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Congreso protege al Presidente e ignora a 200 mil guatemaltecos

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En medio de protestas masivas, el Congreso de Guatemala ha decidido mantenerse a favor del presidente Jimmy Morales. Miles de manifestantes solicitaron que la clase política pueda ser investigada por la justicia tras señalamientos de financiamiento electoral ilícito. Marchas y huelgas generales que se reactivan en las calles cuyo objetivo, en tanto buscan reafirmar propios liderazgos, es modificar el sistema político guatemalteco de tajo.

Foto FACTUM/Sandra Sebastián


Son casi mil estudiantes que se miran unos a otros tratando de definir cuántos hay mientras los números no cuadran. Quince minutos más tarde –casi las 8:30 de la mañana– el espacio que ocupan ha sido ampliado y ahora son cinco mil. Media hora después, más de diez mil estudiantes rodean el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y en tanto se suman a la Huelga General convocada para este 20 de septiembre por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda, siguen contando y los números no cuadran:

–Ese maldito diputado dijo que seríamos 20 tuiteros que tienen 200 seguidores– grita uno de los estudiantes.

La carcajada es expansiva. Contagiosa. Multitudinaria.

Tan sólo un día antes, el jefe del bloque de FCN, el partido de gobierno, Javier Hernández, retaba con cifras a la ciudadanía guatemalteca. La minimizaba. No daba crédito al enojo y la indignación acumulada a causa de una serie de medidas institucionales que han buscado garantizar la impunidad en Guatemala durante las últimas semanas. La consideraba una presión anodina. Que incluso no debía tomarse en cuenta para que el Congreso de la República decidiera quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. “Por favor señores, no por presiones, no por 20 tuiteros que tienen 200 cuentas, ustedes van a tener que sacrificar la institución”, desafiaba a otros diputados.

Un día después, las cifras aplastarían sus declaraciones. Las redes sociales, ahora desafiaban al diputado de confianza del Presidente. Desde temprano, la ciudadanía se burlaba de Javier Hernández. “Acá están tus 20 tuiteros”. “No más corrupción. No más impunidad”, gritaban miles de estudiantes acompañados de diversos movimientos sociales –campesinos, comités, organizaciones indígenas– durante la mañana, la tarde y la noche (incluso bajo la lluvia), desde la Plaza de la Constitución de Guatemala entre banderas, carteles, consignas, silbatos, vuvuzuelas, y demasiada indignación.

Al final del día se contabilizaran, según cifras oficiales de la Procuraduría de Derechos Humanos, 200 mil manifestantes en todo el país. Todos bajo una sola consigna de tres peticiones: 1) Que el Congreso de la República reactive el proceso de retiro de inmunidad para el presidente Jimmy Molares. 2) Que renuncien los 107 diputados que intentaron manipular el código penal con el objetivo de regular el delito de financiamiento electoral ilícito en beneficio de funcionarios señalados, entre ellos el Presidente de Guatemala. 3) Retomar las reformas de la Ley de orden constitucional que refiere a los mecanismos electorales y partidos políticos.

En síntesis: una depuración de todo el sistema.

Un día más tarde, el 21 de septiembre, el Congreso de la República ignoró la petición de los 200 mil guatemaltecos que salieron a las calles en protesta de sus decisiones. Con 70 votos a favor y 42 en contra, por segunda vez, los diputados volvieron a proteger al presidente Jimmy Morales y decidieron no retirar su inmunidad para que sea investigado por financiamiento electoral ilícito.

“El paro nacional fracasó, lo que hubo fue solo una marcha. Con peticiones difusas”, argumentó el diputado Fernando Linares Beltranena, del partido PAN, justificando así el desinterés del Congreso por una de las principales demandas ciudadanas.

Miles de guatemaltecos permanecen en la Plaza a La Constitución en Ciudad de Guatemala, el 20 de septiembre de 2017, día que se llamó a un paro nacional exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados.
Foto FACTUM/ Sandra Sebastián

¿Un “input” al sistema?

En tanto un país permanece parcialmente detenido –200 pequeñas empresas no abrieron este 20 de septiembre–, una manifestación de estudiantes avanza y cuadra con cuadra crece sumando colectivos, consignas y pancartas. Primero diez mil personas, y pronto 30 mil caminantes.

