Ser una comunidad más motivada, más apuesta y más amigable con los Derechos Humanos. Eso me inspiró a opinar en esta oportunidad en Revista Factum, acerca de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en El Salvador. Para ello, me centro en los Comités Locales de Derechos de Niñez y Adolescencia (CLDNA) que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) exhorta crear en su artículo 154.
Un CLDNA —como lo establece la LEPINA— es un órgano administrativo municipal que tiene entre sus funciones principales la de velar por la garantía de los derechos colectivos y difusos de toda la niñez del municipio.
Considero que con esto se ha dado la gran oportunidad a los miembros selectos de la comunidad, al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y a las municipalidades para que sean realmente voceros y padres conscientes de la necesidad de educar, enseñar y denunciar con enfoque preventivo.
Aplaudo la forma en la que algunos centros escolares, unidades de salud y grupos comunitarios están divulgando a la niñez la gama de derechos —acompañados de sus respectivos deberes—, como una forma idónea para dar vida a la legislación nacional. Pero esto no es suficiente. Si bien es cierto que la Red de Atención Compartida, también llamada RAC a nivel nacional, hasta la fecha ha mantenido la coordinación con las distintas municipalidades, también están descuidando por una parte el proceso de las designaciones del personal que conformará estos comités.
Otro punto a considerar es el interés y la importancia de los gobiernos locales en querer accionar —en el sentido de la palabra, para los comités— que no son los únicos garantes de que al niño o la niña se le respete al 100% sus derechos y vigilar que también ellos cumplan con sus deberes.
Se tiene un avance bastante aceptable del trabajo que en materia de derechos de niñez y adolescencia se está focalizando en las regiones del país. Aquí se habla con los niños y adolescentes, se les pregunta a ellos qué necesidades padecen, cómo imaginan su futuro cercano y lejano, qué oportunidades ven en su comunidad, qué les gusta, qué no les gusta y por qué.
Pero no basta conocer que los problemas que agobian a la niñez y adolescencia son el trabajo infantil, la desintegración familiar, el desempleo, el abandono, la violencia, la falta de oportunidades de educación, entre otras. He aquí la necesidad de atención que pide la comunidad organizada, representada ahora por los Comités Locales de Derechos.
Será responsabilidad también del comité, como actor empoderado, insistir desde sus espacios para lograr que los gobiernos locales se comprometan, de verdad, a dar seguimiento a los logros concretados hasta la fecha. De lo contrario todo será solo historia.
La Política Municipal de Niñez y Adolescencia —que está en proceso de creación en muchos municipios— es un eje transversal que no se debe dejar ir. Si no hay amparo ahora, mañana podrá ser tarde.
Hasta la fecha, desde mediados de 2014, se han creado plenamente integrados 43 CLDNA a nivel nacional. Los municipios de Jayaque, Zaragoza, Chiltiupán, Berlín, Tacuba, Santa Ana son algunos de ellos, entre otros que aún están en proceso y con el fin de velar por la no vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
En el 2016 espero que se dé más apoyo a los Comités Locales de Derechos para que puedan amarrar la esperanza de poder educar y corregir con amor; para que continúen en disminución los casos de maltrato en los hogares, en las escuelas, en los espacios públicos; para que existan más expectativas que dificultades en el rostro de la niñez, sobre todo.
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