Catorce congresistas, demócratas y republicanos, firmaron el 19 de junio una carta en la que han pedido al Departamento del Tesoro en Washington que abra una investigación oficial al dirigente político salvadoreño, miembro del gobernante FMLN y actual viceministro de Relaciones Exteriores, por “asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en los Estados Unidos”.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
Washington ha mandado un nuevo mensaje sobre las sospechas que tiene de la posible participación de José Luis Merino, alias Ramiro Vásquez y uno de los hombres más influyentes del FMLN, en redes internacionales vinculadas al crimen organizado regional. Y esta vez el mensaje viene también de los demócratas. Esta vez, el mensaje es más claro.
Los congresistas demócratas y republicanos creen que las actividades criminales asociadas a Merino pueden ser una “amenaza significativa” para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que piden a su Departamento del Tesoro que abra una investigación “de interés nacional” bajo la ley contra capos internacionales de la droga (el Drug Kingpin Act).
“Hoy le escribimos para solicitarle que utilice la autoridad que le confiere la ley Kingpin para investigar las actividades bancarias relacionadas con Estados Unidos del ciudadano salvadoreño José Luis Merino, también conocido como Ramiro Vásquez”, dice la carta firmada por los congresistas el 19 de junio y entregada dos días después al Tesoro.
Esta es la carta enviada por un grupo de congresistas de Estados Unidos al Departamento del Tesoro, en la que se pide la investigación contra Merino, dirigente del Fmln y actual funcionario del gobierno del presidente Sánchez Cerén. Foto FACTUM
Los firmantes señalan que Merino es viceministro de Relaciones Exteriores en El Salvador. “El señor Merino es miembro de alto nivel del gobierno salvadoreño… (y) sus asocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en los Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
En la misiva, los congresistas también exponen sus razones para pedir al Ejecutivo que investigue las finanzas de Merino. “Múltiples reportes de fuentes abiertas indican que las estructuras financieras controladas por Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras colaboraban con las guerrillas de las FARC en Colombia, elementos corruptos del régimen venezolano y otros grupos criminales para mover fondos a destinos seguros”.
Fuentes consultadas en Washington aseguran que una vez la carta es despachada al Departamento del Tesoro -algo que sucedió el miércoles pasado según Factum confirmó en el Congreso-, corresponde a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) abrir un expediente e iniciar las investigaciones.
Un investigador familiarizado con los procesos de OFAC, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, aseguró que una carta del Congreso no es vinculante, es decir, OFAC no está obligado por esa misiva a abrir una investigación, pero aclaró que tampoco es común que el Ejecutivo desoiga una petición de esta naturaleza.
Factum contactó al Fmln para tener una reacción de Merino. La encargada de prensa del partido aseguró que gestionaría una reacción del funcionario pero que esta no sería inmediata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió mediante un comunicado en el que asegura que “no hay fundamentos que sustenten los señalamientos efectuados y no existe tampoco ningún proceso judicial en contra del viceministro José Luis Merino, ni en El Salvador ni en Estados Unidos”.
Es cierto que no hay proceso judicial contra Merino, pero sí hay una investigación fiscal abierta contra el hoy viceministro por posibles vínculos con el tráfico de armas y de estupefacientes. En julio del año pasado, el fiscal general Douglas Meléndez confirmó que había reabierto un expediente de 2014 “de eventos en relación con el señor Merino… (con) relación con el tema de drogas y de armas”.
Cancillería dice que la carta de los congresistas responde a un “proceso interno relativo a dos instituciones estadounidenses” y asegura que ante cualquier investigación colaborará “en el marco de nuestra legislación y los instrumentos legales de los que somos signatarios”.
El renovado interés de Washington por el “Comandante Ramiro”
Merino y su participación en empresas fundadas con dinero venezolano, en específico las asociadas al conglomerado Alba Petróleos en El Salvador, habían despertado la curiosidad de Washington a finales de la administración Obama.