“Esto empezó hace dos años, en 2015, cuando hicimos renunciar al anterior Presidente, Otto Pérez Molina”, dice Antonio Tobar, que marcha junto a dos vecinos que han llegado desde Mixco, uno de los municipios más extensos del departamento de Guatemala. “No llegó a madurar como quisiéramos. Y escogimos mal. Un mal presidente. Ahora volvemos a pedir lo mismo: la renuncia del Presidente, el nuevo presidente Jimmy Morales”.

En 2015, Guatemala resonó en el mundo tras semanas de manifestaciones ciudadanas que pedían la renuncia de Otto Pérez Molina, acusado de beneficiarse de una estructura de defraudación aduanera, y con una orden de captura luego de que su Vicepresidenta, Roxana Baldetti, entrara a prisión señalada de los mismos delitos. “Quizás en ese momento era más fácil: éramos nosotros, el pueblo, contra una persona. En cambio ahora en 2017, la lucha y la protesta es en contra del presidente pero también contra los 158 diputados que no escuchan las demandas. Peleamos contra un monstruo de corrupción de muchas cabezas”, explica Tobar durante su caminata.

Durante las últimas cuatro semanas, Guatemala ha sido una montaña rusa de incertidumbre. Sube y baja en escándalos de corrupción. Los diputados se arrepienten de legislar mal, con reformas a leyes redactas a su favor para evadir delitos y blindar la corrupción de sus partidos,  pero ya los ciudadanos no aceptan sus disculpas. Sin embargo, a pesar de estar en pasto seco, los diputados votan lanzando fósforos y desoyendo las demandas ciudadanas. A tan sólo una semana en la que el Congreso fue sitiado por manifestaciones durante nueve horas, decidieron por segunda ocasión archivar el antejuicio contra el Presidente, acusado de financiamiento ilícito durante su campaña electoral.

El mandatario se niega a ser investigado, y ha cuestionado el trabajo del Ministerio Público, y ha declarado non grato en el país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, argumentando “persecución política selectiva”. La ciudadanía, no obstante, exige que pierda su inmunidad y esclarezca todo ante los Tribunales.

Sin embargo, los mecanismos para que la ciudadanía incida en las decisiones políticas suelen ser engorrosos, un camino de procesos largos. Hay manifestaciones. Hay intentos de contar con una iniciativa de ley que logre reformar parte del sistema político. Pero la ciudadanía se topa con que la decisión definitiva siempre recae en la clase política, tanto en el Ejecutivo como el poder Legislativo.

Un paro nacional, una marcha, una protesta no consigue en primera instancia convertirse en un “input” al sistema. Pero es un comienzo. Una bola de nieve que empieza a rodar colina abajo que puede crecer cada vez más cargada de indignación y la falta de mecanismos para que las demandas sean atendidas.

“En buena medida porque las demandas que provienen de estas expresiones ciudadanas no logran hacerse concretas y específicas. La protesta ciudadana del 2015 habiendo estado tan cerca al período electoral, debería haberse institucionalizado en alguna propuesta política concreta”, explica el experto en procesos de consolidación y reconstrucción democrática en sociedades post-conflicto, David Martínez Amador.  “La Plaza del 2015”, agrega, “era fundamentalmente un reclamo de clases medias urbanas en contra del mal uso de los impuestos. 2017, con esta única jornada, parece indicar que las demandas son más concretas y que algunos colectivos buscarán utilizar canales institucionales para tramitar demandas. La USAC tiene iniciativa de ley y puede articular una bancada de la Dignidad para tramitar la depuración de 107 diputados. Si bien esto es algo simbólico”.

