estados Unidos; o puede aplicarse con severidad si, como en El Salvador, el gobierno vuelve los ojos hacia China.  Un medio más que un fin.

No es, además, que la lucha contra la corrupción sea algo demasiado de moda en los asuntos internos estadounidenses cuando de acuerdo a una investigación reciente de The New York Times, el multimillonario que hoy manda en la Casa Blanca hizo buena parte de su fortuna engañando al fisco del que hoy se supone es el guardián.

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