En julio de 2016, Marco Rubio, senador republicano por la Florida, acusó a Merino de tener vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
En El Salvador hay una investigación abierta en la Fiscalía contra Merino por sospechas de que ayudó a las FARC colombianas a traficar armas y drogas. Ese expediente fue abierto en 2008, luego de que la fiscalía colombiana envió a El Salvador certificación de correos del líder de las FARC Raúl Reyes -asesinado en marzo de ese año- en los que se identificaba al “Comandante Ramiro” como uno de los intermediarios de las FARC en la compra de misiles y armas.
De acuerdo a los correos de Reyes, buena parte de la relación entre Merino y las FARC fue apadrinada por funcionarios del régimen de Hugo Chávez en Venezuela.
Tras las declaraciones de Rubio, el fiscal general Douglas Meléndez aseguró que había reabierto las investigaciones de 2008, pero el caso ha permanecido estancado desde entonces. El FMLN apoyó entonces a Merino y desestimó las acusaciones del senador.
José Luis Merino (izquierda), junto al Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez (frente al micrófono), y el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (derecha). Foto FACTUM/Salvadro Meléndez.
A las sospechas sobre varias de las empresas financiadas por Alba Petróleos y a la añeja relación con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se sumó, en 2016, la relación de Merino con el empresario salvadoreño Enrique Rais, cuyos aviones fueron retenidos en Estados Unidos por sospechas de tráfico de drogas y quien es prófugo de la justicia en El Salvador por casos de corrupción que implican al fiscal general. Hace poco, Merino aceptó en una entrevista televisiva que es amigo personal de Rais, pero negó cualquier otro tipo de vinculación.
Con la carta firmada por congresistas de ambos partidos, las sospechas sobre Merino, que hasta ahora habían sido entendidas por el FMLN como ataques políticos del partido republicano, se amplían a todos los sectores del espectro político representando en el Congreso estadounidense.
Los firmantes
Antes fue solo Marco Rubio o voceros del sector más conservador del partido republicano, adversario político del FMLN y usual colaborador de la derecha salvadoreña agrupada en el partido Arena. Hoy, las dudas llegaron ya al otro lado del pasillo, incluso a los sectores del partido demócrata más identificado con la izquierda.
El promotor de la carta enviada al Tesoro es el representante Albio Sires, demócrata de Nueva Jersey y subjefe del subcomité de asuntos del hemisferio occidental de la cámara baja.
Entre los republicanos firmantes están Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lethinen y Carlos Curbelo, todos de la Florida, y tradicionalmente ligados a un grupo muy crítico de los gobiernos del FMLN. También firmaron, por ese partido, Ted Yoho, también de la Florida; Jeff Duncan, de Carolina del Sur; Christopher Smith, de Nueva Jersey; y Michael McCaul, de Texas.
Desde el otro lado del pasillo, el demócrata, firmaron Eliot Engel, de Nueva York; Norma Torres, de California; Joaquín Castro, de Texas; Gregory Meeks, de Nueva York; Robin Kelly, de Illinois; y Adriano Espaillat, de Nueva York.
Engel y Torres son dos de los congresistas más cercanos a El Salvador, y ambos han apoyado en el Congreso a los gobiernos del FMLN. Desde 2014, Torres se ha convertido en una de las principales voceras de la lucha anticorrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, pero también en uno de los principales soportes de la cooperación financiera estadounidense a la región.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, no es ajena a las percepciones de los congresistas de su país. Esta semana Manes estuvo presente en la presentación de un informe del Atlantic Council, una organización encargada de proyectos referentes al desarrollo económico en el Triángulo Norte de Centroamérica, bajo la Alianza por la Prosperidad acordada por esta región y Estados Unidos.
Manes aplaudió los esfuerzos para mejorar las economías de Honduras, Guatemala y en especial El Salvador, pero advirtió que la corrupción es un claro obstáculo para el desarrollo económico. La embajadora dijo que “los fondos nacionales o de cooperación nunca van a ser suficientes mientras exista un alto nivel de corrupción, y la corrupción no tiene partido, la corrupción siempre va a socavar cualquier intento que tenga El Salvador de salir adelante”.