Niños guatemaltecos juegan durante el desarrollo de la marcha hacia la Plaza a La Constitución en Ciudad de Guatemala, el 20 de septiembre de 2017, día que se llamó a un paro nacional exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados.
Foto FACTUM/ Carlos Riquelme

La necesidad de los liderazgos

La cabeza de la marcha es pequeña. Una manta, y al menos ocho personas protegidas por una barrera humana que entrelaza sus extremidades para que nadie pueda entrar. Intermitente, Lenina García, con menos de un mes de haber sido electa presidenta de la Junta Directiva de la AEU, profesa discursos cada cierto tiempo durante la marcha que se dirige a la Plaza de la Constitución. “Han estado criminalizando la protesta y no somos terroristas. Nuestra manifestación en todo momento ha sido pacífica”, dice tras varios kilómetros de recorrido. Es ella, en estas jornadas de protesta, una cara visible de todo el movimiento de 2017. Y ha sido ella la que ha intentado plantar cara a los diputados mediante el uso de sus redes sociales, un mensaje individual a cada diputado del Congreso en Twitter: “Como buenos patriotas desde 1821, los diputados celebran a ‘su patria’, traicionando al pueblo. Hoy una vez más votaron por la impunidad”.

Hace dos años, los liderazgos desde las marchas contra la corrupción fueron difusos. Generaron, no obstante, algunos movimientos sociales, entre ellos el colectivo Justicia Ya, o bien partidos políticos en ciernes como Somos y Semilla de ala izquierda. Y cortes de derecha tradicional más pragmáticos como el partido político Vamos. Pero también resaltaron la presencia de otros grupos históricos, campesinos e indígenas, como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el colectivo Wakib Kej o el Gobierno Plurinacional de Huehuetenango, en el norte de Guatemala, que han estado presentes durante varias décadas. La resistencia de los pueblos indígenas en Guatemala ha sido constante. En el área urbana recién se reactivó hace dos años, con la petición de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Y hoy, ante nuevos señalamientos de corrupción en la clase política, ha vuelto a las calles pacíficamente y de forma masiva.

“Con la falsa idea de consolidación de cambio tras las elecciones de 2015 existe hoy una profunda crisis de liderazgos. Guatemala escogió quizá al peor líder en la Presidencia. El panorama aún se trata de un juego político disperso”, explica el analista político independiente, Renzo Rosal. “El problema”, señala el analista, “es el descrédito que existe, la desconfianza alrededor de quién asume. El que se suba va a recibir tomatazos. No obstante, la recién electa AEU resulta interesante porque finalmente hay un intento de concretar un liderazgo, y que lo está asumiendo desde la protesta”.

En teoría política, de hecho, un paro general de actividades en un país es convocado por el sector sindical que busca mejoras para los empleados. En Guatemala, “un cambio de paradigma”, como dice Rosal, “es que el sector de las fuerzas productivas, es decir, la patronal, y la mediocridad de nuestros sindicatos más amplios (Salud y Educación), no fueron capaces de convocar a un paro general y plantear demandas específicas. El estudiantado está dirigiendo en estos momentos el descontento ciudadano y tiene capacidad de convocatoria”.

Lenina García, presidenta de la EAU, encabeza una de las marchas hacia la Plaza a La Constitución en Ciudad de Guatemala, el 20 de septiembre de 2017, día que se llamó a un paro nacional exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados.
Foto FACTUM/ Carlos Riquelme

Una estrategia contra los diputados

“Es el mismo enojo que te queda cuando te roban un celular. Esa rabia. Esa imposibilidad de acción. Esa es la sensación que te deja la corrupción de los políticos”, comentaba Claudio Recinos, un vecino de la zona 1 capitalina de ciudad de Guatemala, que en medio de la manifestación ya instalada masivamente en cada rincón de la Plaza de la Constitución observaba cómo se izaba una bandera negra y blanco frente al Palacio Nacional. “Es un luto total”, decía. “En estos momentos no tenemos gobierno, no tenemos parlamento. Nuestros políticos no tienen legitimidad”.

El Paro de este 20 de septiembre ha estado cargado de consignas repetidas. Puntos en común que plantean los guatemaltecos. Coordinadas que señalan “renuncias”, “corrupción”, “reformas del sistema”. Gritos donde los diputados eran ratas o cerdos, y el presidente: un payaso nada simpático. Y en las mantas y carteles, cientos de fotografías de rostros que eran señalados de infamia más allá de la figura presidencial de Jimmy Morales. En 2015, las manifestaciones se centraron en el binomio presidencial. En 2017, han aparecido los rostros de los diputados –en afiches y gigantografías– a los que se les exige presentar su renuncia pero con un cambio en la protesta: “una estrategia a nivel local, desde la base de sus comunidades”, dice Rosal.