Precisamente los congresistas en su carta advierten sobre la ayuda económica que Estados Unidos brinda al Triángulo Norte centroamericano y especifican, como lo hizo Manes en San Salvador días atrás, que no es suficiente solo el respaldo económico. La embajadora indicó que los cambios no sucederán de la noche a la mañana, “pero es imperativo recuperar la confianza de la gente en su propio gobierno”.
*Con reportes de Fernando Romero.
*Actualizado a las 6:18 p.m. con reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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4 Responses to “Congreso EUA pide investigar finanzas de José Luis Merino por relación con crimen organizado”
No sé si es más triste a lo que llegó el partido de la “esperanza” o leer los comentarios en esta nota de la gente que se rehusa a ver lo evidente. ¡Señores! Corrupción es corrupción. No importa si les cae bien o si alguna vez compartieron ideales.
Lo que es una solicitud de investigación emitida por congresistas en EEUU, se convierte en una orden para el sistema judicial en El Salvador. Placentera y diligentemente se dirigirán nuestras “autoridades” fiscales, CSJ incluída en cumplir la orden emitida, sobre todo porque se trata de investigar, acusar, enjuiciar, condenar y someter penalmente, a un funcionario del gobierno actual, ex-lider de la guerrilla, que no pudo ser eliminado durante la guerra y cuyo gobierno ha logrado con los votos lo que sus “opositores” no hicieron nunca en el país. Lo que la derecha militar de El Salvador e internacional, no pudo hacer durante la pasada guerra, lo está logrando la derecha política integrando un plan originado en la cumbre del poder, recurriendo a sus socios dirigentes, financistas y patronos en EEUU. MIentras tanto lo que hay de verdad que investigar en el país, queda fuera de tiempo, pues sus delitos ya prescribieron. Una jugada legal parecida a la ley de enriquecimiento ílicito, que fué aprobada por mandato de EEUU pero dejaba en suspenso sus partes sustantivas para que entrara en vigencia 10 años después, cuando todos los negocios sucios quedaban bien hechos y fuera de toda investigación, pues ya se sabe que la ley no es retroactiva. Felices los dueños del poder…hasta ahora.
“Esto va a traer consecuencias”
– Marco Rubio reaccionando a la postura salvadoreña respecto a Venezuela en OEA.
En vista que sus intenciones de injerencia directa en El Salvador, por medio de un organismo internacional como la CICIES que opera en Guatemala, no ha sido posible en nuestro país; las estrategias de la oposición salvadoreña han trascendido más allá, hasta llegar al punto culmine de pedirle a sus allegados políticos en el congreso norteamericano, que intercedan directamente para poder vencer a todos sus rivales políticos, hoy con cargos en el gobierno, quienes en el tiempo de la guerra civil en nuestro país, también fueron la piedra en el zapato que representó la rebelión armada que fue producto de la represión, la injusticia y todos los abusos cometidos en contra de la mayoría de salvadoreños humildes.
Es necesario darnos cuenta que desde el 2009 existe un plan bien organizado, cuya finalidad es volver a posicionar al principal partido de derecha, (arena), de nuevo en el control total de todas las instituciones del estado salvadoreño.
Bajo esta línea las instituciones que están aún al servicio del poder económico, al que representa el partido arena, también ya han hecho su trabajo para lograr su propósito, prueba de ello, es la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para La Consolidación de la Paz, la cual fue aprobada en 1993 para regular la forma de conceder el indulto a todas las personas que hayan participado de delitos políticos, comunes y conexos, antes del 1 de enero de 1992. Está fue la principal herramienta que permitió finalizará el conflicto armado en nuestro país.
El rumbo de la lucha legal entablada por la oposición al gobierno de izquierda en El Salvador, es bastante claro, y su objetivo principal son todos aquellos nombres que durante la guerra fueron también su peor pesadilla.
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/195142/sala-declara-inconstitucional-la-ley-de-amnistia/