Edwin Guzman, un abogado del departamento de Chimaltenango, colindante con Guatemala, cargó consigo un enorme afiche con los rostros de los cinco diputados que representan su región. “Cada uno de nosotros, desde nuestros departamentos, conocemos a nuestros diputados. Al presidente se le puede exigir la renuncia desde una petición colectiva. Pero a los diputados, podemos exigir una rendición de cuentas desde cada departamento. Es el punto más débil que tienen los congresistas. Es lo principal a tomar en cuenta para exigir su caída ante la falta de apoyo a la ciudadanía”, indicaba Guzmán.

Así, las movilizaciones de 2017 llegan con un intento de nuevas estrategias para enfrentar esa medusa en el Congreso. Un intento de fiscalización que no había sido posible en 2015. Y que en 2017 tiene un replanteamiento que resulta, como explican analistas, interesante: “Los mecanismos de fiscalización están allí pero pocos lo conocen.  Hay una percepción de creer que los procesos institucionales funcionan de la noche a la mañana.  Por eso la creencia equivocada en cuanto a que es posible depurar un congreso gritando desde la calle en lugar de apoyar la presentación de recursos de ley”, señala Martínez Amador.

–¿Por qué resultan tan complicados los mecanismos de fiscalización desde la ciudadanía ante el sistema político, incluso para tener una iniciativa de ley o una propuesta de Reforma?

–El accountability vertical necesita que la agenda anti-corrupción se transforme en un discurso coloquial. Y el accountability horizontal requiere un set de reformas que siguen peleándose en el parlamento.  Si quieres empoderar la agenda del accountability ciudadano primero hay que fortalecer el accountabilty institucional (horizontal): Eso lleva 10 años y se llama Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) – explica el experto en la construcción de sistemas democráticos.

Paro Nacional 20S, para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y diputados del Congreso de la República de Guatemala por su participación en actos de corrupción e impunidad. Foto FACTUM/Sandra Sebastián

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Cuando el Ministerio Público (MP) y la Cicig solicitaron quitar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, para investigar un supuesto financiamiento electoral ilícito de US$800 mil que no fueron reportados por FCN al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Congreso decidió, el pasado 11 de septiembre, con 104 votos de 158, archivar y rechazar el retiro de su inmunidad para blindar al Presidente.

Cada kilómetro y cada centímetro del Paro Nacional del 20 de septiembre estuvo marcado por este acontecimiento. Una sombra, un enojo, un resabio en cada manifestante. “Morales a Tribunales”, recalcaba Lenina García durante sus breves discursos ante la población. Y junto a ella, miles de estudiantes, miles de campesinos, miles de particulares exigiendo una rendición de cuentas.

Tras las distintas protestas, el Congreso discutió, en efecto, el lunes 19 de septiembre, volver a plantear la discusión del antejuicio. Un día después de la convocatoria a Paro Nacional del 20 de septiembre, el antejuicio contra Jimmy Morales regresó al pleno de diputados del Congreso y por segunda ocasión, a pesar de la voz de 200 mil guatemaltecos, los diputados votaron para blindar al presidente.

El antejuicio fue devuelto al archivo del parlamento. Late en alguna gaveta. Una especie de arma cargada para ser utilizada políticamente por cualquier partido que quiera desafiar al presidente por una tercera ocasión. Los diputados –como Javier Hernández o Estuardo Galdámez, ambos oficialistas–  han salido en defensa del presidente y en detrimento de las manifestaciones. El próximo paso será de la ciudadanía. Nuevas marchas, nuevas consignas. El riesgo de intentar ser escuchados para reformar y depurar la clase política.

Hasta una hora cercana a las 11 de la noche del 20S, bajo la lluvia, los manifestantes en la Plaza de la Constitución –más de mil en ese momento– exigían al Congreso su autodepuración pero también que la justicia investigara al presidente Jimmy Morales.

Un día después, por segunda ocasión, fueron traicionados.

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